Política
Presupuesto General del Estado 2024 reforzará áreas de educación, salud y seguridad
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y los legisladores de la Comisión de Hacienda recibieron de las autoridades del Ministerio de Hacienda el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2024, el cual asciende a $9,068.7 millones.
En cuanto a la brecha, el Ministerio de Hacienda hizo una reducción de $338.6 millones, 28.32% menos que el del año en curso.
En detalle, la inversión destinada a educación es de $1,566.9 millones; en salud, $1,261.2 millones; y en seguridad y defensa, $866 millones. La suma de estos fondos hacen un total de $3,694.1 millones, representando el 40.7% del presupuesto total.
“Esto significa que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa asegurando la inversión pública en educación, salud y la seguridad, con una visión responsable de las finanzas públicas y sobre todo, priorizando el bienestar del pueblo salvadoreño”, expresó el diputado presidente.
La propuesta será enviada a la Junta Directiva el próximo lunes y en la sesión plenaria del miércoles se destinará a la Comisión de Hacienda para que inicie el estudio y escuche de los ministros y titulares de otras carteras de Estado el uso que se les dará a los fondos asignados.
El parlamentario Castro recordó que las administraciones pasadas priorizaron sus intereses y no los de la población. A través de diferentes actos de corrupción llenaron sus bolsillos.
“En el pasado, hablar de aprobación del presupuesto era hablar de las peores historias de corrupción que hubo en el país. En estas fechas, algunos ya se iban organizando para chantajear”, comentó el Presidente Castro. “Otros también iban preparando los lugares hacia a dónde iban a desviar esos fondos”, agregó.
El parlamentario hizo énfasis en que en las pasadas legislaturas se asignaban fondos públicos a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) fachadas, vinculadas a ARENA y el FMLN, bajo mecanismos ilegales y a discreción de los diputados anteriores.
Fue por eso que la nueva Asamblea Legislativa creó una comisión especial para investigar la manera en que se distribuyeron elevadas sumas de dinero a dichas instituciones. Los hallazgos fueron plasmados en un informe final que ya fue entregado a la Fiscalía General de la República (FGR).
“El trabajo realizado por esta comisión permitió descubrir el mecanismo oscuro que usaron para desfinanciar al Estado y repartirse ese dinero. En tan solo nueve años, entre 2011 y 2020, estos partidos desviaron $279 millones del Presupuesto del Estado”, señaló el diputado.
En su intervención, el titular de Hacienda, Jerson Posada Molina, explicó que en el financiamiento para el próximo año se ha incrementado la inversión pública, principalmente en las áreas de educación, salud y seguridad. Con ello, el Gobierno continuará garantizando las transformaciones que todavía se necesitan en estos ámbitos.
“Estamos garantizando el financiamiento de los bonos de policías y soldados de la PNC y la Fuerza Armada, así como la cobertura del pago de escalafones para el personal de salud y educación”, mencionó Posada Molina.
El funcionario agregó que se han reforzado las asignaciones del ramo de seguridad para que los elementos que la integran puedan efectuar sus tareas de combate a los terroristas y combate a la delincuencia en todas sus aristas.
Referente a la brecha presupuestaria, el ministro dijo que “es importante recordar que cuando inició el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, en 2019, la brecha presupuestaria fue de $1,200 millones, el siguiente año se redujo a $645 millones, para 2022 fue de $496 millones y en el año 2023 se redujo a 472 millones”.
El ministro destacó que esta disminución en la brecha se debe a la eficiente planificación y gestión de recursos durante la administración de Bukele, y que, con el objetivo de continuar gestionando bien los recursos, para el año 2024 se ha reducido el porcentaje máximo de colocación de deuda flotante del 25 % al 20 % del total de los ingresos corrientes, “es decir, disminuimos el monto de recurso autorizados para colocación de letes”.
El titular de Hacienda enfatizó que para optimizar los recursos también se han establecido prohibiciones en el sector público: “Al igual que en el 2023 se prohíbe la creación de nuevas plazas y los incrementos salariales para los fucionarios y empleados públicos que presten sus servicios bajo los regímenes de ley de salarios o por contratos”.
En el proyecto de presupuesto va incorporado los fondos requeridos para el desarrollo de las elecciones generales a desarrollarse el otro año, incluyendo el voto en el exterior, en donde los salvadoreños elegirán a los próximos gobernantes: Presidente, Vicepresidente, diputados y alcaldes.
El funcionario también sostuvo que en el caso de salud se realizará una inversión millonaria para garantizar insumos médicos, vacunas y el 100% de abastecimiento de medicamentos en la red pública de salud.
“También se fortalecerán de los programas destinados a mujeres embarazadas y recién nacidos, la puesta en marcha del Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido” y la renovación del Sistema de Emergencias Médicas (SEM)”, aseguró titular de la cartera de Estado.
Asimismo, informó que dentro del proyecto de presupuesto se ha incluido al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y a la Dirección de Obras Municipales (DOM) para que continúen con la transformación de la infraestructura vial y el desarrollo local de los municipios del país.
El funcionario destacó que el proyecto de presupuesto incorpora además fondos para garantizar el mantenimiento de proyectos que ya están en marcha y otros que serán ejecutados el próximo año, en áreas de servicios básicos, agricultura, turismo y cultura.
Los programas sociales
El Estado prioriza proyectos para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los salvadoreños. Por eso, en los programas destinados a la Primera Infancia, contarán con un respaldo de $245 millones para el plan “Crecer y Aprender Juntos” y “Nacer, Aprender y Crecer”.
El ministro Posada Molina informó que $31.9 millones serán destinados para el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) y $17.2 millones para el Instituto Crecer Juntos (ICJ), ambas instituciones establecidas en la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, iniciativa impulsada por la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele.
Mientras que $140 millones serán para la reforma educativa “Mi Nueva Escuela”, que establece áreas de intervención como infraestructura, currículum educativo, tecnología, entre otras.
Un total de $16.1 millones servirán para el mejoramiento de ambientes educativos y la formación integral a nivel nacional y $15.4 millones para la reducción de la brecha digital en centros escolares.
Fondos para el sector salud
En salud la inversión servirá para garantizar los insumos médicos, las vacunas y el 100 % de abastecimiento de medicamentos en la red pública; así como el fortalecimiento de los programas destinados a mujeres embarazadas y recién nacidos, la puesta en marcha del Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido” y la renovación del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
El documento recibido por los legisladores indica que $257.3 millones servirán para la adquisición de medicamentos, insumos médicos y vacunas para la red hospitalaria, regionales de salud y Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD).
Para el programa “Creciendo Saludable Juntos”, destinado al desarrollo integral de la Primera Infancia atendida en el sistema público de salud, serán $75.6 millones; $69.4 millones para el programa Integrado de Salud, para seguir mejorando la atención en todos los niveles del sistema público de salud; $10.2 millones servirán para la renovación del SEM; y $4.2 millones para el mejoramiento y equipamiento de la red nacional de hospitales y las unidades de salud.
Como parte del balance del primer año de gestión, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Wálter Sosa, informó que concluyeron las auditorías de todos los ministerios del Gobierno central, y están al día los procesos en cada institución.
El funcionario señaló que es la primera vez en el ente contralor estatal que se alcanza dicho resultado. Destacó que se ha procurado fortalecer la eficiencia de las acciones para transparentar el uso de los fondos públicos.
«Quiero resaltar que, por primera vez, la Corte de Cuentas de la República realizó auditorías financieras a la totalidad de los ministerios del Gobierno central, dejándolos auditados hasta el año 2024. Para lograrlo, nuestros equipos de auditoría ejecutaron más de 100 acciones de control», explicó Sosa en entrevista con «Diario El Salvador».
Agregó que, desde el 7 de febrero de 2025, el trabajo institucional se ha enfocado en tres líneas estratégicas: garantizar la independencia de las auditorías y juicios de cuentas, modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer las alianzas para la prevención de la corrupción.
«Este esfuerzo marca un antes y un después en la fiscalización del país, ya que la CCR tendrá una presencia concurrente en estas entidades para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos», dijo el presidente de la CCR.
También manifestó que consolidan los datos para presentar la estadística recabada en la próxima entrega del informe de labores.
Recordó que durante su primer año al frente de la institución concluyeron el Plan Masivo de Fiscalización Municipal, y confirmó que están 100 % auditadas hasta 2024.
Por otra parte, dijo que otro de los logros de la actual gestión contralora es que, de manera transversal, se fortaleció la gestión administrativa con la creación de la Dirección Anticorrupción y el trabajo articulado con instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, entre otras entidades.
Enfatizó que continuarán el trabajo para reforzar la independencia y asegurar el cumplimiento legal y técnico en todos los procesos de auditorías financieras y de gestión, exámenes especiales y juicios de cuentas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó ayer su Memoria de Labores 2024–2025, como parte del ejercicio de rendición de cuentas y reflexión sobre el trabajo durante el período electoral. La actividad estuvo encabezada por la presidenta del TSE, Roxana Soriano.
Entre los avances destacados por la titular están la modernización tecnológica de los procesos institucionales, la creación del Ciclo Electoral Salvadoreño y la implementación de la Política Antisoborno y del Sistema de Gestión Antisoborno.
Asimismo, Soriano informó sobre los avances en la planificación del proceso electoral 2027, incluyendo la aprobación del Calendario Electoral, el Plan General de Elecciones, el Presupuesto Extraordinario y el fortalecimiento de la planificación del voto en el extranjero.
«En cada proceso ejecutado con rigor, en cada decisión responsable y en cada garantía brindada al ejercicio democrático se construye confianza pública y se fortalece el futuro de El Salvador», consideró la presidenta del organismo electoral.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
