Judicial
Bessy Ríos presenta aviso de investigación ante la FGR en contra de exfiscal Douglas Meléndez por incumplimiento de deberes en destrucción de documentación histórica del MINEC
La defensora de Derechos Humanos en El Salvador, Bessy Ríos, presentó este martes15 de marzo en la Fiscalía General de la República (FGR), un aviso de investigación contra el exministro de Economía (MINEC) Tharsis Salomón López, exfuncionario del expresidente, Salvador Sánchez Cerén y su asesor legal Salvador Ernesto Menéndez tras ser acusados y responsables intelectuales de la destrucción de documentos de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del MINEC.
Según Ríos, los hechos ocurrieron en mayo de 2015, cuando la Gerencia de Asuntos Jurídicos de dicha cartera de Estado remitió a la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana una serie de libros en los cuales se consignaba a mano el control de entrega de números de acuerdos, resoluciones y otros controles internos, durante los años 1981 a 2014.
«Esta destrucción de documento se había hecho de forma ilegal, sin respetar el debido proceso. La administración pública puede destruir documentos siempre y cuándo siga su debido procedimiento llamado ‘Spur’, en al cual lo acompaña la Biblioteca Nacional y otras entidades para certificar la documentación a destruir», declaró la defensora de derechos humanos en el país.
Los documentos a los que hace referencia Bessy Ríos incluían acuerdos y decretos del MINEC, misiones oficiales al exterior de funcionarios y titulares, nombramientos de representantes de autónomas, licitaciones y compras, otorgamiento de beneficios de exención de impuestos de renta a cooperativas, pagos de indemnizaciones a empleados y recursos de revisión, entre otros.
El caso fue alertado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en un proceso que abrió al responsable de archivo ad honorem del MINEC, Manuel Alfredo Ramírez, por el cual se le encontró culpable de haber cometido una infracción muy grave al destruir dichos documentos de archivos.
Posteriormente, el fallo del IAIP en el año 2016, determinó que el exministro de Economía debía ser investigado por la FGR por encubrir la destrucción de esos archivos del ministerio. En el escrito señala que: “se ha acreditado que el ministro de Economía tuvo conocimiento de lo ocurrido, que adoptó medidas para encubrir lo sucedido, incluidas advertencias al denunciante, para evitar que éste hiciera del conocimiento de las autoridades competentes la destrucción documental”.
Un año después, en junio de 2017, el IAIP confirmó su Resolución Definitiva y declaró sin lugar, en todas sus partes, el recurso de revocatoria.
Pese a que el IAIP trasladó el caso a la FGR, este no fue retomado por el fiscal general de ese entonces, Douglas Meléndez, señalado por múltiples irregularidades en su gestión así como otros funcionarios de la fiscalía por lo que la investigación tampoco avanzó.
Ahora, la denunciante Bessy Ríos solicita que se investigue a Douglas Meléndez por el delito de omisión en la investigación y por incumplimiento de deberes en este caso de destrucción de archivos históricos en el Ministerio de Economía.
“Se dice que dentro de la documentación iban órdenes de pago de la Presa El Chaparral. Acordémonos que es el ministerio de economía quién gestiona y autoriza los pagos que se tramitan posteriormente con hacienda”.
Es la fiscalía quién bebe de investigar qué se destruyó y por qué. Hoy por hoy no tenemos certeza y debería responde el exministro y estoy pidiendo además que se investigue por incumplimiento de deberes al exfiscal Douglas Meléndez, quién fue notificado por el IAIP que se había certificado la destrucción de documentos», aseguró Ríos.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
