Internacionales
Mitad de brasileños apoya juicio destituyente contra Jair Bolsonaro
Cerca de la mitad de los brasileños (49 por ciento) apoya que el Congreso le abra un juicio político con fines destituyentes al presidente Jair Bolsonaro, por alguno de los crímenes de responsabilidad de que es acusado, incluyendo su fallida gestión frente a la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con un sondeo divulgado este sábado por la firma Datafolha, el porcentaje de brasileños que apoya la apertura del proceso en el Congreso subió desde el 46 por ciento en marzo hasta el 49 por ciento en mayo, mientras que el de los que se opone a esa posibilidad cayó desde el 50 por ciento al 46 por ciento en el mismo período.
En abril del año pasado, un 53 por ciento rechazaba el juicio político y sOlo un 42 por ciento lo apoyaba.
Es la primera vez que el porcentaje de brasileños que respalda el juicio supera al de los que se opone desde que Datafolha comenzó a interrogar a los entrevistados sobre el asunto.
El sondeo de Datafolha, una de las firmas demoscópicas más prestigiosas de Brasil, escuchó esta semana a dos mil 71 personas de más de 18 años en todo el país para un sondeo que tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.
El apoyo al juicio político refleja la caída de la popularidad del líder ultraderechista en las últimas semanas, en parte por el aumento de las críticas a su gestión frente a la pandemia, que tiene a Brasil como el segundo país en el mundo en número de muertos por COVID-19 (432 mil628) y el tercero en número de casos (15.5 millones) después de Estados Unidos e India.
Bolsonaro es uno de los mandatarios más negacionistas en torno a la gravedad de la pandemia del COVID-19, que ha llegado a calificar como “gripecita”, y se opone a medidas preventivas como el uso de máscara, el distanciamiento social o los confinamientos.
Según una encuesta también de Datafolha divulgada el pasado jueves, el apoyo al Gobierno del capitán de la reserva del Ejército cayó desde el 30 por ciento en marzo hasta el 24 por ciento en mayo, el nivel más bajo desde el inicio de su mandato, el 1 de enero de 2019.
La tasa de desaprobación, por su parte, subió un punto porcentual, del 44 por ciento en marzo al 45 por ciento en mayo.
Según el sondeo divulgado este sábado, el rechazo al juicio político contra Bolsonaro llega al 60 por ciento entre los entrevistados que dicen no tenerle miedo al coronavirus, al 57 por ciento entre los que aseguran ser evangélicos y al 53 por ciento entre los hombres.
El apoyo al juicio, por su parte, llega al 62 por ciento entre los desempleados, al 60 por ciento entre los que dicen tener mucho miedo de la pandemia, al 57 por ciento entre los habitantes del empobrecido nordeste brasileño y al 57 por ciento entre los jóvenes de entre 16 y 24 años.
Hasta enero pasado habían sido presentadas al Congreso 62 peticiones para que el Legislativo someta a Bolsonaro a un juicio con fines destituyentes, de las cuales sólo cinco habían sido rechazadas y las demás esperaban a una decisión del presidente de la Cámara de Diputados.
La apertura de un juicio político contra un jefe de Estado en Brasil es una decisión exclusiva del presidente de la Cámara de Diputados, que, dependiendo de sus alianzas y de su relación con el mandatario, puede dejar las peticiones archivadas por varios meses sin ofrecer explicaciones.
El actual presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira, un aliado del mandatario, alega que abrirle un juicio en estos momentos a Bolsonaro es contraproducente debido a que agravaría la crisis y la paralización del Gobierno ante la crisis sanitaria.
En caso de que Lira acepte al menos una de las peticiones, el proceso podrá ser iniciado por una comisión, pero exigirá la aprobación de las dos terceras partes de los 513 diputados de Brasil para avanzar al Senado.
Con información de EFE.
La organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua, originaria de Venezuela, ha logrado establecerse en al menos 16 estados de Estados Unidos mediante una combinación de alianzas con pandillas locales y tácticas de infiltración tecnológica, según informes de Fox News y otros medios estadounidenses.
Investigaciones revelan que el grupo opera en estados como Florida, Texas, Nueva York, Illinois y Colorado, y ha aprovechado comunidades migrantes para operar con menor visibilidad. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la presencia del Tren de Aragua representa un riesgo creciente para la seguridad interna.
Uno de los aspectos más alarmantes es su sofisticación tecnológica. Según Ali Hopper y Jarrod Sadulski, expertos en crimen organizado y miembros de GUARD Against Trafficking, la pandilla incorpora especialistas en tecnología de la información —algunos bajo coacción— para evadir la detección. Utilizan códigos visuales, secuencias de emojis e imágenes con símbolos ocultos para comunicarse sin ser detectados por los algoritmos de seguridad de plataformas digitales.
Además, el grupo ha establecido alianzas estratégicas con pandillas como los Bloods y los Crips, con las cuales comparte ingresos de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, trata de personas y asesinatos por encargo. Esta colaboración les permite conocer rutas de patrullaje, zonas con menor vigilancia y políticas judiciales locales.
A nivel internacional, el Tren de Aragua ha sido identificado en países como Perú, Chile y Colombia. En marzo de 2025, el Congreso peruano lo declaró organización terrorista. En Chile y Colombia, se le vincula con delitos como secuestro, homicidio, extorsión y explotación sexual.
Frente a su avance, el sistema judicial de EE. UU. ha comenzado a responder. En mayo de 2025, una jueza federal en Pensilvania autorizó la deportación de presuntos integrantes del grupo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. No obstante, tribunales en Texas y Colorado han bloqueado temporalmente estas medidas por presuntas violaciones al debido proceso.
De acuerdo con Insight Crime, el Tren de Aragua ha evolucionado desde su origen carcelario en Venezuela hasta convertirse en una red criminal transnacional, adaptando su estructura a cada país. Aunque la amenaza es real, analistas como los citados por The Guardian advierten que la falta de evidencia directa que vincule a sus miembros con la estructura central del grupo complica su persecución judicial en Estados Unidos.
La influencer mexicana Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada la tarde del martes dentro de su salón de belleza, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, según confirmaron autoridades estatales.
La joven, conocida por compartir contenidos sobre belleza y estilo de vida en redes sociales, algunos con hasta 800,000 reproducciones, fue atacada a tiros alrededor de las 18:30 horas locales (00:30 GMT del miércoles) por un sujeto que ingresó al local y disparó directamente en su contra, informó la fiscalía estatal en un comunicado.
“La víctima es una persona con presencia activa e influencia en redes sociales”, destacó la institución, que añadió que el caso está siendo investigado bajo el protocolo de feminicidio.
Elementos de la policía municipal llegaron al establecimiento tras una llamada de emergencia y confirmaron el fallecimiento de Márquez en el lugar. Agentes del Ministerio Público permanecieron en la escena recabando pruebas y testimonios para esclarecer el crimen.
La violencia de género continúa siendo una grave preocupación en México. De acuerdo con ONU Mujeres, 7 de cada 10 mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de agresión, y diariamente se registran en promedio 10 asesinatos de mujeres, sumando homicidios dolosos y feminicidios.
Las autoridades no han reportado hasta el momento detenidos por este hecho.
El asesinato de Luis Armando Córdova Díaz, exdiputado y exsecretario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, se suma a una serie de ataques contra figuras políticas ocurridos recientemente en México, en medio del proceso electoral que culminará el 2 de junio.
Córdova, quien fue legislador entre 2012 y 2015, fue atacado en Zapopan, Jalisco, parte del área metropolitana de Guadalajara. Según informó la Fiscalía del Estado, ya se abrió una investigación para esclarecer el crimen. “Se revisan cámaras de videovigilancia, entrevistas y otros indicios para identificar a los agresores, quienes habrían huido a bordo de una motocicleta”, señaló la institución en un comunicado.
El PRI condenó el homicidio a través de la red social X, donde exigió justicia y alertó sobre la creciente inseguridad. “¡El pueblo no merece vivir con miedo!”, expresó el partido.
Jalisco, considerado bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos del país, es escenario frecuente de violencia, desapariciones y enfrentamientos armados. Zapopan, donde ocurrió el ataque, es además una de las sedes seleccionadas para el Mundial de Fútbol 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.
El homicidio de Córdova ocurre en un contexto de creciente violencia política en el país. El pasado lunes fue asesinado Esteban Alfonseca, exalcalde de Actopan, Veracruz. Un día antes, Yesenia Lara, candidata a la alcaldía de Texistepec por el partido oficialista Morena, resultó herida tras ser atacada a balazos mientras marchaba en caravana junto a simpatizantes.
Veracruz, donde se celebrarán elecciones locales el próximo 1 de junio para renovar 212 alcaldías, ha sido identificado como un territorio estratégico para el crimen organizado por su ubicación en la costa del Golfo de México.
De acuerdo con analistas, los asesinatos de candidatos y exfuncionarios suelen intensificarse en periodos electorales como una forma en que los grupos delictivos buscan controlar gobiernos locales y ejercer influencia sobre los procesos democráticos.
