Política
Presupuesto General del Estado 2024 reforzará áreas de educación, salud y seguridad
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y los legisladores de la Comisión de Hacienda recibieron de las autoridades del Ministerio de Hacienda el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2024, el cual asciende a $9,068.7 millones.
En cuanto a la brecha, el Ministerio de Hacienda hizo una reducción de $338.6 millones, 28.32% menos que el del año en curso.
En detalle, la inversión destinada a educación es de $1,566.9 millones; en salud, $1,261.2 millones; y en seguridad y defensa, $866 millones. La suma de estos fondos hacen un total de $3,694.1 millones, representando el 40.7% del presupuesto total.
“Esto significa que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa asegurando la inversión pública en educación, salud y la seguridad, con una visión responsable de las finanzas públicas y sobre todo, priorizando el bienestar del pueblo salvadoreño”, expresó el diputado presidente.
La propuesta será enviada a la Junta Directiva el próximo lunes y en la sesión plenaria del miércoles se destinará a la Comisión de Hacienda para que inicie el estudio y escuche de los ministros y titulares de otras carteras de Estado el uso que se les dará a los fondos asignados.
El parlamentario Castro recordó que las administraciones pasadas priorizaron sus intereses y no los de la población. A través de diferentes actos de corrupción llenaron sus bolsillos.
“En el pasado, hablar de aprobación del presupuesto era hablar de las peores historias de corrupción que hubo en el país. En estas fechas, algunos ya se iban organizando para chantajear”, comentó el Presidente Castro. “Otros también iban preparando los lugares hacia a dónde iban a desviar esos fondos”, agregó.
El parlamentario hizo énfasis en que en las pasadas legislaturas se asignaban fondos públicos a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) fachadas, vinculadas a ARENA y el FMLN, bajo mecanismos ilegales y a discreción de los diputados anteriores.
Fue por eso que la nueva Asamblea Legislativa creó una comisión especial para investigar la manera en que se distribuyeron elevadas sumas de dinero a dichas instituciones. Los hallazgos fueron plasmados en un informe final que ya fue entregado a la Fiscalía General de la República (FGR).
“El trabajo realizado por esta comisión permitió descubrir el mecanismo oscuro que usaron para desfinanciar al Estado y repartirse ese dinero. En tan solo nueve años, entre 2011 y 2020, estos partidos desviaron $279 millones del Presupuesto del Estado”, señaló el diputado.
En su intervención, el titular de Hacienda, Jerson Posada Molina, explicó que en el financiamiento para el próximo año se ha incrementado la inversión pública, principalmente en las áreas de educación, salud y seguridad. Con ello, el Gobierno continuará garantizando las transformaciones que todavía se necesitan en estos ámbitos.
“Estamos garantizando el financiamiento de los bonos de policías y soldados de la PNC y la Fuerza Armada, así como la cobertura del pago de escalafones para el personal de salud y educación”, mencionó Posada Molina.
El funcionario agregó que se han reforzado las asignaciones del ramo de seguridad para que los elementos que la integran puedan efectuar sus tareas de combate a los terroristas y combate a la delincuencia en todas sus aristas.
Referente a la brecha presupuestaria, el ministro dijo que “es importante recordar que cuando inició el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, en 2019, la brecha presupuestaria fue de $1,200 millones, el siguiente año se redujo a $645 millones, para 2022 fue de $496 millones y en el año 2023 se redujo a 472 millones”.
El ministro destacó que esta disminución en la brecha se debe a la eficiente planificación y gestión de recursos durante la administración de Bukele, y que, con el objetivo de continuar gestionando bien los recursos, para el año 2024 se ha reducido el porcentaje máximo de colocación de deuda flotante del 25 % al 20 % del total de los ingresos corrientes, “es decir, disminuimos el monto de recurso autorizados para colocación de letes”.
El titular de Hacienda enfatizó que para optimizar los recursos también se han establecido prohibiciones en el sector público: “Al igual que en el 2023 se prohíbe la creación de nuevas plazas y los incrementos salariales para los fucionarios y empleados públicos que presten sus servicios bajo los regímenes de ley de salarios o por contratos”.
En el proyecto de presupuesto va incorporado los fondos requeridos para el desarrollo de las elecciones generales a desarrollarse el otro año, incluyendo el voto en el exterior, en donde los salvadoreños elegirán a los próximos gobernantes: Presidente, Vicepresidente, diputados y alcaldes.
El funcionario también sostuvo que en el caso de salud se realizará una inversión millonaria para garantizar insumos médicos, vacunas y el 100% de abastecimiento de medicamentos en la red pública de salud.
“También se fortalecerán de los programas destinados a mujeres embarazadas y recién nacidos, la puesta en marcha del Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido” y la renovación del Sistema de Emergencias Médicas (SEM)”, aseguró titular de la cartera de Estado.
Asimismo, informó que dentro del proyecto de presupuesto se ha incluido al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y a la Dirección de Obras Municipales (DOM) para que continúen con la transformación de la infraestructura vial y el desarrollo local de los municipios del país.
El funcionario destacó que el proyecto de presupuesto incorpora además fondos para garantizar el mantenimiento de proyectos que ya están en marcha y otros que serán ejecutados el próximo año, en áreas de servicios básicos, agricultura, turismo y cultura.
Los programas sociales
El Estado prioriza proyectos para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los salvadoreños. Por eso, en los programas destinados a la Primera Infancia, contarán con un respaldo de $245 millones para el plan “Crecer y Aprender Juntos” y “Nacer, Aprender y Crecer”.
El ministro Posada Molina informó que $31.9 millones serán destinados para el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) y $17.2 millones para el Instituto Crecer Juntos (ICJ), ambas instituciones establecidas en la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, iniciativa impulsada por la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele.
Mientras que $140 millones serán para la reforma educativa “Mi Nueva Escuela”, que establece áreas de intervención como infraestructura, currículum educativo, tecnología, entre otras.
Un total de $16.1 millones servirán para el mejoramiento de ambientes educativos y la formación integral a nivel nacional y $15.4 millones para la reducción de la brecha digital en centros escolares.
Fondos para el sector salud
En salud la inversión servirá para garantizar los insumos médicos, las vacunas y el 100 % de abastecimiento de medicamentos en la red pública; así como el fortalecimiento de los programas destinados a mujeres embarazadas y recién nacidos, la puesta en marcha del Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido” y la renovación del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
El documento recibido por los legisladores indica que $257.3 millones servirán para la adquisición de medicamentos, insumos médicos y vacunas para la red hospitalaria, regionales de salud y Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD).
Para el programa “Creciendo Saludable Juntos”, destinado al desarrollo integral de la Primera Infancia atendida en el sistema público de salud, serán $75.6 millones; $69.4 millones para el programa Integrado de Salud, para seguir mejorando la atención en todos los niveles del sistema público de salud; $10.2 millones servirán para la renovación del SEM; y $4.2 millones para el mejoramiento y equipamiento de la red nacional de hospitales y las unidades de salud.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
