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Sala de lo Constitucional dio la razón al Gobierno y señala de inconstitucionales acciones de la A.L. para distorsionar uso de los fondos
Los diputados cometieron un error al tratar de distorsionar la distribución de recursos provenientes de fondos externos, a través del decreto 781, pues no tenían competencia legal para hacerlo, según la Sala de lo Constitucional.
La sentencia del referido tribunal de justicia se conoció el 6 de enero y está relacionada con la controversia que se originó entre octubre y noviembre del año pasado. Este proceso está relacionado con el uso de los fondos que aún están disponibles de los préstamos otorgados a El Salvador.
“Declárase que el Decreto Legislativo no. 781, aprobado por la Asamblea Legislativa el 26 de noviembre de 2020, es inconstitucional por vicio de forma”, consigna el posicionamiento de los magistrados.
Con el decreto ahora expulsado del orden jurídico nacional, el bloque de oposición en la Asamblea Legislativa intentó modificar la ejecución de un decreto anterior, que es el 640, para dirigir $288.2 millones a los alcaldes. También intentaron mover dinero hacia otros destinos, como el pago a proveedores.
Sin embargo, la Sala estableció que los diputados no tenían el fundamento legal para proceder de esta manera y ahí radica la inconstitucionalidad: “infringir los principios de planificación y equilibrio presupuestario establecidos en el artículo 226 de la Constitución”.
Es el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda (MH), el responsable de establecer los destinos de los préstamos y de los fondos obtenidos a través de títulos valores. Mäs aún, el mismo titular del MH, Alejandro Zelaya, retiró la iniciativa para ejecutar el decreto 640 a mediados de octubre. Por lo tanto, no tenían los diputados por qué retomarla.
De esta manera, sigue vigente la distribución original de los fondos, que fue exactamente sobre la que trabajó el Gobierno del Presidente Bukele.
El Gobierno de El Salvador implementará un amplio dispositivo de seguridad y logística para el desarrollo del IRONMAN 70.3 San Salvador, que incluirá el despliegue de casi 4,000 elementos de distintas instituciones, con el objetivo de garantizar la seguridad de los atletas, el orden vial y el normal desarrollo de la competencia.
El titular del Viceministerio de Transporte, Nelson Reyes, destacó que el evento representa un hito para el país, tanto a nivel deportivo como turístico.
«Esta es una competencia sumamente grande, es la primera vez que se desarrolla en el país. Son las condiciones de seguridad las que han permitido que se realice acá», expresó el funcionario en la entrevista que brindó a Radio YSKL.
Según Reyes, el dispositivo estará integrado por personal de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, gestores de tránsito y otras instituciones de apoyo.
«Son casi 4 mil elementos los que se van a desplegar para el evento. Colaborarán 2,000 efectivos de la Fuerza Armada, 1,000 de la PNC, y todo el equipo de gestores del Viceministerio de Transporte, y otras instituciones», detalló.
El funcionario detalló que la competencia iniciará en el lago de Ilopango con la etapa de natación. Posteriormente, los participantes realizarán la transición hacia el ciclismo, recorriendo el bulevar del Ejército y la carretera Panamericana hasta Cojutepeque.
El evento finalizará en el Centro Histórico de San Salvador.
Las autoridades señalaron que la competencia también tendrá un impacto positivo en el turismo y la economía nacional, debido a la llegada de atletas y visitantes extranjeros.
«Los participantes vienen de otros países no solo a la competencia, sino también a generar turismo que le hace bien a nuestro país, porque genera dinamización», afirmó Reyes.
El IRONMAN 70.3 San Salvador posiciona a El Salvador como sede de eventos deportivos internacionales. El evento deportivo será el próximo domingo 22 de febrero.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha reestructurado su operatividad institucional de cara a las elecciones de presidente de la república, diputados y concejos municipales que se realizarán el 28 de febrero de 2027.
Para tal efecto, el organismo colegiado ha creado 10 comisiones multidisciplinarias de trabajo que desarrollan funciones administrativas, operativas, logísticas, jurídicas y de planeación, según se detalla en la memoria de labores 2024-2025.
Como parte de los grupos de trabajo está la Comisión de Seguimiento I del Plan General de Elecciones [PLAGEL] 2027, cuya función es la de «dar seguimiento a la elaboración de los programas en el ámbito de sufragio en el territorio nacional y sufragio en el extranjero».
Estos programas incluyen la elaboración del Plan General de Seguridad Electoral, la inclusión e igualdad electoral, el cierre del registro electoral y generación de padrones, información y atención de consulta ciudadana, capacitación electoral, organización y logística electoral, soporte de escrutinio de la Junta Receptora de Voto (JRV).
También incluye la transmisión, procesamiento y divulgación de resultados electorales preliminares [Sistema para voto electrónico y transmisión de resultados electorales preliminares] y escrutinio final.
Esta comisión es integrada por Roxana Soriano, presidenta del TSE, una magistrada propietaria y dos suplentes.
La obligatoriedad de crear e integrar estas comisiones está normado en el artículo 50 del Código Electoral, para los fines que la institución designe, es decir, administrativo, operativo, logístico, jurídico y de planeación, «conforme sea requerido para la óptima gestión de la administración pública».
En lo relativo siempre a las elecciones, fue creada la Comisión de Seguimiento II y III del PLAGEL y la Comisión Organizadora de este plan, entre otras.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que más de $7,000 que fueron decomisados a pandilleros pasen al Estado.
Durante la audiencia de sentencia, la representación fiscal logró comprobar que los $7,087 incautados a tres pandilleros de la MS en un procedimiento realizado el 2 de julio de 2019 en San Salvador procedían de actividades ilícitas.
«Se demostró que ese dinero procedía de diversos delitos de maras o pandillas en virtud de que se encontró manuscritos de diferentes aportaciones de las diversas clicas de El Salvador, utilizado para financiar actividades ilícitas» explicó el fiscal del caso, al concluir la audiencia.
El monto fue decomisado a Santos Elías Guardado Flores, William Arnoldo Hernández Navidad y José Luis González Villalobos, quienes no lograron justificar la procedencia legal de los fondos.
Semanas atrás, el mismo juzgado resolvió que otros $30,000 pasaran al Estado por estar relacionados directamente a la actividad delictiva de agrupaciones ilícitas.
El dinero fue incautado el 2 de enero de 2023 a Kevin Eduardo Castillo Mejía en la residencial Ciudad Versalles, en San Juan Opico, La Libertad. El detenido tenía registro criminal por pertenecer a grupos criminales.
