La defensora de Derechos Humanos en El Salvador, Bessy Ríos, presentó este martes15 de marzo en la Fiscalía General de la República (FGR), un aviso de investigación contra el exministro de Economía (MINEC) Tharsis Salomón López, exfuncionario del expresidente, Salvador Sánchez Cerén y su asesor legal Salvador Ernesto Menéndez tras ser acusados y responsables intelectuales de la destrucción de documentos de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del MINEC.

Según Ríos, los hechos ocurrieron en mayo de 2015, cuando la Gerencia de Asuntos Jurídicos de dicha cartera de Estado remitió a la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana una serie de libros en los cuales se consignaba a mano el control de entrega de números de acuerdos, resoluciones y otros controles internos, durante los años 1981 a 2014.

«Esta destrucción de documento se había hecho de forma ilegal, sin respetar el debido proceso. La administración pública puede destruir documentos siempre y cuándo siga su debido procedimiento llamado ‘Spur’, en al cual lo acompaña la Biblioteca Nacional y otras entidades para certificar la documentación a destruir», declaró la defensora de derechos humanos en el país.

Los documentos a los que hace referencia Bessy Ríos incluían acuerdos y decretos del MINEC, misiones oficiales al exterior de funcionarios y titulares, nombramientos de representantes de autónomas, licitaciones y compras, otorgamiento de beneficios de exención de impuestos de renta a cooperativas, pagos de indemnizaciones a empleados y recursos de revisión, entre otros.

El caso fue alertado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en un proceso que abrió al responsable de archivo ad honorem del MINEC, Manuel Alfredo Ramírez, por el cual se le encontró culpable de haber cometido una infracción muy grave al destruir dichos documentos de archivos.

Posteriormente, el fallo del IAIP en el año 2016, determinó que el exministro de Economía debía ser investigado por la FGR por encubrir la destrucción de esos archivos del ministerio. En el escrito señala que: “se ha acreditado que el ministro de Economía tuvo conocimiento de lo ocurrido, que adoptó medidas para encubrir lo sucedido, incluidas advertencias al denunciante, para evitar que éste hiciera del conocimiento de las autoridades competentes la destrucción documental”.

Un año después, en junio de 2017, el IAIP confirmó su Resolución Definitiva y declaró sin lugar, en todas sus partes, el recurso de revocatoria.

Pese a que el IAIP trasladó el caso a la FGR, este no fue retomado por el fiscal general de ese entonces, Douglas Meléndez, señalado por múltiples irregularidades en su gestión así como otros funcionarios de la fiscalía por lo que la investigación tampoco avanzó.

Ahora, la denunciante Bessy Ríos solicita que se investigue a Douglas Meléndez por el delito de omisión en la investigación y por incumplimiento de deberes en este caso de destrucción de archivos históricos en el Ministerio de Economía.

“Se dice que dentro de la documentación iban órdenes de pago de la Presa El Chaparral. Acordémonos que es el ministerio de economía quién gestiona y autoriza los pagos  que se tramitan posteriormente con hacienda”.

Es la fiscalía quién bebe de investigar qué se destruyó y por qué. Hoy por hoy no tenemos certeza y debería responde el exministro y estoy pidiendo además que se investigue por incumplimiento de deberes al exfiscal Douglas Meléndez, quién fue notificado por el IAIP que se había certificado la destrucción de documentos», aseguró Ríos.