La Fiscalía de Guatemala, dirigida por la fiscal general Consuelo Porras —sancionada por EE. UU. y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción y acciones antidemocráticas— volvió a generar polémica tras declarar como “nulos” los resultados de las elecciones presidenciales de 2023, ganadas por el actual mandatario Bernardo Arévalo, y continuar con investigaciones que han sido criticadas por el gobierno y la comunidad internacional.

Este martes, la Fiscalía Especial contra la Impunidad realizó un allanamiento en la oficina de Recursos Humanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde detuvo a Angelita Martínez, jefa de archivo y dirigente sindical, según informó el vocero Moisés Ortiz.

Martínez denunció que su arresto es una represalia, asegurando que en el pasado colaboró como testigo protegido en una denuncia de supuesto fraude electoral, pero se retiró por amenazas de muerte. “Me imagino que es represalia porque ya no seguí con las denuncias”, dijo al ser trasladada a los tribunales.

Las diligencias del Ministerio Público se suman a una serie de acciones que han incluido múltiples allanamientos a oficinas del TSE desde 2023. La fiscalía sostiene que hubo irregularidades en el proceso electoral que favoreció a Arévalo, quien ha señalado estas acciones como parte de un intento de “golpe de Estado” para impedir su llegada al poder en enero de 2024.

La Fiscalía Especial es dirigida por Rafael Curruchiche, también sancionado por Washington y Bruselas. Mientras tanto, el presidente Arévalo continúa buscando vías legales para remover a Porras, quien tiene mandato hasta mayo de 2026, aunque la Constitución no le otorga facultades para destituirla directamente.