Política
Dictamen para elección de Sala de lo Constitucional que había firmado ARENA, PCN y PDC fue devuelto a la Comisión Política
Con 66 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa decidieron regresar a la comisión Política el dictamen firmado por ARENA, PDC y PCN proponían para elegir a los nuevos miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por los próximos nueve años.
Ayer en horas de la noche se ordenó la creación del dictamen luego de que los diputados de ARENA, PDC y PCN obtuvieran los votos suficientes para que este bajara al pleno que quedó en receso entrando la media noche.
En horas de la tarde de este viernes, la discusión regresó al Palacio Legislativo pero de entrada FMLN y GANA anunciaron que no iban a dar sus votos por lo que una votación hubiese significado enviar al archivo el dictamen y retrasar seis meses la elección.
Fue así que a las 7:20 de la noche acordaron votar para devolverla a la comisión y seguirla discutiendo la próxima semana, ya que de lo contrario iría al archivo por al menos seis meses.
Según la diputada del partido en el gobierno, Nidia Díaz, no son los nombres de los candidatos propuestos el problema, sino de los que conformarán la Sala de lo Constitucional, punto en el que difieren con los tres partidos antes mencionados.
«Queremos decirle al pueblo salvadoreño que no estamos conbtra el dictamen, que todos los candidatos gozan de nuestro respeto, pero nos vamos a abstener, ya que no estamos de acuerdo con la conformación de la Sala de lo Constitucional», comentó.
El diputado de GANA, Mario Tenorio, quien al igual que Nidia Díaz, es miembro de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, también dijo que los miembros de su partido se abstendrían de votar por la terna que ha sido elegida y sobre la que se propone elegir.
«Respetamos no solo a los que se han mencionado, sino a los 30 que se sometieron al proceso que se ha seguido hasta el momento. Todos son excelentes profesionales, con grandes atestados, pero no es el problema. Nosotros como partido hicimos nuevas propuestas, hoy (viernes) traíamos otra, pero no se quiere escuchar», señaló Tenorio.
Carlos Reyes, miembro de la bancada de ARENA, dijo que están listos para votar, ya que es una necesidad, algo que el pueblo salvadoreño necesita, para presentar recursos, casos importantes, para los Habeas Corpus, entre otros recursos. Rodolfo Parker, diputado del PDC se expresó de la misma forma y pidió a todos los diputados sus votos para sacar adelante el tema.
«No queremos imponer nada, imponer a nadie, pero por el bien de la democracia salvadoreña esperamos que se vote y se elija esta noche. Estamos pendientes de libertades fundamentales como es contar con una Sala de lo Constitucional. Van 40 días y seguimos igual que el primer día, nos hemos acomodado», explicó Parker. Así continuó el desfile de diputados que fueron interviniendo.
Por un lado los que querían nombrar a los nuevos magistrados, y el otro bloque que al igual que en semanas anteriores cerró filas. Los nombres de los profesionales seleccionados por ARENA, PDC y PCN son Carlos Sánchez Escobar, Aldo Cáder Camilot, Alex David Marroquín, Carlos Sergio Avilés y Sonia Cortez de Madriz como propietarios para la Sala de lo Constitucional, mientras que para el cargo de magistrados suplentes a los siguientes a José Luis Lovo Castelar, Olinda Morena Vásquez, Marlon Harold Cornejo, Jorge Alfonso Quinteros y Nelson Palacios Hernández.
Los nuevos magistrados estarán en sus cargos por un periodo de 9 años, con posibilidades de reelegirse, pasando siempre por la Asamblea Legislativa. El Salvador Times habló con algunos de los diputados de las principales fracciones, quienes desde el jueves en la tarde, antes de la plenaria, adelantaron que tomando en cuenta que no se habían reunido durante la semana, era muy difícil ponerse de acuerdo en unas horas.
Los diputados sí están de acuerdo en que Óscar Armando Pineda Navas continúe en el cargo de Presidente de la CSJ. El tema de los magistrados comenzó a analizarse desde el inicio de la plenaria número 13 de la actual legislación, y continuó este viernes. La mayor parte de diputados no pudo ingresar a las instalaciones del Palacio Legislativo por una protesta de ANDA y de miembros de otras organizaciones sociales que denuncian que se intenta «privatizar el agua».
Por: El Salvador Times.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
