Judicial
Alta Corrupción en el Juzgado 2do. de Instrucción de San Salvador
De acuerdo a una fuente judicial que habló con reserva de identidad por temor a las represalias, en los últimos meses el Juzgado 2o de Instrucción se ha convertido en el foco de situaciones irregulares, comenzando por el nombramiento del Juez Jorge Eduardo Tenorio Rivera, con un largo historial de señalamientos de corrupción y acoso.
Un cuestionado juez que viene a ocupar la silla de la Jueza Violeta Edelmira Flores.
Transcurría el mes de marzo del presente año, cuando los empleados del Juzgado 2o de Instrucción de San Salvador, se encontraron con la sorpressa que el Juez Jorge Eduardo Tenorio Rivera, Juez Propietario del Juzgado 2o. de Paz de Santa Tecla, les comunicaba que estaba llegando a cumplir un Interinato en esa sede judicial. Sin embargo, el tiempo fue transcurriendo y todo parece indicar que ha llegado indefinidamente y con una clara misión de resolver sonados casos que involucran a distintos personajes de la realidad nacional.
Se supo, en el curso de esta investigación periodística que la Jueza Violeta Edelmira Flores, solicitó una licencia sin goce de sueldo, para la realización de una actividad personal y que durante la tramitación de la suplencia del Juzgado, la Corte Plena se enfrascó en el debate si designaba a una abogada litigante que tiene condición de Juez Suplente o lo que también extrañó a más de algún Magistrado de Corte, que se llamara a Jorge Eduardo Tenorio para suplir la vacante, sobre todo por el largo historial de informativos disciplinarios por actuaciones irregulares, muestras evidentes de falta de capacidad, conflictos con los sindicatos judiciales e indicios de corrupción con relación al citado funcionario judicial.
En el caso de la Jueza Violeta Flores ella era poco conocida hasta el momento en que fue denunciada públicamente que la Jueza había hecho “copia y pega”de una resolución del Tribunal de Sentencia, para intentar vincular al empresario Enrique Rais, con delitos de crimen organizado y que posteriormente por medio del pronunciamiento de la Jueza del Tribunal Especializado a quien llegó el caso y a la Corte Plena se confirmó la grave negliencia cometida por la Jueza Flores. Fuera de este hecho, diversas fuentes consultadas en el Centro Judicial la perfilan como una impartidora de justicia, bastante correcta y con buena formación académica, especialmente en temas de derecho constitucional y penal, por lo que causa más asombro en los consultados que se haya presentado como candidata a Magistrada de Corte de Cuentas de la República, uno de los consultados incluso manifestó: “más parece que acá ha habido una especie de permuta de cargos; ya que si la Jueza Flores es electa para formar parte del Órgano contralor; el Juez Tenorio podrá resolver a sus anchas casos como el del proceso de devolución de los Fondos de Taiwan (Contra Juan Tennant Wright, padre de Jhonny Wright,Fundador de Nuestro Tiempo; Gerardo Balzaretti y el Ex Presidente Toni Saca); el caso contra el empresario Enrique Rais; y el caso del Pacto y Financiamiento de Pandillas que incluye al Alcalde de San Salvador: Ernesto Muyshondt, como también a los Ex Funcionarios del Gobierno del FMLN: Aristides Valencia y Benito Lara.
Historial de señalamientos del Juez Jorge Eduardo Tenorio.
EL 03 de marzo de 2020, a solamente unos días que la Corte Plena, premiara al Juez Jorge Eduardo Tenorio, con el traslado para ejercer un interinato en el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador, los miembros del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ) cerraron las instalaciones del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, lo que fue reconocido por la organización como “una forma de presionar a la patronal, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que proceda contra Jorge Eduardo Tenorio (juez segundo de paz) por expresiones de violencia contra la mujer y acoso sexual a personal femenino que labora en el juzgado que preside”
De hecho Roswal Solórzano, Secretario del SITTOJ, declaró ante medios de prensa que los empleados judiciales acusan al Juez Tenorio de actos de corrupción, acoso laboral y acoso sexual.
Sin embargo, este no es el único caso de señalamientos por infracciones o delitos contra el Juez Tenorio, quien tiene en su hoja profesional, múltiples denuncias ante el Departamento de Investigación Judicial que se encarga de vigilar las actuaciones de los funcionarios judiciales. Una fuente de la Corte Suprema de Justicia manifestó que este Juez tiene mínimo 17 denuncias en su contra, durante su carrera judicial; extrañamente la Corte Plena lo ha exonerado en casi todas las ocasiones.
Por ejemplo consta en el Acta de Corte Plena de fecha 09 de enero de 2020, que se conoció contra el Juez Tenorio el informativo disciplinario 001/2017 (87) como Juez reemplazante del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, en el cual fue absuelto por los Magistrados de Corte; igual destino corrió el informativo disciplinario 219/2010 (71) siempre instruido contra Tenorio como Juez 2º de Paz de Santa Tecla (Propietario) en el cual fue librado de cargos por la Corte Plena, según descripción del Acta del 07 de febrero de 2017.
A pesar de todas las ocasiones donde el Juez Tenorio, logró salvar las sanciones, también cuenta en su Expediente Administrativo, con sanciones impuestas, como la suspensión laboral que le fue impuesta por Corte Plena, por el periodo comprendido del 26 de junio al 10 de julio de 2017 por infracciones disciplinarias, en el Juzgado 2º de Paz de San Salvador. Curiosamente en aquella ocasión, fue sustituido durante los días que estuvo sancionado por la Jueza María Magdalena Flores Orellana (Jueza del Tribunal 2º de Sentencia de Zacatecoluca), hermana de la Jueza Violeta Edelmira Flores Orellana, a quien hoy Tenorio se encuentra sustituyendo en interinato, como se puede observar todo queda en familia.
Precisamente la fuente consultada en la Corte Suprema de Justicia, que proporcionó los datos de los expedientes disciplinarios del Juez Tenorio, afirmó que no es congruente que con el largo historial de denuncias y señalamientos de corrupción que este tiene, se le esté posicionando como Juez de instrucción de la capital, dada la trascedencia que tiene esta etapa en el control de garantías del proceso y especialmente al frente de casos tan complejos y emblemáticos.
El Caso Baterias Record.
Ahora que el incendio en la extinta fábrica de Baterias RECORD, ha traído nuevamente a la mente de los salvadoreños la escalada de corrupción que dejó en la impunidad a los responsables de un daño ambiental gravísimo para el país, que ocasionó la muerte y enfermedades crónicas a miles de habitantes en la zona correspondiente a Sitio del Niño, Jurisdicción de San Juan Opico, no puede pasarse por alto que a fecha jueves 29 de noviembre de 2012, “Diario El Mundo” publicaba nota bajo el título “Sobornan a juez y le ofrecen $300 mil” en la cual se afirmaba que dos jueces del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, denunciaron en la Fiscalía General de la República a su colega y quien estaba ejerciendo como suplente: Jorge Eduardo Tenorio, bajo el supuesto que una persona de nombre Mario Montoya, le había ofrecido a Tenorio $300 mil para que fallara a favor de los acusados de contaminación ambiental producida por la fábrica de Baterías de El Savador, conocido judicialmente como caso “RECORD”
De acuerdo a la denuncia presentada en el Despacho del Fiscal General, los jueces denunciantes, habrían notado que algo no andaba bien con Tenorio Rivera.
Desde el momento que los dos jueces denunciaron la situación, un Ex emplado del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, manifiesta que la actitud de Tenorio Rivera fue cada vez más hostil, hasta el punto que decidió emitir su voto por separado.
Esta información de la fuente judicial, fue confirmada por este medio, al verificar que el Acta de Corte Plena de fecha del 13 de mayo de 2014, aún no se había pronunciado el fallo de la Sentencia del Caso de Baterías RECORD y habiendo requerido informe la CSJ solamente lo contestaron los dos jueces denunciantes, no así Tenorio.
La misma nota del periódico citado hacia ver que el entonces Fiscal General en Funciones, al revisar el contenido de la denuncia contra Tenorio Rivera, asignó al caso a la Unidad Especializada de investigación de delitos de corrupción bajo la dirección de Andrés Amaya, la cual nunca prosperó dejando el hecho impune. Casualmente en el perfil de Facebook del Juez Jorge Eduardo Tenorio Rivera, que es público, existe entre sus contactos la persona de Mario Montoya, que era el primer eslabón para realizar las indagaciones correspondientes, lo cual es una muestra más a criterio de las fuentes judiciales consultadas que el citado Juez se siente intocable, por los favores que le deben ciertos Magistrados y Ex Magistrados de la CSJ de gran incidencia en el quehacer del Órgano Judicial.
El centro de la Trama: El tío del Alcalde de San Salvador.
Paralelamente a la realización del juicio penal contra empleados de la Fábrica de Baterias RECORD, y mientras se posponía el pronunciamiento de fallo, desde finales de noviembre de 2012 hasta pasado el primer cuatrimestre del año 2014, aparecía en escena pero en la fase ambiental, un personaje que es clave para entender la dinámica e interacción del Juez Tenorio Rivera en su recién nombrado interinato a cargo del Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador, nos referimos al Abogado: Carlos Arturo Muyshondt Parker.
Precisamente, a fecha 14 de marzo de 2013, el entonces Ministro de Medio Ambiente, remitía comunicación al abogado Muyshondt Parker, en su calidad de Apoderado de Baterías de El Salvador, S.A. de C.V., le hacía ver que: “el documento recibido(…) para la realización (…)de tratamiento de cenizas y escorias por parte de SOMABIO, S.A. DE C.V., no reúne los requerimientos técnicos indicados en la Nota MARN-AD-68-2012 del 28 de septiembre de 2012; y el desarrollo de ese ensayo en las condiciones previstas representaría riesgos a la salud de los trabajadores y el medio ambiente.”
Sin embargo, estos hechos parecerían no tener conexión, sino fuera por un expediente judicial en la Cámara 1º de lo Civil de la Primera Sección del Centro, con referencia 10-RH-2008, donde consta una resolución de fecha 10 de marzo de 2008, denegando un recurso de hecho, sobre un intento de desvanecer una deuda de diez mil colones por vía de prescripción de obligación a favor del FOSSAFI, la cual debía el Juez Jorge Eduardo Tenorio Rivera, siendo su apoderado judicial: Carlos Arturo Muyshondt Parker. Tío del actual Alcalde de San Salvador: Ernesto Muyshondt.
Es acá donde diversos caminos se cruzan y conectan entre el Juez Tenorio y el abogado Arturo Muyshondt, especialmente porque el primero como Juez interino del Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador, está conociendo de la causa penal sobre el financiamiento de pandillas, en el que tiene la calidad de imputado el alcalde de San Salvador, quien tiene entre sus abogados precisamente a Arturo Muyshondt. A pesar de tan grave conflicto de intereses el Juez Tenorio no se excusó de conocer el proceso; pues según la fuente judicial inicialmente relacionada, es por este caso que fue concretamente asignado, a fin que nada se salga de control y por eso se removió a la Jueza Flores Orellana, que no les servía en su interés de llevar el caso sin contratiempos. Por tal motivo, supone la fuente que se le ofreció a la Jueza Violeta Edelmira Flores Orellana, por parte de personeros que hablaron a nombre del partido ARENA, un trueque, para que dejara el juzgado en manos de Tenorio y en su lugar a ella la nombrarán Magistrada de Corte de Cuentas. La cercanía y simpatía del Juez Jorge Eduardo Tenorio Rivera con el partido ARENA, no es ningún secreto, pues una de las personas que se encuentran como contactos del citado Juez en la Red Social de FACEBOOK, nos comprobó que entre los amigos y relacionados con Tenorio se encuentra el perfil de la Juventud Arenera y el Diputado Mauricio “Chato” Vargas.
Si esto no fuera suficiente, que el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador, a cargo de Tenorio, también acaba de recibir una demanda interpuesta por la Fiscalía General de la República, sobre la cual dio a conocer el Fiscal General que va dirigida contra el Ex Presidente de la República: Toni Saca, Gerardo Balzaretti Kriete y el papá del fundador del Partido Nuestro Tiempo: Juan Tennant Wright, con el interés de recuperar la suma de 10 millones de Dólares donados por Taiwán y que fueron a parar a cuentas del partido ARENA para el financiamiento de campañas políticas. En este caso, resulta que el abogado que ejerció la Defensa de Gerardo Balzaretti, quien fue sobreseido por ya haber prescrito la acción penal, fue Arturo Muyshondt.
Recién el pasado 4 de agosto de 2020, el abogado Arturo Muyshondt, como apoderado de Baterías de El Salvador, S.A. de C.V., según publicó “El Diario de Hoy” bajo el titular de “Policía incumplió orden judicial de vigilar fábrica que se incendió” pretendió direccionar las miradas al Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a quien afirmó haberle remitido una carta sobre la situación de la fábrica, sin haber obtenido respuesta. Cuando en realidad lo que ha ocurrido es todo lo contrario, pues el propio abogado Arturo Muyshondt ha estado en primera línea de una serie de actos que presuntamente habrían desembocado en la impunidad de los responsables directos de la contaminación ambiental ocurrida en el lugar, situación en la que siempre ha aparecido quien confió tanto en él, como para nombrarlo su apoderado: el Juez Jorge Eduardo Tenorio Rivera, quien hoy tiene a cargo la decisión sobre dos casos que vinculan al mencionado abogado y que podrían también quedar en la total impunidad…
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¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
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Cadena perpetua para dos líderes de la MS-13 en San Salvador: Tribunal condena a 97 pandilleros de 10 clicas
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Condenan a cadena perpetua a pandilleros de la MS-13 capturados durante el régimen de excepción en El Salvador
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de cadena perpetua a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados durante el régimen de excepción y procesados por delitos relacionados con homicidios, desapariciones, extorsiones y actividades de organizaciones terroristas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó las sentencias el viernes 9 de octubre de 2026, como parte de los procesos judiciales contra estructuras pandilleriles que operaban en la capital y sus alrededores.
Entre los condenados se encuentran Josué Germain González Mejía, identificado por las autoridades como corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, señalado como homeboy dentro de la organización criminal. Según las investigaciones fiscales, ambos formaban parte de estructuras que mantenían presencia en diferentes sectores de San Salvador, donde se les atribuyeron hechos violentos y actividades delictivas contra la población.
#CombateAPandillas | Cadena perpetua para pandilleros de la MS-13.
La @FGR_SV logró que demostrar que estos criminales mantenían el control en diferentes zonas de la capital y sus alrededores, en donde cometieron diversos casos de homicidios, desapariciones, extorsiones, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, entre otros.
Todos fueron capturados gracias al Régimen de Excepción.
Entre los condenados a cadena perpetua están Josué Germain González Mejía, quien tenía el rango de corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, identificado como homeboy.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 9, 2026
La Fiscalía aseguró que durante el proceso judicial presentó elementos probatorios relacionados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, agrupaciones ilícitas y delitos vinculados con organizaciones terroristas. Sin embargo, la institución no precisó el número total de personas condenadas en este caso, las fechas de los hechos investigados ni las circunstancias particulares de cada delito. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Estas condenas se producen después de las reformas constitucionales y penales aprobadas en marzo de 2026, mediante las cuales El Salvador incorporó la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad, como homicidio, violación y terrorismo. La modificación del artículo 27 de la Constitución permitió establecer esta sanción, cuya aplicación contempla mecanismos de revisión judicial después de determinados períodos de cumplimiento. En septiembre se conocieron las primeras sentencias bajo el nuevo marco legal, por lo que las resoluciones contra integrantes de la MS-13 representan nuevos casos de aplicación de esta pena.
Los condenados habían sido detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado periódicamente por la Asamblea Legislativa. El Gobierno sostiene que esta medida ha contribuido a reducir los homicidios y desarticular estructuras criminales, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales en determinados casos. Las nuevas sentencias reflejan la aplicación del endurecimiento de las penas contra delitos graves en El Salvador, en medio de la continuidad de los procesos judiciales relacionados con las pandillas.
