Política
Presupuesto General del Estado 2024 reforzará áreas de educación, salud y seguridad
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y los legisladores de la Comisión de Hacienda recibieron de las autoridades del Ministerio de Hacienda el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2024, el cual asciende a $9,068.7 millones.
En cuanto a la brecha, el Ministerio de Hacienda hizo una reducción de $338.6 millones, 28.32% menos que el del año en curso.
En detalle, la inversión destinada a educación es de $1,566.9 millones; en salud, $1,261.2 millones; y en seguridad y defensa, $866 millones. La suma de estos fondos hacen un total de $3,694.1 millones, representando el 40.7% del presupuesto total.
“Esto significa que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa asegurando la inversión pública en educación, salud y la seguridad, con una visión responsable de las finanzas públicas y sobre todo, priorizando el bienestar del pueblo salvadoreño”, expresó el diputado presidente.
La propuesta será enviada a la Junta Directiva el próximo lunes y en la sesión plenaria del miércoles se destinará a la Comisión de Hacienda para que inicie el estudio y escuche de los ministros y titulares de otras carteras de Estado el uso que se les dará a los fondos asignados.
El parlamentario Castro recordó que las administraciones pasadas priorizaron sus intereses y no los de la población. A través de diferentes actos de corrupción llenaron sus bolsillos.
“En el pasado, hablar de aprobación del presupuesto era hablar de las peores historias de corrupción que hubo en el país. En estas fechas, algunos ya se iban organizando para chantajear”, comentó el Presidente Castro. “Otros también iban preparando los lugares hacia a dónde iban a desviar esos fondos”, agregó.
El parlamentario hizo énfasis en que en las pasadas legislaturas se asignaban fondos públicos a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) fachadas, vinculadas a ARENA y el FMLN, bajo mecanismos ilegales y a discreción de los diputados anteriores.
Fue por eso que la nueva Asamblea Legislativa creó una comisión especial para investigar la manera en que se distribuyeron elevadas sumas de dinero a dichas instituciones. Los hallazgos fueron plasmados en un informe final que ya fue entregado a la Fiscalía General de la República (FGR).
“El trabajo realizado por esta comisión permitió descubrir el mecanismo oscuro que usaron para desfinanciar al Estado y repartirse ese dinero. En tan solo nueve años, entre 2011 y 2020, estos partidos desviaron $279 millones del Presupuesto del Estado”, señaló el diputado.
En su intervención, el titular de Hacienda, Jerson Posada Molina, explicó que en el financiamiento para el próximo año se ha incrementado la inversión pública, principalmente en las áreas de educación, salud y seguridad. Con ello, el Gobierno continuará garantizando las transformaciones que todavía se necesitan en estos ámbitos.
“Estamos garantizando el financiamiento de los bonos de policías y soldados de la PNC y la Fuerza Armada, así como la cobertura del pago de escalafones para el personal de salud y educación”, mencionó Posada Molina.
El funcionario agregó que se han reforzado las asignaciones del ramo de seguridad para que los elementos que la integran puedan efectuar sus tareas de combate a los terroristas y combate a la delincuencia en todas sus aristas.
Referente a la brecha presupuestaria, el ministro dijo que “es importante recordar que cuando inició el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, en 2019, la brecha presupuestaria fue de $1,200 millones, el siguiente año se redujo a $645 millones, para 2022 fue de $496 millones y en el año 2023 se redujo a 472 millones”.
El ministro destacó que esta disminución en la brecha se debe a la eficiente planificación y gestión de recursos durante la administración de Bukele, y que, con el objetivo de continuar gestionando bien los recursos, para el año 2024 se ha reducido el porcentaje máximo de colocación de deuda flotante del 25 % al 20 % del total de los ingresos corrientes, “es decir, disminuimos el monto de recurso autorizados para colocación de letes”.
El titular de Hacienda enfatizó que para optimizar los recursos también se han establecido prohibiciones en el sector público: “Al igual que en el 2023 se prohíbe la creación de nuevas plazas y los incrementos salariales para los fucionarios y empleados públicos que presten sus servicios bajo los regímenes de ley de salarios o por contratos”.
En el proyecto de presupuesto va incorporado los fondos requeridos para el desarrollo de las elecciones generales a desarrollarse el otro año, incluyendo el voto en el exterior, en donde los salvadoreños elegirán a los próximos gobernantes: Presidente, Vicepresidente, diputados y alcaldes.
El funcionario también sostuvo que en el caso de salud se realizará una inversión millonaria para garantizar insumos médicos, vacunas y el 100% de abastecimiento de medicamentos en la red pública de salud.
“También se fortalecerán de los programas destinados a mujeres embarazadas y recién nacidos, la puesta en marcha del Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido” y la renovación del Sistema de Emergencias Médicas (SEM)”, aseguró titular de la cartera de Estado.
Asimismo, informó que dentro del proyecto de presupuesto se ha incluido al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y a la Dirección de Obras Municipales (DOM) para que continúen con la transformación de la infraestructura vial y el desarrollo local de los municipios del país.
El funcionario destacó que el proyecto de presupuesto incorpora además fondos para garantizar el mantenimiento de proyectos que ya están en marcha y otros que serán ejecutados el próximo año, en áreas de servicios básicos, agricultura, turismo y cultura.
Los programas sociales
El Estado prioriza proyectos para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los salvadoreños. Por eso, en los programas destinados a la Primera Infancia, contarán con un respaldo de $245 millones para el plan “Crecer y Aprender Juntos” y “Nacer, Aprender y Crecer”.
El ministro Posada Molina informó que $31.9 millones serán destinados para el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) y $17.2 millones para el Instituto Crecer Juntos (ICJ), ambas instituciones establecidas en la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, iniciativa impulsada por la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele.
Mientras que $140 millones serán para la reforma educativa “Mi Nueva Escuela”, que establece áreas de intervención como infraestructura, currículum educativo, tecnología, entre otras.
Un total de $16.1 millones servirán para el mejoramiento de ambientes educativos y la formación integral a nivel nacional y $15.4 millones para la reducción de la brecha digital en centros escolares.
Fondos para el sector salud
En salud la inversión servirá para garantizar los insumos médicos, las vacunas y el 100 % de abastecimiento de medicamentos en la red pública; así como el fortalecimiento de los programas destinados a mujeres embarazadas y recién nacidos, la puesta en marcha del Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido” y la renovación del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
El documento recibido por los legisladores indica que $257.3 millones servirán para la adquisición de medicamentos, insumos médicos y vacunas para la red hospitalaria, regionales de salud y Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD).
Para el programa “Creciendo Saludable Juntos”, destinado al desarrollo integral de la Primera Infancia atendida en el sistema público de salud, serán $75.6 millones; $69.4 millones para el programa Integrado de Salud, para seguir mejorando la atención en todos los niveles del sistema público de salud; $10.2 millones servirán para la renovación del SEM; y $4.2 millones para el mejoramiento y equipamiento de la red nacional de hospitales y las unidades de salud.
Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tomaron pesesión este lunes de la nueva junta directiva del foro regional para el periodo de 2024-2025. Durante la sesión el salvadoreño Carlos René Hernández Castillo, diputado por el partido de Nuevas Ideas inicio funciones como presidente del Parlacen. También fue electa como secretaria del Parlacen la diputada salvadoreña, Cecilia Guadalupe Rivera Méndez.
Hernández es diputado del parlamento regional desde el 28 de octubre del 2021. El diputado salvadoreño fue juramentado este día en sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y por la plataforma Zoom.
«Es innegable que el tiempo nos exige revisar nuestras fortalezas y, con espíritu constructivo y dinámico reconocer las áreas que debemos mejorar…El Parlacen debe adecuarse a los tiempos modernos, respondiendo de manera efectiva a las demandas de nuestros pueblos, para que nuestros ciudadanos puedan percibir los beneficios de la integración», dijo Hernández Castillo durante su discurso de juramentación.
Durante la ceremonia también participó, a través de un video vía plataforma virtual, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien felicitó a la nueva junta directiva y mencionó que «es un doble honor porque El Salvador asume la presidencia del Parlacen».
En la sesión también fueron establecidos los demás cargos de la junta directiva, la cual quedó conformada por los vicepresidentes Edgar Antonio de León, de Guatemala; Nedis Adrián Licona, de Honduras; Guillermo Daniel Ortega, de Nicaragua; Dorindo Jayans Cortez, de Panamá y Ramón Emilio Gori, de República Dominicana.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) sufrió una significativa reducción en su base electoral durante las recientes elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. Esta caída se atribuye internamente al exdiputado Guillermo Gallegos, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y nepotismo.
Fuentes dentro del partido indican que varios de sus dirigentes habrían estado bajo la influencia de Gallegos para promover sus intereses personales, incluyendo la permanencia de individuos de su círculo cercano en posiciones de poder dentro del partido. Simultáneamente, varios miembros destacados de GANA han expresado su descontento con la permanencia de Gallegos como vicepresidente.
Uno de los principales opositores a Gallegos ha sido el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, quien ha exigido a Gallegos que actúe con la “ética y transparencia” que él mismo proclama y devuelva los miles de dólares que recibió del Estado para financiar la ONG de su esposa, además de cuestionar sus viajes al extranjero mientras ocupaba un cargo de relevancia en el Órgano Legislativo.
Meléndez, junto a otros tres ediles elegidos en los últimos comicios, reaccionó ante un proceso disciplinario que enfrentó por parte de la dirigencia del partido y Gallegos, tras un incremento en su salario y dietas al asumir sus cargos el 1 de mayo. En este contexto, el alcalde subrayó que Gallegos se resiste a dar paso a nuevas generaciones, reiterando su llamado junto a otros miembros de GANA a una renovación en la dirigencia para permitir que el partido “pase a manos nuevas y pueda prosperar”.
El enfrentamiento de Gallegos no es nuevo; en agosto de 2019, tuvo un conflicto con el fallecido fundador de GANA, Andrés Rovira. Gallegos afirmó en diversas ocasiones que Rovira había renunciado a la presidencia del directorio para adelantar las elecciones internas. Sin embargo, Rovira desmintió esa afirmación ante los medios, aclarando que solo había renunciado a participar en el siguiente directorio.
Los resultados electorales para GANA fueron decepcionantes. El partido logró apenas 23,229 votos en San Salvador, lo que no fue suficiente para obtener un escaño en la Asamblea Legislativa. A nivel nacional, GANA solo consiguió seis alcaldías, muy por debajo de las expectativas iniciales. Esta falta de éxito es aún más alarmante considerando que el partido hipotecó su sede para financiar su campaña electoral de 2024, hecho que fue confirmado por Gallegos.
La Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, solicitó, como una de las primeras decisiones de su gestión, una auditoría exhaustiva de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la autoridad electoral de El Salvador por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de septiembre de 2024.
Esta acción marca un hito en el Organismo Colegiado, siendo la primera vez que su máxima autoridad toma medidas inmediatas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la institución. Soriano presentó una solicitud formal a la CCR, subrayando su compromiso con la mejora de la gestión administrativa y financiera del TSE.
“Queremos consolidar al Tribunal Supremo Electoral como una institución confiable, por ello, hemos solicitado la intervención de la Corte de Cuentas para que realice las auditorías correspondientes a las gestiones anteriores”, manifestó la Magistrada Presidente.
La auditoría seguirá el proceso correspondiente, y una vez se reciba el Informe de Auditoría, se tomarán las medidas necesarias para fortalecer la administración de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana. Soriano destacó que esta iniciativa no solo busca corregir errores pasados, sino también establecer bases firmes para una gestión más eficiente y transparente en el futuro.
Además, la Presidente añadió que su visión de modernización se sustentará en pilares clave como la transparencia, la modernización de los procesos, la mejora continua del talento humano institucional y el fortalecimiento del trabajo territorial, con miras a consolidar al TSE como una institución ejemplar en la administración electoral del país y la región.
