Judicial
FGR logra que empleados de empresa de cosméticos sean enviados a prisión por Estafa
A cumplir la medida cautelar de la detención provisional ordenada por un juez, han sido enviados cuatro empleados de una empresa dedicada a la venta de productos cosméticos por revista, esto luego que la Fiscalía General de la República estableció su participación en una estafa estimada en US$19,000.
La Unidad Delitos de Patrimonio Privado de la FGR de San Salvador, dio a conocer que el Juzgado Quinto de Paz desarrolló la audiencia inicial en contra de los imputados José Alexandro Ramírez Ramírez, Hugo Ernesto Macal, Carlos Federico Santos González y Carlos Antonio Santos Flores.
Están acusados por cometer delitos de Estafa Agravada, Administración fraudulenta y Apropiación o retención indebida, en perjuicio de la compañía de productos cosméticos.
Durante el desarrollo de la audiencia, la representación fiscal ofreció una serie de elementos iniciales de prueba, los cuales en el desarrollo de la investigación que ha sido otorgado por el juez serán ampliados y fortalecidos para lograr obtener un fallo condenatorio al momento de llegar a la etapa final del proceso.
Según la denuncia atendida por Fiscalía, los imputados Ramírez y Macal son empleados de la empresa, en tanto los de apellido Santos, son subcontratados para realizar cobros en representación de la compañía. Sin embargo, durante el año 2021 los involucrados se dedicaron a cobrar facturas de las ventas de mercaderías que había realizado la empresa, pero al sistema contable de la compañía no fue ingresado ni el dinero ni los comprobantes, por lo que a la fecha el monto del fraude se estima en la cantidad ya descrita.
En los próximos días el caso será enviado a un juzgado de instrucción para que desarrolle la siguiente etapa.
Noé David Meléndez fue detenido por la Policía, acusado de quitarle la vida a un hombre en Anamorós, La Unión. Según las investigaciones, tras una discusión, Meléndez golpeó a la víctima con un trozo de madera, provocándole la muerte.
El acusado enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Anamorós, donde la jueza determinó que permanezca en prisión provisional mientras continúan las investigaciones.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
