Política
Asamblea aprueba reformas a normas de tránsito para mejorar la seguridad y educación vial
La Asamblea Legislativa aprobó hoy un pliego de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que coadyuvarán a garantizar a la población en general la seguridad vial y fomentar la cultura vial.
Los 67 votos a favor de las enmiendas provinieron de Nuevas Ideas, Gana, PDC, PCN y los diputados Carlos Reyes, Donato Vaquerano y Jorge Rosales.
La votación observó nueve abstenciones provenientes de los partidos políticos de oposición ARENA, FMLN y Nuestro Tiempo. Vamos, por su parte, no expresó su voluntad en la votación.
Las enmiendas, que fueron en la víspera dictaminadas favorable por la comisión de Obras Públicas del congreso, ordenan el transporte particular, el transporte público de pasajeros y el transporte de carga responsable de sendos siniestros viales.
La multas por infracciones leves de tránsito serán de $50.00, por infracciones graves de $100 y por infracción muy grave de $150.00, en un intento por generar seguridad vial y educación vial en el país donde existe un parque de 1.6 millones de vehículos.
Las enmiendas fueron respaldadas por el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, quien asegura que estas buscan ayudar a la seguridad vial y educación vial de la población salvadoreña.
«El tema aquí se encamina a la educación vial y a la consciencia. Nosotros estamos mejorando la aplicabilidad de las leyes que regulan el tránsito de El Salvador», dijo Reyes sobre las enmiendas.
Las multas establecen que el decreto deberán ser canceladas dentro de los 30 días siguientes de la imposición de la misma; sin embargo, de no cancelarse en el tiempo estipulado se aplicará un interés del cuatro por ciento anual.
El proyecto de ley establece que cuando el responsable de la infracción cancele «dentro de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la infracción será beneficiario del 50 % de reducción del monto de la multa respectiva».
Las esquelas, determina el anteproyecto de decreto, podrán ser colocadas con «equipos de registro y detección de infracciones por medio de sistemas de controles automatizados», que serán instalados en vías públicas, según determine el Viceministerio de Transporte (VMT) y la Dirección General de Tránsito.
El gobierno del presidente Nayib Bukele, a través de la cartera de Obras Públicas, espera a más tardar en marzo próximo finalizar la instalación de semáforos inteligentes en la ciudad la ciudad de San Salvador, que podrán por medio de cámara imponer las multas a los conductores.
Las multas por infracciones de tránsito cometidas por el transporte público de pasajeros y transporte de carga y que tengan que ver con el estado del vehículo automotor serán impuestas al propietario o tenedor del mismo.
Las infracciones que se logren determinar que fueron cometidas por el conductor del vehículo de transporte público de pasajeros o de transporte de carga serán impuestas a la licencia de quien conduzca el vehículo automotor infractor.
«Estas medidas son para prevenir la irresponsabilidad y las veo positivas», valoró Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas que recordó que muchas de ellas recoge el sentir y pensar de la población expresada en redes sociales.
Las enmiendas advierten que «cuando una persona se encuentre insolvente en el pago de multas de tránsito impuestas o que no cuente con la autorización de plan de pago» no podrá reponer el Documento Único de Identidad (DUI).
Asimismo, incluyen un catálogo de infracciones muy graves relacionadas con la circulación irresponsable de motocicletas causantes de decenas de siniestros viales.
Las enmiendas a la normativa gravan en $150 estas infracciones, entre ellas, a saber: conducir motocicletas sin utilizar anteojos protectores cuando el casco no tenga protector cortaviento.
Asimismo, será infracción muy grave circular en motocicleta sin cascos certificados y circular en motocicletas por ciclovías y carriles destinados para la circulación de bicicletas.
Además, será falta muy grave circular en motocicletas por hombros de calle o en el bordillo del carril izquierdo o en las líneas divisorias de los carriles así como circular motocicleta después de las 6 p. m. y antes de las 6 a. m. del día siguiente, sin que el motociclista y su acompañante usen chaleco o chaqueta reflectante visible.
Las reformas también crean un sistema de evaluación permanente de conductores que consiste en la acumulación de puntos en función de las infracciones cometidas por los responsables de conducir el automotor.
Las enmiendas entrarán en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial y prevalecen sobre cualquier otra norma que la contrarie.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
