Judicial
Bessy Ríos presenta aviso de investigación ante la FGR en contra de exfiscal Douglas Meléndez por incumplimiento de deberes en destrucción de documentación histórica del MINEC
La defensora de Derechos Humanos en El Salvador, Bessy Ríos, presentó este martes15 de marzo en la Fiscalía General de la República (FGR), un aviso de investigación contra el exministro de Economía (MINEC) Tharsis Salomón López, exfuncionario del expresidente, Salvador Sánchez Cerén y su asesor legal Salvador Ernesto Menéndez tras ser acusados y responsables intelectuales de la destrucción de documentos de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del MINEC.
Según Ríos, los hechos ocurrieron en mayo de 2015, cuando la Gerencia de Asuntos Jurídicos de dicha cartera de Estado remitió a la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana una serie de libros en los cuales se consignaba a mano el control de entrega de números de acuerdos, resoluciones y otros controles internos, durante los años 1981 a 2014.
«Esta destrucción de documento se había hecho de forma ilegal, sin respetar el debido proceso. La administración pública puede destruir documentos siempre y cuándo siga su debido procedimiento llamado ‘Spur’, en al cual lo acompaña la Biblioteca Nacional y otras entidades para certificar la documentación a destruir», declaró la defensora de derechos humanos en el país.
Los documentos a los que hace referencia Bessy Ríos incluían acuerdos y decretos del MINEC, misiones oficiales al exterior de funcionarios y titulares, nombramientos de representantes de autónomas, licitaciones y compras, otorgamiento de beneficios de exención de impuestos de renta a cooperativas, pagos de indemnizaciones a empleados y recursos de revisión, entre otros.
El caso fue alertado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en un proceso que abrió al responsable de archivo ad honorem del MINEC, Manuel Alfredo Ramírez, por el cual se le encontró culpable de haber cometido una infracción muy grave al destruir dichos documentos de archivos.
Posteriormente, el fallo del IAIP en el año 2016, determinó que el exministro de Economía debía ser investigado por la FGR por encubrir la destrucción de esos archivos del ministerio. En el escrito señala que: “se ha acreditado que el ministro de Economía tuvo conocimiento de lo ocurrido, que adoptó medidas para encubrir lo sucedido, incluidas advertencias al denunciante, para evitar que éste hiciera del conocimiento de las autoridades competentes la destrucción documental”.
Un año después, en junio de 2017, el IAIP confirmó su Resolución Definitiva y declaró sin lugar, en todas sus partes, el recurso de revocatoria.
Pese a que el IAIP trasladó el caso a la FGR, este no fue retomado por el fiscal general de ese entonces, Douglas Meléndez, señalado por múltiples irregularidades en su gestión así como otros funcionarios de la fiscalía por lo que la investigación tampoco avanzó.
Ahora, la denunciante Bessy Ríos solicita que se investigue a Douglas Meléndez por el delito de omisión en la investigación y por incumplimiento de deberes en este caso de destrucción de archivos históricos en el Ministerio de Economía.
“Se dice que dentro de la documentación iban órdenes de pago de la Presa El Chaparral. Acordémonos que es el ministerio de economía quién gestiona y autoriza los pagos que se tramitan posteriormente con hacienda”.
Es la fiscalía quién bebe de investigar qué se destruyó y por qué. Hoy por hoy no tenemos certeza y debería responde el exministro y estoy pidiendo además que se investigue por incumplimiento de deberes al exfiscal Douglas Meléndez, quién fue notificado por el IAIP que se había certificado la destrucción de documentos», aseguró Ríos.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que nueve pandilleros de la MS-13 recibieran penas de hasta 90 años de prisión por delitos cometidos en diferentes zonas de los distritos de Huizúcar y Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
El ministerio público informó que los pandilleros Juan Manuel Chávez Aguilar y Danilo Amílcar Araujo Estrada, fueron condenados a 90 años de cárcel, mientras que Alexander Armando Granados Vásquez y William Alfredo Hernández Martínez recibieron penas de 60 años de prisión.
La FGR procesó a los pandilleros por asesinatos cometidos contra un trabajador y de un comerciante. Además, los acusó de la privación de libertad y el homicidio agravado de dos hermanos.
En su cuenta en X la institución recordó que los dos hermanos se dirigían hacia su trabajo cuando los pandilleros, utilizando armas de fuego, le salieron al encuentro para llevárselos a la fuerza hacia un lugar desolado en donde les quitaron la vida.
El informe oficial indica además que otros pandilleros recibieron penas carcelarias que van desde los 30 a los 20 años de prisión. Todos pertenecen a las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos de la MS-13.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Por otra parte, la Fiscalía informó que Alexander Joel Torres Moreno, alias el Sangriento (prófugo) y Rigoberto Vladimir Velásquez Amaya, fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio agravado de dos hermanos.
El crimen ocurrió el 11 de junio de 2014 en el sector conocido como La Quebrada, de la colonia Santa María, del distrito de La Unión. Según la acusación fiscal, Velásquez Amaya se comunicó con una de las víctimas y le pidió que llegara al lugar para hablar, pero era una trampa para asesinarlos.
La FGR logró además, que José Mariano Martínez Calderón sea condenado a 40 años de prisión por los delitos de violación en menor o incapaz continuada y extorsión agravada.
Abraham Quintanilla, padre de la cantante Selena, falleció la mañana de este 13 de diciembre a los 86 años. La noticia fue confirmada por su hijo, el músico A.B. Quintanilla, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.
Abraham Quintanilla fue reconocido por impulsar la carrera artística de Selena y por fungir como productor ejecutivo de la película biográfica sobre su vida estrenada en 1997 y protagonizada por Jennifer López.
A 42 años y ocho meses de cárcel fue condenado José Alfredo Rodríguez Avilés por haber violado a una niña de nueve años en Santa Ana.
La víctima vivía con el hermano menor, la madre y Rodríguez Avilés, quien comenzó a agredirla sexualmente coaccionando a la menor para poder realizarle tocamientos y otras agresiones. Los hechos ocurrieron desde el año 2004 hasta 2006.
Al poco tiempo inició a abusarla sexualmente y pese a que la niña denunció estas acciones con su madre, no le creyó, informó la Fiscalía.
Fue en 2008 cuando las autoridades fueron alertadas por esta situación y sustrajeron a la menor de la vivienda.
El violador fue denunciado, pero huyó del país. «Fue hasta el año 2021 que fue localizado por la INTERPOL y posteriormente entregado a las autoridades salvadoreñas», explicó el ministerio público.
