Política
Dirección de Ordenamiento Territorial facilitará y atraerá inversión en el país
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 57 votos, la Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción, con el propósito de actualizar el modelo por medio del que se entregan los permisos de construcción y de las lotificaciones para disminuir tiempos en el otorgamiento de los mismos.
Actualmente, la autorización de permisos de construcción y de las lotificaciones está regulada en varias normativas y requiere de múltiples requisitos, retrasando la entrega de los documentos y volviéndose un obstáculo para atraer la inversión. Los inversionistas deben esperar alrededor de 350 días para obtener todas las autorizaciones y con la implementación de la normativa se pretende reducir este tiempo a 175 días.
La Ley dará paso a la creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), entidad que entregará autorizaciones y permisos de construcción referidos a la realización de trámites de lotificaciones, obras, actividades y proyectos de urbanización. Además, la DOT será la entidad rectora responsable de dictar las políticas nacionales de ordenamiento territorial relacionadas con la planificación y uso del suelo.
Una de las finalidades de la normativa es facilitar la inversión a través de la simplificación de la tramitología, disminuir los tiempos de respuesta para mejorar la competitividad del país, promover una actividad económica que genere empleo y dinamice la economía, y disminuir costos a través del uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
La diputada Elisa Rosales explicó que la normativa es necesaria para el ordenamiento territorial y para el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado, ya que uno de los objetivos es apostarle a la inversión nacional y extranjera.
“La seguridad se ha vuelto un factor determinante para el país. Debemos aprovechar este momento para tomar las decisiones pertinentes y generar las condiciones y armas necesarias para volvernos atractivos para la inversión nacional y extranjera y así apostarle al despegue económico del país”, sostuvo la legisladora.
La parlamentaria comentó que la nueva ley facilitará la inversión extranjera y nacional y también generará una homologación en trámites relacionados a la construcción.
Rosales argumentó que actualmente existen en el país alrededor de 80 regulaciones sobre temas de construcción y cerca de 30 instituciones que emiten criterios sobre los permisos para el rubro, por lo que reiteró que la iniciativa permitirá que los inversionistas acudan a una sola institución.
“Es importante apostarle al sector construcción. Según el Banco Central de Reserva (BCR), la inversión extranjera directa en 2023 superó los $759 millones, cuadruplicando las cifras obtenidas en 2022, cuando se registraron $170.85 millones, y es por eso que debemos generar los marcos jurídicos que fomenten este crecimiento de la inversión” señaló Rosales.
Datos del BCR y el Ministerio de Economía señalan que el sector construcción representa el 40% de la inversión nacional y según información de la Cámara Salvadoreña de Construcción, el sector emplea anualmente alrededor de 200 mil personas.
Autorización de trámites
Según la ley, para la autorización de los trámites se requiere un informe de condición del inmueble que debe realizar la DOT para determinar el estado de los inmuebles, un proceso de factibilidad en el que se verifiquen las condiciones para poder construir y conocer si el suelo y otros aspectos son los idóneos para el proyecto, el otorgamiento de permisos cuando las empresas cumplan con los requisitos medioambientales y culturales. Además, como último paso, se deberá verificar que el proyecto cumpla con todo lo que se solicitó y con lo que se estableció en los permisos.
Consejo Directivo de la DOT
La máxima autoridad de la DOT es el consejo directivo, y estará integrado por el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, quien ostentará la presidencia del Consejo; el titular del Ministerio de Vivienda, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Cultura y del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte. También será parte del consejo el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados y el presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua.
DOM dentro del consejo directivo
Durante el estudio de la iniciativa, los parlamentarios estuvieron de acuerdo en incluir al director ejecutivo o delegado de la Dirección de Obras Municipales en el consejo directivo de la DOT.
Además, el 100 % de los ingresos percibidos de servicios como la realización de un informe para conocer la condición territorial del inmueble, el otorgamiento de permisos y verificación del cumplimiento, entre otros, será destinado para la DOT.
En el caso de los ingresos recibidos por revisión vial y zonificación, valoración cultural del terreno, permiso de parcelación o urbanización y otros, el 50 % de los fondos será para la DOT y el 50 % restante será entregado a Hacienda para que los transfiera a las municipalidades.
Los partidos ARENA y FMLN continúan con el proceso de inscripción de precandidatos de cara a sus elecciones internas, programadas para julio, como parte de las acciones previas a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
Por ARENA, el concejal de la alcaldía de San Salvador Centro, Alejandro Nóchez, informó a través de redes sociales que participará en el proceso de selección de candidatos con la aspiración de convertirse en candidato a alcalde de la capital. En una publicación, señaló que lo acompaña una planilla integrada por mujeres y hombres nacionalistas comprometidos con trabajar por San Salvador Centro.
Asimismo, Ondina Ramos acudió a las oficinas del partido para inscribirse como precandidata a alcaldesa de San Salvador Centro. Durante su inscripción, manifestó que existen diferentes problemas en la capital y afirmó que es necesario pasar de las palabras a las acciones. También expresó su intención de convertirse en una figura que contribuya al desarrollo del municipio.
Por su parte, el FMLN continúa sumando aspirantes a cargos de elección popular. Entre ellos figura Liliana Andrade, actual concejal de San Salvador Centro, quien buscará una diputación en la Asamblea Legislativa. Andrade señaló la necesidad de contar con un equilibrio de poder en el órgano legislativo y de analizar cada propuesta de ley que sea presentada.
El partido también inscribió a Gloria Anaya como precandidata a diputada por San Salvador. Anaya ha participado esta semana en protestas relacionadas con temas ambientales. Además, Carmelo Pineda se inscribió como precandidato a diputado por Cabañas, mientras que Alexis Rivas buscará la candidatura para gobernar la municipalidad de Cabañas Oeste.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) presentó a jueces de siete cámaras de Primera Instancia y al secretario de actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia los avances de la plataforma que se utilizará para la emisión de constancias a candidatos para las elecciones generales de 2027, informó la institución en su revista mensual de abril.
El ente contralor explica que durante la presentación se abordaron los avances en la actualización de la información generada por las cámaras en los sistemas informáticos, como unidades organizativas que por medio del registro y la actualización de la información garantizan la integridad.
«Esta reunión se desarrolló en el marco de la ruta definida por el organismo de dirección para fortalecer dicho proceso, correspondiendo a esta coordinación articulada supervisar y dar seguimiento a las acciones, en estrecha relación con los avances tecnológicos que permitirán la implementación de este trámite en línea como parte del proceso de modernización que impulsa la CCR», explicó el coordinador general jurisdiccional, José Antonio Lemus.
Por otra parte, el jefe del área de la Dirección de informática y desarrollo tecnológico, Carlos Beltrán, indicó que «la modernización de este proceso permitirá mayor eficiencia en la gestión de datos y la atención oportuna a los ciudadanos que soliciten las constancias electorales».
La CRR recalca que la base legal para la extensión de dichas constancias para fines estrictamente electorales se encuentra en el Código Electoral, artículo 160 literal “f”, que indica que para la solicitud de inscripción de planillas o candidatura no partidaria deben de presentar el «finiquito, certificación o constancia extendida por el presidente de la Corte de Cuentas de no tener pendiente al momento de la solicitud, sentencia ejecutoriada, la cual deberá extendida a más tardar dentro de los 15 días siguientes de haberse presentando la solicitud».
Y el artículo 166, que dice que las candidaturas para alcalde o alcaldesa deben de presentar «constancia o certificación de la Corte de Cuentas de que el candidato postulado no tiene responsabilidades establecidas por sentencia ejecutoriada pendiente de pago, como resultado del manejo de fondo u otros bienes públicos, fiscales o municipales».
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) informó que entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2026 se emitieron 21,816 Documentos Únicos de Identidad (DUI) a jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad, tanto dentro como fuera del país, de acuerdo con datos publicados en el portal Así Somos.
La institución detalló que la mayoría de los documentos fueron tramitados en El Salvador, con un total de 21,229 emisiones. En cuanto al comportamiento mensual, se registró un incremento progresivo durante el primer trimestre del año, pasando de 5,622 documentos en enero a 6,023 en febrero, y alcanzando 7,040 en marzo. En la primera quincena de abril se contabilizaron 3,131.
A nivel internacional, Estados Unidos reportó 525 registros en el mismo periodo, seguido de España con 33 e Italia con 15. Otros países como Canadá y México registraron tres emisiones cada uno, mientras que Alemania, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Suecia reportaron entre uno y dos registros.
El RNPN también informó que continúa desarrollando jornadas de preenrolamiento del DUI en centros educativos a nivel nacional, dirigidas a jóvenes que cumplirán 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 27 de febrero de 2027. Estas actividades se realizan en distintas instituciones educativas del país, como parte de las acciones para facilitar el acceso al documento de identidad.
