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Abogado Eduardo Vázquez Becker, sugiere al fiscal general, la inmediata suspensión de juicios penales contra Enrique Rais tras resolución de Fiscalía de Suiza
El abogado Eduardo Vázquez Becker, basándose en la resolución de sobreseimiento firmada por el Procurador Anton Rüsch, de la División de Criminalidad Económica de la Fiscalía Suiza, exige al fiscal general de la República, Raúl Melera, la pronta suspensión de juicios penales en contra del empresario suizo-salvadoreño Enrique Rais.
Vásquez Becker, asegura que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), tiene en sus manos la posibilidad de limpiar la imagen que él preside, luego que ésta fuese manchada por su antecesor Douglas Meléndez, al fabricar casos faltos de sustentabilidad legal para favorecer su imagen al frente de la FGR. Douglas Meléndez, se vio implicado en algunas irregularidades dentro de la institución en mención.
Diario Digital Cronio retoma en este artículo las consideraciones del abogado Eduardo Vázquez Becker, sobre el caso Enrique Rais y la sentencia definitoria del procurador suizo Anton Rüsch, las cuales se presentan a continuación.
El Salvador 22 de abril de 2021,-Por Eduardo Vázquez Becker DL. Con la publicación, el pasado 19 de abril, en la página oficial del sitio Web, el ministerio de relaciones exteriores de El Salvador inició el proceso de ejecución de la sentencia del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, que pide al Estado salvadoreño restituir sus derechos constitucionales al empresario Enrique Rais,.
Entre los derechos que se le deben restituir a Rais, sin dilación alguna, están el goce de su libertad plena, la finalización inmediata de los procesos penales instruidos, con prueba ilícita, en su contra, y el de ser indemnizado de conformidad con el Derecho Internacional. ” Las detenciones arbitrarias han perjudicado no solo su dignidad, sino también su patrimonio. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que ponga fin de inmediato al proceso en contra del Sr. Rais” dice la resolución. Ahora le toca al Fiscal General de la República Raúl Melara.
Al fiscal Melara le corresponde “lavarle” la cara al país, no solo porque entre sus funciones está la de defender los intereses del Estado, lo que implica su obligación de cumplir con sus compromisos internacionales, de respetar los acuerdos y convenios de los que es parte, sino porque fue precisamente en la sede de la Fiscalía General, donde su antecesor Douglas Meléndez y sus secuaces, armaron todo ese embrollo de ilegalidades que tanto desprestigio han traído a la FGR.
El fiscal no tiene que quemarse las pestañas: basta con bajar la información contenida en la página oficial del sitio Web de la cancillería, confrontarla con los documentos que él ya tiene en su poder, y certificarla a la Corte Suprema de Justicia para que esta, a través de la Sala de lo Constitucional, resuelva la situación jurídica del empresario Rais y de otros que están en la misma situación. De esta manera se estaría dándole cumplimiento a la resolución o sentencia del grupo especializado dé las Naciones Unidas.
También le queda el recurso de ordenar a sus fiscales, que tienen a su cargo los casos Rais-Martínez y Corruptela, que renuncien a sus sueños de ganar dichos casos y soliciten el sobreseimiento definitivo para los imputados, así como lo hicieron con otros fiscales “embarrados” o con el mismo ex fiscal Douglas Meléndez.
De no escuchar consejos, de hacerse el del ojo pacho, de esperar que otros hagan el trabajo, el fiscal Melara habrá perdido una oportunidad que el grupo especializado de la ONU le ha brindado.
Nosotros le sugeriríamos a Raúl Melara que deje a un lado sus miedos a las manzanas podridas, que todavía deambulan por los pasillos de la fiscalía, y siga el ejemplo de la ministra de Relaciones Exteriores, que avaló la resolución del Grupo de Trabajo de la ONU publicando, tal como se lo pedían, la resolución e iniciando así el proceso de ejecución de la misma. Hágalo ahora mismo, sin dilación alguna, o cuando quiera decir !Ah,,malhaya!, (Contracción de «¡ah mal haya!») malhaya va a estar muy lejos-
En dicha página se publica este día el Dictamen emitido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, en el que decretó que las órdenes de detención emitidas por las autoridades judiciales de El Salvador y la persecución penal promovida por la Fiscalía en contra Enrique Rais, son arbitrarias por violentar disposiciones contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Se trata de la Opinión No. 76/2020 relativa a José Aquiles Enrique Rais López pronunciada por el GTDA, en su 89º periodo de sesiones (23 a 27 de noviembre de 2020) en la cual declaró principalmente que
- En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión: La privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III. Y como efectos directos de esa situación el GTDA instó al Estado Salvadoreño lo siguiente:
- El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de El Salvador que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Rais sin dilación alguna y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto.
- El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso analizado, el remedio adecuado sería garantizar al señor José Aquiles Enrique Rais López su libertad plena y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, de conformidad con el derecho internacional,16 las cuales han de tomar en cuenta cómo las detenciones arbitrarias han perjudicado no solo su dignidad, sino también su patrimonio. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que ponga fin de inmediato al proceso en contra del Sr. Rais.
- El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. Una de las primeras reparaciones que fueron solicitadas por el GTDA al Gobierno de El Salvador, consistió en difundir la Opinión No. 76/2020 por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible, de manera que la publicación efectuada por Cancillería es reflejo directo del cumplimiento de la resolución emanada por el citado organismo de Naciones Unidas, especializado precisamente en dictaminar los casos en que se advierte que se ha suscitado una detención arbitraria a la óptica del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
El GTDA en la misma opinión le solicitó al Gobierno de El Salvador, informar en el plazo de seis meses, contados desde que éste fue notificado de la resolución, respecto: - Las garantías adoptadas para garantizarle al Sr. Enrique Rais el goce de su libertad plena, que incluya la finalización inmediata de los procesos penales iniciados con prueba ilícita en su contra y las indemnizaciones correspondientes conforme con el Derecho Internacional .
- Las investigaciones promovidas para deducir y establecer a los responsables de la violación de los derechos fundamentales del Sr. Enrique Rais y el resultado de esas investigaciones que deben ser serias, exhaustivas e independientes.
- Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de la República de El Salvador con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión, lo que incluye cambios entre otras, respecto a las prácticas en intervenciones telefónicas, uso de testigos “sin rostro” y testigos criteriados como única o decisiva prueba para establecer prisiones preventivas y condenas contra los acusados.
El GTDA, manifiesta finalmente en su opinión que informará al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, acerca del progreso en el cumplimiento de la Opinión No. 76/2020 dictada a favor del Sr. Enrique Rais e igualmente sobre las deficiencias
que sean observadas en su acatamiento
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
