Judicial
FGR logra que empleados de empresa de cosméticos sean enviados a prisión por Estafa
A cumplir la medida cautelar de la detención provisional ordenada por un juez, han sido enviados cuatro empleados de una empresa dedicada a la venta de productos cosméticos por revista, esto luego que la Fiscalía General de la República estableció su participación en una estafa estimada en US$19,000.
La Unidad Delitos de Patrimonio Privado de la FGR de San Salvador, dio a conocer que el Juzgado Quinto de Paz desarrolló la audiencia inicial en contra de los imputados José Alexandro Ramírez Ramírez, Hugo Ernesto Macal, Carlos Federico Santos González y Carlos Antonio Santos Flores.
Están acusados por cometer delitos de Estafa Agravada, Administración fraudulenta y Apropiación o retención indebida, en perjuicio de la compañía de productos cosméticos.
Durante el desarrollo de la audiencia, la representación fiscal ofreció una serie de elementos iniciales de prueba, los cuales en el desarrollo de la investigación que ha sido otorgado por el juez serán ampliados y fortalecidos para lograr obtener un fallo condenatorio al momento de llegar a la etapa final del proceso.
Según la denuncia atendida por Fiscalía, los imputados Ramírez y Macal son empleados de la empresa, en tanto los de apellido Santos, son subcontratados para realizar cobros en representación de la compañía. Sin embargo, durante el año 2021 los involucrados se dedicaron a cobrar facturas de las ventas de mercaderías que había realizado la empresa, pero al sistema contable de la compañía no fue ingresado ni el dinero ni los comprobantes, por lo que a la fecha el monto del fraude se estima en la cantidad ya descrita.
En los próximos días el caso será enviado a un juzgado de instrucción para que desarrolle la siguiente etapa.
El Tribunal Sexto de Sentencia ha condenado al exconcejal Héctor Silva por el delito de difamación y calumnia en contra del diputado Christian Guevara. La sentencia, emitida el 27 de junio de 2024, fue confirmada el 4 de febrero por la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.
Como parte de la resolución, Silva deberá indemnizar a Guevara con la suma de $50,000 y ofrecer una disculpa pública por los daños morales causados. Además, el exconcejal deberá pagar al Estado un total de $1,399.24 por cada uno de los delitos cometidos.
Sin embargo, Silva ha manifestado su desacuerdo con la decisión judicial y ha presentado un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La controversia se originó tras declaraciones de Silva en un programa televisivo, donde acusó al diputado Guevara de recibir contratos publicitarios por «cientos de millas de dólares» de la Alcaldía de San Salvador, supuestamente a través de empresas vinculadas al legislador del partido Nuevas Ideas.
El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, departamento de La Paz, enjuiciará durante cuatro semanas al exalcalde de Olocuilta, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez y varios miembros de su exconcejo por delitos de corrupción.
A la vista pública que se realiza en la sede del centro judicial de Santa Tecla han comparecido siete de los acusados, otros cinco son procesados como ausentes, gracias a las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa al Código Procesal Penal, las cuales facultan enjuiciar a imputados prófugos.
La Fiscalía General de la República les atribuye los delitos de peculado e incumplimiento de deberes en el período 2012 al 2015.
Una de las fiscales dijo que se les cuestiona por tres proyectos. El primero tiene que ver con la compra de un terreno para construir un cementerio municipal y un parque ecológico.
El inmueble fue adquirido en $236,000, y en la compraventa acordada se tenía una extensión determinada, pero en la escritura aparece una menor cantidad de terreno.
Para el cementerio se desembolsó $50,000, pero al final no se hizo nada de ese proyecto y para el parque ecológico se gastaron $260,000.
También se le acusa al prófugo exalcalde Marvin Ulises Rodríguez «de mover dinero de las cuentas del FODES que venían directamente para la alcaldía, para su cuenta personal y del tesorero municipal de ese entonces, Edwin León», manifestó la representante del ministerio público.
Documentos y pericias concluyen que Rodríguez transfirió entre $60,000 y $70,000 de los fondos FODES a su cuenta personal y lo hizo a través de transacciones bancarias.
Al comenzar la vista pública, la Fiscalía expuso al tribunal colegiado que durante el desarrollo de la diligencia presentará testimonios, pericias y documentos para acreditar los actos de corrupción consumados por los 12 acusados.
Un joven de 18 años enfrenta una detención provisional tras intentar vender una motocicleta robada, sin la documentación correspondiente, a su verdadero propietario.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, César Iván H. adquirió la motocicleta el 23 de diciembre del año pasado por 600 dólares, sin realizar los trámites legales necesarios. Posteriormente, el 11 de enero, publicó el vehículo en la plataforma de Marketplace por 700 dólares.
El joven recibió el interés de un supuesto comprador y acordaron llevar a cabo la transacción en Soyapango. Sin embargo, durante la entrega, el comprador resultó ser el dueño legítimo de la motocicleta, quien había denunciado el robo y estaba trabajando con la Policía para recuperar su vehículo.
Como resultado de esta situación, César Iván H. fue detenido por las autoridades, quienes continúan investigando el caso.
