Internacionales
Opositor asegura que Giammattei buscaría impedir posesión del presidente Arévalo
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, «está detrás de los intentos golpistas» para evitar que Bernardo Arévalo de León tome posesión el 14 de enero, afirma el diputado del Movimiento Semilla, Samuel Pérez.
«Detrás de los ataques de la Fiscalía a los resultados electorales está el respaldo del actual presidente Giammattei. Él es un actor relevante porque definitivamente ha estado conduciendo losintentos golpistas», indicó Pérez durante una entrevista en su oficina legislativa.
En opinión de Pérez, la fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía), Consuelo Porras Argueta, señalada de intentar revocar las elecciones, «recibe órdenes de Giammattei». Para el diputado, «no es casualidad que en 2022 el presidente haya impuesto de forma ilegal la reelección de Porras al frente» de la Fiscalía.
Las palabras de Pérez tienen lugar en medio de una crisis política que vive Guatemala desde julio, cuando el Ministerio Público comandado por Porras empezó a interferir en los resultados de los comicios y decomisó cajas con votos, pese a que la ley guatemalteca no lo permite.
Durante los primeros 21 días de octubre, miles de manifestantes tomaron más de cien carreteras en el país para exigir la renuncia de Porras. Mientras tanto, Giammattei se limitó a señalar que la ley le prohíbe pedirle a la fiscal general que dimita de su cargo.
En medio de las exigencias de renuncia contra la cúpula de la Fiscalía, el Gobierno de Giammattei propuso aumentar 510 millones de dólares al Ministerio Público para 2024 y en la misma semana la entidad estatal archivó una investigación en contra del presidente por supuestos sobornos de empresarios rusos.
Golpistas «débiles y desesperados»
A consideración de Pérez, los funcionarios de la Fiscalía y los sectores que les apoyan «están solos, débiles y desesperados” porque «no les han salido sus planes como querían» en los últimos meses.
«Intentaron cancelar a Semilla y no lo lograron. Intentaron impedir que Arévalo de León compitiera en el balotaje y tampoco tuvieron éxito. El plan de los golpistas no está siendo exitoso y necesitan pruebas contundentes para lograr algo tan grave como tumbar la democracia”, señaló Pérez.
El diputado de 31 años, uno de los fundadores del Movimiento Semilla, recordó que además de Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso también han sido señalados como golpistas junto al juez penal Fredy Orellana. Pérez enfatizó que los políticos tradicionales del país se encuentran «en una crisis existencial porque no solo perdieron las elecciones, sino también fracasó el modelo con el que habían llegado al poder en el pasado».
Para dichos políticos, la «captura del Estado es su modo de vida» y ante la llegada al poder de Arévalo de León «tienen todo que perder».
Victoria de Arévalo impulsada por hartazgo de la población con la corrupción
Arévalo de León, compañero de bancada de Pérez en el Congreso de Guatemala, llegó a la presidencia en agosto pasado después de que las encuestas lo colocaban en un octavo lugar, impulsado por el hartazgo de la población a la corrupción.
Aunque diversos analistas advierten que la Fiscalía no se detendrá en sus intentos por revocar las elecciones, Pérez recalca que «la fuerza política del pueblo de Guatemala» es uno de los elementos principales para confiar en que la investidura de Arévalo de León tendrá lugar en enero.
«La población se ha levantado a defender la democracia en esta crisis y no por una convocatoria nuestra, sino que es una organización legítima de personas que ya están hartas de un sistema donde no gana nadie más que los corruptos, los autoritarios y los violentos», concluyó el diputado.
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.
De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.
Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.
El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Internacionales
Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.
