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Abogado Eduardo Vázquez Becker, sugiere al fiscal general, la inmediata suspensión de juicios penales contra Enrique Rais tras resolución de Fiscalía de Suiza
El abogado Eduardo Vázquez Becker, basándose en la resolución de sobreseimiento firmada por el Procurador Anton Rüsch, de la División de Criminalidad Económica de la Fiscalía Suiza, exige al fiscal general de la República, Raúl Melera, la pronta suspensión de juicios penales en contra del empresario suizo-salvadoreño Enrique Rais.
Vásquez Becker, asegura que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), tiene en sus manos la posibilidad de limpiar la imagen que él preside, luego que ésta fuese manchada por su antecesor Douglas Meléndez, al fabricar casos faltos de sustentabilidad legal para favorecer su imagen al frente de la FGR. Douglas Meléndez, se vio implicado en algunas irregularidades dentro de la institución en mención.
Diario Digital Cronio retoma en este artículo las consideraciones del abogado Eduardo Vázquez Becker, sobre el caso Enrique Rais y la sentencia definitoria del procurador suizo Anton Rüsch, las cuales se presentan a continuación.
El Salvador 22 de abril de 2021,-Por Eduardo Vázquez Becker DL. Con la publicación, el pasado 19 de abril, en la página oficial del sitio Web, el ministerio de relaciones exteriores de El Salvador inició el proceso de ejecución de la sentencia del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, que pide al Estado salvadoreño restituir sus derechos constitucionales al empresario Enrique Rais,.
Entre los derechos que se le deben restituir a Rais, sin dilación alguna, están el goce de su libertad plena, la finalización inmediata de los procesos penales instruidos, con prueba ilícita, en su contra, y el de ser indemnizado de conformidad con el Derecho Internacional. ” Las detenciones arbitrarias han perjudicado no solo su dignidad, sino también su patrimonio. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que ponga fin de inmediato al proceso en contra del Sr. Rais” dice la resolución. Ahora le toca al Fiscal General de la República Raúl Melara.
Al fiscal Melara le corresponde “lavarle” la cara al país, no solo porque entre sus funciones está la de defender los intereses del Estado, lo que implica su obligación de cumplir con sus compromisos internacionales, de respetar los acuerdos y convenios de los que es parte, sino porque fue precisamente en la sede de la Fiscalía General, donde su antecesor Douglas Meléndez y sus secuaces, armaron todo ese embrollo de ilegalidades que tanto desprestigio han traído a la FGR.
El fiscal no tiene que quemarse las pestañas: basta con bajar la información contenida en la página oficial del sitio Web de la cancillería, confrontarla con los documentos que él ya tiene en su poder, y certificarla a la Corte Suprema de Justicia para que esta, a través de la Sala de lo Constitucional, resuelva la situación jurídica del empresario Rais y de otros que están en la misma situación. De esta manera se estaría dándole cumplimiento a la resolución o sentencia del grupo especializado dé las Naciones Unidas.
También le queda el recurso de ordenar a sus fiscales, que tienen a su cargo los casos Rais-Martínez y Corruptela, que renuncien a sus sueños de ganar dichos casos y soliciten el sobreseimiento definitivo para los imputados, así como lo hicieron con otros fiscales “embarrados” o con el mismo ex fiscal Douglas Meléndez.
De no escuchar consejos, de hacerse el del ojo pacho, de esperar que otros hagan el trabajo, el fiscal Melara habrá perdido una oportunidad que el grupo especializado de la ONU le ha brindado.
Nosotros le sugeriríamos a Raúl Melara que deje a un lado sus miedos a las manzanas podridas, que todavía deambulan por los pasillos de la fiscalía, y siga el ejemplo de la ministra de Relaciones Exteriores, que avaló la resolución del Grupo de Trabajo de la ONU publicando, tal como se lo pedían, la resolución e iniciando así el proceso de ejecución de la misma. Hágalo ahora mismo, sin dilación alguna, o cuando quiera decir !Ah,,malhaya!, (Contracción de «¡ah mal haya!») malhaya va a estar muy lejos-
En dicha página se publica este día el Dictamen emitido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, en el que decretó que las órdenes de detención emitidas por las autoridades judiciales de El Salvador y la persecución penal promovida por la Fiscalía en contra Enrique Rais, son arbitrarias por violentar disposiciones contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Se trata de la Opinión No. 76/2020 relativa a José Aquiles Enrique Rais López pronunciada por el GTDA, en su 89º periodo de sesiones (23 a 27 de noviembre de 2020) en la cual declaró principalmente que
- En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión: La privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III. Y como efectos directos de esa situación el GTDA instó al Estado Salvadoreño lo siguiente:
- El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de El Salvador que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Rais sin dilación alguna y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto.
- El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso analizado, el remedio adecuado sería garantizar al señor José Aquiles Enrique Rais López su libertad plena y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, de conformidad con el derecho internacional,16 las cuales han de tomar en cuenta cómo las detenciones arbitrarias han perjudicado no solo su dignidad, sino también su patrimonio. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que ponga fin de inmediato al proceso en contra del Sr. Rais.
- El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. Una de las primeras reparaciones que fueron solicitadas por el GTDA al Gobierno de El Salvador, consistió en difundir la Opinión No. 76/2020 por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible, de manera que la publicación efectuada por Cancillería es reflejo directo del cumplimiento de la resolución emanada por el citado organismo de Naciones Unidas, especializado precisamente en dictaminar los casos en que se advierte que se ha suscitado una detención arbitraria a la óptica del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
El GTDA en la misma opinión le solicitó al Gobierno de El Salvador, informar en el plazo de seis meses, contados desde que éste fue notificado de la resolución, respecto: - Las garantías adoptadas para garantizarle al Sr. Enrique Rais el goce de su libertad plena, que incluya la finalización inmediata de los procesos penales iniciados con prueba ilícita en su contra y las indemnizaciones correspondientes conforme con el Derecho Internacional .
- Las investigaciones promovidas para deducir y establecer a los responsables de la violación de los derechos fundamentales del Sr. Enrique Rais y el resultado de esas investigaciones que deben ser serias, exhaustivas e independientes.
- Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de la República de El Salvador con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión, lo que incluye cambios entre otras, respecto a las prácticas en intervenciones telefónicas, uso de testigos “sin rostro” y testigos criteriados como única o decisiva prueba para establecer prisiones preventivas y condenas contra los acusados.
El GTDA, manifiesta finalmente en su opinión que informará al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, acerca del progreso en el cumplimiento de la Opinión No. 76/2020 dictada a favor del Sr. Enrique Rais e igualmente sobre las deficiencias
que sean observadas en su acatamiento
La Fiscalía General de la República (FGR) notificó, este jueves, que Alexander Antonio García fue condenado a 20 años de cárcel por cometer un homicidio en Jiquilisco, departamento de Usulután.
Según el reporte de la FGR, el homicidio ocurrió en octubre del 2013. «Luego de una discusión, García junto a otros dos sujetos atacaron a la víctima con corvos. Los responsables huyeron del lugar, dejando a la víctima inconsciente», explicaron.
También agregaron que, tras el ataque, la víctima fue trasladad hasta el hospital San Juan de Dios, de San Miguel, pero debido a la gravedad de las lesiones perdió la vida.
García fue condenado por el delito de homicidio agravado.
La Escuela Superior de Innovación y Tecnología (ESIT) invita a los interesados a aprender a escribir en código legible, simple y mantenible mediante el curso Clean Code.
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A parte del Clean Code, también ofrece el curso de Redes Lógicas, el curso Introductorio de habilidades para la inclusión digital, Fundamentos de ciberseguridad, de big data, DNS, Gobernanza en el entorno digital, Gestión de la nube, entre otros.
Hasta 178 años de cárcel, para una compleja estructura de traficantes de personas que se agrupó como una organización transnacional, con distribución de funciones en cada uno de sus 17 miembros.
La pena fue impuesta en San Salvador, por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, en una vista pública efectuada durante nueve días, con la exposición de un pliego de pruebas que fueron validadas y que gozaron de total credibilidad judicial.
La mayor condena fue para Celedonia Esmeralda Jerez, quien recibió 178 años de cárcel; 164 por tráfico ilegal de personas y 14 por agrupaciones ilícitas, era coordinadora y guía.
Las otras penas elevadas fueron para Andy Jefferson Morán Cortez, sentenciado a 142 años y Salvador Armando Pérez, recibió 90. A los demás les impusieron 46, 44, 34, 24, 22, 14, 12 y cinco años de prisión.
La estructura fue indagada entre enero y julio de 2021, a través de técnicas especializadas de investigación, junto a trabajo de campo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) dirigidos por un grupo de fiscales.
En las pesquisas en contra de la red lograron documentar 19 casos con un total de 82 víctimas a quienes prometieron llevar de forma segura hacia Estados Unidos.
A las personas las llevaron hasta Ahuachapán para luego moverlas a la frontera Las Chinamas para llevarlas de forma irregular hacia Guatemala. Los imputados utilizaron zonas inhabilitadas, conocidos como puntos ciegos, la idea era evadir los controles migratorios.
Se determinó que a las víctimas las cruzaban sobre el Río Paz que divide El Salvador y Guatemala, para seguir el trayecto a México y luego a Estados Unidos.
En la estructura había varios roles, identificaron a cuatro de los imputados como coordinadores directos de los traficantes de personas: Celedonia Esmeralda Jerez Clemente, William Donaldo Canizalez Hernández, Salvador Armando Pérez Conrado y Andy Jefferson Morán Cortez.
En Ahuachapán Bili Alexander Morán y Glenda Yanira Nicia de Hernández, tenían la coordinación y logística.
El transporte de las víctimas estaba a cargo de Francisco Humberto Arévalo Cortez, Rafael Edgardo Farfán Acosta, Rubén Antonio Padilla Cortez, Adalid Armando Velásquez Esquivel y Pérez Conrado quien además de ser coordinador, también ejercía esta función de transportista.
Como Guías en El Salvador la estructura designó a siete personas, entre ellos, Jonny Stanley Morán Cortez, José Edgardo Pérez Clemente y otros cinco imputados quienes también coordinaban y transportaban a víctimas.
Como colaboradores, en las pesquisas se determinó que ejercían esa función, Jaqueline Paola Medina Cabrejo, Marta Lidia Cabrejo de Pérez, Carlos Giovanni Aguilar Clemente y Edwin Rodrigo Dominguez.
