La reciente sentencia que ha comunicado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia confirma una reducción en el margen de maniobra con el que contaba el Órgano Ejecutivo para establecer medidas preventivas que protegen la salud y la vida de la población.

En la sentencia 4-2020, los magistrados concentraron sus argumentos sobre el decreto 632, que pretendía dejar sin efecto las disposiciones del Gobierno para resguardar de manera proactiva la vida y la salud pública, por ejemplo, con sanciones para quienes irrespetaran la cuarentena sin justificación.

Entre abril y junio, estas medidas causaron una fuerte polémica, porque los diputados pretendían erosionar el sustento jurídico de estas herramientas para prevenir un contagio masivo, como sucede en otros países. El Presidente, como parte de su decisión de veto, expuso que la decisión de los diputados atentaba contra el derecho a la vida y contra el derecho a la salud. Como una opción más que le ley permite, se introdujo la controversia en la referida Sala.

En la resolución, los magistrados negaron que hubiera alguna vulneración a los derechos constitucionales o a la seguridad jurídica en el decreto 632, como demostró el Ejecutivo. En cambio, aseguró que las disposiciones de la Asamblea sí contenían un carácter preventivo. De esta manera, resolvieron la controversia con un sobreseimiento, lo que en términos prácticos indica que el decreto 632, que dejaba un mínimo margen de maniobra al Gobierno en el contexto de la pandemia, era válido. “Sobreséese la presente controversia constitucional incoada contra el Decreto Legislativo n° 632, aprobado el 16 de abril de 2020”, consignó la Sala de lo Constitucional.

Sin embargo, este decreto estaba sujeto al estado de emergencia nacional, que dejó de estar vigente a finales de mayo. Por lo tanto, ahora solo queda notificar a la Presidencia de la República, a la Asamblea Legislativa y publicarlo en el Diario Oficial. “Este decreto ha perdido toda posibilidad de producir las consecuencias jurídicas que pretendía, careciendo de sentido su publicación oficial”, reza el documento.

De esta manera, los planteamientos hechos por los magistrados dejan otro precedente que puede llegar a obstaculizar las acciones que emprendió el Gobierno del Presidente Nayib Bukele y que han demostrado ser efectivas en el objetivo de contener los contagios por la enfermedad del coronavirus.