Política
Dirección de Ordenamiento Territorial facilitará y atraerá inversión en el país
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 57 votos, la Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción, con el propósito de actualizar el modelo por medio del que se entregan los permisos de construcción y de las lotificaciones para disminuir tiempos en el otorgamiento de los mismos.
Actualmente, la autorización de permisos de construcción y de las lotificaciones está regulada en varias normativas y requiere de múltiples requisitos, retrasando la entrega de los documentos y volviéndose un obstáculo para atraer la inversión. Los inversionistas deben esperar alrededor de 350 días para obtener todas las autorizaciones y con la implementación de la normativa se pretende reducir este tiempo a 175 días.
La Ley dará paso a la creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), entidad que entregará autorizaciones y permisos de construcción referidos a la realización de trámites de lotificaciones, obras, actividades y proyectos de urbanización. Además, la DOT será la entidad rectora responsable de dictar las políticas nacionales de ordenamiento territorial relacionadas con la planificación y uso del suelo.
Una de las finalidades de la normativa es facilitar la inversión a través de la simplificación de la tramitología, disminuir los tiempos de respuesta para mejorar la competitividad del país, promover una actividad económica que genere empleo y dinamice la economía, y disminuir costos a través del uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
La diputada Elisa Rosales explicó que la normativa es necesaria para el ordenamiento territorial y para el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado, ya que uno de los objetivos es apostarle a la inversión nacional y extranjera.
“La seguridad se ha vuelto un factor determinante para el país. Debemos aprovechar este momento para tomar las decisiones pertinentes y generar las condiciones y armas necesarias para volvernos atractivos para la inversión nacional y extranjera y así apostarle al despegue económico del país”, sostuvo la legisladora.
La parlamentaria comentó que la nueva ley facilitará la inversión extranjera y nacional y también generará una homologación en trámites relacionados a la construcción.
Rosales argumentó que actualmente existen en el país alrededor de 80 regulaciones sobre temas de construcción y cerca de 30 instituciones que emiten criterios sobre los permisos para el rubro, por lo que reiteró que la iniciativa permitirá que los inversionistas acudan a una sola institución.
“Es importante apostarle al sector construcción. Según el Banco Central de Reserva (BCR), la inversión extranjera directa en 2023 superó los $759 millones, cuadruplicando las cifras obtenidas en 2022, cuando se registraron $170.85 millones, y es por eso que debemos generar los marcos jurídicos que fomenten este crecimiento de la inversión” señaló Rosales.
Datos del BCR y el Ministerio de Economía señalan que el sector construcción representa el 40% de la inversión nacional y según información de la Cámara Salvadoreña de Construcción, el sector emplea anualmente alrededor de 200 mil personas.
Autorización de trámites
Según la ley, para la autorización de los trámites se requiere un informe de condición del inmueble que debe realizar la DOT para determinar el estado de los inmuebles, un proceso de factibilidad en el que se verifiquen las condiciones para poder construir y conocer si el suelo y otros aspectos son los idóneos para el proyecto, el otorgamiento de permisos cuando las empresas cumplan con los requisitos medioambientales y culturales. Además, como último paso, se deberá verificar que el proyecto cumpla con todo lo que se solicitó y con lo que se estableció en los permisos.
Consejo Directivo de la DOT
La máxima autoridad de la DOT es el consejo directivo, y estará integrado por el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, quien ostentará la presidencia del Consejo; el titular del Ministerio de Vivienda, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Cultura y del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte. También será parte del consejo el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados y el presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua.
DOM dentro del consejo directivo
Durante el estudio de la iniciativa, los parlamentarios estuvieron de acuerdo en incluir al director ejecutivo o delegado de la Dirección de Obras Municipales en el consejo directivo de la DOT.
Además, el 100 % de los ingresos percibidos de servicios como la realización de un informe para conocer la condición territorial del inmueble, el otorgamiento de permisos y verificación del cumplimiento, entre otros, será destinado para la DOT.
En el caso de los ingresos recibidos por revisión vial y zonificación, valoración cultural del terreno, permiso de parcelación o urbanización y otros, el 50 % de los fondos será para la DOT y el 50 % restante será entregado a Hacienda para que los transfiera a las municipalidades.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
Política
Diputada propone reforma constitucional para ampliar período presidencial y eliminar segunda vuelta
La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, presentó este jueves una propuesta para reformar seis artículos de la Constitución de la República, con el fin de introducir cambios profundos en el sistema presidencial de El Salvador. La iniciativa contempla modificar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 del texto constitucional.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, así como la eliminación de la segunda vuelta electoral. Según la legisladora, estas reformas permitirían reducir costos electorales, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera, al dar mayor estabilidad al país.
Otro de los ejes principales de la propuesta es permitir la reelección presidencial indefinida, dejando en manos del electorado la decisión sobre la continuidad de un mandatario. “Queremos que sea el pueblo quien decida hasta cuándo apoyar a un presidente”, afirmó Figueroa durante la presentación del documento.
Asimismo, la propuesta contempla una disposición transitoria para acortar el actual período presidencial en dos años, de modo que finalice en 2027. Con esto, se pretende unificar en una sola fecha las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, buscando así mayor eficiencia en el calendario electoral.
La eliminación de la segunda vuelta presidencial también forma parte del planteamiento, estableciendo que será elegido presidente el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, sin necesidad de alcanzar el 50 %.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 57 diputados y fue presentada con dispensa de trámite, lo que permitirá su pronta discusión en el pleno legislativo. De ser aprobadas, estas reformas marcarían una reconfiguración del sistema democrático salvadoreño.
Con 57 votos a favor, diputados de Nuevas Ideas y sus aliados respaldaron este jueves una solicitud de reforma constitucional para que El Salvador se retire del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). La iniciativa fue presentada por el legislador Giovanny Zaldaña con dispensa de trámite, y busca modificar los artículos 80 y 133 de la Constitución de la República.
Zaldaña argumentó que la participación del país en el organismo regional “no está generando beneficios concretos para el pueblo salvadoreño” y aseguró que su propuesta responde a la “voluntad del pueblo” y de la mayoría legislativa. Los partidos ARENA y Vamos no firmaron la propuesta.
Desde el partido Vamos, la diputada Claudia Ortiz expresó su respaldo al debate sobre la continuidad de El Salvador en el PARLACEN, aunque criticó la forma en que se impulsa la reforma. “Estoy de acuerdo con que se inicie la discusión, pero no con que se haga por dispensa de trámite. La Constitución de la República no es cualquier ley”, subrayó.
Ortiz también señaló que el PARLACEN no ha mostrado avances en el proceso de integración regional ni mantiene una comunicación efectiva entre los parlamentarios y la ciudadanía. “No ha dado resultados y no es representativo de la gente”, declaró.
El Parlamento Centroamericano es el órgano político y democrático del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Sus diputados son electos por voto popular y representan a más de 50 partidos políticos de distintas ideologías, en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El Salvador.
Entre sus principales funciones están la promoción de la integración regional, el fortalecimiento de la democracia, la paz y la protección de los derechos humanos en la región.
La propuesta de reforma constitucional deberá seguir su curso legislativo, lo que podría abrir un debate más amplio sobre el papel de El Salvador en los organismos de integración regional.
