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Fito, la mente maestra del crimen que pone en jaque a Ecuador
Barbado, los labios apretados, la mirada fija y sobre su rostro la leyenda «SE BUSCA». Adolfo Macías, alias Fito, es ahora el fugitivo más peligroso de Ecuador tras su huida de la cárcel, desde donde comandaba la principal banda criminal de un país sumido en la violencia.
Poco más se conoce sobre el líder de Los Choneros que su pasado humilde y como taxista, además de su capacidad para romper la ley que lo llevan a ser catalogado por el gobierno como un «delincuente con características sumamente peligrosas».
Las alarmas sobre su paradero desconocido saltaron el domingo, cuando uniformados en un operativo notaron su ausencia. Atrás había dejado una prisión adornada con imágenes que exaltan su propia figura, las armas, los dólares y los leones.
La fuerza pública activó un plan para dar con el jefe de una banda narcodelictiva que surgió en la década de los años 90 en la costera provincia de Manabí (suroeste), estratégica para el tráfico de droga hacia Estados Unidos y Europa.
El gobierno cree que pudo haber escapado «horas antes» de la intervención policial en la cárcel Regional de Guayaquil (suroeste), donde era considerado el mandamás.
Videos dan cuenta de las celebraciones que tenía dentro de la cárcel con músicos y pirotecnia. Incluso llegó a grabar en un patio un videoclip de un narcocorrido en su honor, interpretado por un mariachi y su hija, que se presenta como Queen Michelle.
En la grabación aparece saludando, riendo y acariciando un gallo de pelea.
Fito ejercía «un control interno importante del centro penitenciario», señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un reporte de 2022 realizado tras un encuentro con el capo.
El organismo agregó que Macías y Junior Roldán, otro cabecilla de Los Choneros asesinado el año pasado en Colombia, tenían «un trato diferenciado y preferente por las autoridades» carcelarias.
Ascenso y fragmentación
En el mundo de Fito se aplica el dicho: a rey muerto, rey puesto. Su ascenso hasta lo más alto de la banda, integrada por unas 8.000 personas, se dio por las sucesivas muertes de sus antecesores.
Asumió el mando de la organización en 2020, tras los fallecimientos de sus amigos Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, y Junior Roldán, JR.
El nuevo capo se graduó de abogado en prisión, donde pagaba una condena a 34 años por los delitos de tenencia de armas, tráfico de drogas, delincuencia organizada y asesinato.
Su escalada a la cúpula criminal estuvo acompañada de la fragmentación de la banda, que hasta la muerte de Rasquiña había cohesionado a buena parte de organizaciones menores.
De acuerdo con Insight Crime, los últimos cambios en el mando de Los Choneros «han motivado las luchas internas en el grupo y sus subgrupos». Bandas como Tiguerones y Chone Killers se apartaron y les declararon la guerra.
El centro de estudios señala que Los Choneros «han perdido poder de manera progresiva frente a una alianza encabezada por los Lobos», cuyo jefe en Quito también se fugó el martes de una prisión en Riobamba (sur).
Los Choneros primero estuvieron dedicados al crimen tradicional con asaltos en alta mar, lograron nexos con narcotraficantes colombianos y luego mexicanos. Actualmente, tienen vínculos con los carteles de Sinaloa, el Clan del Golfo (mayor exportador de cocaína del mundo) y organizaciones balcánicas, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
Un ejército virtual
En redes sociales, Los Choneros se presentan como bienhechores al estilo de Robin Hood y producen sus propios videoclips que ensalzan el narcotráfico. Amenazan a periodistas y lanzan advertencias a otras bandas con ritmos urbanos.
«Activos, Choneros, aquí somos leones. Con el tío Fito, como se supone, controlando el barrio, aquí somos patrones», dicen en una de sus tantas canciones.
Por última vez visto obeso, barbudo y de melena revuelta, el temido líder pasó de protagonizar virales canciones de rap en el mundillo del crimen a ser nuevamente portada de los medios de comunicación tras el magnicidio del presidenciable Fernando Villavicencio, que lo acusó de haberlo amenazado una semana antes de caer baleado en agosto por un sicario colombiano.
La justicia no ha condenado a Fito por ese delito, pero el gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso (2021-2023) ordenó su traslado a una cárcel de máxima seguridad, en una espectacular operación de la fuerza pública que desató protestas de reclusos.
Fito regresó poco tiempo después a su feudo de la cárcel Regional de Guayaquil mediante recursos jurídicos.
Ahora nuevamente su fotografía con la leyenda «SE BUSCA» da vueltas por Ecuador, que se desangra en medio de enfrentamientos desatados tras su fuga.
En 2013 ya se había escapado, pero su travesía duró apenas tres meses.
Dos ciudadanos salvadoreños con antecedentes penales fueron arrestados recientemente en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como parte de los operativos que la administración Trump mantiene para retirar de las calles a inmigrantes ilegales con historial violento.
En Dallas, fue detenido Edwin Sagastizado Morán, de 32 años, quien enfrenta condenas previas por robo en Houston, Texas, además de dos delitos graves por reingreso ilegal al país. Mientras tanto, en Houston, se reportó el arresto de Roberto Antonio Caballero García, de 30 años, quien posee una condena por intento de agresión sexuaI contra un menor y otra por escape durante su detención en el condado de Dallas.
El gobierno estadounidense ha señalado que, mientras algunos sectores políticos abogan por la permanencia de inmigrantes con antecedentes delictivos, se mantienen firmes en sus acciones de seguridad para proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley.
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
«Al conmemorar siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y (de la copresidenta Rosario) Murillo contra los manifestantes, reflexionamos sobre el coraje y el deseo de los manifestantes de vivir en una Nicaragua libre de tiranía», afirma el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en un comunicado.
«Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua», añade.
El secretario de Estado anuncia «restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen de la dictadura nicaragüense», con lo que ya son más de 2.000 los sancionados durante los últimos años por Washington.
A inicios de abril, expertos de la ONU identificaron por primera vez a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua como responsables de graves «crímenes» de derechos humanos y «represión sistemática».
Esa lista la encabezan Ortega, Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla).
Además el gobierno del presidente republicano Donald Trump acusa a Managua de hacer negocio con la migración.
«La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma y posiciona a Nicaragua como un centro para los inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera», advierte Rubio en la red social X.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
En 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
Dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno nicaragüense, COMINTSA y Capital Mining, se hallan asimismo bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Washington anunció este jueves nuevas tarifas portuarias sobre buques construidos y operados por China que atraquen en puertos estadounidenses, en una apuesta por impulsar la industria naval nacional y frenar el dominio del gigante asiático en el sector.
La medida, que se deriva de una investigación iniciada bajo el gobierno anterior de Joe Biden, se conoce cuando Estados Unidos y China están enzarzados en plena guerra comercial por los aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones.
«Los buques y el transporte marítimo son vitales para la seguridad económica estadounidense y la libre circulación del comercio», declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.
Según el funcionario, la mayoría de las tasas entrarán en vigor a mediados de octubre.
Bajo las nuevas reglas, se aplicarán tarifas por tonelada o por contenedor, y se cobrarán por cada visita a Estados Unidos, no por cada puerto en el que los buques atraquen.
Se impondrán hasta un máximo de cinco veces al año y los propietarios podrán verse eximidos si hacen un pedido de un buque construido en Estados Unidos.
La industria naviera estadounidense, dominante después de la Segunda Guerra Mundial, ha decaído gradualmente y ahora representa solo el 0,1% de la producción mundial.
Asia domina el sector en la actualidad, con China responsable por la construcción de casi la mitad de los barcos que son lanzados, por delante de Corea del Sur y Japón.
Los tres países asiáticos representan más del 95% de la construcción naval civil, según cifras de la ONU.
Las nuevas tarifas estadounidenses serán «perjudiciales para todos», reaccionó este viernes Lin Jian, un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.
Según el vocero, las tasas «hacen que suban los costes del transporte marítimo a escala mundial» y «acentúan la presión inflacionista en Estados Unidos», pero «no permitirán reimpulsar la industria naval estadounidense».
«Revertir el dominio chino»
Según la decisión estadounidense, habrá tarifas distintas para los buques operados por chinos y para aquellos construidos en China, y ambas aumentarán gradualmente en los años siguientes.
Para los barcos ensamblados en China, la tarifa empieza en 18 dólares por tonelada neta o 120 dólares por contenedor. Esto significa que un buque con 15.000 contenedores podría tener que pagar una tarifa de hasta 1,8 millones de dólares.
Además, todos los buques de transporte de automóviles que no hayan sido fabricados en Estados Unidos también tendrán que pagar una tasa que comenzará a aplicarse dentro de 180 días.
El anuncio introduce también nuevos recargos para los barcos de transporte de gas natural licuado, aunque no entrarán en vigor hasta dentro de tres años.
Una hoja informativa que acompaña al anuncio dice que las tasas no cubrirán «el transporte marítimo en los Grandes Lagos o el Caribe, el transporte marítimo hacia y desde los territorios de Estados Unidos, o las exportaciones de productos básicos en buques que llegan vacíos a Estados Unidos».
«Las acciones de la administración Trump comenzarán a revertir el dominio chino, abordarán las amenazas a la cadena de suministro de Estados Unidos y enviarán una señal de demanda para los buques construidos» en el país, aseguró Greer.
