Internacionales
Mitad de brasileños apoya juicio destituyente contra Jair Bolsonaro
Cerca de la mitad de los brasileños (49 por ciento) apoya que el Congreso le abra un juicio político con fines destituyentes al presidente Jair Bolsonaro, por alguno de los crímenes de responsabilidad de que es acusado, incluyendo su fallida gestión frente a la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con un sondeo divulgado este sábado por la firma Datafolha, el porcentaje de brasileños que apoya la apertura del proceso en el Congreso subió desde el 46 por ciento en marzo hasta el 49 por ciento en mayo, mientras que el de los que se opone a esa posibilidad cayó desde el 50 por ciento al 46 por ciento en el mismo período.
En abril del año pasado, un 53 por ciento rechazaba el juicio político y sOlo un 42 por ciento lo apoyaba.
Es la primera vez que el porcentaje de brasileños que respalda el juicio supera al de los que se opone desde que Datafolha comenzó a interrogar a los entrevistados sobre el asunto.
El sondeo de Datafolha, una de las firmas demoscópicas más prestigiosas de Brasil, escuchó esta semana a dos mil 71 personas de más de 18 años en todo el país para un sondeo que tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.
El apoyo al juicio político refleja la caída de la popularidad del líder ultraderechista en las últimas semanas, en parte por el aumento de las críticas a su gestión frente a la pandemia, que tiene a Brasil como el segundo país en el mundo en número de muertos por COVID-19 (432 mil628) y el tercero en número de casos (15.5 millones) después de Estados Unidos e India.
Bolsonaro es uno de los mandatarios más negacionistas en torno a la gravedad de la pandemia del COVID-19, que ha llegado a calificar como “gripecita”, y se opone a medidas preventivas como el uso de máscara, el distanciamiento social o los confinamientos.
Según una encuesta también de Datafolha divulgada el pasado jueves, el apoyo al Gobierno del capitán de la reserva del Ejército cayó desde el 30 por ciento en marzo hasta el 24 por ciento en mayo, el nivel más bajo desde el inicio de su mandato, el 1 de enero de 2019.
La tasa de desaprobación, por su parte, subió un punto porcentual, del 44 por ciento en marzo al 45 por ciento en mayo.
Según el sondeo divulgado este sábado, el rechazo al juicio político contra Bolsonaro llega al 60 por ciento entre los entrevistados que dicen no tenerle miedo al coronavirus, al 57 por ciento entre los que aseguran ser evangélicos y al 53 por ciento entre los hombres.
El apoyo al juicio, por su parte, llega al 62 por ciento entre los desempleados, al 60 por ciento entre los que dicen tener mucho miedo de la pandemia, al 57 por ciento entre los habitantes del empobrecido nordeste brasileño y al 57 por ciento entre los jóvenes de entre 16 y 24 años.
Hasta enero pasado habían sido presentadas al Congreso 62 peticiones para que el Legislativo someta a Bolsonaro a un juicio con fines destituyentes, de las cuales sólo cinco habían sido rechazadas y las demás esperaban a una decisión del presidente de la Cámara de Diputados.
La apertura de un juicio político contra un jefe de Estado en Brasil es una decisión exclusiva del presidente de la Cámara de Diputados, que, dependiendo de sus alianzas y de su relación con el mandatario, puede dejar las peticiones archivadas por varios meses sin ofrecer explicaciones.
El actual presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira, un aliado del mandatario, alega que abrirle un juicio en estos momentos a Bolsonaro es contraproducente debido a que agravaría la crisis y la paralización del Gobierno ante la crisis sanitaria.
En caso de que Lira acepte al menos una de las peticiones, el proceso podrá ser iniciado por una comisión, pero exigirá la aprobación de las dos terceras partes de los 513 diputados de Brasil para avanzar al Senado.
Con información de EFE.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
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Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
