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López Obrador admite que ordenó la liberación del hijo del Chapo Guzmán
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que fue él quien ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, cuando fue detenido en octubre por el Ejército en Culiacán, capital del Estado de Sinaloa, al oeste de México.
Durante su conferencia de prensa de este viernes, López Obrador estaba hablando de la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra los carteles de la droga cuando se refirió al desastroso operativo que terminó con 14 fallecidos y reconoció que fue suya la orden de soltar al hijo del capo.
“Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, admitió el presidente mexicano. “Es lo que se decidió para no poner en riesgo a la población y para no afectar a civiles. Si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes perderían la vida en Culiacán y se tomó la decisión”.
Según López Obrador, el frustrado operativo de Sinaloa fue un ejemplo de la relación de “respeto” que sostiene con Donald Trump a quien se refirió como un “ejemplo”. “[Trump] habló al día siguiente para ofrecer apoyo y (…) de manera muy respetuosa le agradecimos su ofrecimiento y él entendió que nos correspondía a nosotros atender estos casos, como siempre. No vamos a permitir que ningún Gobierno extranjero se inmiscuya en asuntos que solo corresponden a las autoridades mexicanas”, insistió.
Las palabras del mandatario suponen una importante confesión sobre el desenlace de uno de los capítulos más frustrantes de la lucha contra el crimen organizado de López Obrador, que bate cifras récord de homicidios, con más de 90 muertes violentas cada día.
La tarde del 17 de octubre de 2019, el Ejército mexicano desplegó a más de 200 efectivos en la ciudad de Culiacán e intentó capturar a los hijos de El Chapo Guzmán en su tierra, en su casa y entre su gente. Sin embargo, la respuesta del narco fue brutal y los soldados tuvieron que replegarse para evitar una sangría entre militares y población civil, a pesar de que Ovidio Guzmán ya estaba en sus manos. Los sicarios habían rodeado varias viviendas militares y amenazaban con hacerlas saltar por los aires si no liberaban a su jefe.
De esta forma, López Obrador admitió su responsabilidad en una decisión que generó polémica tanto por la orden de liberar al capo, reclamado en Estados Unidos por tráfico de drogas al frente del cartel de Sinaloa, como por la forma en que se airearon al día siguiente los nombres de los oficiales que estuvieron al mando del fallido operativo y que los colocó en el punto de mira del cartel.
Hasta ahora, López Obrador había dicho que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán había sido tomada por su Gabinete de Seguridad y que él la había respaldado. “No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé”, había dicho al día siguiente.
La relación de López Obrador con la familia Guzmán Loera ha estado siempre rodeada de polémica. A la liberación de Ovidio se suma la controvertida foto del presidente con la madre de Joaquín El Chapo Guzmán. Hace tres meses, durante una visita a Sinaloa, López Obrador saludó afectuosamente a Consuelo Loera y el apretón de manos se convirtió en una tormenta viral que monopolizó las redes sociales.
El propio Gobierno reveló que la madre de El Chapo le había enviado una carta al mandatario pidiendo su mediación. “Me pide que ayude en gestiones para que el Gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo y voy a hacer el trámite… Yo creo que por razones humanitarias se le debería permitir… Lo haría por cualquier ser humano”, dijo López Obrador sobre el conocido capo condenado a cadena perpetua en un tribunal de Nueva York.
Los sujetos fueron presentados como Juan Carlos «N», de 33 años, y Jesse Kevin «N», de 22 años, miembros de una célula delictiva presuntamente implicada en secuestro y tráfico de drogas y armas.
Las investigaciones determinaron que Juan Carlos «N» tomó parte «en una agresión a una familia que se trasladaba en un vehículo» y que tuvo como saldo la muerte de los niños, según un comunicado conjunto de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad, la Guardia Nacional y la fiscalía federal.
Alexander, de 9 años; Gael, de 12; y el padre de ambos, Antonio Sarmiento, murieron el 19 de enero tras quedar atrapados en medio de un tiroteo en Culiacán, la capital de Sinaloa.
Desde septiembre, esa ciudad ha sido azotada por la guerra entre dos facciones del cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México y designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.
Aunque la escalada criminal amainó en semanas recientes por el vasto operativo de las autoridades federales, hasta enero dejó un saldo de al menos 750 muertos y 900 desaparecidos, según cifras oficiales.
También desató la indignación de los habitantes de Culiacán, que salieron por miles a marchar a finales de enero exigiendo justicia por las muertes de Alexander y Gael.
La detención de los hombres fue resultado del cateo de tres inmuebles donde además fueron incautados 20 kg de cocaína, cristal, precursores químicos, 10 armas -incluida una ametralladora calibre 50-, municiones y seis vehículos, detalló por su parte el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, en su cuenta de X.
«Esto es resultado del fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa», agregó el funcionario en su mensaje.
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas, México acumula más de 480.000 muertes violentas y decenas de miles de desapariciones, según cifras oficiales.
El fiscal general Alejandro Gertz informó en la conferencia de prensa presidencial que se trata de «un asunto de carácter federal», tras la captura de un presunto operador del cartel Jalisco Nueva Generación, que brindó a las autoridades información sobre el caso.
«En este momento es un asunto de carácter federal, está ocupado ese sitio por las autoridades federales y están entrando los peritos (expertos forenses) para determinar la realidad de lo que ahí hay», dijo el funcionario.
El colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el 5 de marzo que localizó ropa y restos óseos calcinados en esta finca, a la que organizaciones civiles describieron como un «campo de adiestramiento y exterminio».
Pero el lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que hasta el momento solo está confirmado que se trata de un «centro de adiestramiento» del crimen organizado.
García Harfuch reconoció sin embargo que en el lugar se cometieron asesinatos de personas que se resistían a ser reclutadas.
Según las primeras indagatorias, numerosas personas fueran llevadas allí con falsas ofertas de trabajo para finalmente ser obligadas a recibir entrenamiento para sumarse a la organización delictiva.
La Fiscalía General está asumiendo las investigaciones que fueron iniciadas por la fiscalía estatal, que debe entregar toda la información en su poder.
El Gobierno de México presentó parte de las acciones previstas para la alerta, búsqueda y localización de personas que contemplan las iniciativas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre ellas, la creación de una Plataforma Única de Identidad.
La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, explicó que la Plataforma Única de Identidad será la principal identificación de las personas desde su nacimiento.
«Se incorpora la CURP (Clave Única de Registro de Población) como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares, con capacidad de consulta en tiempo real», señaló Godoy durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.Indicó que el objetivo es «interconectar a México, crear un sistema que permita el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares».
Godoy expresó que con esto será posible alimentar y actualizar el Banco de Datos Forenses y facultar a las fiscalías locales para robustecer sus capacidades de búsqueda e investigación.
El Instituto Nacional Electoral (INE) «deberá permitir consultas en tareas de investigación, principalmente en actividades del gabinete de seguridad. Todas las personas en México tendrán esta identidad, la CURP», agregó.
De igual forma, comentó que se pondrá en marcha el nuevo Sistema Nacional de Alerta, el cual operará como un mecanismo de inteligencia artificial, identificando coincidencias entre bases de datos gubernamentales y privadas.
También está previsto que las empresas de telecomunicaciones, cementerios y crematorios se integren a la red, respetando la ley de protección de datos.Godoy comentó que también se crea la Base nacional de carpetas de investigación de personas desaparecidas y no localizadas.
Señaló que se abrirá «una carpeta de investigación de manera inmediata ante cualquier denuncia por desaparición sin dilación alguna, nada de ’72 horas’», lo que permitirá generar alertas en tiempo real para todas las fiscalías y autoridades vinculadas a la búsqueda de personas.
Señaló que la Base «estará integrada en los 180 días máximo, una vez entrada en vigor esta reforma».
