Hace 10 años, el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, el segundo del FMLN, anunciaba el inicio de operaciones del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss), un proyecto que para los sociólogos Mauricio Rodríguez y René Martínez y el politólogo Óscar Peñate no modernizó el transporte masivo de pasajeros, sino que, por el contrario, representó «corrupción, mala administración pública y botar» sobre el pavimento $45 millones adquiridos mediante un crédito internacional.

El Sitramss inició operaciones con pasajeros formalmente el 12 de mayo de 2015, con una tarifa de $0.33 por un recorrido de casi seis kilómetros en carriles segregados construidos sobre el bulevar del Ejército y la alameda Juan Pablo II, que partían desde la terminal en Soyapango y llegaban hasta el hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en San Salvador.

Mauricio Rodríguez, sociólogo que fungió como diputado en la Asamblea Legislativa cuando se debatía el proyecto, recuerda que previo a aprobarse el préstamo de $45 millones para el Sitramss hubo una oferta en México hacia el Gobierno de El Salvador para impulsar otro modelo de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), que fue rechazada por el Gobierno de Mauricio Funes.

«Casualmente yo tuve acceso, en un viaje que se hizo a Cancún, de un proyecto que fue ofrecido en México a El Salvador. Se llamaba Convenio de Yucatán», afirma Rodríguez, quien siendo legislador integró la comisión de obras públicas, transporte y vivienda de la Asamblea, mesa que siguió antes, durante y después el proyecto de transporte insigne de los gobiernos farabundistas.

El exdiputado recuerda que por medio del convenio se ofreció un préstamo por $40 millones, que al suscribirse se condonaba el 50 %, es decir, que «solo se pagarían $20 millones del monto con la única condición de que la flota de autobuses se comprara en México y se les diera a los transportistas».

El convenio, financiado por medio del Fondo de Yucatán, nació para mejorar la conectividad, el comercio y la competitividad de la región; sin embargo, Rodríguez asegura que «el FMLN ya tenía en su haber el negocio con Brasil […] y lo que hicieron fue endeudar al país con $45 millones y ofrecer muchas cosas. El negocio ya lo tenían hecho. No quisieron escuchar otras voces. Ya tenían los votos».

Fue en noviembre de 2011 cuando el congreso salvadoreño autorizó al Gobierno de Funes suscribir con el Banco Internacional de Desarrollo (BID) un contrato de préstamo por los $45 millones para financiar el Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, crédito que fue ratificado en enero de 2012.

«Ese sistema fracasó aparatosamente porque, desde el principio, fue visto por la dirigencia del FMLN como otra forma de corrupción y favoritismo político con sus allegados, dentro de los cuales estaban los empresarios más voraces del transporte público», recuerda, por su parte, el sociólogo René Martínez.

El proyecto inició su construcción durante la administración Funes, y previo a su operación oficial tuvo dos etapas: sin pasajeros, del 11 al 20 de enero de 2015, y con usuarios y pasaje gratis del 21 de enero al 21 de febrero de 2015. Más tarde el Sitramss amplió su recorrido hasta la Plaza Salvador del Mundo, al poniente de San Salvador, usando la red vial ya existente.

Según lo planteado en el programa del proyecto de movilidad masiva, se buscaba «mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general en el Área Metropolitana de San Salvador».

Para Martínez, aquello que se pudo considerar como «buena idea» para mejorar la movilidad «terminó siendo un botín de $45 millones para los corruptos, razón por la que el proyecto del FMLN terminó siendo emblemático, pero en materia de corrupción».

Los gobiernos farabundistas buscaban con el Sitramss «estructurar una ciudad competitiva, eficiente y equitativa, que ofreciera oportunidades de movilidad sostenible a la población de menores recursos y facilitar el transporte hacia las oportunidades de trabajo y desarrollo económico y social», según la teoría sobre el proyecto.

El politólogo Óscar Peñate recuerda que al «proyecto Sipago-Sitramss se le considera, después de la represa El Chaparral, el segundo gran monumento a la corrupción cometida por altos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y del Viceministerio de Transporte de los gobiernos de FMLN».

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió fallos sobre el Sitramss, que iban desde abrir el carril segregado a vehículos particulares, declarar inconstitucional el uso del carril segregado y dar un plazo de un año a la Asamblea Legislativa para que regulara la licitación y explotación de la obra, lo que no se cumplió.

Hoy, luego de 10 años del primer recorrido, el Sitramss tiene con juicios a varios exfuncionarios y empresarios relacionados con el proyecto, así como a su flota de autobuses articulados y «padrones», y sus estaciones de servicio (paradas) en completo abandono y deterioro por el correr del tiempo.

Opinión | Mauricio Rodríguez, Sociólogo y analista
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.

Analistas nacionales coinciden en que la política de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele no solo ha logrado una histórica reducción de homicidios y extorsiones en El Salvador, sino que también se ha convertido en un referente internacional para otros gobiernos que enfrentan altos niveles de criminalidad.

El analista Francisco Góchez aseguró que la estrategia salvadoreña, encabezada por el Plan Control Territorial (PCT), ha captado la atención mundial por su efectividad. “Ha logrado desarticular a las pandillas que, durante décadas, causaron sufrimiento a la población”, señaló. Góchez destacó que la baja sostenida en delitos como homicidios y extorsiones es “un logro objetivo e innegable” que podría ser adaptado por otras naciones.

Como parte del interés internacional, recientemente una delegación de funcionarios de Ecuador visitó El Salvador para conocer de cerca el modelo de seguridad salvadoreño. Además, países como Honduras, Chile y el mismo Ecuador han optado por implementar estados de excepción como medida para enfrentar el crimen organizado, inspirados en parte en la experiencia salvadoreña.

Desde marzo de 2022, el Gobierno salvadoreño ha mantenido vigente el régimen de excepción como complemento al PCT, con el respaldo mayoritario de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC en la Asamblea Legislativa. Según cifras oficiales, la medida ha permitido la captura de más de 85,900 presuntos pandilleros. Sin embargo, diputadas y diputados de ARENA y VAMOS han votado sistemáticamente en contra de su aprobación y prórrogas.

Para el sociólogo René Martínez, el modelo de seguridad de Bukele es ya un punto obligado en cualquier debate global sobre seguridad pública. “No se puede obviar el impacto de esta estrategia en foros internacionales”, expresó. Martínez también afirmó que Bukele es visto por muchos como un modelo de liderazgo político efectivo. “Es el tipo de mandatario que otros pueblos quisieran tener para resolver los problemas que los aquejan”, opinó.

Ambos expertos coinciden en que el enfoque del Gobierno salvadoreño prioriza los derechos de las víctimas por encima de los de los victimarios, un enfoque que ha marcado una diferencia sustancial respecto a políticas de seguridad anteriores en la región.

Retomado de Diario El Salvador

Los analistas políticos Nelson Flores y Mauricio Rodríguez señalaron que ahora El Salvador es un país donde se respetan las leyes, y por ese motivo la oposición política trata de cubrir los delitos que cometen miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) de fachada.

La corrupción cometida por ONG que recibían fondos públicos, procedentes principalmente del presupuesto general de la nación, fue investigada por la legislatura anterior, y todo el expediente fue remitido a la Fiscalía General de la República (FGR) para que judicialice los casos.

«A ellos no se les persigue por posturas políticas, se les persigue porque ha habido una investigación muy robusta de un delito y deben comparecer ante los tribunales. Es ahí donde deben demostrar su inocencia, no vociferando en las calles con discursos inventados», expresó Flores, quien también es especialista en administración pública.

Los fundadores y directivos de algunas de las ONG que recibían fondos públicos, según la investigación realizada por la legislatura anterior, son exdiputados y exfuncionarios de ARENA y del FMLN, quienes incluso votaron por las asignaciones para sus ONG o de sus allegados.

«Somos un país de leyes, y nadie está sobre esas leyes. Ellos tratan de cubrir sus delitos en las ONG de fachada porque saben muy bien que se beneficiaron con ese modelo sistémico de corrupción que diseñaron los gobiernos del FMLN y de ARENA cuando estuvieron en el poder», añadió Flores.

Para Rodríguez, dichos partidos tienen como «estrategia mediática» que las investigaciones de las autoridades sobre casos de corrupción parezcan como persecución política contra opositores.

«Todos los casos los están matizando de persecución política. ARENA y el FMLN recurren a este tipo de acciones para tratar de buscar un mártir», consideró Rodríguez, sociólogo de profesión.

Opinión | Nelson Flores y Mauricio Rodríguez
Analistas Políticos
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.