Judicial
FGR acusa formalmente a expresidente de ARENA y dos exministros de Defensa por estafa a la Fuerza Armada

Esposados, con chalecos antibalas y casco protector, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el requerimiento fiscal contra el expresidente del partido ARENA, Gustavo López Davidson y los exministros de Defensa, David Munguía Payés y José Atilio Benítez, como también contra el general Rafael Melara Rivera, el coronel Manuel de Jesús Romero y Héctor Abel Herrera, acusados de estafar a la Fuerza Armada con una permuta de armas.
El documento fue presentado en el juzgado de Paz de turno del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador y hasta donde fueron llevados cuatro de los imputados.
La Fiscalía señala a todos los imputados por los delitos de peculado y por falsedad documental agravada.
La investigación en contra de los sujetos inició luego que el Presidente Nayib Bukele denunciara a Gustavo López Davidson, que en ese momento era la máxima autoridad del Consejo Nacional del Partido ARENA, por estafar a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) durante la realización de una permuta de armas de fuego.
Por este motivo el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy interpuso una demanda en la Fiscalía General de la República para que iniciara el proceso investigación sobre este caso. Nueve meses después de esa denuncia, la Fiscalía ordenó su captura y del resto de los señalados.
“Dijeron que era mentira. Dijeron que era persecución política. Que era una persona honorable y que jamás traficaría con armas, que asesinaron, quien sabe cuánta gente inocente. Pues aquí está, quien hasta hace unos pocos meses, dirigía la organización criminal ARENA”, escribió en su cuenta de Twitter el Presidente Nayib Bukele tras conocer la captura de López Davidson.
Los arrestos fueron ejecutados por agentes de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil (PNC).
Gustavo López Davidson es el representante legal de la empresa Centrum S.A de C.V., y es señalado de ser cómplice necesario en perjuicio de la administración pública y subsidiariamente del Ministerio de la Defensa Nacional por un monto de $2,051,893.00 en un contrato de permuta de armas.
En su momento el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Javier Argueta, explicó que la denuncia que se presentó a la FGR incluyó una serie de documentos y facturas que hace constar el proceso de permuta de armamento que el Gobierno anterior realizó con la empresa Centrum, mismo que “está viciado” desde que se inició en 2013, en el gobierno del expresidente de la República, Mauricio Funes.
El abogado de la Presidencia detalló que, al revisar el contrato y las facturas de la transacción de las armas, se detectaron una serie de irregularidades como enmiendas que fueron hechas de manera informal. Expuso que estaban hechas a máquina de escribir y tenían tachaduras.
En esta operación el precio por unidad del armamento involucrado pasó de valer $480 a $280 y por último a $42, por lo que Argueta indicó que esto refleja una clara manipulación de la comisión que fijó los montos, lo cual evidencia una posible evasión de impuestos.
MÁS INFORMACIÓN
Judicial
Condenan a 15 pandilleros de la MS-13 en San Miguel

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.