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Operación Jaque deja al descubierto que armamento militar extraído en El Salvador fue clave en negociación entre pandillas y cartel de Sinaloa
En Julio del 2016, la Fiscalía General de la República (FGR) lanzó el operativo de captura de la investigación más grande realizada en contra de la pandilla MS13 en la historia de nuestro país: La Operación Jaque, el caso que se realizó en colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos.
Ese marcó el inicio de una serie de operaciones en las que se llegaron a vincular a cabecillas de las pandillas con políticos, negocios internacionales y, según una publicación de Diario la Página, en el redes de carteles de narcotraficantes en México.
Según La Página, en el dictamen de acusación de la Operación Jaque consta que representantes de la MS13 realizaron visitas continuas a México para sostener reuniones con miembros del Cartel de Sinaloa, en ese momento dirigido por Joaquín “El Chapo“ Guzmán. Según investigadores ligados al caso, en entrevistas particulares algunos pandilleros confirmaron que parte de la negociación con el cartel se daba con base en la entrega de armamento militar que la pandilla obtenía en el país.
Según las fuentes de La Página, el cartel de Sinaloa recibía las armas y a cambio generaron un pacto de no agresión para permitir la circulación de pandilleros hacia México, lugar en donde se resguardaron los cabecillas de la pandilla más buscados por los Estados Unidos.
Investigaciones de la Fiscalía han mostrado que durante los gobiernos de ARENA y el FMLN se dio un saqueo masivo de armamento en el interior de la Fuerza Armada. El caso más grande conocido es el de la empresa CENTRUM, propiedad del expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson, que saqueó cerca de 14,000 armas y municiones de guerra de forma ilegal a partir de una permuta avalada por los generales ex ministros de Defensa, José Atilio Benítez y David Munguía Payés.
Entre las armas saqueadas por López Davidson se cuentan fusiles de guerra como los G3, municiones de grueso calibre de uso privativo de la Fuerza Armada y algunas ametralladoras también de uso exclusivo del ejército. En total, Davidson se robó un armamento valorado en más de $2 millones.
¿A quién le vendió estas armas Davidson, tomando en cuenta que su venta a particulares es ilegal? ¿Cómo movieron estas armas pesadas sin generar sospechas?
Investigaciones derivadas de la tregua entre pandillas en El Salvador demostraron que durante los gobiernos del FMLN, las pandillas fueron adiestradas en el uso de armas militares en polígonos del ejército con la venia de miembros del Gabinete de Gobierno del expresidente de la República, Mauricio Funes, quien ahora se encuentra prófugo de la justicia y asilado por el régimen autoritario en Nicaragua por varios casos de corrupción.
Amplios reportajes de la cadena han señalado que las autoridades mexicanas no cesan de incautar armamento de guerra y que en años anteriores apuntaron al cartel de Sinaloa como el cartel con mayor cantidad de armamento de guerra en el país.
Nota de: La Página
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, entregó escrituras de propiedad a familias de 21 lotificaciones, de diferentes puntos de El Salvador, quienes fueron estafadas por la corporación Argoz.
De acuerdo con las autoridades son 137 escrituras de propiedad entregadas estregadas este día, lo que garantiza la seguridad jurídica de los afectados por la Corporación Argoz S.A. de C.V.
«Hoy se están legalizando 137 lotes, en beneficio de familias que, incluso han esperado hasta 43 años por este documento», detalló la funcionaria.
Con la entrega de estas escrituras, el Ministerio de Vivienda recupera aproximadamente $1.4 millones en favor de las familias.
«Las familias beneficiadas provienen de 21 lotificaciones, ubicadas en 7 departamentos del país, y con esta entrega se está devolviendo un monto aproximado de $1.4 millones», destacó la ministra durante la entrega de escrituras.
Las familias beneficiadas residen en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Usulután y La Unión.
«Le doy gracias a Dios y al presidente Nayi Bukele. Antes todo era difícil, pero ahora vemos un cambio y eso nos llena de alegría. Me voy con una gran felicidad en el corazón por lo que estamos viviendo», dijo Lila Elvira Cuadra, residente de Santa María Portezuelo, Santa Ana.
Este martes, el ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Romeo Rodríguez y el director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), Alexander Beltrán, supervisaron las obras de construcción del nuevo puente sobre el río Guastena, en Chalatenango. Esta nueva vía se construye mediante una inversión de $4.33 millones.
El nuevo puente que conectará a los distritos de Concepción Quezaltepeque con Comalapa, en Chalatenango, beneficiará al paso de cerca de 1,964 vehículos y un tránsito promedio diario de 1,081 conductores en la zona.
Las autoridades informaron que el puente cuenta con un 58.06 % de avance y que la estructura será una moderna estructura de dos claros de 32.5 metros cada uno, con apoyo central. Su superestructura estará conformada por vigas de concreto postensado y contará con una subestructura de concreto reforzado, diseñada para brindar mayor seguridad, durabilidad y protección a las fundaciones.
«Para mí es una alegría la construcción de este puente, por muchos años yo visitaba a mi familia y tenía el temor que al regreso no pudiera pasar porque el río crecía cuando llovía muy fuerte. Ahora gracias a Dios y a nuestro presidente Bukele ya se está ejecutando este proyecto», expresó Ana de Fuentes, profesora del Centro Escolar Concepción Quezaltepeque.
La construcción del puente sobre el río Guastena también incluye obras complementarias como drenajes laterales, iluminación solar, señalización vertical y horizontal, dispositivos de seguridad vial, ciclovía y la colocación de carpeta asfáltica en caliente, garantizando condiciones óptimas de circulación y mayor seguridad para los usuarios.
El distrito de Concepción Quezaltepeque es reconocido desde hace 145 años como «la cuna de las hamacas», cuya producción ha sido declarada patrimonio cultural inmaterial de El Salvador. Este proyecto fortalece la conectividad y potencial de desarrollo económico, turístico y cultural de la zona. En esta ruta se ubican importantes atractivos como la cascada El Saltón, además de restaurantes, balnearios y el centro escolar del cantón El Pepeto.
Durante la supervisión por parte de las autoridades se desarrolló una de las actividades más importantes del proyecto: el colado de 130 metros cúbicos de concreto en la losa del puente, correspondiente al claro 1 entre el estribo 1 y la pila central.
Las autoridades prevén que, durante la temporada de lluvias, colapsará uno de los estribos del antiguo puente, afectando la conectividad de la zona. Sin embargo, en el lugar se ha edificado una estructura provisional compuesta por una bóveda metálica doble tipo super-span y un puente metálico de un solo carril, lo que ha permitido mantener el paso vehicular mientras se desarrolla la obra definitiva.
«Vamos a garantizar que en este invierno no se generen las afectaciones anteriores, tendrá una mayor área hidráulica», detalló el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Claudia Hernández, gerente del Conapina, informó que los factores de riesgo que están identificando en casos de vulneración a la niñez y adolescencia se encuentran negligencia en el cuidado, maltrato y abuso sexual. Aseguró que ahora la primera medida no es retirar a los menores del hogar, sino a los agresores.
La gerente técnica del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en la entrevista de «El Urbano News», que las principales razones por cuales reciben denuncias y avisos de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia son negligencia en el cuido, maltrato y abuso sexual.
«Hay varios factores de riesgo, por un lado, las mayores razones por las cuales llegan casos a las Juntas de Protección tienen que ver con negligencia en el cuido, maltrato y abuso sexual. Estos son los mayores factores de riesgo por los cuales estamos captando casos y restituyendo derechos», comunicó.
Indicó que también registran nuevas amenazas en el entorno de la niñez y adolescencia vinculadas a drogas, adicciones, salud mental y el mundo virtual.
«El entorno virtual puede garantizar derechos, nos puede hacer más partícipes de la vida, pero también conlleva ciertos riesgos, como imitar otros patrones, desafíos que ponen en riesgo la vida de los adolescentes, filtrar información», detalló.
En ese sentido, Hernández explicó que con base a la Ley Crecer Juntos, el Conapina mantiene diversas medidas para brindar atención a los casos de vulneración de derechos de la niñez y adolescencia.
Por ejemplo, cuenta con 16 juntas de protección, ubicada una en cada departamento del país y tres solo en San Salvador. También mantienen activada 24/7 la línea 119, en la cual reciben denuncias y avisos no solo de adultos, sino también de los mismos niños.
«Contamos con manuales, protocolos, planes, mecanismos, a través de los cuales la población puede alertarnos de situaciones para activar mecanismos. Uno de ellos son las juntas de protección. Estas son instancias administrativas de protección inmediata», explicó.
Por otro lado, informó que la institución está en proceso de instalar defensorías comunitarias de la niñez y adolescencia y de conformar comités locales de derechos en todos los municipios del país.
«Estamos en un proceso de instalar defensorías comunitarias de la niñez y la adolescencia que están en la defensa de los derechos y en las cuales van a formar parte las mismas niñas, niños y adolescentes. Son células en cada comunidad. Luego tenemos los comités locales de derechos que están en cada municipio, estamos constituyéndolo y la meta es formar este año los 44 comités locales de derechos», añadió.
