Judicial
FGR presenta demanda contra el exviceministro de la Defensa del FMLN, Atilio Benítez y su esposa por enriquecimiento ilícito
Este jueves 14 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla contra el exministro de la Defensa en el gobierno del FMLN, José Atilio Benítez, por el delito de enriquecimiento ilícito, el proceso también incluye a su esposa, Emma Isaura Muñoz de Benítez.
De acuerdo a las investigaciones del ministerio público el monto de lo enriquecido ilegalmente por el exministro Benítez es de $113,344; y su cónyuge Muñoz de Benítez, por $56,613.35, haciendo un total de US$169,957.35.
El demandado estuvo en el cargo durante el gobierno del expresidente prófugo, Mauricio Funes de 2009 a 2011.
Uno de los fiscales del caso explicó que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) encontró una irregularidad contra el exviceministro por el referido monto en 40 depósitos realizados en efectivo y de los cuales se desconoce su origen.
«Probidad determina cinco irregularidades que encontró y no pudo justificar en el caso de Benítez solo encontró por los $113,344 en 40 depósitos realizados en efectivo desconociendo su origen, y su esposa encontró cuatro irregularidades en depósitos en efectivo en cuentas corrientes y de ahorro realizados en efectivo y pagos en tarjeta de crédito por $$56,613.35 de los cuales se desconoce su origen», manifestó el representante fiscal.
La FGR explicó que la investigación surgió luego de el exfuncionario presentó sus declaraciones de patrimonio ante la referida sección de la CSJ, agregan que solicitan que se reintegre ese dinero al Estado pues se desconoce de donde provinieron esos fondos.
El ministerio público asegura que cuenta con suficiente prueba que sustenta la demanda, prueba de ellos son los documentos de los depósitos bancarios realizados por los demandados, además pedirán la realización de un peritaje financiero contable.
Procesado por peculado, actos arbitrarios y falsedad documental
En agosto de 2020 Benítez Parada junto con el exministro de la Defensa, David Munguía Payés fueron capturados por los delitos de peculado, actos arbitrarios y falsedad documental en perjuicio del Ministerio de la Defensa Nacional.
En la acusación están procesados: Carlos Gustavo López Davidson, Héctor Abel Herrera Mejía, acusados de Peculado, en su calidad de cómplices necesarios. Además, giraron orden de captura en contra de Manuel de Jesús Romero, señalado por el delito de Peculado, en su calidad de cómplice necesario y por falsedad documental agravada.
Las investigaciones indican que el general Atilio Benítez firmó contrato de permuta de armas obsoletas y en mal estado con la empresa CENTRUM S.A. representada legalmente por López Davidson.
El contrato consistía en que el Ministerio de la Defensa le daría en calidad de permuta 14,930 armas de fuego, 27,721 cargadores, 2,706,472 cartuchos calibre 7.62 y 9,800 repuestos para fusil G-3, en mal estado, valorado el lote en US$2,051,893.00. A cambio, la sociedad CENTRUM dos Obuses M-71 calibre 155 milímetros, un sistema de control de tiro, un sistema de adquisición de blancos, equipo de medición, un Jack de 20 toneladas, una engrasadora automática a presión.
No obstante, lo establecido en el contrato, el ministerio de Defensa entregó armas nuevas. 2,670 pistolas ametralladoras marca FMK-TRES, calibre 9 milímetros, así como diversas armas en buen estado, como fusiles G-3.
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.
El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.
#CombateALaCorrupción I Este día, el exdiputado Jorge Shafick Handal Vega y su grupo familiar enfrentan juicio ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por enriquecerse ilícitamente con $182,374.61.
En la jornada de hoy, la @FGR_SV presentará testigos… pic.twitter.com/ySIQRWYyT0
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 24, 2024
En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.
A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.
En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.
A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.
Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.
«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.
Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.
