Internacionales
López Obrador admite que ordenó la liberación del hijo del Chapo Guzmán
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que fue él quien ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, cuando fue detenido en octubre por el Ejército en Culiacán, capital del Estado de Sinaloa, al oeste de México.
Durante su conferencia de prensa de este viernes, López Obrador estaba hablando de la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra los carteles de la droga cuando se refirió al desastroso operativo que terminó con 14 fallecidos y reconoció que fue suya la orden de soltar al hijo del capo.
“Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, admitió el presidente mexicano. “Es lo que se decidió para no poner en riesgo a la población y para no afectar a civiles. Si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes perderían la vida en Culiacán y se tomó la decisión”.
Según López Obrador, el frustrado operativo de Sinaloa fue un ejemplo de la relación de “respeto” que sostiene con Donald Trump a quien se refirió como un “ejemplo”. “[Trump] habló al día siguiente para ofrecer apoyo y (…) de manera muy respetuosa le agradecimos su ofrecimiento y él entendió que nos correspondía a nosotros atender estos casos, como siempre. No vamos a permitir que ningún Gobierno extranjero se inmiscuya en asuntos que solo corresponden a las autoridades mexicanas”, insistió.
Las palabras del mandatario suponen una importante confesión sobre el desenlace de uno de los capítulos más frustrantes de la lucha contra el crimen organizado de López Obrador, que bate cifras récord de homicidios, con más de 90 muertes violentas cada día.
La tarde del 17 de octubre de 2019, el Ejército mexicano desplegó a más de 200 efectivos en la ciudad de Culiacán e intentó capturar a los hijos de El Chapo Guzmán en su tierra, en su casa y entre su gente. Sin embargo, la respuesta del narco fue brutal y los soldados tuvieron que replegarse para evitar una sangría entre militares y población civil, a pesar de que Ovidio Guzmán ya estaba en sus manos. Los sicarios habían rodeado varias viviendas militares y amenazaban con hacerlas saltar por los aires si no liberaban a su jefe.
De esta forma, López Obrador admitió su responsabilidad en una decisión que generó polémica tanto por la orden de liberar al capo, reclamado en Estados Unidos por tráfico de drogas al frente del cartel de Sinaloa, como por la forma en que se airearon al día siguiente los nombres de los oficiales que estuvieron al mando del fallido operativo y que los colocó en el punto de mira del cartel.
Hasta ahora, López Obrador había dicho que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán había sido tomada por su Gabinete de Seguridad y que él la había respaldado. “No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé”, había dicho al día siguiente.
La relación de López Obrador con la familia Guzmán Loera ha estado siempre rodeada de polémica. A la liberación de Ovidio se suma la controvertida foto del presidente con la madre de Joaquín El Chapo Guzmán. Hace tres meses, durante una visita a Sinaloa, López Obrador saludó afectuosamente a Consuelo Loera y el apretón de manos se convirtió en una tormenta viral que monopolizó las redes sociales.
El propio Gobierno reveló que la madre de El Chapo le había enviado una carta al mandatario pidiendo su mediación. “Me pide que ayude en gestiones para que el Gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo y voy a hacer el trámite… Yo creo que por razones humanitarias se le debería permitir… Lo haría por cualquier ser humano”, dijo López Obrador sobre el conocido capo condenado a cadena perpetua en un tribunal de Nueva York.
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.
De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.
Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.
El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Internacionales
Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.
