Política
Fracción de ARENA contrata a abogado que puso de cabeza a la Sala de lo Constitucional en los periodos de gobiernos de FMLN
Herbert Danilo Vega Cruz es el nombre de un abogado que ni la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de “los cuatro fantásticos” ni los gobiernos del FMLN van a olvidar tan fácil. El profesional del derecho interpuso decenas de demandas y recursos de amparo contra medidas que impulso el partido de izquierda cuando estuvo en el Ejecutivo. Intentó llegar a ser candidato presidencial independiente de febrero de 2019 y ahora fue contratado por la presidencia de la Asamblea Legislativa, en manos de Norman Quijano del partido ARENA. O sea, trabaja ya para ARENA.
El nombre del profesional del derecho cobró notoriedad luego de interponer una gran cantidad de recursos ante los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Rodolfo González y Sidney Blanco que conformaron aquella Sala. La mayoría de los recursos iban en contra de decisiones del Ejecutivo en manos del FMLN, incluso intentó frenar una emisión de títulos valores en dos ocasiones.
En el listado de empleados que los partidos y la Asamblea contrataron en el mes de junio obtenidos vía solicitud de acceso a la información, se detalla que Vega Cruz fue contratado como “colaborador jurídico” de la presidencia, que ostenta Norman Quijano.
El abogado comenzó a laborar en la institución desde el 3 de junio y tiene un salario mensual de $1,500. En el listado no se detalla las funciones del Vega Cruz como colaborador jurídico de la Presidencia legislativa.
De acuerdo con una entrevista que el abogado concedió a un medio de comunicación digital el año pasado, en su intento por ser candidato presidencial, Vega se afilió a ARENA para cumplir con la obligación de ley de estar afiliado a una institución política si se quiere buscar la presidencia.
En ese entonces el planteamiento del profesional del derecho fue que cumplía con el requisito de estar afiliado, pero no pedía ser candidato por ese partido. Sin embargo el TSE rechazó su solicitud.
El abogado intentó frenar una emisión de títulos valores por $152 millones que el Gobierno quería para financiar las medidas extraordinarias de seguridad, interpuso otra demanda contra una nueva emisión de títulos valores por hasta $550 millones que el presidente Salvador Sánchez Cerén quería para el pago de deuda. También puso otra demanda, nada más y nada menos, que contra el presupuesto general de la nación de 2017.
El “último dardo” de Vega Cruz fue en la campaña presdiencial, donde interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la candidatura presidencial de Josué Alvarado de VAMOS y otra contra Nayib Bukele, aunque en la segunda no tuvo la misma suerte que la primera.
El elegido de Calleja para el deporte ya trabaja en la Asamblea
Otra de las incorporaciones de la fracción tricolor en la Asamblea es la de Marco Javier Calvo Caminos, quien en la legislatura pasada era el diputado suplente del diputado Mauricio Vargas y en esta es el suplente de Marta Batres.
En el ocaso de la campaña para las presidenciales del 3 de febrero, el entonces candidato presidencial de los tricolor, Carlos Calleja dijo que Calvo Caminos sería el encargado de implementar un programa deportivo llamado “El Salvador: Tierra de Campeones”.
Debido al resultado negativo de las elecciones, Calvo debió continuar como suplente de Batres, pero desde el 3 de junio de 2019 comenzó a laborar como uno de los “Colaboradores Jurídicos” del partido de derecha en la Asamblea con un salario de $1,000.
Otra de los nuevos empleados es María Isaura Pineda, quien es la diputada suplente de jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes. Pineda fue contratada como “asistente de fracción” desde el 24 de junio con un salario de $1,000.
Pineda es, en teoría, la suplente electa para Reyes, pero en esta legislatura ha sustituido a otros diputados, el primero de ellos es Arturo Magaña (5 de junio de 2019) y el otro es Josué Godoy (4 de julio de 2019).
Por: El Salvador Times.
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
