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Fiscalía admite denuncia penal contra Evo Morales por presunto terrorismo
La Fiscalía General de Bolivia admitió una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales por supuestos delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir y atentados contra la seguridad de los servicios públicos, entre otros. La acción legal fue impulsada tras la difusión de un video en el que se escucha, presuntamente, la voz del exmandatario ordenando a uno de sus seguidores bloquear carreteras.
El fiscal general Roger Mariaca confirmó en conferencia de prensa que la denuncia ha sido aceptada y que se ha dado inicio a una investigación formal. “Se ha determinado admitir esta denuncia, lo que llama a activar todos los mecanismos de investigación para esclarecer los hechos”, declaró.
La grabación que originó la denuncia fue publicada en redes sociales por un exdirigente cercano a Morales. En ella, se escucha una voz —atribuida al exmandatario— que instruye interrumpir el tránsito en distintos puntos del país, una práctica que ha marcado protestas recientes.
El Ministerio de Justicia formalizó la denuncia la semana pasada. En caso de comprobarse el delito de terrorismo, la ley establece penas de entre 15 y 20 años de prisión.
Morales niega los cargos y denuncia uso de inteligencia artificial
El líder cocalero, de 65 años, rechazó los señalamientos y acusó al gobierno del presidente Luis Arce de “fabricar casos” para desprestigiarlo y excluirlo de las elecciones generales previstas para el 17 de agosto.
“Están usando inteligencia artificial, como ya lo hicieron en 2019, creando falsos perfiles para simular llamados a bloqueos”, denunció el senador Leonardo Loza, estrecho colaborador de Morales.
No es la primera vez que el exmandatario enfrenta acusaciones similares. En noviembre de 2019, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, también fue denunciado por terrorismo tras la difusión de una grabación en la que presuntamente pedía cortar rutas. Aquella investigación no prosperó.
Segunda semana de bloqueos y creciente tensión política
La denuncia se produce en medio de una creciente ola de protestas en Bolivia. Desde hace ocho días, al menos 28 puntos viales permanecen bloqueados en distintas regiones del país, principalmente en Cochabamba, bastión político de Morales, según reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras.
Los movilizados exigen la renuncia del presidente Arce, a quien acusan de manipular al sistema judicial y electoral para inhabilitar a Morales de los próximos comicios. Desde octubre pasado, el exmandatario permanece en la región del Chapare, donde se refugió tras emitirse una orden de detención en su contra por un caso de presunta trata de menores, cargo que también niega.
El presidente Arce, quien fue ministro de Economía durante gran parte del gobierno de Morales, responsabilizó a su exaliado de promover las protestas con fines políticos. “Busca forzar su habilitación como candidato, pese a que la ley no permite más de una reelección presidencial”, sostuvo.
Evo Morales gobernó Bolivia en tres periodos consecutivos entre 2006 y 2019.
El elefante, un macho solitario, ha sembrado el pánico desde principios de enero en el distrito rural de West Singhbhum.
«Estamos tratando de rastrear y rescatar a este elefante que mató a tanta gente», dijo a AFP el funcionario forestal gubernamental Aditya Narayan, quien confirmó un saldo de 20 muertos.
Entre los fallecidos hay niños y ancianos, además de un cuidador profesional de elefantes.
Tras dejar un rastro de destrucción, el animal no ha sido visto desde el viernes, pese a múltiples patrullajes en la zona.
Las autoridades dijeron que equipos de búsqueda, con ayuda de drones, revisan densas franjas forestales, incluido un parque nacional en el vecino estado de Odisha.
El miedo ha llevado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas por la noche.
«Un equipo policial, o un vehículo de funcionarios forestales, visita por la noche para brindar ayuda esencial a los aldeanos», señaló un dirigente local.
Cada año, cientos de miles de indios se ven afectados por elefantes que arrasan cultivos.
Los elefantes asiáticos están ahora restringidos a apenas el 15% de su hábitat original.
Animales por lo general tímidos, los elefantes entran en contacto cada vez más frecuente con humanos debido a la rápida expansión de los asentamientos y el avance sobre los bosques, incluidas operaciones mineras.
Seis presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron detenidos en Ciudad de México acusados de extorsión y de tráfico de drogas y de personas, informó este martes la secretaría de Seguridad federal.
Este grupo criminal ha sido designado como «organización terrorista» por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Militares y agentes federales mexicanos «detuvieron a seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas», detalló en la red social X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Entre los presuntos criminales capturados destaca una mujer señalada como la encargada «del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas» de trata, añadió el funcionario.
También fue detenido un hombre acusado de ser el operador financiero de la organización y de administrar los inmuebles de la banda.
Las autoridades no detallaron la nacionalidad de los detenidos. Otros integrantes de esta banda han sido capturados en México en los últimos meses.
La presunta relación de funcionarios del gobierno venezolano con el Tren de Aragua fue uno de los argumentos de Trump para lanzar una operación militar el 3 de enero en Venezuela y capturar y trasladar a Estados Unidos al depuesto mandatario Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.
El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y según estudios se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.
Los fiscales reprocharon al ex jefe de Estado conservador haber liderado una «insurrección» motivada por una «sed de poder destinada a instaurar una dictadura».
También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar «ningún remordimiento» por actos que amenazaban «el orden constitucional y la democracia».
«En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa», concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución desde 1997.
El veredicto se espera para el próximo mes.
En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.
Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.
Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.
Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial —medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980— alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.
