Política
Autoridades de salud brindan insumos para ley de profesiones
Los diputados de la comisión política de la Asamblea Legislativa continuaron con el estudio para la creación de la ley de las profesiones médicas, una iniciativa presentada por el gremio de doctores que buscan legalizar la Federación de Profesionales de la Medicina (Fedemed).
Dicha entidad tendría entre sus funciones legitimar las especialidades de los médicos y verificar que estos posean las certificaciones y garantías necesarias de calidad y de ética para ejercer.
Con el objetivo de recabar más insumos y determinar la factibilidad de dicha propuesta, los diputados recibieron a tres autoridades del sector salud, quienes brindaron su opinión sobre las ventajas y desventajas de esta.
Una de las invitadas fue la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Ayala, quien reconoció que el gremio médico debe mantenerse «actualizado», a fin de atender adecuadamente a los pacientes y así saldar una «deuda» con los profesionales de la medicina.
Cuando Ayala asumió el cargo al frente del ISSS, una de las primeras acciones que hizo fue reclasificar al personal de salud para actualizar el portafolio, pero encontró que muchas profesiones de psicólogos, trabajadores sociales, anestesistas, entre otros, «se agrupaban como trabajadores de la salud, es decir, que se les quitaba su clasificación por la que habían estudiado».
Durante ese proceso, la institución detectó «casos de médicos generales que trabajaban como pediatras. Entonces era necesario ordenar estas situaciones para evitar malas praxis en los pacientes», mencionó la directora del Seguro Social.
En ese sentido, indicó que para que el doctor sea certificado se debe tomar en cuenta «el actuar profesional, la investigación y la práctica clínica de este».
A la discusión del tema se sumó el presidente del Consejo Superior de Salud Pública, Elías Valle, quien considera que la iniciativa es «relevante» porque no deja a un lado a otras profesiones necesarias para brindar el servicio integral de la salud en la red nacional de hospitales.
«Siempre se le ha apostado a odontología y otros rubros, pero se quedan atrás enfermería, veterinaria, psicología, entre otras», señaló.
El presidente de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM), Carlos Ramos, también aportó en el análisis del tema.
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
