A 9:00 locales (20H00 GMT) del martes, «un muro de contención se derrumbó sobre las vías, provocando un accidente en el que se vio involucrado» un tren de cercanías en el municipio de Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona, informó la agencia de protección civil catalana.

Un maquinista en prácticas, que se encontraba en la cabina junto a otros compañeros y al conductor principal, falleció, y 37 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, según indicaron fuentes del gobierno catalán.

Las primeras hipótesis apuntan a que un muro se desprendió a causa del temporal de lluvias que afectó en los últimos días a Cataluña e impactó contra el tren.

Tras el accidente, que dejó la parte delantera del convoy completamente abollada, la circulación de cercanías de esta poblada región del noreste español, que cada día utilizan miles de usuarios, quedó «suspendida (…) ante los efectos que el temporal está provocando en la infraestructura», indicó el gestor de la red Adif.

Este nuevo accidente se produjo mientras el país sigue conmocionado por la colisión de dos trenes, con alrededor de 500 pasajeros a bordo, que dejó al menos 42 muertos el domingo, cerca de la localidad cordobesa de Adamuz.

Los expertos todavía tratan de buscar las causas de la peor tragedia ferroviaria del país desde que en 2013 otro descarrilamiento causara la muerte de 80 personas poco antes de llegar a la ciudad gallega de Santiago de Compostela.

La sucesión de tragedias puso en el punto de mira al servicio ferroviario español y al gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez, que el lunes había prometido desde Adamuz dar con la verdad sobre un accidente del que todavía quedan muchos interrogantes.

El sindicato de conductores ferroviarios SEMAF anunció su intención de convocar una huelga general al considerar «inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril», según indicó en un comunicado.

«Esto es demasiado», escribió Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, principal partido de la oposición (PP, derecha), en X tras conocerse el accidente en Gelida, expresando su preocupación por lo ocurrido.

«Retrasos constantes, trenes llenos, averías, excusas y accidentes. Lo advertimos desde hace mucho tiempo. Ya basta», criticó de su lado la formación independentista catalana Junts per Catalunya en su cuenta de X.

El ministro de Transportes español, Óscar Puente, indicó que espera dialogar con los maquinistas para desconvocar la huelga y defendió que el accidente de Cataluña ocurrió por causas que «nada tienen que ver con el servicio ferroviario», sino más bien «meteorológicas».

La central nuclear japonesa de Kashiwazaki-Kariwa, la más grande del mundo, reanudó el miércoles su actividad por primera vez desde la catástrofe de Fukushima de 2011 y pese a las persistentes preocupaciones de la población.

La puesta en marcha se llevó a cabo a las 19h02 hora local (10h02 GMT), indicó a la AFP Tatsuya Matoba, portavoz de la compañía Tokyo Electric Power (Tepco).

El gobernador de la prefectura de Niigata, donde se encuentra la central, había dado el mes pasado su visto bueno a la reanudación, pese a una opinión pública dividida: según una encuesta realizada en septiembre por la propia prefectura, el 60% de los habitantes se oponía al reinicio, frente al 37% que lo apoya.

El martes, varias decenas de manifestantes desafiaron el frío para protestar bajo la nieve cerca de la entrada de la central, a orillas del mar de Japón.

«La electricidad de Tokio se produce en Kashiwazaki, ¿y solo los habitantes de aquí deberían estar en peligro? No tiene ningún sentido», lamentó a la AFP Yumiko Abe, una vecina de 73 años.

La central de Kashiwazaki-Kariwa quedó detenida cuando Japón cerró todos sus reactores nucleares tras el triple desastre —terremoto, tsunami y accidente nuclear— de Fukushima, en marzo de 2011.

Indignados, temerosos y con calles semivacías, los guatemaltecos vivieron el lunes el primer día de un estado de sitio decretado por el gobierno tras el asesinato de diez policías a manos de pandilleros, para quienes exigen ahora el máximo castigo.

El miedo se disparó entre los habitantes de la capital y sus localidades vecinas, donde el domingo se registraron varios ataques contra instalaciones policiales y patrullas en represalia por la retoma de tres cárceles donde jefes pandilleros mantenían como rehenes a 46 personas.

«Es preocupante porque no se puede salir tranquilo sin que pase nada», dijo el lunes a la AFP Alondra Flores, estudiante universitaria de 26 años.

Diez agentes, entre ellos dos mujeres y varios de reciente graduación, fallecieron en estos ataques.

Las autoridades afirman que las agresiones a la policía y los motines en tres prisiones se dieron para presionar el traslado de Aldo Dupie alias «El Lobo», un líder de la temida pandilla Barrio 18, a una cárcel de menor seguridad.

Dupie es señalado de orquestar los motines. El domingo, este cabecilla fue mostrado en televisión rodeado de agentes con armas largas, jadeante, arrodillado y con manchas de sangre.

También «deseaba que en el pabellón (donde estuviera preso) se instalara aire condicionado, que se dejara ingresar una cama «king size», que se dejara ingresar comida de ciertos restaurantes», denunció el ministro de gobernación, Marco Antonio Villeda.

Para el maestro Erwin Oliva, esos privilegios otorgados en el pasado por gobiernos «permisivos» envalentonaron a los criminales.

Se «está cosechando lo que se ha estado sembrando durante tantos años, con darles privilegios a los pandilleros, con tenerlos cómodos dentro de las cárceles», lamenta Oliva.

Dupie está condenado por varios homicidios y, según la prensa local, tiene estrechos vínculos con una familia de políticos.

Barrio 18 fue declarada el año pasado organización terrorista por el presidente estadounidense, Donald Trump, junto con su enemiga la Mara Salvatrucha.

Ambas operan además en Honduras y El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele ha logrado someterlas con una estrategia de mano dura, aunque criticada por organizaciones de derechos humanos.

En medio de escenas desgarradoras, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, presidió el lunes el funeral de siete de los policías acribillados en la sede del ministerio de Gobernación.

Abrazó a varios de los familiares y, visiblemente compungido, pronunció un discurso junto a los féretros de quienes llamó «héroes».

Hay «indignación por la crueldad en contra de quienes están dispuestos a matar a quemarropa, de forma traicionera. No vamos a descansar ni a escatimar recursos para castigar a los responsables», afirmó el mandatario, quien denuncia que detrás de las pandillas hay poderosas mafias políticas a las que promete derrotar.

Arévalo decretó el estado de sitio la noche del domingo por 30 días.

La medida, que fue ratificada este lunes por el Congreso, autoriza detenciones e interrogatorios sin orden judicial y suspende derechos de reunión y manifestación, aunque no se observaba aún un aumento de los patrullajes.

El presidente también declaró tres días de luto nacional, por lo que la bandera guatemalteca lucía a media asta en Gobernación y demás edificios públicos. Los empleados del poder judicial tampoco trabajaron por orden gubernamental.

Como medidas preventivas, la Policía recomendó además a la población permanecer en casa, en tanto el ministerio de Educación suspendió clases en escuelas privadas (las públicas están en vacaciones) y la embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos.

Algunos colegios optaron por hacer clases virtuales.

Se estima que los operativos de seguridad aumenten en los próximos días con la coordinación de las fuerzas policiales y militares.

Sentado en una banca del centro histórico de Ciudad de Guatemala, un octogenario dice que apoya el estado de excepción, pero reclama medidas más radicales.

«Hay que volver a los tiempos de antes. Delincuente agarrado, delincuente muerto porque ya no hay de otra. Si no se le pone freno a esto, esto va a continuar», expresó el hombre, quien por temor prefirió reservarse su identidad.