Judicial
FGR y PNC capturan a 4 estafadores en San Vicente, Cabañas, San Miguel y Ahuachapán
Esta madrugada, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó investigaciones que realizó por meses para darle respuesta a las víctimas que fueron estafadas. El monto total estafado supera los $43 mil dólares.
Con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) fue posible capturar a 4 imputados acusados de Estafa Agravada y se prevé que durante el día se detengan a 11 personas más por el delito de Estafa y Hurto Agravado.
Los registros se realizaron en los departamentos de Cabañas, San Vicente, San Miguel y Ahuachapán.
En la operación, que aún está en desarrollo, se detuvo, en Tecoluca, San Vicente, a Miguel Ángel Flores Ángel por el delito de estafa, quien en junio 2022, vendió un vehículo, por $12,000 dólares, pero cuando lo quiso inscribir por el comprador, se da cuenta que tenía reporte de robo.
Por ese mismo delito pero en Sensuntepeque, Cabañas, fue detenido Raúl Humberto Quinteros Quinteros. Este imputado está vinculado a la venta de un teléfono celular de alta gama, por el que pidió un adelanto para hacer efectiva la venta, pero jamás entregó el producto. Estos hechos ocurrieron en octubre del presente año.
Otro de los imputados, el 14 de octubre de este año, Rubén Balmore Mendoza Mendoza contactó a una mujer de la tercera edad y comenzó a enamorar la, además fingía con ella que vivía en Londres, Inglaterra y que le iba a mandar una maleta con enseres electrónicos, celulares y dinero en efectivo, pero para recibirla debía pagar 1,000 dólares para cubrir los gastos de envío. A lo cual la víctima accedió. Al depositarle el dinero, el imputado la bloqueó de toda conección virtual, pero la víctima interpone la denuncia. Mendoza fue detenido en el municipio de Comacarán, departamento de San Miguel.
Por otra parte, Keiry Xiomara Salamanca Benítez fue detenida en Ahuachapán por el delito de Estafa Agravada en perjuicio de una víctima que vio, por medio de redes sociales, que vendían un teléfono celular de alta gama en 500 dólares. La víctima se contacta con el supuesto proveedor y le envían una cuenta de banco para hacer los depósitos, el imputado le hizo creer que en un día tendría el producto en San Vicente. Lo cual, no ocurrió y tampoco la devolución de su dinero.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
