Política
Presupuesto General del Estado 2024 reforzará áreas de educación, salud y seguridad
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y los legisladores de la Comisión de Hacienda recibieron de las autoridades del Ministerio de Hacienda el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2024, el cual asciende a $9,068.7 millones.
En cuanto a la brecha, el Ministerio de Hacienda hizo una reducción de $338.6 millones, 28.32% menos que el del año en curso.
En detalle, la inversión destinada a educación es de $1,566.9 millones; en salud, $1,261.2 millones; y en seguridad y defensa, $866 millones. La suma de estos fondos hacen un total de $3,694.1 millones, representando el 40.7% del presupuesto total.
“Esto significa que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa asegurando la inversión pública en educación, salud y la seguridad, con una visión responsable de las finanzas públicas y sobre todo, priorizando el bienestar del pueblo salvadoreño”, expresó el diputado presidente.
La propuesta será enviada a la Junta Directiva el próximo lunes y en la sesión plenaria del miércoles se destinará a la Comisión de Hacienda para que inicie el estudio y escuche de los ministros y titulares de otras carteras de Estado el uso que se les dará a los fondos asignados.
El parlamentario Castro recordó que las administraciones pasadas priorizaron sus intereses y no los de la población. A través de diferentes actos de corrupción llenaron sus bolsillos.
“En el pasado, hablar de aprobación del presupuesto era hablar de las peores historias de corrupción que hubo en el país. En estas fechas, algunos ya se iban organizando para chantajear”, comentó el Presidente Castro. “Otros también iban preparando los lugares hacia a dónde iban a desviar esos fondos”, agregó.
El parlamentario hizo énfasis en que en las pasadas legislaturas se asignaban fondos públicos a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) fachadas, vinculadas a ARENA y el FMLN, bajo mecanismos ilegales y a discreción de los diputados anteriores.
Fue por eso que la nueva Asamblea Legislativa creó una comisión especial para investigar la manera en que se distribuyeron elevadas sumas de dinero a dichas instituciones. Los hallazgos fueron plasmados en un informe final que ya fue entregado a la Fiscalía General de la República (FGR).
“El trabajo realizado por esta comisión permitió descubrir el mecanismo oscuro que usaron para desfinanciar al Estado y repartirse ese dinero. En tan solo nueve años, entre 2011 y 2020, estos partidos desviaron $279 millones del Presupuesto del Estado”, señaló el diputado.
En su intervención, el titular de Hacienda, Jerson Posada Molina, explicó que en el financiamiento para el próximo año se ha incrementado la inversión pública, principalmente en las áreas de educación, salud y seguridad. Con ello, el Gobierno continuará garantizando las transformaciones que todavía se necesitan en estos ámbitos.
“Estamos garantizando el financiamiento de los bonos de policías y soldados de la PNC y la Fuerza Armada, así como la cobertura del pago de escalafones para el personal de salud y educación”, mencionó Posada Molina.
El funcionario agregó que se han reforzado las asignaciones del ramo de seguridad para que los elementos que la integran puedan efectuar sus tareas de combate a los terroristas y combate a la delincuencia en todas sus aristas.
Referente a la brecha presupuestaria, el ministro dijo que “es importante recordar que cuando inició el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, en 2019, la brecha presupuestaria fue de $1,200 millones, el siguiente año se redujo a $645 millones, para 2022 fue de $496 millones y en el año 2023 se redujo a 472 millones”.
El ministro destacó que esta disminución en la brecha se debe a la eficiente planificación y gestión de recursos durante la administración de Bukele, y que, con el objetivo de continuar gestionando bien los recursos, para el año 2024 se ha reducido el porcentaje máximo de colocación de deuda flotante del 25 % al 20 % del total de los ingresos corrientes, “es decir, disminuimos el monto de recurso autorizados para colocación de letes”.
El titular de Hacienda enfatizó que para optimizar los recursos también se han establecido prohibiciones en el sector público: “Al igual que en el 2023 se prohíbe la creación de nuevas plazas y los incrementos salariales para los fucionarios y empleados públicos que presten sus servicios bajo los regímenes de ley de salarios o por contratos”.
En el proyecto de presupuesto va incorporado los fondos requeridos para el desarrollo de las elecciones generales a desarrollarse el otro año, incluyendo el voto en el exterior, en donde los salvadoreños elegirán a los próximos gobernantes: Presidente, Vicepresidente, diputados y alcaldes.
El funcionario también sostuvo que en el caso de salud se realizará una inversión millonaria para garantizar insumos médicos, vacunas y el 100% de abastecimiento de medicamentos en la red pública de salud.
“También se fortalecerán de los programas destinados a mujeres embarazadas y recién nacidos, la puesta en marcha del Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido” y la renovación del Sistema de Emergencias Médicas (SEM)”, aseguró titular de la cartera de Estado.
Asimismo, informó que dentro del proyecto de presupuesto se ha incluido al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y a la Dirección de Obras Municipales (DOM) para que continúen con la transformación de la infraestructura vial y el desarrollo local de los municipios del país.
El funcionario destacó que el proyecto de presupuesto incorpora además fondos para garantizar el mantenimiento de proyectos que ya están en marcha y otros que serán ejecutados el próximo año, en áreas de servicios básicos, agricultura, turismo y cultura.
Los programas sociales
El Estado prioriza proyectos para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los salvadoreños. Por eso, en los programas destinados a la Primera Infancia, contarán con un respaldo de $245 millones para el plan “Crecer y Aprender Juntos” y “Nacer, Aprender y Crecer”.
El ministro Posada Molina informó que $31.9 millones serán destinados para el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) y $17.2 millones para el Instituto Crecer Juntos (ICJ), ambas instituciones establecidas en la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, iniciativa impulsada por la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele.
Mientras que $140 millones serán para la reforma educativa “Mi Nueva Escuela”, que establece áreas de intervención como infraestructura, currículum educativo, tecnología, entre otras.
Un total de $16.1 millones servirán para el mejoramiento de ambientes educativos y la formación integral a nivel nacional y $15.4 millones para la reducción de la brecha digital en centros escolares.
Fondos para el sector salud
En salud la inversión servirá para garantizar los insumos médicos, las vacunas y el 100 % de abastecimiento de medicamentos en la red pública; así como el fortalecimiento de los programas destinados a mujeres embarazadas y recién nacidos, la puesta en marcha del Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido” y la renovación del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
El documento recibido por los legisladores indica que $257.3 millones servirán para la adquisición de medicamentos, insumos médicos y vacunas para la red hospitalaria, regionales de salud y Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD).
Para el programa “Creciendo Saludable Juntos”, destinado al desarrollo integral de la Primera Infancia atendida en el sistema público de salud, serán $75.6 millones; $69.4 millones para el programa Integrado de Salud, para seguir mejorando la atención en todos los niveles del sistema público de salud; $10.2 millones servirán para la renovación del SEM; y $4.2 millones para el mejoramiento y equipamiento de la red nacional de hospitales y las unidades de salud.
Política
Mientras Claudia Ortiz se defiende, el Gobierno sigue combatiendo a las pandillas con resultados
El 8 de abril de 2024, la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, ofreció una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa para abordar las acusaciones que vinculan a su partido con pandillas, en respuesta a un reportaje publicado por el medio digital El Faro.
Ortiz inició su intervención rechazando categóricamente las afirmaciones del Diario El Salvador, medio estatal que, en una columna titulada «Ganó el pueblo» publicada el 19 de febrero, acusó a VAMOS de ser aliado político de las pandillas. La diputada calificó estas aseveraciones como «una rotunda mentira» y anunció que su partido interpuso una demanda de derecho de respuesta ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, la cual fue admitida por el órgano judicial .
Durante la conferencia, Ortiz enfatizó que VAMOS solicitó al Diario El Salvador la publicación de una aclaración elaborada por el partido, pero que el medio no ha accedido a dicha petición. Por ello, decidieron elevar el tema a una instancia judicial para que, con base en la ley, se ordene la publicación de la aclaración.
La diputada también abordó el reportaje de El Faro, que incluye una entrevista con un pandillero conocido como «Charlie», quien supuestamente mencionó a VAMOS en sus declaraciones. Ortiz cuestionó la veracidad de la información y expresó su preocupación por el uso de testimonios de criminales para vincular a partidos políticos con actividades ilícitas.
Ortiz reiteró que su partido ha sido firme en condenar cualquier tipo de pacto o negociación con pandillas y ha exigido investigaciones transparentes sobre posibles vínculos entre funcionarios del gobierno y estructuras criminales .
En relación con la seguridad pública, la diputada manifestó que VAMOS aboga por un enfoque que garantice justicia y respeto a los derechos humanos. Señaló que su propuesta es que los criminales sean sancionados conforme a la ley y que los inocentes sean liberados, enfatizando la importancia de no pasar del temor a las pandillas al temor al Estado .
Ortiz también destacó que su partido está comprometido con la construcción de una democracia que beneficie a la población y no solo sea una etiqueta. Hizo un llamado a diversos sectores y liderazgos a unirse a VAMOS para crear un bienestar para el país, señalando que los partidos políticos que ya tuvieron una oportunidad no necesariamente son los más legitimados para abanderar el avance hacia un futuro y una alternativa .
La diputada concluyó su intervención reafirmando el compromiso de VAMOS con la transparencia, la justicia y la defensa de los derechos humanos. Aseguró que continuarán trabajando para ofrecer una alternativa política que represente los intereses de la ciudadanía y promueva un país más justo y seguro para todos.
La conferencia de prensa de Claudia Ortiz refleja la postura de VAMOS frente a las acusaciones de vínculos con pandillas y su compromiso con la legalidad y la transparencia en el ejercicio político.
Nacionales
Analistas critican a El Faro por favorecer a pandillas y desacreditar avances en seguridad
Los analistas Francisco Góchez y René Martínez cuestionaron duramente una reciente publicación del periódico digital El Faro, la cual expone presuntos vínculos entre el Gobierno y estructuras pandilleriles. Ambos expertos coincidieron en que el reportaje busca desacreditar los avances en materia de seguridad pública y perpetuar una narrativa centrada en los victimarios, dejando de lado a las víctimas de la violencia.
“El reportaje de El Faro, además de ser perverso y pervertidor, forma parte de su permanente narrativa de los victimarios, una narrativa que minimiza sus asesinatos e invisibiliza a las víctimas”, afirmó Martínez, quien también es sociólogo y docente. En su opinión, la publicación intenta restar valor a los resultados del Plan Control Territorial (PCT) y del Régimen de Excepción implementado desde marzo de 2022.
Martínez también atribuyó intenciones políticas y económicas al medio digital: “Buscan generar ingobernabilidad en el país y dañar la imagen del presidente. En el fondo, quieren hacer creer que los tiempos de criminalidad eran mejores y que la paz social lograda no vale nada”.
Analista René Martínez
El Faro ha publicado una serie de reportajes en los que, según sus fuentes, funcionarios del actual gobierno habrían sostenido pactos similares a los que en su momento se atribuyeron a los partidos ARENA y FMLN, lo que ha generado diversas reacciones tanto a nivel político como en la opinión pública.
Por su parte, Góchez sostuvo que los periodistas del medio buscan restar legitimidad a los logros del Gobierno en seguridad, pese a que El Salvador es actualmente considerado uno de los países más seguros del hemisferio occidental. “No solo minimiza el esfuerzo de la Policía Nacional Civil y de todas las instituciones involucradas, sino que, más grave aún, parece anteponer los intereses de estructuras criminales al sufrimiento histórico del pueblo”, expresó.
Según datos oficiales, el régimen de excepción ha permitido la captura de más de 85,900 presuntos pandilleros y ha sido prorrogado en 38 ocasiones. Las autoridades sostienen que esta medida ha sido clave en la reducción sostenida de los homicidios y otros delitos.
Analista Francisco Góchez
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que en los próximos días dará a conocer el calendario oficial de cara a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, en las que los salvadoreños elegirán a 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 concejos municipales.
A través de una publicación en su página oficial de Facebook, el organismo electoral señaló: “¿Estás listo para la fiesta electoral de 2027? Ya están definidas las fechas más importantes de cara a las elecciones del 28 de febrero de 2027. ¡Atención! Pronto anunciaremos las fechas previas a la fiesta electoral”.
El calendario, que fue aprobado por unanimidad de los magistrados del TSE el pasado 25 de febrero, incluirá las fechas clave como el cierre del registro electoral, el período para actualizar el domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI), y el día en que se realizará la convocatoria oficial a elecciones.
De acuerdo con el artículo 20 del Código Electoral, el registro electoral deberá cerrarse definitivamente 120 días antes de los comicios, lo que sitúa esa fecha límite en octubre de 2026.
Una vez publicado el calendario, se detallarán también los plazos para la inscripción de candidaturas, los períodos de propaganda electoral, así como el inicio y cierre oficial de la campaña. La normativa electoral establece estos procedimientos en los artículos 160, 165 y 172 del Código Electoral, según el tipo de elección.
