Política
Dirección de Ordenamiento Territorial facilitará y atraerá inversión en el país
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 57 votos, la Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción, con el propósito de actualizar el modelo por medio del que se entregan los permisos de construcción y de las lotificaciones para disminuir tiempos en el otorgamiento de los mismos.
Actualmente, la autorización de permisos de construcción y de las lotificaciones está regulada en varias normativas y requiere de múltiples requisitos, retrasando la entrega de los documentos y volviéndose un obstáculo para atraer la inversión. Los inversionistas deben esperar alrededor de 350 días para obtener todas las autorizaciones y con la implementación de la normativa se pretende reducir este tiempo a 175 días.
La Ley dará paso a la creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), entidad que entregará autorizaciones y permisos de construcción referidos a la realización de trámites de lotificaciones, obras, actividades y proyectos de urbanización. Además, la DOT será la entidad rectora responsable de dictar las políticas nacionales de ordenamiento territorial relacionadas con la planificación y uso del suelo.
Una de las finalidades de la normativa es facilitar la inversión a través de la simplificación de la tramitología, disminuir los tiempos de respuesta para mejorar la competitividad del país, promover una actividad económica que genere empleo y dinamice la economía, y disminuir costos a través del uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
La diputada Elisa Rosales explicó que la normativa es necesaria para el ordenamiento territorial y para el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado, ya que uno de los objetivos es apostarle a la inversión nacional y extranjera.
“La seguridad se ha vuelto un factor determinante para el país. Debemos aprovechar este momento para tomar las decisiones pertinentes y generar las condiciones y armas necesarias para volvernos atractivos para la inversión nacional y extranjera y así apostarle al despegue económico del país”, sostuvo la legisladora.
La parlamentaria comentó que la nueva ley facilitará la inversión extranjera y nacional y también generará una homologación en trámites relacionados a la construcción.
Rosales argumentó que actualmente existen en el país alrededor de 80 regulaciones sobre temas de construcción y cerca de 30 instituciones que emiten criterios sobre los permisos para el rubro, por lo que reiteró que la iniciativa permitirá que los inversionistas acudan a una sola institución.
“Es importante apostarle al sector construcción. Según el Banco Central de Reserva (BCR), la inversión extranjera directa en 2023 superó los $759 millones, cuadruplicando las cifras obtenidas en 2022, cuando se registraron $170.85 millones, y es por eso que debemos generar los marcos jurídicos que fomenten este crecimiento de la inversión” señaló Rosales.
Datos del BCR y el Ministerio de Economía señalan que el sector construcción representa el 40% de la inversión nacional y según información de la Cámara Salvadoreña de Construcción, el sector emplea anualmente alrededor de 200 mil personas.
Autorización de trámites
Según la ley, para la autorización de los trámites se requiere un informe de condición del inmueble que debe realizar la DOT para determinar el estado de los inmuebles, un proceso de factibilidad en el que se verifiquen las condiciones para poder construir y conocer si el suelo y otros aspectos son los idóneos para el proyecto, el otorgamiento de permisos cuando las empresas cumplan con los requisitos medioambientales y culturales. Además, como último paso, se deberá verificar que el proyecto cumpla con todo lo que se solicitó y con lo que se estableció en los permisos.
Consejo Directivo de la DOT
La máxima autoridad de la DOT es el consejo directivo, y estará integrado por el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, quien ostentará la presidencia del Consejo; el titular del Ministerio de Vivienda, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Cultura y del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte. También será parte del consejo el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados y el presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua.
DOM dentro del consejo directivo
Durante el estudio de la iniciativa, los parlamentarios estuvieron de acuerdo en incluir al director ejecutivo o delegado de la Dirección de Obras Municipales en el consejo directivo de la DOT.
Además, el 100 % de los ingresos percibidos de servicios como la realización de un informe para conocer la condición territorial del inmueble, el otorgamiento de permisos y verificación del cumplimiento, entre otros, será destinado para la DOT.
En el caso de los ingresos recibidos por revisión vial y zonificación, valoración cultural del terreno, permiso de parcelación o urbanización y otros, el 50 % de los fondos será para la DOT y el 50 % restante será entregado a Hacienda para que los transfiera a las municipalidades.
Como parte del balance del primer año de gestión, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Wálter Sosa, informó que concluyeron las auditorías de todos los ministerios del Gobierno central, y están al día los procesos en cada institución.
El funcionario señaló que es la primera vez en el ente contralor estatal que se alcanza dicho resultado. Destacó que se ha procurado fortalecer la eficiencia de las acciones para transparentar el uso de los fondos públicos.
«Quiero resaltar que, por primera vez, la Corte de Cuentas de la República realizó auditorías financieras a la totalidad de los ministerios del Gobierno central, dejándolos auditados hasta el año 2024. Para lograrlo, nuestros equipos de auditoría ejecutaron más de 100 acciones de control», explicó Sosa en entrevista con «Diario El Salvador».
Agregó que, desde el 7 de febrero de 2025, el trabajo institucional se ha enfocado en tres líneas estratégicas: garantizar la independencia de las auditorías y juicios de cuentas, modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer las alianzas para la prevención de la corrupción.
«Este esfuerzo marca un antes y un después en la fiscalización del país, ya que la CCR tendrá una presencia concurrente en estas entidades para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos», dijo el presidente de la CCR.
También manifestó que consolidan los datos para presentar la estadística recabada en la próxima entrega del informe de labores.
Recordó que durante su primer año al frente de la institución concluyeron el Plan Masivo de Fiscalización Municipal, y confirmó que están 100 % auditadas hasta 2024.
Por otra parte, dijo que otro de los logros de la actual gestión contralora es que, de manera transversal, se fortaleció la gestión administrativa con la creación de la Dirección Anticorrupción y el trabajo articulado con instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, entre otras entidades.
Enfatizó que continuarán el trabajo para reforzar la independencia y asegurar el cumplimiento legal y técnico en todos los procesos de auditorías financieras y de gestión, exámenes especiales y juicios de cuentas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó ayer su Memoria de Labores 2024–2025, como parte del ejercicio de rendición de cuentas y reflexión sobre el trabajo durante el período electoral. La actividad estuvo encabezada por la presidenta del TSE, Roxana Soriano.
Entre los avances destacados por la titular están la modernización tecnológica de los procesos institucionales, la creación del Ciclo Electoral Salvadoreño y la implementación de la Política Antisoborno y del Sistema de Gestión Antisoborno.
Asimismo, Soriano informó sobre los avances en la planificación del proceso electoral 2027, incluyendo la aprobación del Calendario Electoral, el Plan General de Elecciones, el Presupuesto Extraordinario y el fortalecimiento de la planificación del voto en el extranjero.
«En cada proceso ejecutado con rigor, en cada decisión responsable y en cada garantía brindada al ejercicio democrático se construye confianza pública y se fortalece el futuro de El Salvador», consideró la presidenta del organismo electoral.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
