Judicial
Presidente de ANDA interpone tres avisos de investigación ante la FGR por presunta administración fraudulenta en la pasada administración
Frederick Benítez Cardona, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarrillados (ANDA), interpuso esta mañana de miércoles tres avisos de investigación que atañen a la pasada administración que encabezó Marco Fortín en su periodo 2010- 2019.
El titular de la autónoma indicó que se han detectado varias irregularidades la cuales tendrían que ver con negociaciones extrajudiciales, apropiación ilícita de bienes públicos y pagos indebidos, aseguró Cardona esta mañana en la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) sede La Sultana, Antiguo Cuscatlán.
“Los casos que estamos presentando este día son tres: uno por negociaciones extrajudiciales, otro por apropiación ilícita de bienes de ANDA y uno por pagos indebidos. La fiscalía va a determinar culpables porque pueden ser varias las personas, las acusaciones o rumores que haya hacía una o más persona”, sostuvo funcionario.
El mismo presidente de ANDA aseguró que serán las investigaciones debidas por parte de la FGR las que determinen responsabilidades y culpables en este caso.
“Que sea la fiscalía la que determine quién o quiénes hicieron esta administración fraudulenta. El monto de la usurpación ronda los ocho o diez millones, y en negociaciones hay proyectos de un millón de dólares. Si sumamos todas esas cantidades da una suma exagerada donde se podría haber realizado proyectos para mejorar el servicio potable en AltaVista, Apopa, Mejicanos y Ayutuxtepeque donde por años se ha conocido que tenemos problemas del servicio de agua potable”, sentención el titular de la autónoma.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
