Nacionales
Sala de lo Constitucional dio la razón al Gobierno y señala de inconstitucionales acciones de la A.L. para distorsionar uso de los fondos
Los diputados cometieron un error al tratar de distorsionar la distribución de recursos provenientes de fondos externos, a través del decreto 781, pues no tenían competencia legal para hacerlo, según la Sala de lo Constitucional.
La sentencia del referido tribunal de justicia se conoció el 6 de enero y está relacionada con la controversia que se originó entre octubre y noviembre del año pasado. Este proceso está relacionado con el uso de los fondos que aún están disponibles de los préstamos otorgados a El Salvador.
“Declárase que el Decreto Legislativo no. 781, aprobado por la Asamblea Legislativa el 26 de noviembre de 2020, es inconstitucional por vicio de forma”, consigna el posicionamiento de los magistrados.
Con el decreto ahora expulsado del orden jurídico nacional, el bloque de oposición en la Asamblea Legislativa intentó modificar la ejecución de un decreto anterior, que es el 640, para dirigir $288.2 millones a los alcaldes. También intentaron mover dinero hacia otros destinos, como el pago a proveedores.
Sin embargo, la Sala estableció que los diputados no tenían el fundamento legal para proceder de esta manera y ahí radica la inconstitucionalidad: “infringir los principios de planificación y equilibrio presupuestario establecidos en el artículo 226 de la Constitución”.
Es el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda (MH), el responsable de establecer los destinos de los préstamos y de los fondos obtenidos a través de títulos valores. Mäs aún, el mismo titular del MH, Alejandro Zelaya, retiró la iniciativa para ejecutar el decreto 640 a mediados de octubre. Por lo tanto, no tenían los diputados por qué retomarla.
De esta manera, sigue vigente la distribución original de los fondos, que fue exactamente sobre la que trabajó el Gobierno del Presidente Bukele.
Una nueva jornada con cero homicidios se suma a las estadísticas de febrero. De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC) el 14 de febrero finalizó sin muertes a causa de la violencia.
«Finalizamos el sábado 14 de febrero, con 0 homicidios en el país», detalló la PNC en su cuenta oficial de X.
Con este día sin homicidios, El Salvador suma un total de 11 jornadas sin muertes violentas solo en febrero. Las autoridades señalan que estos resultados se han obtenido gracias a la implementación del Plan Control Territorial y al régimen de excepción.
Estas estrategias de seguridad han permito la presencia policial y militar en comunidades consideradas de alta incidencia delictiva, así como la desarticulación de estructuras criminales.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
