Opinet
El proceso de paz en Marruecos y la contribución de Centroamérica
El 30 de abril pasado, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enfocó nuevamente el Sáhara Occidental y el plan de autonomía presentado por el Reino de Marruecos el año 2007 -el cual ha sido calificado con anterioridad como una propuesta “seria, realista y creíble” por la comunidad internacional- de tal suerte que emitió la Resolución 2498 (2019) para prorrogar así por seis meses -hasta el 31 de octubre del presente año- el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).
Esta importante Resolución ocurrió siete días después de que, en Ciudad de Guatemala, los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), junto al Secretario General, Vinicio Cerezo, y la Secretaria de Estado de las Relaciones Exteriores y de la Cooperación Internacional de Marruecos, Mounia Boucetta, suscribieran un Memorando de Entendimiento que permitirá el establecimiento del Foro de Diálogo Político y de Cooperación entre los países del SICA y Marruecos.
El acuerdo permitirá mayor intercambio de información y coordinación de la cooperación marroquí con los países del SICA. “Es un momento histórico para el Sistema y estamos seguros de que este paso fortalecerá los lazos de amistad política y colaboración entre nuestros países, así como estrechar la cooperación de ambas partes en el marco del proceso de la integración centroamericana”, afirmó Cerezo.
Marruecos ha reforzado sus relaciones de amistad y cooperación con Centroamérica desde que instaló el año 2011 su primera embajada en Guatemala, la cual es concurrente ante El Salvador. El 2014, Marruecos fue admitido, por unanimidad, como Observador Extra-Regional del SICA. Un año después, las dos cámaras legislativas de Marruecos ingresaron como Observador Permanente en el Parlamento Centroamericano. Y ahora se profundiza la relación con este Memorando de Entendimiento.
Frente a esta nueva Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué hacer por nuestro socio y cooperante?
EL CONSENSO SOBRE EL PLAN DE AUTONOMÍA
Desde el lanzamiento del plan de autonomía por Marruecos, la propuesta ha ganado el consenso en la comunidad internacional, contando, lamentablemente, con la oposición del Frente Polisario y los vecinos Argelia y Mauritania.
En abril de 2018, con 12 votos a favor y 3 abstenciones, el Consejo de Seguridad llamó al Polisario a retirarse “inmediatamente” de la zona de separación en el área de Guerguerat, al sur del Sáhara Occidental. Repetidamente, el Consejo de Seguridad ha condenado los avances armados del Polisario.
Ciertamente, el Polisario ya no es la organización de los 70s, 80s, cuando impulsó el reconocimiento a una “República Árabe Saharaui Democrática”. En fecha reciente, Marruecos ha denunciado los lazos del Polisario con Irán y Hezbollah (milicia pro-iraní en El Líbano). Esta denuncia, junto con el rompimiento de relaciones diplomáticas entre Marruecos e Irán, arribó a Washington D.C. El 29/09/18, los congresistas republicanos Joe Wilson y Carlos Curbelo junto con el demócrata Gerry Connolly, presentaron un proyecto de ley que reafirma la relación entre Estados Unidos y Marruecos, condena la colusión entre el Polisario y Hezbollah, y las finalidades desestabilizadoras de Irán en el Norte de África y en otras regiones. «El Reino de Marruecos fue la primera nación en reconocer a los Estados Unidos en 1777 y sigue siendo un aliado estratégico importante y un socio por la paz en el Oriente Medio y en el Norte de África», afirmó el congresista Wilson.
El proyecto de ley califica al Polisario como “una organización terrorista financiada por Irán” al tiempo que reafirma el apoyo al plan marroquí de autonomía, calificándolo de «serio, creíble y realista» en términos de constituir «un paso adelante con el fin de satisfacer las aspiraciones de las poblaciones del Sáhara a gestionar sus propios asuntos en paz y dignidad». El texto llama al presidente Donald Trump, al Secretario de Estado, Mike Pompeo, y a la representación estadounidense en la ONU, a apoyar los esfuerzos de la ONU por un arreglo pacífico al conflicto en el Sáhara.
La propuesta marroquí desde el año 2007 no ha sido vetada dentro del Consejo de Seguridad por potencia alguna. Esta nueva Resolución del 30 de abril fue aprobada por 13 votos registrándose la abstención de Rusia (permanente) y Sudáfrica (alterno). Francia, potencia que ocupó militarmente Marruecos y el norte de África, reiteró que el plan de autonomía de Marruecos debe considerarse como base de negociación para la solución del conflicto. “Me gustaría aprovechar esta oportunidad para reafirmar que Francia considera el plan de autonomía marroquí como una base seria y creíble para las negociaciones destinadas a alcanzar una solución política definitiva a la cuestión del Sahara”, señaló la representante adjunta francesa ante la ONU, Anne Gueguen.
Por su parte, los representantes de Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial, miembros alternos del Consejo de Seguridad, también respaldaron el plan de autonomía presentado por Rabat al que calificaron como “un esfuerzo realista, viable y creíble”. Al mismo tiempo, destacaron el imperativo de respetar la soberanía e integridad territorial de Marruecos.
La resolución del Consejo de Seguridad destaca el papel de Argelia y Mauritania como actores en el diferendo y les demanda su contribución positiva en la búsqueda de una solución en la mesa de negociaciones con Marruecos. Mauritania tiene adyacencia geográfica con Marruecos y Argelia, y consanguíneos con la población saharaui y otros grupos étnicos en el Sáhara Occidental, pero en general su papel en el conflicto ha sido de “neutralidad”, si bien en algunos momentos Mauritania ha roto comunicación con el Polisario y nunca ha permitido una representación en su capital Nuakchot.
El papel de Argelia, al contrario, ha sido crucial en el conflicto no sólo por el apoyo político y financiero del gobierno militar a la dirigencia del Polisario y que en su territorio se localizan campamentos de refugiados saharauis, sino también porque, hoy día, experimenta una transición cuyo motor son las multitudinarias manifestaciones en la calle que forzaron la dimisión de Abadelaziz Bouteflika, entronizado gobernante desde 1999 quien, a sus 82 años y gravemente enfermo, se había presentado a su quinta reelección.
Las multitudes en las calles desconfían de los militares aliados de Bouteflika que han tomado el poder, a pesar que ya se estableció el 4 de julio próximo como la fecha para elecciones presidenciales. Los manifestantes y la sociedad civil reclaman que se construyan instituciones dedicadas a una verdadera transición política, y no a la extensión del régimen autoritario sólo que sin Bouteflika. «El pueblo es más grande que la Constitución», se ha leído en las mantas y carteles de los ciudadanos. Para los manifestantes, las elecciones del 4 de julio no pueden ser libres ya que están siendo organizadas por las instituciones y personalidades heredadas de 20 años de poder de Bouteflika, marcados por comicios fraudulentos. Esta presidencial es «legal pero no legítima», sentenció Louisa Dris-Aït Hamadouche, una reconocida politóloga de la Universidad de Argel.
Cabe esperar que esta misma transición política se traduzca en un viraje positivo para las negociaciones hacia la autonomía del Sáhara Occidental. El territorio argelino, especialmente la región de Tinduf, ha sido huésped de miles de refugiados saharauis desde hace 40 años. A estas alturas, la ONU estima que alrededor del 60 % de la población saharaui refugiada es menor a los 30 años, es decir, nacieron en los campamentos. Cientos de estos jóvenes se han beneficiado de medidas de confianza supervisadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) desde el año 2004, entre ellas el establecimiento de vuelos comerciales entre Tinduf y el Sáhara marroquí propiciando así el reencuentro de familias separadas por el conflicto.
Organizaciones no gubernamentales africanas han condenado, los últimos años, el desvío por el Polisario, en complicidad con funcionarios de Argelia, de la ayuda humanitaria que debe llegar a los campamentos en Tinduf. Esas organizaciones insisten en la demanda, hecha también por el ACNUR, para que Argelia deje de oponerse a la identificación y censo de las poblaciones de esos campamentos a fin de cuantificar de forma realista la ayuda humanitaria que se les asigna. Han denunciado, igualmente, la malversación financiera y el desvío de alimentos y medicamentos que son vendidos en el sur de Argelia, en Mauritania y hasta en Mali.
Los refugiados en Tinduf sobreviven, en gran medida, gracias a la cooperación internacional que por momento decae debido a que debe enviar fondos para asistir a refugiados generados por otros conflictos. En las proximidades, Marruecos prosigue con la ejecución de la autonomía del Sáhara. El 2015, fueron electas, bajo supervisión internacional, autoridades regionales y municipales las cuales cuentan con un presupuesto quinquenal para el desarrollo de alrededor de US$ 8 mil millones. Estas elecciones contaron con una participación del 79% de la población. Los proyectos de desarrollo que se ejecutan están orientados a facilitar el retorno a Marruecos de los refugiados, de conformidad al Derecho Internacional.
Marruecos ha expuesto en la ONU evidencias de que en los campamentos en Tinduf la situación se agrava para los refugiados quienes, por diversos medios, han expresado su descontento ante restricciones impuestas por el Polisario que habría llegado a desplegar hasta vehículos blindados para mantener el control sobre los campamentos. Es de esperar así que florezca la primavera democrática en Argelia y ella facilite una reorientación de su política exterior en términos de su colaboración efectiva en las negociaciones para alcanzar la autonomía del Sáhara Occidental.
¿HACIA UN SOLUCION DURADERA?
Centroamérica no posee los recursos naturales de Argelia, ni por cerca. En el otro ángulo, la evolución democrática desde finales de los ochenta en Centroamérica, aún sin una plena reconciliación dentro de cada país y entre los países, nos coloca a los centroamericanos en una mejor posición institucional con todo y el déficit de desarrollo atribuido a la corrupción que cada día se combate con mayor fuerza y determinación.
La riqueza del gas natural y el petróleo se la han repartido los militares, los empresarios y los líderes políticos afines al régimen de Bouteflika. Al gasto militar se destina el 10% del PIB lo que representa la mitad de lo que gasta todo el continente, convirtiéndolo en el mayor importador de armas de África. Argelia, miembro de la OPEP desde 1969, ha caído en la incapacidad para producir su cuota por la falta de inversión en su industria petrolera. Aunque posee la décima reserva de gas natural más grande del mundo y las terceras de gas de esquisto, no capta inversión extranjera pues el Estado retiene el 51% de la propiedad de los proyectos. Por ello, las exigencias ciudadanas por democracia en el corto y largo plazos son determinantes incluso para rescatar a Argelia del desastre económico y productivo. “El mantenimiento del estatus quo ya no es viable”, explicó Dalia Ghanem, investigadora argelina del Carnegie Middle East Centre en Beirut.
Desde Centroamérica, vemos con claridad los obstáculos para la pacificación del Sáhara Occidental. No fueron en balde los conflictos armados, y la turbulencia político-militar articulada con la Guerra Fría, que padecimos por décadas. Así se plasmó en el Protocolo de Tegucigalpa de 1991: “El SICA tiene como objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica, para constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo” (Art. 3).
El SICA debe respaldar como bloque de ocho naciones la Resolución del Consejo de Seguridad del 30 de abril en todos sus puntos, no sólo por ser Marruecos nuestro socio sino también por la paz en África y el mundo. Debe el SICA sumarse al respaldo internacional para el plan de autonomía presentado responsablemente por Marruecos desde el 2007 y llamar al Polisario a una rectificación histórica por la población saharaui que dice aún representar, igualmente a Argelia confiando que arribe a ese país “la primavera democrática”.
Aquí tiene un tema relevante de política exterior el nuevo Gobierno de El Salvador 2019-2024, en varias vías. El presidente Nayib Bukele, quien asumirá la presidencia semestral del SICA a finales de junio próximo, desde la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, puede invitar a sus homólogos a brindar el respaldo político y diplomático a la Resolución del Consejo de Seguridad, respaldo que contribuiría a robustecer el nuevo nivel de diálogo y cooperación con Marruecos tras la firma del Memorando de Entendimiento. Por otra parte, en la Asamblea General de la ONU, el Gobierno de El Salvador puede expresar este apoyo en nombre del SICA, potestad que le brinda dicha presidencia pro témpore pues a una voz elevaría una posición común regional en el foro planetario.
Finalmente, a título nacional, pues constitucionalmente dirige las relaciones exteriores, el presidente Bukele puede declarar su respaldo a la Resolución. El fortalecimiento de la relación bilateral El Salvador-Marruecos es importante por igual, en aras de facilitar las inversiones desde Marruecos en ámbitos comunes como el turismo, la migración y la lucha contra el cambio climático en los que Marruecos es líder internacional. Una visita oficial a Rabat dinamizaría, sin duda, la relación bilateral.
Ciertamente, la causa de la paz de Marruecos y el Sáhara Occidental es a la vez causa para la paz del planeta -en el marco de las Naciones Unidas- así como la paz, la seguridad, la democracia y el desarrollo siguen constituyendo motivo de cooperación y solidaridad de la comunidad internacional con Centroamérica.
Artículo de Opinión: Doctor Napoleón Campos.
Analistas nacionales coinciden en que la política de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele no solo ha logrado una histórica reducción de homicidios y extorsiones en El Salvador, sino que también se ha convertido en un referente internacional para otros gobiernos que enfrentan altos niveles de criminalidad.
El analista Francisco Góchez aseguró que la estrategia salvadoreña, encabezada por el Plan Control Territorial (PCT), ha captado la atención mundial por su efectividad. “Ha logrado desarticular a las pandillas que, durante décadas, causaron sufrimiento a la población”, señaló. Góchez destacó que la baja sostenida en delitos como homicidios y extorsiones es “un logro objetivo e innegable” que podría ser adaptado por otras naciones.
Como parte del interés internacional, recientemente una delegación de funcionarios de Ecuador visitó El Salvador para conocer de cerca el modelo de seguridad salvadoreño. Además, países como Honduras, Chile y el mismo Ecuador han optado por implementar estados de excepción como medida para enfrentar el crimen organizado, inspirados en parte en la experiencia salvadoreña.
Desde marzo de 2022, el Gobierno salvadoreño ha mantenido vigente el régimen de excepción como complemento al PCT, con el respaldo mayoritario de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC en la Asamblea Legislativa. Según cifras oficiales, la medida ha permitido la captura de más de 85,900 presuntos pandilleros. Sin embargo, diputadas y diputados de ARENA y VAMOS han votado sistemáticamente en contra de su aprobación y prórrogas.
Para el sociólogo René Martínez, el modelo de seguridad de Bukele es ya un punto obligado en cualquier debate global sobre seguridad pública. “No se puede obviar el impacto de esta estrategia en foros internacionales”, expresó. Martínez también afirmó que Bukele es visto por muchos como un modelo de liderazgo político efectivo. “Es el tipo de mandatario que otros pueblos quisieran tener para resolver los problemas que los aquejan”, opinó.
Ambos expertos coinciden en que el enfoque del Gobierno salvadoreño prioriza los derechos de las víctimas por encima de los de los victimarios, un enfoque que ha marcado una diferencia sustancial respecto a políticas de seguridad anteriores en la región.
Retomado de Diario El Salvador
Los analistas políticos Nelson Flores y Mauricio Rodríguez señalaron que ahora El Salvador es un país donde se respetan las leyes, y por ese motivo la oposición política trata de cubrir los delitos que cometen miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) de fachada.
La corrupción cometida por ONG que recibían fondos públicos, procedentes principalmente del presupuesto general de la nación, fue investigada por la legislatura anterior, y todo el expediente fue remitido a la Fiscalía General de la República (FGR) para que judicialice los casos.
«A ellos no se les persigue por posturas políticas, se les persigue porque ha habido una investigación muy robusta de un delito y deben comparecer ante los tribunales. Es ahí donde deben demostrar su inocencia, no vociferando en las calles con discursos inventados», expresó Flores, quien también es especialista en administración pública.
Los fundadores y directivos de algunas de las ONG que recibían fondos públicos, según la investigación realizada por la legislatura anterior, son exdiputados y exfuncionarios de ARENA y del FMLN, quienes incluso votaron por las asignaciones para sus ONG o de sus allegados.
«Somos un país de leyes, y nadie está sobre esas leyes. Ellos tratan de cubrir sus delitos en las ONG de fachada porque saben muy bien que se beneficiaron con ese modelo sistémico de corrupción que diseñaron los gobiernos del FMLN y de ARENA cuando estuvieron en el poder», añadió Flores.
Para Rodríguez, dichos partidos tienen como «estrategia mediática» que las investigaciones de las autoridades sobre casos de corrupción parezcan como persecución política contra opositores.
«Todos los casos los están matizando de persecución política. ARENA y el FMLN recurren a este tipo de acciones para tratar de buscar un mártir», consideró Rodríguez, sociólogo de profesión.
Opinión | Nelson Flores y Mauricio Rodríguez
Analistas Políticos
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
Por: Lisandro Prieto Femenía
«¡Cristo no cesa de llamar, no cesa de indicar el camino hacia aquellos ‘altos ideales’ de los que hablaba el poeta! ¡No cesa de pedir un testimonio de la conciencia, de la vida! ¡Pide ‘hombres de espíritu’, pide ‘corazones puros’! ¡Pide hombres que sean hermanos, que sepan construir sobre la tierra ‘puentes’ y no ‘muros’!»
Juan Pablo II. (1979). Discurso a los jóvenes en el estadio de Cracovia.
La ascensión de León XIV al trono de Pedro acontece en un momento histórico marcado por la persistente sombra de la guerra. Los conflictos en Ucrania, con su estela de destrucción y desplazamiento, y la desgarradora situación en Gaza, crisol de tensiones ancestrales y reciente devastación, claman por una intervención que trascienda la mera condena en un mensaje misal. Ante este panorama desolador, los católicos nos preguntamos con apremio: ¿qué posibilidades reales ostenta el nuevo pontífice para erigirse como un agente efectivo de paz en estos escenarios de profunda fractura?
Para abordar esta cuestión con la seriedad que amerita, es imprescindible que recurramos a voces medianamente autorizadas que han dedicado su vida a la reflexión del intrincado vínculo entre la fe, la ética y la política internacional. Hans Küng, con su visión ecuménica y su llamado a una “ética global”, nos recuerda que la paz duradera entre las naciones se cimienta en la paz entre las religiones, un diálogo sincero que desentrañe los fundamentos de cada credo para construir puentes de entendimiento mutuo. En este sentido, la figura del Papa, investido de una autoridad moral que resuena más allá de las fronteras confesionales, podría erigirse en un catalizador de encuentros interreligiosos de alto nivel, siguiendo la senda trazada por sus predecesores. En su “Proyecto de una ética mundial”, Küng afirmó que “no habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. No habrá diálogo entre las religiones sin investigación de los fundamentos de cada una de ellas” (Küng, H., 1991, p.21). Pues bien, esta convocatoria a líderes ortodoxos rusos y representantes del mundo islámico para explorar vías de diálogo sobre la sacralidad de la vida y la urgencia de la justicia podría sembrar semillas de esperanza en terrenos áridos por la desconfianza, la violencia innecesaria y el resentimiento.
Sin embargo, tampoco podemos obviar las limitaciones inherentes al poder terrenal de la Santa Sede. Como lúcidamente señala George Weigel en “La revolución católica” (2005), la Iglesia no dispone de ejércitos ni de la capacidad coercitiva de los Estados-Nación. Su influencia radica en la persuasión moral e intelectual, cuya eficacia depende, en última instancia, de la voluntad de otros actores para escuchar y responder. En los conflictos que nos ocupan, los intereses geopolíticos en pugna, las narrativas históricas profundamente arraigadas y la escalada de la violencia dificultan de sobremanera cualquier tipo de mediación externa. La intervención papal, por elocuente y bienintencionada que sea, corre el riesgo de ser percibida como un actor más en un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven impulsadas por la lógica del poder militar y la seguridad nacional. Esta observación nos recuerda, entonces, que la influencia del papado se ejerce principalmente a través de las “armas” de la persuasión moral y la diplomacia, herramientas en desuso extremo, al menos, desde la incursión de Estados Unidos en Medio Oriente a partir del año 2003.
No obstante, la historia nos ofrece destellos de la capacidad de la Iglesia para influir positivamente en la resolución de conflictos. Recordemos brevemente la mediación de Juan Pablo II en la disputa del Beagle entre Argentina y Chile a finales de la década de 1970 y concluida en 1984 mediante la firma del Tratado de Paz, como claro ejemplo paradigmático. Ante la inminente amenaza de guerra, el Santo Padre ofreció su mediación, enviando al Cardenal Antonio Samoré como su enviado especial: en un mensaje crucial dirigido a los presidentes de facto Jorge Rafael Videla de Argentina y Augusto Pinochet Ugarte de Chile, Juan Pablo II declaró el 232 de diciembre de 1978: “Hago un llamamiento apremiante a la cordura y a la reflexión para que, superadas las actuales dificultades, se prosiga con ánimo renovado por el camino del diálogo y de la negociación, buscando soluciones justas y pacíficas que eviten a las queridas poblaciones de Argentina y Chile los horrores de una contienda fraticida” (Juan Pablo II. ,1978, Mensaje a los Presidentes de Argentina y Chile. Libreria Editrice Vaticana).Esta firme exhortación, sumada a la paciente labor diplomática del precitado Cardenal, creó un espacio para la negociación y finalmente condujo a la firma del Tratado de Paz y Amistad en 1984, evitando un conflicto bélico de graves consecuencias para la región.
Si bien reconocemos el potencial de diversos actores en la búsqueda de la paz, la Iglesia Católica se distingue por una serie de factores que le otorgan una relevancia singular en el contexto de los conflictos en Ucrania y Gaza. Su estructura jerárquica y su presencia global le permiten mantener canales de comunicación con una amplia gama de actores, incluyendo gobiernos, organizaciones internacionales y comunidades locales. Como explicita Weigel, esta red extensa facilita una diplomacia discreta y la posibilidad de ofrecer espacios neutrales para el diálogo (Weigel, G. (2005). La Revolución Católica, p. 317). Consiguientemente, la larga tradición de la Iglesia en la defensa de la justicia y la paz, articulada en su doctrina social, le confiere una autoridad moral reconocida incluso por aquellos que no comparten su fe. Sus llamados permanentes a la protección de los derechos humanos, al respeto del derecho internacional y a la búsqueda de soluciones negociadas resuenan con una fuerza particular en un mundo marcado por la avaricia, la violencia y la injusticia naturalizada.
Desde su influyente obra titulada “El testimonio político de la Iglesia”, John Howard Yoder ofrece una perspectiva distintiva sobre cómo la comunidad cristiana debe interactuar con el poder y la violencia en el mundo. Su argumento central radica en que la Iglesia, moldeada según la vida, muerte y resurrección de Jesús, está llamada a ser una comunidad de resistencia no violenta y un signo profético de la paz de Dios en un mundo marcado por la injusticia y la guerra. Para Yoder, la ética cristiana no se reduce a principios abstractos, sino que se encarna en la vida concreta de una comunidad que vive de manera alternativa al modus operandi del corrupto poder terrenal.
En el contexto de la mediación y la búsqueda de la paz, el aporte de Yoder pone el foco en que la Iglesia no debe aspirar primariamente a ejercer influencia a través de los mecanismos del poder político convencional, sino que su poder radica en su testimonio fiel al Evangelio de la paz. Esto implica una crítica radical a la lógica de la violencia y una demostración práctica de formas alternativas de resolución de conflictos basadas en el amor al enemigo, el perdón y la justicia restaurativa.
Así, la relevancia del pensamiento de Yoder para la posible intervención del Papa León XIV radica en que la autoridad de su Iglesia no se basa en su capacidad de ejercer presiones políticas o económicas, sino en la coherencia entre su mensaje y su práctica. Si la Iglesia aboga por la paz, debe también ser una comunidad que vive esa paz internamente y la irradia hacia afuera, incluso en medio de la hostilidad. Su testimonio de no-violencia activa y de solidaridad con las víctimas de la injusticia es, sin duda alguna, una fuerza transformadora que interpela las conciencias y abre caminos inesperados hacia la reconciliación. En lugar de buscar el poder para imponer la paz, la Iglesia, según Yoder, está llamada a ser un signo del Reino de Dios, donde la paz y la justicia se abrazan, ofreciendo así una visión esperanzadora y una práctica alternativa a la espiral de la violencia. Su “testimonio político”, entonces, no es una estrategia de poder, sino una fidelidad radical al Señorío de Cristo y a su mandato de amar a todos, incluso y sobre todo, a los enemigos.
Conjuntamente, es innegable que la presencia de numerosas organizaciones católicas dedicadas a la ayuda humanitaria y al trabajo por la paz en las zonas de conflicto le otorga a la Iglesia un conocimiento profundo de las dinámicas locales y la posibilidad de construir puentes de confianza con las comunidades afectadas. Esta capilaridad y su compromiso a largo plazo con las víctimas de la guerra, mal que les pese a varios, la convierten en un actor clave para la reconstrucción del tejido social y la promoción de la reconciliación.
En este punto, entonces, es crucial discernir la naturaleza fundamentalmente diferente de los conflictos precitados, pues esta distinción impacta directamente en las posibilidades y estrategias de mediación. La guerra en Ucrania, si bien con profundas raíces históricas y geopolíticas, se desarrolla principalmente entre naciones de tradición cristiana, aunque con identidades nacionales y lealtades estatales claramente diferenciadas. Las afinidades culturales y religiosas, paradójicamente, no han evitado la escalada de la violencia, pero podrían ofrecer ciertos puntos de anclaje para un futuro diálogo, apelando a valores cristianos compartidos de paz y fraternidad, como sugiere la ética global de Küng.
En contraste, el conflicto entre Israel y el mundo islámico en torno a Gaza posee una dimensión religiosa y territorial intrínsecamente entrelazada. Las disputas por la tierra están profundamente imbuidas de narrativas religiosas e identidades colectivas moldeadas por siglos de historia y fe. En este contexto, la presencia cristiana en Jerusalén, lugar sagrado para las tres religiones abrahámicas, puede ser vista como la de un pueblo que vive “en medio” de árabes y hebreos. Esta posición única, aunque históricamente marcada por la vulnerabilidad, también ofrece un potencial para el entendimiento y la mediación, al compartir lazos históricos y geográficos con ambas partes.
Como argumenta Küng, el diálogo interreligioso informado y respetuoso es fundamental para abordar los conflictos con raíces religiosas tan profundas. La Iglesia católica, con su presencia histórica en Tierra Santa y sus relaciones con líderes religiosos de ambas partes, podría desempeñar un rol facilitador en la creación de espacios de encuentro y diálogo que trasciendan las narrativas de confrontación, tan promocionadas por los rentados medios de comunicación.
Ante este intrincado panorama, León XIV podría considerar una estrategia multifacética. En primer lugar, intensificar los llamados a un cese al fuego inmediato y a la protección de la población civil, elevando su voz contra la barbarie de la guerra sin reglas que se está llevando a cabo en estos días. En segundo lugar, ofrecer los buenos oficios de la Santa Sede como espacio neutral para el diálogo entre las partes en conflicto, explorando canales diplomáticos discretos que permitan construir confianza y buscar puntos de encuentro. En tercer lugar, es crucial fortalecer la red de organizaciones católicas presentes en el terreno, brindando ayuda humanitaria y acompañamiento a las víctimas, testimoniando así el rostro compasivo de la tradición eclesial. Finalmente, se podría impulsar iniciativas de diálogo interreligioso a nivel local e internacional, buscando aliados en otras tradiciones de fe para construir un frente común por la paz, recordando la premisa de Küng sobre la interconexión entre la paz religiosa y la paz mundial.
Sin embargo, queridos lectores, está claro que la efectividad de esas posibles acciones dependerá crucialmente de la receptividad de los líderes políticos y de la voluntad de las partes en conflicto para trascender sus intereses particulares en aras de un bien mayor. La tarea que aguarda a León XIV es ardua y desafiante, pero la autoridad moral que todavía encarna y la tradición de búsqueda de la paz de la Iglesia le otorgan una ventana de oportunidad para sembrar la esperanza en un mundo quebrado por la violencia. Su voz, clamando por la justicia y la reconciliación, puede resonar en las conciencias y recordar a la humanidad su vocación fundamental a la fraternidad y a la construcción de un futuro donde la paz no sea una utopía, sino una realidad tangible que todos, en cualquier punto del globo, nos merecemos.
Lisandro Prieto Femenía.
Docente. Escritor. Filósofo
San Juan – Argentina
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