Internacionales
Dos heridos y destrozos deja ataque con explosivos contra una sede de la fiscalía peruana
Un ataque con explosivos hirió a dos personas y causó destrozos este lunes en la fiscalía de Trujillo, en el norte de Perú, en una presunta acción del crimen organizado que ha multiplicado sus extorsiones en esa ciudad, según informaron autoridades.
Un sujeto a bordo de una moto, con una maleta a las espaldas como la que usan los repartidores de comida, dejó por la madrugada una carga de dinamita que estalló poco después frente al edificio del Ministerio Público, de acuerdo con imágenes de una cámara de seguridad que difundieron medios de comunicación.
La explosión «ocasionó lesiones de consideración a dos ciudadanos» y «severos daños (…) en las oficinas, equipos tecnológicos, puertas y ventanas, entre otros», señaló la fiscalía en un comunicado.
La jefa general del organismo, Delia Espinoza, atribuyó el ataque al crimen organizado.
«Esta dinamita procedería de la minería ilegal, eso lo que nos está confirmando es que la criminalidad organizada está operando», dijo la funcionaria al canal RPP.
Según Espinoza, el ataque pudo haberse perpetrado en represalia por recientes capturas de miembros de bandas organizadas.
«Esta es una amenaza directa a la señora fiscal que tendría que presentar la acusación contra esas bandas organizadas», sostuvo Espinoza.
Por su parte, la presidencia de Perú condenó el que llamó «cobarde acto de terrorismo urbano» y dispuso que el ejército y la policía tomen «el control» de Trujillo, en el marco del estado de emergencia decretado hace más de un año por la mandataria Dina Boluarte.
«Con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía, anuncia que las fuerzas armadas y la policía tomarán el control de la ciudad», agregó en la red social X.
Previamente, el ministerio del Interior anunció el envió de 100 efectivos de fuerzas especiales a Trujillo, de poco más de un millón de habitantes y una de las ciudades peruanas más castigadas por la extorsión bajo amenaza.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la prohibición de ingreso al país para la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en respuesta a las órdenes de captura emitidas contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velásquez.
“Se prohíbe su entrada por denostar gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana”, expresó Petro durante un consejo de ministros televisado, en el que instruyó a la canciller Laura Sarabia a emitir el acto administrativo correspondiente.
Las capturas fueron ordenadas por el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, bajo acusaciones de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión, vinculadas al caso Odebrecht.
El fiscal guatemalteco acusa a Camargo y Velásquez, excomisionado de la CICIG —entidad respaldada por la ONU— de integrar una estructura criminal que habría favorecido a Odebrecht, ocasionando pérdidas al Estado guatemalteco por más de $400 millones.
En respuesta, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que ambos funcionarios gozan de inmunidad judicial por sus funciones en la CICIG, una protección que sigue vigente incluso después de finalizado su mandato.
La medida del gobierno colombiano profundiza las tensiones diplomáticas entre ambos países en torno al legado de la lucha contra la corrupción en Centroamérica.
Autoridades penitenciarias de Honduras descubrieron un arsenal en la Penitenciaría Nacional de Támara, ubicada a unos 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa, donde pandilleros ocultaban armamento de guerra y equipo de vigilancia.
El hallazgo se realizó en una cocina del pabellón que era ocupado por miembros de pandillas, días después de que más de 160 reclusos de las estructuras criminales Barrio 18 y Mara Salvatrucha fueran trasladados a cárceles de máxima seguridad.
Entre los objetos decomisados figuran un lanzacohetes RPG-7, dos fusiles AK-47, un fusil lanzagranadas, una pistola 9 milímetros, municiones, chalecos antibalas, gorros pasamontañas, cinco cámaras de seguridad, 40 enrutadores de internet, dinero en efectivo y drogas.
“¿Contra quién iban a pelear?”, cuestionó el coronel Ramiro Muñoz, director del Instituto Penitenciario, durante la presentación del material incautado.
Las cárceles hondureñas han sido calificadas por las propias autoridades como “bombas de tiempo”, debido al hacinamiento y su función como centros de operaciones del crimen organizado y las pandillas.
Internacionales
Brasil suspende producción en planta embotelladora de Coca-Cola por posible contaminación
El gobierno de Brasil suspendió de forma preventiva la producción y embotellamiento en una planta de la empresa Solar, segunda mayor fabricante de bebidas de Coca-Cola en el país, ubicada en el estado de Ceará (noreste), tras detectar una posible contaminación en el proceso industrial.
La medida fue anunciada por el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, quien detalló que unos nueve millones de litros de bebidas permanecen retenidos en la planta mientras se realizan análisis para determinar si hubo contacto del producto con un líquido utilizado en el sistema de refrigeración.
Fávaro aseguró que, pese a la suspensión, “no hay riesgo para la población”, ya que la refrigeración en dicha planta se realiza con etanol alimenticio y agua. No obstante, destacó que la decisión fue tomada con carácter preventivo para garantizar la seguridad del consumo.
La paralización fue ordenada la noche del martes, luego de identificarse una posible falla en el sistema que podría haber provocado una mezcla del refrigerante con el producto.
En un comunicado conjunto, Solar y Coca-Cola Brasil confirmaron la suspensión temporal de la producción y señalaron que están realizando exámenes rigurosos para garantizar la seguridad de sus bebidas.
Una vez concluidos los análisis, si se descarta la presencia de contaminantes, la empresa podrá reanudar sus operaciones y distribuir los productos retenidos, añadió el titular de Agricultura.
