Judicial
Bessy Ríos presenta aviso de investigación ante la FGR en contra de exfiscal Douglas Meléndez por incumplimiento de deberes en destrucción de documentación histórica del MINEC
La defensora de Derechos Humanos en El Salvador, Bessy Ríos, presentó este martes15 de marzo en la Fiscalía General de la República (FGR), un aviso de investigación contra el exministro de Economía (MINEC) Tharsis Salomón López, exfuncionario del expresidente, Salvador Sánchez Cerén y su asesor legal Salvador Ernesto Menéndez tras ser acusados y responsables intelectuales de la destrucción de documentos de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del MINEC.
Según Ríos, los hechos ocurrieron en mayo de 2015, cuando la Gerencia de Asuntos Jurídicos de dicha cartera de Estado remitió a la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana una serie de libros en los cuales se consignaba a mano el control de entrega de números de acuerdos, resoluciones y otros controles internos, durante los años 1981 a 2014.
«Esta destrucción de documento se había hecho de forma ilegal, sin respetar el debido proceso. La administración pública puede destruir documentos siempre y cuándo siga su debido procedimiento llamado ‘Spur’, en al cual lo acompaña la Biblioteca Nacional y otras entidades para certificar la documentación a destruir», declaró la defensora de derechos humanos en el país.
Los documentos a los que hace referencia Bessy Ríos incluían acuerdos y decretos del MINEC, misiones oficiales al exterior de funcionarios y titulares, nombramientos de representantes de autónomas, licitaciones y compras, otorgamiento de beneficios de exención de impuestos de renta a cooperativas, pagos de indemnizaciones a empleados y recursos de revisión, entre otros.
El caso fue alertado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en un proceso que abrió al responsable de archivo ad honorem del MINEC, Manuel Alfredo Ramírez, por el cual se le encontró culpable de haber cometido una infracción muy grave al destruir dichos documentos de archivos.
Posteriormente, el fallo del IAIP en el año 2016, determinó que el exministro de Economía debía ser investigado por la FGR por encubrir la destrucción de esos archivos del ministerio. En el escrito señala que: “se ha acreditado que el ministro de Economía tuvo conocimiento de lo ocurrido, que adoptó medidas para encubrir lo sucedido, incluidas advertencias al denunciante, para evitar que éste hiciera del conocimiento de las autoridades competentes la destrucción documental”.
Un año después, en junio de 2017, el IAIP confirmó su Resolución Definitiva y declaró sin lugar, en todas sus partes, el recurso de revocatoria.
Pese a que el IAIP trasladó el caso a la FGR, este no fue retomado por el fiscal general de ese entonces, Douglas Meléndez, señalado por múltiples irregularidades en su gestión así como otros funcionarios de la fiscalía por lo que la investigación tampoco avanzó.
Ahora, la denunciante Bessy Ríos solicita que se investigue a Douglas Meléndez por el delito de omisión en la investigación y por incumplimiento de deberes en este caso de destrucción de archivos históricos en el Ministerio de Economía.
“Se dice que dentro de la documentación iban órdenes de pago de la Presa El Chaparral. Acordémonos que es el ministerio de economía quién gestiona y autoriza los pagos que se tramitan posteriormente con hacienda”.
Es la fiscalía quién bebe de investigar qué se destruyó y por qué. Hoy por hoy no tenemos certeza y debería responde el exministro y estoy pidiendo además que se investigue por incumplimiento de deberes al exfiscal Douglas Meléndez, quién fue notificado por el IAIP que se había certificado la destrucción de documentos», aseguró Ríos.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
