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Roberto Palazuelos, estaría vinculado a la brutalidad policiaca de Tulum, afirman medios mexicanos
Si bien el llamado Diamante negro, no estuvo implicado en la muerte de la salvadoreña Victoria Salazar, si ha sido señalado por participar en otros actos de violencia apoyado por la policía local de Tulum.
El actor, propietario desde hace varios años de dos hoteles en Tulum, según los medios locales, ha sido partícipe de varios desalojos igual de violentos. Apenas hace dos días estuvo presente en el desalojo de la dueña de un hotel, lo cual ha causado total indignación.
Precisamente este último fin de semana de marzo, en las redes sociales la conversación se ha tornado para exigir justicia por Karla y Victoria, ambas asesinadas en el estado de Quintana Roo.
Karla, una mexicana, fue brutalmente asesinada en la concurrida isla de Holbox Victoria, en Tulum a manos de cuatro policías que la detuvieron luego de un reporte de “alteración del orden público”.
Mientras que videos que han circulado en redes muestran el exceso de fuerza con el que Victoria, de 36 años, de origen salvadoreño y que vivía en México con visa humanitaria, fue sometida al grado de morir ahí mismo.
De acuerdo con los reportes periciales, la fuerza con la que la rodilla de uno de los policías fue puesta sobre el cuerpo de Victoria provocó que le fracturara la columna vertebral, en la primera y segunda vértebra. Inconsciente, la subieron a la patrulla, donde murió.
Hoy los cuatro agentes ya han sido detenidos, pero este no sería el único caso donde la policía abusa del uso de la fuerza, algo que medios locales señalan que han ayudado a Roberto Palazuelosen su aparente tendencia a apropiarse de otros locales y propiedades de la zona.
Pero eso no es todo, el propio Palazuelos habría confirmado su participación en el desalojo de la dueña de un hotel cercano al suyo, hecho ocurrido hace solo unos días.
Una fotografía en la que además de aparecer con la misma ropa, Palazuelos que también es abogado, admite haber ‘ejecutado’ una sentencia de desalojo: “Nada como la Adrenalina de ejecutar una sentencia de desalojo del poder judicial”, escribió en sus redes.
Durante el presunto desalojo, los elementos policiales bajaron a la fuerza a una mujer y a un hombre que se encontraban a bordo de un vehículo y los agredieron físicamente con golpes en la cabeza y jalones violentos, destacan medios locales.
El Ejército mexicano desplegó 2,500 efectivos en el oeste de México como medida disuasiva tras la muerte del capo narco Nemesio «El Mencho» Oseguera el domingo en un operativo militar, informó este lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.
«Se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar» la presencia militar en la zona de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Oseguera, dijo Trevilla en rueda de prensa.
«La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo», añadió el secretario de Defensa, tras cientos de bloqueos el domingo en 20 estados del país.
La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar.
La FAP precisó que el helicóptero realizaba labores rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa.
«El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (..), así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo», señaló la FAP.
«Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer», indicó la fuerza aérea en un comunicado.
El helicóptero siniestrado, un Mil Mi-17 de fabricación rusa, había despegado de la ciudad de Pisco, en la región de Ica. Los rescatistas localizaron la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa, a poco más de 300 kilómetros del lugar de partida.
Internacionales
Concluye proceso legal que anula la concesión de Hutchison en puertos del canal de Panamá
La justicia panameña dio por concluido el proceso legal que anuló la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings para operar dos puertos en el canal, al publicar este lunes el fallo.
La Corte Suprema panameña declaró en enero «inconstitucional» el contrato que ha permitido a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, administrar desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.
Sin embargo, para que la sentencia, que no admite apelación, quedara en firme aún faltaban unos trámites que han concluido este lunes con la publicación del fallo en la gaceta oficial.
El viernes, el vocero de PPC, Alejandro Kouruklis, reconoció que la publicación del fallo en la gaceta oficial supondría que «la concesión deja de existir», por lo que pidió al gobierno panameño «negociar» con la firma hongkonesa el futuro de los puertos para «evitar el caos».
Tras ese fallo judicial, que se produjo en medio de las presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que la danesa Maersk operaría temporalmente esas terminales.
La decisión ha traído incertidumbre en los puertos, ubicados en sendas entradas de la vía interoceánica, por los que en 2025 pasó el 38 % de los contenedores que transitaron por Panamá.
«El camino que se está siguiendo puede causar un caos» porque «no va a haber un orden ni marco legal» en que puedan confiar los proveedores, trabajadores y las líneas navieras, había declarado el viernes Kouruklis al canal panameño TVN-2.
«Nuestro plan no es salir, es conversar con el Estado a ver qué solución se le puede dar a esto» y «no tomar decisiones abruptas» para que un tercero entre en las instalaciones «a tomar bienes que no le pertenecen», añadió.
Hutchison amenazó hace días a Maersk con «acciones legales» si asume la administración de las terminales sin su consentimiento y anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle «graves daños».
Pero la Corte panameña asegura que la concesión, renovada por otros 25 años en 2021 es «inconstitucional» y tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» que perjudicaba al Estado.
El fallo también llegó en momentos donde Hutchison Holdings quiere ceder sus puertos, entre ellos los de Panamá, a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por 22,800 millones de dólares.
