El Salvador es el único país de Centroamérica que tiene la alerta de viaje nivel 1 otorgada por el Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.), en reconocimiento a la lucha contra las pandillas y la transformación de la seguridad liderada por el presidente de la república, Nayib Bukele.

La reclasificación del nivel de alerta, del 2 (que mantuvo desde noviembre de 2024) al 1, fue anunciada el martes 8 de abril pasado por el Departamento de Estado, y el presidente Bukele compartió la noticia en X.

«El Salvador acaba de recibir la estrella dorada de viajes del Departamento de Estado de EE. UU.: nivel 1: el más seguro», publicó el mandatario, y su mensaje hizo eco en los medios de comunicación nacionales y en las cadenas de noticias internacionales.

De acuerdo con el Departamento de Estado, la alerta 1 representa un nivel mínimo de riesgo para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses que visitan tierras salvadoreñas; por lo tanto, solo recomienda que tomen las precauciones habituales.

El sociólogo y analista político Mauricio Rodríguez planteó que las relaciones diplomáticas del presidente Bukele con EE. UU., así como el trabajo del caucus bipartidista en el Congreso en favor de El Salvador, dieron como fruto la recali ficación de la alerta de viaje, que ubicó a El Salvador en la misma categoría de los países de primer mundo por su buen clima de seguridad, como Japón, Austria, Bulgaria, Croacia, Finlandia y Grecia.

«Que El Salvador tenga esa categoría de alerta de viaje es una situación única en su género. Esta nueva categoría nos pone evidenciados ante el mundo como un país que se puede visitar, donde se puede hacer turismo», expresó.

La nueva realidad en seguridad que ofrece El Salvador para los turistas estadounidenses y para todos en general también coloca a El Salvador en una posición de liderazgo regional porque el resto de los países del istmo tienen alertas nivel 2 y 3. La alerta 2 representa, según el Departamento de Estado, «mayor precaución» e insta a sus ciudadanos a que tengan en cuenta que pueden existir mayores riesgos para la seguridad.

En esta se encuentran Costa Rica y Panamá, países que en el pasado gozaron de buen clima de seguridad, pero que en los últimos años han experimentado un repunte en la delincuencia. El portal suizo de noticias Swissinfo reportó a inicios de este año que Panamá registró 581 homicidios en 2024, dato que representó un aumento de 4.4 % en comparación con los asesinatos que hubo en 2023.

La cadena de noticias publicó —con datos del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá— que en 2024 las provincias de Panamá (capital), Colón (en el Caribe) y Panamá Oeste (cercana a la capital) fueron las de mayor incidencia de este tipo de hechos.

Respecto a Costa Rica, el periódico de esa nación «El Observador» publicó en su edición del 14 de marzo pasado que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) proyectó que los homicidios al cierre de 2025 rondarán entre 925 y 975.

«Así las cosas, este podría ser el año más violento en la historia de Costa Rica, y superaría al 2023, que cerró con 905 y es, hasta el momento, el que tiene mayor cantidad de homicidios», se lee en la versión digital del periódico costarricense.

Rodríguez recordó que Costa Rica fue uno de los países referentes de la región en materia de seguridad pública. «Países como Costa Rica ni siquiera llegaron a tener Ejército porque las condiciones de seguridad eran sumamente buenas; ahora, lamentablemente, la migración irregular, particularmente de Ecuador, Colombia y Venezuela, ha generado ese tipo de dispersión (en la seguridad) y ahora tiene nivel 2 juntamente con Panamá», contrastó el analista.

Después de Costa Rica y Panamá la peor alerta de viaje en Centroamérica, el nivel 3, la tienen Guatemala, Honduras y Nicaragua. Las tres naciones tienen gobiernos de corte izquierdista y enfrentan altas tasas de criminalidad, según reportes de medios de comunicación nacionales e internacionales.

En Honduras, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro imitó la implementación del estado de excepción impulsado por el presidente Bukele en El Salvador para intentar contener la violencia generada por las pandillas y el crimen organizado en esa nación vecina.

Respecto a Honduras y Guatemala, la revista centroamericana «Estrategia y Negocios» publicó el 7 de enero pasado que ambas naciones registraron las mayores tasas de homicidios de la región en 2024, y contrastó que El Salvador cerró el año anterior con 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Esta reducción histórica y sostenida en la tasa de asesinatos posicionó a El Salvador como la nación más segura del hemisferio occidental, informó el presidente Bukele el 1.° de enero pasado. Para lograrlo, el Ejecutivo impulsa el estado de excepción, que fortalece la estrategia nacional del Plan Control Territorial (PCT).

Opinión | Mauricio Rodríguez
Sociólogo y analista
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.

Por: Lisandro Prieto Femenía

“La salud es un derecho, no un privilegio”, Juan Pablo II

Hoy quiero invitarlos a reflexionar en torno a la reciente decisión del gobierno de Javier Milei de imponer algunas restricciones en la atención gratuita por parte del sistema de salud argentino para ciudadanos extranjeros. Dichos anuncios han generado un vigoroso debate, dividiendo las aguas entre posturas conservadoras y progresistas, motivo por el cual proponemos, para trascender la dicotomía ideológica, profundizar la cuestión desde un análisis filosófico-político que aborde los principios de justicia, reciprocidad y soberanía, examinando tanto los argumentos a favor como en contra de esta medida.

En primer lugar, proponemos tamizar la tensión entre la idea del universalismo sanitario y la sostenibilidad nacional. Desde una perspectiva filosófico-política, la salud es objeto de extensos debates sobre su naturaleza como derecho, abriendo espacio a preguntas como: ¿es la salud un derecho humano universal, inherente a la condición de persona, o un bien social cuya provisión está condicionada por la ciudadanía y la capacidad contributiva del Estado? Al respecto, Thomas Pogge argumentó a favor de una responsabilidad global ante la pobreza y las desigualdades, lo que podría extenderse a la provisión de servicios básicos como la salud sin restricciones de nacionalidad. Pogge sostiene, en su obra “Pobreza mundial y derechos humanos” (2002) que existe “una responsabilidad moral negativa, la de no imponer un orden global que sea injusto y que perpetúe la pobreza”. Sin embargo, esta visión cosmopolita se confronta con la realidad material de los Estados nacionales y sus recursos finitos.

Acudamos brevemente a los datos: el sistema argentino se financia mayoritariamente con recursos provenientes de los contribuyentes nacionales. Según el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, el gasto público consolidado en 2023 ascendió a aproximadamente el 7,6% del Producto Bruto Interno (PBI), según datos preliminares del Presupuesto General de la Administración Nacional. Si bien no existen estadísticas desagregadas y públicas sobre el porcentaje exacto del gasto público en salud destinado a la atención de extranjeros no residentes, la percepción de una asimetría entre la contribución y el uso del sistema se ha convertido en un pilar del argumento gubernamental. Desde esta óptica, la medida no buscaría vulnerar un derecho, sino salvaguardar la sostenibilidad de un sistema que, de otra forma, se ve comprometido en su capacidad de respuesta hacia quienes lo sostienen con sus impuestos.

El núcleo de la argumentación del gobierno argentino radica en el principio de reciprocidad. En el ámbito de las relaciones internacionales y la justicia distributiva, la reciprocidad implica un equilibrio de cargas y beneficios entre partes: tú no dejas morir a mis ciudadanos en tu territorio, yo no dejo morir a los tuyos en el mío. Sobre este asunto en particular, John Rawls, aunque enfocado en la justicia entre pueblos liberales, en su obra “El derecho de gentes” (1999), sugiere que las sociedades “bien ordenadas” actúen bajo los principios de cooperación mutua: si un país ofrece atención sanitaria 100% gratuita a los ciudadanos de otra nación, es lógico y normal la expectativa de que esta última retribuya con un trato igual o similar a los ciudadanos del primer país.

Pues bien, la denuncia argentina se sustenta en que muchos países de origen de los extranjeros (por no decir todos) que reciben atención gratuita en el sistema sanitario público argentino, no ofrecen ni por cerca un nivel de acceso o gratuidad comparable a los ciudadanos argentinos en sus sistemas de salud. Esta asimetría, que es real e innegable, genera una carga unilateral para el Estado argentino, lo cual nos lleva a revisar los aporte de Juan Carlos de Pablo, quien en su análisis sobre las políticas económicas sostiene que “cuando se da algo gratis sin reciprocidad, se está generando un subsidio, y los subsidios, tarde o temprano, tienen un costo que alguien debe pagar”. Desde una perspectiva de justicia conmutativa, que busca la equidad en los intercambios, esta situación sería insostenible a largo plazo y da pie a la reivindicación de un principio básico de equidad en las relaciones interestatales. No se trata, pues, de un acto de exclusión xenófoba, sino de legitimación de una medida basada en la búsqueda de equidad bilateral en la provisión de servicios públicos esenciales.

Ahora bien, a pesar de los argumentos en favor de la reciprocidad y la sostenibilidad, la medida no está exenta de cuestionamientos éticos y riesgos considerables. La principal objeción de la postura progresista se ancla en la concepción de la salud como un derecho humano inalienable, cuya negación, incluso a los no residentes, contraviene un imperativo moral fundamental. Como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), el derecho a la salud implica que “todas las personas, sin discriminación alguna, deben tener acceso a los servicios de salud y a la información relacionada con la salud”. Privar de atención médica a una persona, especialmente en situaciones de emergencia vital, puede generar graves crisis humanitarias y vulnerar principios fundamentales de la dignidad humana.

Además, la implementación práctica de tales restricciones presenta desafíos logísticos y éticos significativos. ¿Cómo se determinará de manera efectiva y sin discriminación la residencia? ¿Qué protocolos se aplicarán en casos de emergencias, donde la vida de una persona está en riesgo? La burocratización del acceso a la salud podría generar situaciones de desamparo y vulnerabilidad, especialmente para poblaciones migrantes en situación irregular que, por diversas razones, no pueden acceder a la documentación necesaria. Esto podría derivar en un aumento de enfermedades no tratadas, lo que, paradójicamente, generaría costos sociales y sanitarios mayores a largo plazo para el propio sistema de salud público, al propiciar la propagación de afecciones que podrían haberse prevenido o tratado tempranamente.

Como podrán apreciar, queridos lectores, no es tan fácil lograr un equilibrio entre los principios éticos y las realidades. La medida del gobierno de Javier Milei, analizada desde la filosofía política, se revela como un campo de tensión entre principios deseables y realidades completamente apremiantes: por un lado, la invocación de la reciprocidad y la necesidad de sostener un sistema de salud nacional son argumentos sólidos, arraigados en una comprensión de la justicia distributiva y la soberanía estatal. La ausencia de reciprocidad constituye, en efecto, una asimetría que justifica una revisión de las políticas de acceso.

Por otro lado, la salud como derecho humano universal y el imperativo moral de no dejar desprotegido a nadie, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, son objeciones que tampoco pueden ser desestimadas. La implementación de la medida deberá ser matizada para evitar que los más vulnerables queden totalmente desprotegidos y para que no se generen crisis humanitarias que, a la larga, redundan en un mayor costo humano, social, político y económico.

Reitero, la discusión sobre las restricciones sanitarias a extranjeros subraya la imperiosa necesidad de políticas de reciprocidad mutua. Estas políticas no son simples instrumentos pragmáticos, sino que encarnan un equilibrio prudente entre dos extremos antagónicos: por un lado, un universalismo desmedido, que podría comprometer la viabilidad de los servicios públicos nacionales y, por otro, un nacionalismo liberal excluyente que niega los derechos humanos básicos.

La reciprocidad, entendida como un acuerdo entre naciones para ofrecer beneficios similares a sus respectivos ciudadanos, se alza como un mecanismo para asegurar la justicia distributiva a escala internacional, como referenciamos precedentemente. No se trata de una “mano dura” o de una “puerta cerrada”, sino de un llamado a la equidad y a la cooperación. En este sentido, es necesario evocar los principios del derecho cosmopolita formulados por Immanuel Kant, quien en su ensayo titulado “Sobre la paz perpetua” (1795), argumenta a favor de una “hospitalidad universal”, entendida no como un derecho filantrópico y hippie posmoderno, sino como el derecho de un extranjero a no ser tratado hostilmente al llegar al territorio de otro.

Sin embargo, esta hospitalidad tiene un límite en la capacidad del Estado anfitrión y en la necesidad de un respeto mutuo entre los pueblos. Concretamente, Kant postula que “el derecho cosmopolita debe limitarse a las condiciones de la hospitalidad universal. Es el derecho de un extranjero a no ser tratado con hostilidad en el territorio ajeno. No es un derecho de los huéspedes, sino un derecho de visitantes, derivado del derecho de propiedad común de la superficie de la Tierra” (Kant, I. , 1795, p.116)

Esta perspectiva kantiana nos convoca a pensar en la importancia de las relaciones basadas en el respeto mutuo y el deber, donde la generosidad de una nación no debe traducirse en una carga insostenible si no hay una contraparte. Adoptar políticas de reciprocidad mutua fomenta el diálogo diplomático y la negociación de acuerdos bilaterales o multilaterales. En lugar de una imposición unilateral, se busca una solución pactada que reconozca los derechos de las personas mientras se protege la capacidad de los Estados para financiar sus servicios esenciales. Esto previene la “carga excesiva” sobre los sistemas de salud de países con mayor apertura o capacidad, y al mismo tiempo, incentiva a otras naciones a desarrollar y fortalecer sus propios sistemas de salud para sus ciudadanos y para aquellos extranjeros que los visitan.

En pocas palabras, la reciprocidad es, en esencia, una invitación a la co-responsabilidad global, donde la generosidad de una nación se encuentra con la correspondiente consideración de las otras. Sólo a través de este enfoque equilibrado podremos aspirar a un sistema de salud global más justo y sostenible, que honre tanto el derecho universal a la salud como la soberanía y la capacidad de cada Estado.

En última instancia, queridos lectores, este debate obliga a que los Estados se enfrenten a la pregunta fundamental: ¿qué tipo de comunidad desean ser? ¿Una que extiende la mano sin límites, aún a riesgo de su propia sostenibilidad, o una que, buscando la justicia y la equidad en las relaciones internacionales, establece límites a su generosidad? La filosofía política no puede ofrecer respuestas unívocas, sino herramientas para el análisis crítico de las complejas decisiones que los gobiernos deben tomar en un mundo interconectado pero profundamente asimétrico. La búsqueda de una solución, si la hay, residirá probablemente en un punto de equilibrio, un acuerdo recíproco y pragmático que reconozca tanto los derechos universales como las realidades materiales de las naciones.

Ahora bien, si me lo preguntas personalmente, yo te responderé: “Quiero que mi país sea generoso contigo, como también quiero que tú país sea igualmente generoso conmigo”

Lisandro Prieto Femenía.
Docente. Escritor. Filósofo
San Juan – Argentina

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Exdiputados y exfuncionarios de ARENA y FMLN están vinculados a una red de organizaciones no gubernamentales (ONG) señaladas de financiarse en varios ejercicios fiscales con fondos del Presupuesto General de la Nación, para realizar activismo político.

Los cuestionamientos contra las ONG se reavivaron porque el lunes pasado varias personas de la cooperativa El Bosque, del distrito de Santa Tecla, fueron instrumentalizadas por «grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas» para protestar frente a una residencial privada sin relación con el caso, según denunció el presidente de la república, Nayib Bukele.

El sociólogo y analista Mauricio Rodríguez explicó que los partidos tradicionales comenzaron a recurrir nuevamente a los viejos métodos de la guerra para atacar al Gobierno por medio de las ONG u otras organizaciones de fachada.

«Son organizaciones que reciben fondos para tratar de desestabilizar y deslegitimar con protestas constantes. Están tratando de replicar el libreto de los años ochentas, quieren generar mártires», planteó el sociólogo.

La vinculación de los exfuncionarios areneros y efemelenistas con organizaciones fue establecida por la comisión especial que investigó a las «ONG fachada» en la legislatura anterior, con base a datos recolectados por abogados penalistas que fueron contratados por la Asamblea Legislativa para colaborar en las investigaciones. Este expediente, así como el aviso de investigación, están en manos de la Fiscalía.

«ARENA y FMLN usaron las ONG como un soporte mezquino de activismo político, manipulando las necesidades, angustia e ingenuidad de la población bajo su influencia», dijo Martínez.

Según el informe, la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas) -de la cual la entonces diputada efemelenista Lorena Peña fue fundadora- recibió $518,890 entre 2011 y 2019 para proyectos.

El exdiputado efemelenista Jorge Schafik Hándal y el exsecretario de Comunicaciones del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, Eugenio Chicas, fueron directivos de la ONG Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (Fundaspad), que recibió $639,000 de fondos públicos.

Las exdiputadas efemelenistas Blanca Flor Bonilla y Rosa Alma Cruz Marinero fueron directivas, según el informe, de la ONG Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES); sin embargo, no se presentaron a declarar ante la comisión especial por los $2.5 millones que recibió la organización.

Milena Calderón de Escalón y Mariella Peña Pinto, legisladoras de ARENA, también fueron directivas de ONG que recibieron fondos públicos. De Escalón fue directiva de la Fundación Ambientalista de Santa Ana (Fundasan), que recibió $316,650 de fondos públicos; en tanto, Peña Pinto lo fue de la Fundación Nacional de Arqueología (Fundar), ONG que recibió $559,100 entre 2005 y 2009.

El sociólogo René Martínez cuestionó el quehacer de las ONG porque están influenciadas por intereses políticos de la oposición. «Pervirtiendo la naturaleza original de las ONG, las cuales fueron creadas para afrontar algunos problemas de justicia social y atención a los grupos más vulnerables, los partidos ARENA y FMLN las convirtieron en una fuente más de corrupción, desvío ilegal o ilegítimo de fondos», señaló Martínez.

«Son organizaciones que reciben fondos para tratar de desestabilizar y deslegitimar con protestas constantes. Están tratando de replicar el libreto de los años ochentas, quieren generar mártires», puntualizó.

El siguiente texto fue escrito por el sociólogo y analista Mauricio Rodríguez, y ha sido retomado de la Dirección de Estudios Sociales (DES).

Opinión | Mauricio Rodríguez
Sociólogo y analista
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.