Política
TSE salvaguardó el ordenamiento jurídico al cumplir la resolución de la Sala en materia electoral
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) continúa cumpliendo los fallos que emite la Sala de lo Constitucional relacionados con el quehacer electoral del país, reiterando con esto que esa instancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es la máxima intérprete de la Constitución de la República. De esa manera, sigue salvaguardando el ordenamiento jurídico de El Salvador.
Cuatro de los cinco magistrados del TSE avalaron a principios de este mes la inscripción de la candidatura presidencial de Nayib Bukele, pues sostienen, por un lado, que cumplió con los requisitos de ley; y por otro, con ello acataron el fallo 01-2021 de la Sala de lo Constitucional de la CSJ que habilita la reelección inmediata presidencial.
Noel Orellana, magistrado del TSE propuesto por la CSJ; y Guillermo Wellman, propuesto por el partido ARENA, son dos de los cuatro magistrados electorales que avalaron la inscripción de Bukele, candidato del partido Nuevas Ideas, junto con su compañero de fórmula, Félix Ulloa. En entrevistas con «Diario El Salvador» coincidieron en la argumentación sobre la votación a favor de la candidatura cian y señalaron que, como ha ocurrido en el pasado reciente, como organismo colegiado volvieron a acatar y darle cumplimiento a un nuevo fallo de la Sala de lo Constitucional, máximo intérprete de la Carta Magna.
«La Sala de lo Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, habilitó al presidente para participar nuevamente en una contienda electoral, y nosotros estudiamos el fallo […], lo acatamos y lo cumplimos y no hay más que discutir», afirmó Wellman. Reiteró que Bukele cumple, además, los requisitos que exige el Estado de derecho de El Salvador para ser candidato presidencial y competir en 2024.
Orellana, por su parte, recordó que la Sala de lo Constitucional «es un tribunal de cierre», es decir, la última instancia a la que se puede acudir como máximo intérprete de la Constitución de la República.
«Es un tribunal sometido solo a la Constitución y las sentencias de la Sala de lo Constitucional son de estricto cumplimiento […], y sus efectos son generales y obligatorios, es decir, no pueden ser desconocidos ni desobedecidos por ningún funcionario o particular», explicó Orellana.
La inscripción de la candidatura de Nayib Bukele también contó con el voto favorable de la presidenta del TSE, Dora Martínez, propuesta por GANA; y del magistrado Rubén Meléndez, propuesto por la CSJ. El magistrado Julio Olivo, propuesto por el FMLN, se abstuvo.
Según los archivos del organismo colegiado, desde 2015 hasta la fecha ha acatado y cumplido 29 sentencias emitidas por jueces constitucionalistas, aun cuando algunas de estas trastocaron en su momento los considerados artículos pétreos del texto constitucional.
Por ejemplo, las primeras resoluciones en dicho período les quitaron a los partidos políticos el privilegio de ser el único vehículo para que los ciudadanos pudieran optar a cargos de elección popular, tal como lo disponía la Carta Magna.
Con su fallo, la Sala de lo Constitucional dio paso al nacimiento de candidaturas no partidarias para la elección de diputados de la Asamblea Legislativa. Solo un ciudadano ha ganado un escaño en la Asamblea sin ser candidato de partido político alguno en contienda.
Otros fallos en materia electoral que ha acatado son los relacionados con la implementación del voto cruzado para la elección de diputados, el financiamiento de los partidos políticos, el conteo para el voto cruzado en la elección legislativa, la suspensión de toma de posesión de la Asamblea Legislativa 2015-2018, voto pasivo y activo para los salvadoreños en el exterior y la cancelación de los partidos políticos.
El 3 de septiembre de 2021 la Sala de lo Constitucional habilitó, por medio de la sentencia 01-2021, la reelección presidencial inmediata; y el 15 de septiembre del año pasado el presidente Nayib Bukele anunció su interés de competir nuevamente por la primera magistratura en los comicios de 2024.
Los jueces constitucionalistas sostuvieron en su sentencia que siempre existió una interpretación «errónea» sobre el tema del segundo mandato presidencial continuo, el cual está permitido por la Constitución de la República, vigente desde 1983. El fallo únicamente habilitó la búsqueda de la reelección presidencial, pues serán los votantes los que decidirán en las urnas.
El TSE ha recibido una decena de escritos que buscan retirar de la contienda a Nayib Bukele. Siete escritos se presentaron para solicitar al organismo colegiado que no se aceptara la inscripción de Bukele, frente a tres que ahora piden declarar la nulidad de la inscripción del candidato presidencial de Nuevas Ideas. El grupo de siete fue desestimado.
Bukele llegó al TSE la noche del 26 de octubre a presentar la solicitud de inscripción como candidato presidencial. El organismo colegiado —con el voto de cuatro magistrados y la abstención de uno (Julio Olivo, por el FMLN)— avaló el 3 de noviembre a Bukele como candidato presidencial para la elección del 4 de febrero del próximo año.
Seis de las siete fórmulas presidenciales que presentaron igual número de partidos políticos para competir ya fueron inscritas por el Tribunal Electoral; la de PAIS es la única que está pendiente.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen para que el Número de Identificación Tributaria (NIT) sea digital y completamente gratuito.
La normativa también contempla que el NIT pueda tramitarse en línea y sin documentos físicos tanto para los salvadoreños dentro y fuera del país.
El objetivo de esta reforma es modernizar el sistema tributario mediante el uso de nuevas tecnologías.
De igual manera, la iniciativa responde a la necesidad de actualizar la ley vigente desde 1972 para adaptarla al avance tecnológico.
Una vez aprobada en el pleno legislativo entrará en vigencia ocho días después de publicado en el Diario Oficial.
Política
Fuerte cruce verbal entre diputadas Claudia Ortiz y Marcela Villatoro por aprobación del Presupuesto 2026
Un intenso intercambio de acusaciones entre las diputadas opositoras Claudia Ortiz (partido VAMOS) y Marcela Villatoro (ARENA) ha puesto en evidencia las fracturas recurrentes en la oposición salvadoreña, tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026 en la Asamblea Legislativa.
El desencadenante fue la conducta de la fracción de ARENA durante la votación.
Ortiz criticó duramente que los diputados areneros, pese a manifestarse en contra del presupuesto durante el debate, abandonaron el pleno legislativo justo antes de la votación, lo que calificó como una acción «contradictoria» e incoherente.
En respuesta, Villatoro rechazó las críticas y contraatacó acusando a Ortiz de ausentarse en discusiones clave, como las reformas constitucionales previas.
Además, la diputada de ARENA señaló que las posturas de Ortiz terminan «favoreciendo al oficialismo» y profundizando las divisiones dentro de la oposición.
El cruce se extendió a redes sociales, donde usuarios compartieron capturas y comentarios, calificándolo popularmente como una «pelea» entre las dos legisladoras.
Este no es el primer enfrentamiento público entre ambas
En marzo de 2025, durante una plenaria sobre minería metálica, surgió una fuerte polémica cuando Ortiz propuso una reforma constitucional para prohibir la actividad, apoyándose en firmas recolectadas por la Iglesia Católica.
Villatoro la acusó de politizar el tema y de intentar «deshacer» el esfuerzo eclesial, recordando que ARENA ya había presentado iniciativas similares meses antes.
El intercambio evidenció diferencias en estrategia y timing, con Villatoro criticando el enfoque «exprés» de Ortiz.Otros episodios incluyen críticas cruzadas sobre ausencias en debates clave, vínculos históricos de VAMOS con ARENA (expuestos por Villatoro en octubre de 2025) y percepciones de competencia política, donde Ortiz ha sido cuestionada por algunos sectores por sus posturas en seguridad y reformas.
Estas tensiones recurrentes resaltan las dificultades para un frente opositor unido en un Legislativo dominado por Nuevas Ideas.Analistas políticos señalan que estas divisiones debilitan la capacidad de la oposición para presentar alternativas coherentes frente al oficialismo.
