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López Obrador admite que ordenó la liberación del hijo del Chapo Guzmán
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que fue él quien ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, cuando fue detenido en octubre por el Ejército en Culiacán, capital del Estado de Sinaloa, al oeste de México.
Durante su conferencia de prensa de este viernes, López Obrador estaba hablando de la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra los carteles de la droga cuando se refirió al desastroso operativo que terminó con 14 fallecidos y reconoció que fue suya la orden de soltar al hijo del capo.
“Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, admitió el presidente mexicano. “Es lo que se decidió para no poner en riesgo a la población y para no afectar a civiles. Si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes perderían la vida en Culiacán y se tomó la decisión”.
Según López Obrador, el frustrado operativo de Sinaloa fue un ejemplo de la relación de “respeto” que sostiene con Donald Trump a quien se refirió como un “ejemplo”. “[Trump] habló al día siguiente para ofrecer apoyo y (…) de manera muy respetuosa le agradecimos su ofrecimiento y él entendió que nos correspondía a nosotros atender estos casos, como siempre. No vamos a permitir que ningún Gobierno extranjero se inmiscuya en asuntos que solo corresponden a las autoridades mexicanas”, insistió.
Las palabras del mandatario suponen una importante confesión sobre el desenlace de uno de los capítulos más frustrantes de la lucha contra el crimen organizado de López Obrador, que bate cifras récord de homicidios, con más de 90 muertes violentas cada día.
La tarde del 17 de octubre de 2019, el Ejército mexicano desplegó a más de 200 efectivos en la ciudad de Culiacán e intentó capturar a los hijos de El Chapo Guzmán en su tierra, en su casa y entre su gente. Sin embargo, la respuesta del narco fue brutal y los soldados tuvieron que replegarse para evitar una sangría entre militares y población civil, a pesar de que Ovidio Guzmán ya estaba en sus manos. Los sicarios habían rodeado varias viviendas militares y amenazaban con hacerlas saltar por los aires si no liberaban a su jefe.
De esta forma, López Obrador admitió su responsabilidad en una decisión que generó polémica tanto por la orden de liberar al capo, reclamado en Estados Unidos por tráfico de drogas al frente del cartel de Sinaloa, como por la forma en que se airearon al día siguiente los nombres de los oficiales que estuvieron al mando del fallido operativo y que los colocó en el punto de mira del cartel.
Hasta ahora, López Obrador había dicho que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán había sido tomada por su Gabinete de Seguridad y que él la había respaldado. “No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé”, había dicho al día siguiente.
La relación de López Obrador con la familia Guzmán Loera ha estado siempre rodeada de polémica. A la liberación de Ovidio se suma la controvertida foto del presidente con la madre de Joaquín El Chapo Guzmán. Hace tres meses, durante una visita a Sinaloa, López Obrador saludó afectuosamente a Consuelo Loera y el apretón de manos se convirtió en una tormenta viral que monopolizó las redes sociales.
El propio Gobierno reveló que la madre de El Chapo le había enviado una carta al mandatario pidiendo su mediación. “Me pide que ayude en gestiones para que el Gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo y voy a hacer el trámite… Yo creo que por razones humanitarias se le debería permitir… Lo haría por cualquier ser humano”, dijo López Obrador sobre el conocido capo condenado a cadena perpetua en un tribunal de Nueva York.
Dos ciudadanos salvadoreños con antecedentes penales fueron arrestados recientemente en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como parte de los operativos que la administración Trump mantiene para retirar de las calles a inmigrantes ilegales con historial violento.
En Dallas, fue detenido Edwin Sagastizado Morán, de 32 años, quien enfrenta condenas previas por robo en Houston, Texas, además de dos delitos graves por reingreso ilegal al país. Mientras tanto, en Houston, se reportó el arresto de Roberto Antonio Caballero García, de 30 años, quien posee una condena por intento de agresión sexuaI contra un menor y otra por escape durante su detención en el condado de Dallas.
El gobierno estadounidense ha señalado que, mientras algunos sectores políticos abogan por la permanencia de inmigrantes con antecedentes delictivos, se mantienen firmes en sus acciones de seguridad para proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley.
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
«Al conmemorar siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y (de la copresidenta Rosario) Murillo contra los manifestantes, reflexionamos sobre el coraje y el deseo de los manifestantes de vivir en una Nicaragua libre de tiranía», afirma el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en un comunicado.
«Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua», añade.
El secretario de Estado anuncia «restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen de la dictadura nicaragüense», con lo que ya son más de 2.000 los sancionados durante los últimos años por Washington.
A inicios de abril, expertos de la ONU identificaron por primera vez a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua como responsables de graves «crímenes» de derechos humanos y «represión sistemática».
Esa lista la encabezan Ortega, Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla).
Además el gobierno del presidente republicano Donald Trump acusa a Managua de hacer negocio con la migración.
«La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma y posiciona a Nicaragua como un centro para los inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera», advierte Rubio en la red social X.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
En 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
Dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno nicaragüense, COMINTSA y Capital Mining, se hallan asimismo bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Washington anunció este jueves nuevas tarifas portuarias sobre buques construidos y operados por China que atraquen en puertos estadounidenses, en una apuesta por impulsar la industria naval nacional y frenar el dominio del gigante asiático en el sector.
La medida, que se deriva de una investigación iniciada bajo el gobierno anterior de Joe Biden, se conoce cuando Estados Unidos y China están enzarzados en plena guerra comercial por los aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones.
«Los buques y el transporte marítimo son vitales para la seguridad económica estadounidense y la libre circulación del comercio», declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.
Según el funcionario, la mayoría de las tasas entrarán en vigor a mediados de octubre.
Bajo las nuevas reglas, se aplicarán tarifas por tonelada o por contenedor, y se cobrarán por cada visita a Estados Unidos, no por cada puerto en el que los buques atraquen.
Se impondrán hasta un máximo de cinco veces al año y los propietarios podrán verse eximidos si hacen un pedido de un buque construido en Estados Unidos.
La industria naviera estadounidense, dominante después de la Segunda Guerra Mundial, ha decaído gradualmente y ahora representa solo el 0,1% de la producción mundial.
Asia domina el sector en la actualidad, con China responsable por la construcción de casi la mitad de los barcos que son lanzados, por delante de Corea del Sur y Japón.
Los tres países asiáticos representan más del 95% de la construcción naval civil, según cifras de la ONU.
Las nuevas tarifas estadounidenses serán «perjudiciales para todos», reaccionó este viernes Lin Jian, un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.
Según el vocero, las tasas «hacen que suban los costes del transporte marítimo a escala mundial» y «acentúan la presión inflacionista en Estados Unidos», pero «no permitirán reimpulsar la industria naval estadounidense».
«Revertir el dominio chino»
Según la decisión estadounidense, habrá tarifas distintas para los buques operados por chinos y para aquellos construidos en China, y ambas aumentarán gradualmente en los años siguientes.
Para los barcos ensamblados en China, la tarifa empieza en 18 dólares por tonelada neta o 120 dólares por contenedor. Esto significa que un buque con 15.000 contenedores podría tener que pagar una tarifa de hasta 1,8 millones de dólares.
Además, todos los buques de transporte de automóviles que no hayan sido fabricados en Estados Unidos también tendrán que pagar una tasa que comenzará a aplicarse dentro de 180 días.
El anuncio introduce también nuevos recargos para los barcos de transporte de gas natural licuado, aunque no entrarán en vigor hasta dentro de tres años.
Una hoja informativa que acompaña al anuncio dice que las tasas no cubrirán «el transporte marítimo en los Grandes Lagos o el Caribe, el transporte marítimo hacia y desde los territorios de Estados Unidos, o las exportaciones de productos básicos en buques que llegan vacíos a Estados Unidos».
«Las acciones de la administración Trump comenzarán a revertir el dominio chino, abordarán las amenazas a la cadena de suministro de Estados Unidos y enviarán una señal de demanda para los buques construidos» en el país, aseguró Greer.
