Política
Dirección de Ordenamiento Territorial facilitará y atraerá inversión en el país
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 57 votos, la Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción, con el propósito de actualizar el modelo por medio del que se entregan los permisos de construcción y de las lotificaciones para disminuir tiempos en el otorgamiento de los mismos.
Actualmente, la autorización de permisos de construcción y de las lotificaciones está regulada en varias normativas y requiere de múltiples requisitos, retrasando la entrega de los documentos y volviéndose un obstáculo para atraer la inversión. Los inversionistas deben esperar alrededor de 350 días para obtener todas las autorizaciones y con la implementación de la normativa se pretende reducir este tiempo a 175 días.
La Ley dará paso a la creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), entidad que entregará autorizaciones y permisos de construcción referidos a la realización de trámites de lotificaciones, obras, actividades y proyectos de urbanización. Además, la DOT será la entidad rectora responsable de dictar las políticas nacionales de ordenamiento territorial relacionadas con la planificación y uso del suelo.
Una de las finalidades de la normativa es facilitar la inversión a través de la simplificación de la tramitología, disminuir los tiempos de respuesta para mejorar la competitividad del país, promover una actividad económica que genere empleo y dinamice la economía, y disminuir costos a través del uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
La diputada Elisa Rosales explicó que la normativa es necesaria para el ordenamiento territorial y para el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado, ya que uno de los objetivos es apostarle a la inversión nacional y extranjera.
“La seguridad se ha vuelto un factor determinante para el país. Debemos aprovechar este momento para tomar las decisiones pertinentes y generar las condiciones y armas necesarias para volvernos atractivos para la inversión nacional y extranjera y así apostarle al despegue económico del país”, sostuvo la legisladora.
La parlamentaria comentó que la nueva ley facilitará la inversión extranjera y nacional y también generará una homologación en trámites relacionados a la construcción.
Rosales argumentó que actualmente existen en el país alrededor de 80 regulaciones sobre temas de construcción y cerca de 30 instituciones que emiten criterios sobre los permisos para el rubro, por lo que reiteró que la iniciativa permitirá que los inversionistas acudan a una sola institución.
“Es importante apostarle al sector construcción. Según el Banco Central de Reserva (BCR), la inversión extranjera directa en 2023 superó los $759 millones, cuadruplicando las cifras obtenidas en 2022, cuando se registraron $170.85 millones, y es por eso que debemos generar los marcos jurídicos que fomenten este crecimiento de la inversión” señaló Rosales.
Datos del BCR y el Ministerio de Economía señalan que el sector construcción representa el 40% de la inversión nacional y según información de la Cámara Salvadoreña de Construcción, el sector emplea anualmente alrededor de 200 mil personas.
Autorización de trámites
Según la ley, para la autorización de los trámites se requiere un informe de condición del inmueble que debe realizar la DOT para determinar el estado de los inmuebles, un proceso de factibilidad en el que se verifiquen las condiciones para poder construir y conocer si el suelo y otros aspectos son los idóneos para el proyecto, el otorgamiento de permisos cuando las empresas cumplan con los requisitos medioambientales y culturales. Además, como último paso, se deberá verificar que el proyecto cumpla con todo lo que se solicitó y con lo que se estableció en los permisos.
Consejo Directivo de la DOT
La máxima autoridad de la DOT es el consejo directivo, y estará integrado por el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, quien ostentará la presidencia del Consejo; el titular del Ministerio de Vivienda, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Cultura y del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte. También será parte del consejo el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados y el presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua.
DOM dentro del consejo directivo
Durante el estudio de la iniciativa, los parlamentarios estuvieron de acuerdo en incluir al director ejecutivo o delegado de la Dirección de Obras Municipales en el consejo directivo de la DOT.
Además, el 100 % de los ingresos percibidos de servicios como la realización de un informe para conocer la condición territorial del inmueble, el otorgamiento de permisos y verificación del cumplimiento, entre otros, será destinado para la DOT.
En el caso de los ingresos recibidos por revisión vial y zonificación, valoración cultural del terreno, permiso de parcelación o urbanización y otros, el 50 % de los fondos será para la DOT y el 50 % restante será entregado a Hacienda para que los transfiera a las municipalidades.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
