Internacionales
Mitad de brasileños apoya juicio destituyente contra Jair Bolsonaro
Cerca de la mitad de los brasileños (49 por ciento) apoya que el Congreso le abra un juicio político con fines destituyentes al presidente Jair Bolsonaro, por alguno de los crímenes de responsabilidad de que es acusado, incluyendo su fallida gestión frente a la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con un sondeo divulgado este sábado por la firma Datafolha, el porcentaje de brasileños que apoya la apertura del proceso en el Congreso subió desde el 46 por ciento en marzo hasta el 49 por ciento en mayo, mientras que el de los que se opone a esa posibilidad cayó desde el 50 por ciento al 46 por ciento en el mismo período.
En abril del año pasado, un 53 por ciento rechazaba el juicio político y sOlo un 42 por ciento lo apoyaba.
Es la primera vez que el porcentaje de brasileños que respalda el juicio supera al de los que se opone desde que Datafolha comenzó a interrogar a los entrevistados sobre el asunto.
El sondeo de Datafolha, una de las firmas demoscópicas más prestigiosas de Brasil, escuchó esta semana a dos mil 71 personas de más de 18 años en todo el país para un sondeo que tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.
El apoyo al juicio político refleja la caída de la popularidad del líder ultraderechista en las últimas semanas, en parte por el aumento de las críticas a su gestión frente a la pandemia, que tiene a Brasil como el segundo país en el mundo en número de muertos por COVID-19 (432 mil628) y el tercero en número de casos (15.5 millones) después de Estados Unidos e India.
Bolsonaro es uno de los mandatarios más negacionistas en torno a la gravedad de la pandemia del COVID-19, que ha llegado a calificar como “gripecita”, y se opone a medidas preventivas como el uso de máscara, el distanciamiento social o los confinamientos.
Según una encuesta también de Datafolha divulgada el pasado jueves, el apoyo al Gobierno del capitán de la reserva del Ejército cayó desde el 30 por ciento en marzo hasta el 24 por ciento en mayo, el nivel más bajo desde el inicio de su mandato, el 1 de enero de 2019.
La tasa de desaprobación, por su parte, subió un punto porcentual, del 44 por ciento en marzo al 45 por ciento en mayo.
Según el sondeo divulgado este sábado, el rechazo al juicio político contra Bolsonaro llega al 60 por ciento entre los entrevistados que dicen no tenerle miedo al coronavirus, al 57 por ciento entre los que aseguran ser evangélicos y al 53 por ciento entre los hombres.
El apoyo al juicio, por su parte, llega al 62 por ciento entre los desempleados, al 60 por ciento entre los que dicen tener mucho miedo de la pandemia, al 57 por ciento entre los habitantes del empobrecido nordeste brasileño y al 57 por ciento entre los jóvenes de entre 16 y 24 años.
Hasta enero pasado habían sido presentadas al Congreso 62 peticiones para que el Legislativo someta a Bolsonaro a un juicio con fines destituyentes, de las cuales sólo cinco habían sido rechazadas y las demás esperaban a una decisión del presidente de la Cámara de Diputados.
La apertura de un juicio político contra un jefe de Estado en Brasil es una decisión exclusiva del presidente de la Cámara de Diputados, que, dependiendo de sus alianzas y de su relación con el mandatario, puede dejar las peticiones archivadas por varios meses sin ofrecer explicaciones.
El actual presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira, un aliado del mandatario, alega que abrirle un juicio en estos momentos a Bolsonaro es contraproducente debido a que agravaría la crisis y la paralización del Gobierno ante la crisis sanitaria.
En caso de que Lira acepte al menos una de las peticiones, el proceso podrá ser iniciado por una comisión, pero exigirá la aprobación de las dos terceras partes de los 513 diputados de Brasil para avanzar al Senado.
Con información de EFE.
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.
De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.
Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.
El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Internacionales
Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.
