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Operación Jaque deja al descubierto que armamento militar extraído en El Salvador fue clave en negociación entre pandillas y cartel de Sinaloa
En Julio del 2016, la Fiscalía General de la República (FGR) lanzó el operativo de captura de la investigación más grande realizada en contra de la pandilla MS13 en la historia de nuestro país: La Operación Jaque, el caso que se realizó en colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos.
Ese marcó el inicio de una serie de operaciones en las que se llegaron a vincular a cabecillas de las pandillas con políticos, negocios internacionales y, según una publicación de Diario la Página, en el redes de carteles de narcotraficantes en México.
Según La Página, en el dictamen de acusación de la Operación Jaque consta que representantes de la MS13 realizaron visitas continuas a México para sostener reuniones con miembros del Cartel de Sinaloa, en ese momento dirigido por Joaquín “El Chapo“ Guzmán. Según investigadores ligados al caso, en entrevistas particulares algunos pandilleros confirmaron que parte de la negociación con el cartel se daba con base en la entrega de armamento militar que la pandilla obtenía en el país.
Según las fuentes de La Página, el cartel de Sinaloa recibía las armas y a cambio generaron un pacto de no agresión para permitir la circulación de pandilleros hacia México, lugar en donde se resguardaron los cabecillas de la pandilla más buscados por los Estados Unidos.
Investigaciones de la Fiscalía han mostrado que durante los gobiernos de ARENA y el FMLN se dio un saqueo masivo de armamento en el interior de la Fuerza Armada. El caso más grande conocido es el de la empresa CENTRUM, propiedad del expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson, que saqueó cerca de 14,000 armas y municiones de guerra de forma ilegal a partir de una permuta avalada por los generales ex ministros de Defensa, José Atilio Benítez y David Munguía Payés.
Entre las armas saqueadas por López Davidson se cuentan fusiles de guerra como los G3, municiones de grueso calibre de uso privativo de la Fuerza Armada y algunas ametralladoras también de uso exclusivo del ejército. En total, Davidson se robó un armamento valorado en más de $2 millones.
¿A quién le vendió estas armas Davidson, tomando en cuenta que su venta a particulares es ilegal? ¿Cómo movieron estas armas pesadas sin generar sospechas?
Investigaciones derivadas de la tregua entre pandillas en El Salvador demostraron que durante los gobiernos del FMLN, las pandillas fueron adiestradas en el uso de armas militares en polígonos del ejército con la venia de miembros del Gabinete de Gobierno del expresidente de la República, Mauricio Funes, quien ahora se encuentra prófugo de la justicia y asilado por el régimen autoritario en Nicaragua por varios casos de corrupción.
Amplios reportajes de la cadena han señalado que las autoridades mexicanas no cesan de incautar armamento de guerra y que en años anteriores apuntaron al cartel de Sinaloa como el cartel con mayor cantidad de armamento de guerra en el país.
Nota de: La Página
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, brindaron detalles sobre la incautación de droga más grande registrada en la historia de El Salvador.
De acuerdo con la información oficial, fueron decomisadas 6.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 165 millones de dólares, distribuidas en 330 bultos. La operación fue ejecutada a 380 millas náuticas al suroeste de las costas nacionales, como parte de acciones de vigilancia y control en aguas internacionales.
El ministro Villatoro destacó que, más allá del valor económico, la cantidad incautada representa aproximadamente 19.8 millones de dosis que, según explicó, estaban destinadas a ser distribuidas en distintas ciudades.
Las autoridades resaltaron el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y defensa, subrayando que este tipo de resultados reflejan la capacidad operativa del país en el combate al narcotráfico.
En el procedimiento fueron detenidas las siguientes personas de distintas nacionalidades:
José Martín Cerda Cea, 60 años (Nicaragua)
Roberto Adolfo Díaz, 64 años (Nicaragua)
Francisco Javier García Duval, 63 años (Nicaragua)
José Ramiro Valencia Fox, 59 años (Ecuador)
Luis Enrique Rodelo Osorio, 59 años (Colombia)
Antonio José Angulo Narváez, 59 años (Colombia)
Mario Alonso Pérez Hernández, 58 años (Colombia)
Miguel Antonio Galeano Ariza, 71 años (Colombia)
Yareth Samir Carr Garcés, 29 años (Panamá)
Vicente Ramos, 60 años (Panamá)
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo la vista pública en contra de José René Ventura Alvarado, acusado del delito de estafa agravada.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el imputado se reunió con la víctima, presentándose como propietario de una sociedad importante de talleres y negoció la adquisición de una cantidad masiva de llantas.
José Ventura propuso recibir la mercadería y efectuar el pago en un tiempo estipulado. La víctima, confiando en la supuesta reputación de la sociedad, cumplió lo acordado y entregó cuatro pedidos en diversas sucursales de los talleres, cuyo valor total ascendió a $375,360.04.
Transcurrido el tiempo pactado, el imputado no realizó el pago. Tras varios intentos fallidos por recuperar el dinero y ante múltiples excusas por parte del procesado, la víctima interpuso la denuncia correspondiente.
Durante el desfile probatorio, el tribunal determinó que el imputado solicitó la entrega de las llantas haciéndose pasar por un empresario confiable y afirmando poseer dos sociedades; sin embargo, dichas sociedades ni siquiera estaban constituidas legalmente.
Asimismo, se estableció que no tenía intención de cumplir con el pago de la mercadería. Por estos hechos, el tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión, que podrían aumentar si Ventura Alvarado no cumple con el pago de $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil.
El Ministerio de Obras Públicas informó sobre la transformación de 8 kilómetros de la calle que conecta desde El Ceibillo hacia San José El Naranjo, en el departamento de Ahuachapán. La obra busca mejorar la conectividad y garantizar un tránsito más seguro para las comunidades de la zona.
Con la pavimentación de esta vía, niños, jóvenes y adultos podrán movilizarse en condiciones óptimas, facilitando el acceso a centros educativos, comercios y servicios básicos. La intervención forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados para fortalecer el desarrollo local.
Más de 28,000 habitantes son beneficiados directamente con la mejora de la calle que conduce a San José El Naranjo, en Jujutla, Ahuachapán Sur, impactando positivamente en la calidad de vida y dinamizando la economía del sector.
