Nacionales
Operación Jaque deja al descubierto que armamento militar extraído en El Salvador fue clave en negociación entre pandillas y cartel de Sinaloa
En Julio del 2016, la Fiscalía General de la República (FGR) lanzó el operativo de captura de la investigación más grande realizada en contra de la pandilla MS13 en la historia de nuestro país: La Operación Jaque, el caso que se realizó en colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos.
Ese marcó el inicio de una serie de operaciones en las que se llegaron a vincular a cabecillas de las pandillas con políticos, negocios internacionales y, según una publicación de Diario la Página, en el redes de carteles de narcotraficantes en México.
Según La Página, en el dictamen de acusación de la Operación Jaque consta que representantes de la MS13 realizaron visitas continuas a México para sostener reuniones con miembros del Cartel de Sinaloa, en ese momento dirigido por Joaquín “El Chapo“ Guzmán. Según investigadores ligados al caso, en entrevistas particulares algunos pandilleros confirmaron que parte de la negociación con el cartel se daba con base en la entrega de armamento militar que la pandilla obtenía en el país.
Según las fuentes de La Página, el cartel de Sinaloa recibía las armas y a cambio generaron un pacto de no agresión para permitir la circulación de pandilleros hacia México, lugar en donde se resguardaron los cabecillas de la pandilla más buscados por los Estados Unidos.
Investigaciones de la Fiscalía han mostrado que durante los gobiernos de ARENA y el FMLN se dio un saqueo masivo de armamento en el interior de la Fuerza Armada. El caso más grande conocido es el de la empresa CENTRUM, propiedad del expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson, que saqueó cerca de 14,000 armas y municiones de guerra de forma ilegal a partir de una permuta avalada por los generales ex ministros de Defensa, José Atilio Benítez y David Munguía Payés.
Entre las armas saqueadas por López Davidson se cuentan fusiles de guerra como los G3, municiones de grueso calibre de uso privativo de la Fuerza Armada y algunas ametralladoras también de uso exclusivo del ejército. En total, Davidson se robó un armamento valorado en más de $2 millones.
¿A quién le vendió estas armas Davidson, tomando en cuenta que su venta a particulares es ilegal? ¿Cómo movieron estas armas pesadas sin generar sospechas?
Investigaciones derivadas de la tregua entre pandillas en El Salvador demostraron que durante los gobiernos del FMLN, las pandillas fueron adiestradas en el uso de armas militares en polígonos del ejército con la venia de miembros del Gabinete de Gobierno del expresidente de la República, Mauricio Funes, quien ahora se encuentra prófugo de la justicia y asilado por el régimen autoritario en Nicaragua por varios casos de corrupción.
Amplios reportajes de la cadena han señalado que las autoridades mexicanas no cesan de incautar armamento de guerra y que en años anteriores apuntaron al cartel de Sinaloa como el cartel con mayor cantidad de armamento de guerra en el país.
Nota de: La Página
La Dirección de Albergues, en coordinación con la organización Médicos del Mundo, entregó insumos de primera necesidad en la Casa de Retiros Padre Antonio Conte, ubicada en el barrio El Calvario, distrito de Alegría, Usulután Norte.
La entrega tiene como objetivo fortalecer la atención y el cuidado de las personas albergadas, como parte de las acciones preventivas ante la alerta por lluvias.
Además, con el apoyo del Ministerio de Salud y el Instituto Crecer Juntos, se brinda atención médica y acompañamiento psicosocial para garantizar un servicio integral a las familias.
Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de El Salvador de proteger y garantizar el bienestar de la población ante emergencias climáticas.
Un autobús de la ruta 216 estuvo a punto de caer a un barranco en la zona del desvío El Conejo, en Juayúa, departamento de Sonsonate.
De acuerdo con reportes preliminares, la rápida reacción del conductor evitó una tragedia mayor, al lograr maniobrar la unidad y evitar que se precipitara al vacío.
Equipos de emergencia y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para asistir a los pasajeros y asegurar el área. Algunos de los ocupantes sufrieron crisis nerviosas y golpes leves.
Las autoridades informaron que en las próximas horas se brindará un reporte oficial sobre el incidente.
Economia
Defensoría del Consumidor refuerza vigilancia y buenas prácticas comerciales en El Salvador
La Defensoría del Consumidor (DC) continúa fortaleciendo su labor de supervisión y promoción de buenas prácticas comerciales en todo el país. Según Ricardo Salazar, presidente de la institución, cerca de 700 establecimientos a nivel nacional aplican al menos uno de los tres programas de cumplimiento diseñados para proteger los derechos de los consumidores.
Uno de los programas más destacados es “Aquí se respeta el derecho de los consumidores”, que busca prevenir prácticas como la venta de productos vencidos, la publicidad engañosa y la falta de información en promociones y ofertas. Además, fomenta que los precios sean claramente visibles para los clientes, conforme a la normativa vigente.
Otro grupo de empresas participa en el programa del sello de garantías de plataformas electrónicas, que certifica que los comercios en línea cumplen con estándares de transparencia, seguridad y atención al cliente, fortaleciendo la confianza en las transacciones digitales.
En lo que va del año, la Defensoría ha ejecutado más de 3,000 procedimientos de inspección en todo el territorio nacional, detectando que entre un 25 % y un 30 % de los hallazgos corresponden a prácticas abusivas, detalló Salazar.
El funcionario destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos impulsados por el presidente Nayib Bukele desde 2019 para garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales en condiciones justas. Además, resaltó los avances normativos logrados bajo la actual administración, con cinco de las seis reformas a la Ley de Protección al Consumidor ya aprobadas.
Con estas medidas, la Defensoría del Consumidor refuerza su compromiso de proteger los derechos de la población y promover una cultura empresarial basada en la transparencia, la responsabilidad y el respeto a la normativa que asegura un mercado más justo y equilibrado.
