Judicial
FGR acusa formalmente a expresidente de ARENA y dos exministros de Defensa por estafa a la Fuerza Armada
Esposados, con chalecos antibalas y casco protector, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el requerimiento fiscal contra el expresidente del partido ARENA, Gustavo López Davidson y los exministros de Defensa, David Munguía Payés y José Atilio Benítez, como también contra el general Rafael Melara Rivera, el coronel Manuel de Jesús Romero y Héctor Abel Herrera, acusados de estafar a la Fuerza Armada con una permuta de armas.
El documento fue presentado en el juzgado de Paz de turno del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador y hasta donde fueron llevados cuatro de los imputados.
La Fiscalía señala a todos los imputados por los delitos de peculado y por falsedad documental agravada.
La investigación en contra de los sujetos inició luego que el Presidente Nayib Bukele denunciara a Gustavo López Davidson, que en ese momento era la máxima autoridad del Consejo Nacional del Partido ARENA, por estafar a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) durante la realización de una permuta de armas de fuego.
Por este motivo el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy interpuso una demanda en la Fiscalía General de la República para que iniciara el proceso investigación sobre este caso. Nueve meses después de esa denuncia, la Fiscalía ordenó su captura y del resto de los señalados.
“Dijeron que era mentira. Dijeron que era persecución política. Que era una persona honorable y que jamás traficaría con armas, que asesinaron, quien sabe cuánta gente inocente. Pues aquí está, quien hasta hace unos pocos meses, dirigía la organización criminal ARENA”, escribió en su cuenta de Twitter el Presidente Nayib Bukele tras conocer la captura de López Davidson.
Los arrestos fueron ejecutados por agentes de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil (PNC).
Gustavo López Davidson es el representante legal de la empresa Centrum S.A de C.V., y es señalado de ser cómplice necesario en perjuicio de la administración pública y subsidiariamente del Ministerio de la Defensa Nacional por un monto de $2,051,893.00 en un contrato de permuta de armas.
En su momento el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Javier Argueta, explicó que la denuncia que se presentó a la FGR incluyó una serie de documentos y facturas que hace constar el proceso de permuta de armamento que el Gobierno anterior realizó con la empresa Centrum, mismo que “está viciado” desde que se inició en 2013, en el gobierno del expresidente de la República, Mauricio Funes.
El abogado de la Presidencia detalló que, al revisar el contrato y las facturas de la transacción de las armas, se detectaron una serie de irregularidades como enmiendas que fueron hechas de manera informal. Expuso que estaban hechas a máquina de escribir y tenían tachaduras.
En esta operación el precio por unidad del armamento involucrado pasó de valer $480 a $280 y por último a $42, por lo que Argueta indicó que esto refleja una clara manipulación de la comisión que fijó los montos, lo cual evidencia una posible evasión de impuestos.
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Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
