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Sala de lo Constitucional dio la razón al Gobierno y señala de inconstitucionales acciones de la A.L. para distorsionar uso de los fondos
Los diputados cometieron un error al tratar de distorsionar la distribución de recursos provenientes de fondos externos, a través del decreto 781, pues no tenían competencia legal para hacerlo, según la Sala de lo Constitucional.
La sentencia del referido tribunal de justicia se conoció el 6 de enero y está relacionada con la controversia que se originó entre octubre y noviembre del año pasado. Este proceso está relacionado con el uso de los fondos que aún están disponibles de los préstamos otorgados a El Salvador.
“Declárase que el Decreto Legislativo no. 781, aprobado por la Asamblea Legislativa el 26 de noviembre de 2020, es inconstitucional por vicio de forma”, consigna el posicionamiento de los magistrados.
Con el decreto ahora expulsado del orden jurídico nacional, el bloque de oposición en la Asamblea Legislativa intentó modificar la ejecución de un decreto anterior, que es el 640, para dirigir $288.2 millones a los alcaldes. También intentaron mover dinero hacia otros destinos, como el pago a proveedores.
Sin embargo, la Sala estableció que los diputados no tenían el fundamento legal para proceder de esta manera y ahí radica la inconstitucionalidad: “infringir los principios de planificación y equilibrio presupuestario establecidos en el artículo 226 de la Constitución”.
Es el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda (MH), el responsable de establecer los destinos de los préstamos y de los fondos obtenidos a través de títulos valores. Mäs aún, el mismo titular del MH, Alejandro Zelaya, retiró la iniciativa para ejecutar el decreto 640 a mediados de octubre. Por lo tanto, no tenían los diputados por qué retomarla.
De esta manera, sigue vigente la distribución original de los fondos, que fue exactamente sobre la que trabajó el Gobierno del Presidente Bukele.
Por orden del Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, La Paz Centro, el guatemalteco Eduardo Morales Fajardo y el salvadoreño Ubaldo Reyes Juárez quedaron en detención provisional por el delito de tráfico ilícito de droga. Ambos fueron intervenidos el pasado 14 de enero por la Sección Táctica Operativa de Reacción Marítima (STORM), con un cargamento de 375 kilos de cocaína, en la bocana del Río Jiboa, en La Paz.
Según la investigación judicial, el valor de la droga en el mercado es de aproximadamente $9,427,500. Como parte de las diligencias, el juzgado ordenó que la cocaína sea destruida el próximo viernes 30 de enero.
Mientras tanto el proceso penal pasará a conocimiento del Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, en el municipio de La Paz Oeste.
Los imputados fueron detenidos a mediados de enero, en una embarcación que provenía de Nicaragua e iba hacia Guatemala. Además de la droga, la Policía les decomisó dos celulares y un sistema de posicionamiento global (GPS). «Nuestra Muralla del Pacífico es cada vez más sólida y cada operación es un mensaje claro a las estructuras criminales: este país no será plataforma del crimen organizado», expresó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, tras la captura.
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La ASA firma acuerdo con Universidad Zamorano para fortalecer la gestión de los recursos hídricos
La Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) y la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano firmaron un memorándum de entendimiento que establece una alianza estratégica orientada a fortalecer la gestión integral de los recursos hídricos en El Salvador, a través de la formación académica, la investigación científica y la cooperación técnica.
Este acuerdo tiene como objetivo impulsar acciones entre ambas instituciones que contribuyan al desarrollo de capacidades técnicas en el sector hídrico, promoviendo el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas.
Entre las principales acciones incluye pasantías para estudiantes, programas de capacitación y formación continua, proyectos de investigación aplicada y actividades académicas vinculadas a la gestión sostenible del agua.
Asimismo, el convenio facilitará la participación de estudiantes, docentes y graduados de Zamorano en iniciativas impulsadas por la ASA, lo cual fortalece el vínculo entre la academia y la gestión pública del recurso hídrico.
«Con esta alianza, la ASA reafirma su compromiso de promover la innovación, el desarrollo de talento humano especializado y la generación de conocimiento técnico que contribuya a una gestión eficiente, sostenible y responsable del agua en beneficio del país», detalló.
Mauricio Iván Hernández Espinoza purgará 16 años de prisión por haber extorsionado a una víctima en Jayaque, La Libertad Oeste, durante el 2015. La pena carcelaria fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
La investigación fiscal determinó que la víctima estuvo pagando la extorsión semanalmente durante ocho años. Todo inició en el 2015, cuando la víctima iba rumbo a su trabajo a la altura de cantón Las Flores, Distrito de Jayaque.
«El imputado interceptó a la víctima y le manifestó ser miembro de la MS-13 y le dijo que para no atentar contra su vida y la de su famililla tenía que pagarle una alta suma de dinero semanal, a cambio de dejarlo trabajar en la zona», informó la Fiscalía General de la República.
Fue hasta en marzo de 2022 que la víctima decidió denunciar al pandillero ante la Policía Nacional Civil y mediante entrega controlada de dinero lo capturaron el 5 de julio del 2023 cuando recibía el pago de la extorsión.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República presentó prueba documental, pericial y testimonial en la que se demostró la participación de Hernández y fue condenado por el delito de extorsión agravada.
