Judicial
FGR logra que empleados de empresa de cosméticos sean enviados a prisión por Estafa
A cumplir la medida cautelar de la detención provisional ordenada por un juez, han sido enviados cuatro empleados de una empresa dedicada a la venta de productos cosméticos por revista, esto luego que la Fiscalía General de la República estableció su participación en una estafa estimada en US$19,000.
La Unidad Delitos de Patrimonio Privado de la FGR de San Salvador, dio a conocer que el Juzgado Quinto de Paz desarrolló la audiencia inicial en contra de los imputados José Alexandro Ramírez Ramírez, Hugo Ernesto Macal, Carlos Federico Santos González y Carlos Antonio Santos Flores.
Están acusados por cometer delitos de Estafa Agravada, Administración fraudulenta y Apropiación o retención indebida, en perjuicio de la compañía de productos cosméticos.
Durante el desarrollo de la audiencia, la representación fiscal ofreció una serie de elementos iniciales de prueba, los cuales en el desarrollo de la investigación que ha sido otorgado por el juez serán ampliados y fortalecidos para lograr obtener un fallo condenatorio al momento de llegar a la etapa final del proceso.
Según la denuncia atendida por Fiscalía, los imputados Ramírez y Macal son empleados de la empresa, en tanto los de apellido Santos, son subcontratados para realizar cobros en representación de la compañía. Sin embargo, durante el año 2021 los involucrados se dedicaron a cobrar facturas de las ventas de mercaderías que había realizado la empresa, pero al sistema contable de la compañía no fue ingresado ni el dinero ni los comprobantes, por lo que a la fecha el monto del fraude se estima en la cantidad ya descrita.
En los próximos días el caso será enviado a un juzgado de instrucción para que desarrolle la siguiente etapa.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
