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Pandilleros asesinan a un hombre y a su hijo de 16 años por robarle un fusil
Por robarle un fusil, pandilleros del barrio 18 Revolucionarios asesinaron a un padre y su hijo mayor en su vivienda del cantón San Antonio, comunidad La Ceiba #2, municipio El Refugio en Ahuachapán. Dos menores de edad que presenciaron el ataque se escondieron para salvarse.
La fuente policial detalla que el hecho ocurrió a las 7:40 de la noche del lunes 15 de octubre. Las víctimas fueron Edgardo Antonio Cruz Martínez, de 41 años de edad, y Moisés S., de 16; padre e hijo respectivamente.
Las primeras pesquisas del caso establecen que Cruz Martínez tenía un fusil dentro de su vivienda, el cual lo utilizaba para cuidar la zona donde vivía. Esa información llegó a manos de los delincuentes que quisieron arrebatárselo.
«Al lugar llegaron cinco sujetos vestidos de negro y con armas de fuego, los cuales hicieron ruido en las afueras de la casa para sacar de adentro al padre de familia, luego cuando él sale, le disparan», sostuvo la fuente policial.
El hijo de 16 años, al observar que los sujetos le habían disparado al papá, se armó de valor y agarró una «hondilla» y comenzó a lanzarles piedras a los delincuentes.
Sin embargo, uno de los criminales repelió el ataque con su arma de fuego. Un solo balazo a la altura del corazón lo dejo tirado en el suelo.
En la casa, también se encontraban dos hermanos menores del joven. Uno de ellos presenció el hecho y al ver a su pariente agonizando en el piso de su casa, corrió a buscar al más pequeño de la familia para intentar salvarse del ataque armado.
El menor junto al pequeño buscaron resguardarse. Cerraron la puerta y la bloquearon con lo que pudieron. Posteriormente, se escondieron para evitar que los mataran.
«Los pandilleros intentaron abrir la puerta a patadas, pero como ya habían pasado varios minutos y para evitar que fuesen detenidos, huyeron del lugar. De lo contrario, hubiésemos tenido cuatro muertos», explicó la fuente policial.
Los sujetos aún no han sido detenidos, pero de ser capturados serán acusados de homicidio agravado por los dos asesinatos.
La Fiscalía General de la República (FGR) notificó, este jueves, que Alexander Antonio García fue condenado a 20 años de cárcel por cometer un homicidio en Jiquilisco, departamento de Usulután.
Según el reporte de la FGR, el homicidio ocurrió en octubre del 2013. «Luego de una discusión, García junto a otros dos sujetos atacaron a la víctima con corvos. Los responsables huyeron del lugar, dejando a la víctima inconsciente», explicaron.
También agregaron que, tras el ataque, la víctima fue trasladad hasta el hospital San Juan de Dios, de San Miguel, pero debido a la gravedad de las lesiones perdió la vida.
García fue condenado por el delito de homicidio agravado.
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Hasta 178 años de cárcel, para una compleja estructura de traficantes de personas que se agrupó como una organización transnacional, con distribución de funciones en cada uno de sus 17 miembros.
La pena fue impuesta en San Salvador, por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, en una vista pública efectuada durante nueve días, con la exposición de un pliego de pruebas que fueron validadas y que gozaron de total credibilidad judicial.
La mayor condena fue para Celedonia Esmeralda Jerez, quien recibió 178 años de cárcel; 164 por tráfico ilegal de personas y 14 por agrupaciones ilícitas, era coordinadora y guía.
Las otras penas elevadas fueron para Andy Jefferson Morán Cortez, sentenciado a 142 años y Salvador Armando Pérez, recibió 90. A los demás les impusieron 46, 44, 34, 24, 22, 14, 12 y cinco años de prisión.
La estructura fue indagada entre enero y julio de 2021, a través de técnicas especializadas de investigación, junto a trabajo de campo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) dirigidos por un grupo de fiscales.
En las pesquisas en contra de la red lograron documentar 19 casos con un total de 82 víctimas a quienes prometieron llevar de forma segura hacia Estados Unidos.
A las personas las llevaron hasta Ahuachapán para luego moverlas a la frontera Las Chinamas para llevarlas de forma irregular hacia Guatemala. Los imputados utilizaron zonas inhabilitadas, conocidos como puntos ciegos, la idea era evadir los controles migratorios.
Se determinó que a las víctimas las cruzaban sobre el Río Paz que divide El Salvador y Guatemala, para seguir el trayecto a México y luego a Estados Unidos.
En la estructura había varios roles, identificaron a cuatro de los imputados como coordinadores directos de los traficantes de personas: Celedonia Esmeralda Jerez Clemente, William Donaldo Canizalez Hernández, Salvador Armando Pérez Conrado y Andy Jefferson Morán Cortez.
En Ahuachapán Bili Alexander Morán y Glenda Yanira Nicia de Hernández, tenían la coordinación y logística.
El transporte de las víctimas estaba a cargo de Francisco Humberto Arévalo Cortez, Rafael Edgardo Farfán Acosta, Rubén Antonio Padilla Cortez, Adalid Armando Velásquez Esquivel y Pérez Conrado quien además de ser coordinador, también ejercía esta función de transportista.
Como Guías en El Salvador la estructura designó a siete personas, entre ellos, Jonny Stanley Morán Cortez, José Edgardo Pérez Clemente y otros cinco imputados quienes también coordinaban y transportaban a víctimas.
Como colaboradores, en las pesquisas se determinó que ejercían esa función, Jaqueline Paola Medina Cabrejo, Marta Lidia Cabrejo de Pérez, Carlos Giovanni Aguilar Clemente y Edwin Rodrigo Dominguez.
