Judicial
Alta Corrupción en el Juzgado 2do. de Instrucción de San Salvador
De acuerdo a una fuente judicial que habló con reserva de identidad por temor a las represalias, en los últimos meses el Juzgado 2o de Instrucción se ha convertido en el foco de situaciones irregulares, comenzando por el nombramiento del Juez Jorge Eduardo Tenorio Rivera, con un largo historial de señalamientos de corrupción y acoso.
Un cuestionado juez que viene a ocupar la silla de la Jueza Violeta Edelmira Flores.

Transcurría el mes de marzo del presente año, cuando los empleados del Juzgado 2o de Instrucción de San Salvador, se encontraron con la sorpressa que el Juez Jorge Eduardo Tenorio Rivera, Juez Propietario del Juzgado 2o. de Paz de Santa Tecla, les comunicaba que estaba llegando a cumplir un Interinato en esa sede judicial. Sin embargo, el tiempo fue transcurriendo y todo parece indicar que ha llegado indefinidamente y con una clara misión de resolver sonados casos que involucran a distintos personajes de la realidad nacional.
Se supo, en el curso de esta investigación periodística que la Jueza Violeta Edelmira Flores, solicitó una licencia sin goce de sueldo, para la realización de una actividad personal y que durante la tramitación de la suplencia del Juzgado, la Corte Plena se enfrascó en el debate si designaba a una abogada litigante que tiene condición de Juez Suplente o lo que también extrañó a más de algún Magistrado de Corte, que se llamara a Jorge Eduardo Tenorio para suplir la vacante, sobre todo por el largo historial de informativos disciplinarios por actuaciones irregulares, muestras evidentes de falta de capacidad, conflictos con los sindicatos judiciales e indicios de corrupción con relación al citado funcionario judicial.
En el caso de la Jueza Violeta Flores ella era poco conocida hasta el momento en que fue denunciada públicamente que la Jueza había hecho “copia y pega”de una resolución del Tribunal de Sentencia, para intentar vincular al empresario Enrique Rais, con delitos de crimen organizado y que posteriormente por medio del pronunciamiento de la Jueza del Tribunal Especializado a quien llegó el caso y a la Corte Plena se confirmó la grave negliencia cometida por la Jueza Flores. Fuera de este hecho, diversas fuentes consultadas en el Centro Judicial la perfilan como una impartidora de justicia, bastante correcta y con buena formación académica, especialmente en temas de derecho constitucional y penal, por lo que causa más asombro en los consultados que se haya presentado como candidata a Magistrada de Corte de Cuentas de la República, uno de los consultados incluso manifestó: “más parece que acá ha habido una especie de permuta de cargos; ya que si la Jueza Flores es electa para formar parte del Órgano contralor; el Juez Tenorio podrá resolver a sus anchas casos como el del proceso de devolución de los Fondos de Taiwan (Contra Juan Tennant Wright, padre de Jhonny Wright,Fundador de Nuestro Tiempo; Gerardo Balzaretti y el Ex Presidente Toni Saca); el caso contra el empresario Enrique Rais; y el caso del Pacto y Financiamiento de Pandillas que incluye al Alcalde de San Salvador: Ernesto Muyshondt, como también a los Ex Funcionarios del Gobierno del FMLN: Aristides Valencia y Benito Lara.
Historial de señalamientos del Juez Jorge Eduardo Tenorio.
EL 03 de marzo de 2020, a solamente unos días que la Corte Plena, premiara al Juez Jorge Eduardo Tenorio, con el traslado para ejercer un interinato en el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador, los miembros del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ) cerraron las instalaciones del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, lo que fue reconocido por la organización como “una forma de presionar a la patronal, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que proceda contra Jorge Eduardo Tenorio (juez segundo de paz) por expresiones de violencia contra la mujer y acoso sexual a personal femenino que labora en el juzgado que preside”
De hecho Roswal Solórzano, Secretario del SITTOJ, declaró ante medios de prensa que los empleados judiciales acusan al Juez Tenorio de actos de corrupción, acoso laboral y acoso sexual.
Sin embargo, este no es el único caso de señalamientos por infracciones o delitos contra el Juez Tenorio, quien tiene en su hoja profesional, múltiples denuncias ante el Departamento de Investigación Judicial que se encarga de vigilar las actuaciones de los funcionarios judiciales. Una fuente de la Corte Suprema de Justicia manifestó que este Juez tiene mínimo 17 denuncias en su contra, durante su carrera judicial; extrañamente la Corte Plena lo ha exonerado en casi todas las ocasiones.
Por ejemplo consta en el Acta de Corte Plena de fecha 09 de enero de 2020, que se conoció contra el Juez Tenorio el informativo disciplinario 001/2017 (87) como Juez reemplazante del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, en el cual fue absuelto por los Magistrados de Corte; igual destino corrió el informativo disciplinario 219/2010 (71) siempre instruido contra Tenorio como Juez 2º de Paz de Santa Tecla (Propietario) en el cual fue librado de cargos por la Corte Plena, según descripción del Acta del 07 de febrero de 2017.
A pesar de todas las ocasiones donde el Juez Tenorio, logró salvar las sanciones, también cuenta en su Expediente Administrativo, con sanciones impuestas, como la suspensión laboral que le fue impuesta por Corte Plena, por el periodo comprendido del 26 de junio al 10 de julio de 2017 por infracciones disciplinarias, en el Juzgado 2º de Paz de San Salvador. Curiosamente en aquella ocasión, fue sustituido durante los días que estuvo sancionado por la Jueza María Magdalena Flores Orellana (Jueza del Tribunal 2º de Sentencia de Zacatecoluca), hermana de la Jueza Violeta Edelmira Flores Orellana, a quien hoy Tenorio se encuentra sustituyendo en interinato, como se puede observar todo queda en familia.
Precisamente la fuente consultada en la Corte Suprema de Justicia, que proporcionó los datos de los expedientes disciplinarios del Juez Tenorio, afirmó que no es congruente que con el largo historial de denuncias y señalamientos de corrupción que este tiene, se le esté posicionando como Juez de instrucción de la capital, dada la trascedencia que tiene esta etapa en el control de garantías del proceso y especialmente al frente de casos tan complejos y emblemáticos.
El Caso Baterias Record.
Ahora que el incendio en la extinta fábrica de Baterias RECORD, ha traído nuevamente a la mente de los salvadoreños la escalada de corrupción que dejó en la impunidad a los responsables de un daño ambiental gravísimo para el país, que ocasionó la muerte y enfermedades crónicas a miles de habitantes en la zona correspondiente a Sitio del Niño, Jurisdicción de San Juan Opico, no puede pasarse por alto que a fecha jueves 29 de noviembre de 2012, “Diario El Mundo” publicaba nota bajo el título “Sobornan a juez y le ofrecen $300 mil” en la cual se afirmaba que dos jueces del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, denunciaron en la Fiscalía General de la República a su colega y quien estaba ejerciendo como suplente: Jorge Eduardo Tenorio, bajo el supuesto que una persona de nombre Mario Montoya, le había ofrecido a Tenorio $300 mil para que fallara a favor de los acusados de contaminación ambiental producida por la fábrica de Baterías de El Savador, conocido judicialmente como caso “RECORD”
De acuerdo a la denuncia presentada en el Despacho del Fiscal General, los jueces denunciantes, habrían notado que algo no andaba bien con Tenorio Rivera.
Desde el momento que los dos jueces denunciaron la situación, un Ex emplado del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, manifiesta que la actitud de Tenorio Rivera fue cada vez más hostil, hasta el punto que decidió emitir su voto por separado.
Esta información de la fuente judicial, fue confirmada por este medio, al verificar que el Acta de Corte Plena de fecha del 13 de mayo de 2014, aún no se había pronunciado el fallo de la Sentencia del Caso de Baterías RECORD y habiendo requerido informe la CSJ solamente lo contestaron los dos jueces denunciantes, no así Tenorio.
La misma nota del periódico citado hacia ver que el entonces Fiscal General en Funciones, al revisar el contenido de la denuncia contra Tenorio Rivera, asignó al caso a la Unidad Especializada de investigación de delitos de corrupción bajo la dirección de Andrés Amaya, la cual nunca prosperó dejando el hecho impune. Casualmente en el perfil de Facebook del Juez Jorge Eduardo Tenorio Rivera, que es público, existe entre sus contactos la persona de Mario Montoya, que era el primer eslabón para realizar las indagaciones correspondientes, lo cual es una muestra más a criterio de las fuentes judiciales consultadas que el citado Juez se siente intocable, por los favores que le deben ciertos Magistrados y Ex Magistrados de la CSJ de gran incidencia en el quehacer del Órgano Judicial.
El centro de la Trama: El tío del Alcalde de San Salvador.
Paralelamente a la realización del juicio penal contra empleados de la Fábrica de Baterias RECORD, y mientras se posponía el pronunciamiento de fallo, desde finales de noviembre de 2012 hasta pasado el primer cuatrimestre del año 2014, aparecía en escena pero en la fase ambiental, un personaje que es clave para entender la dinámica e interacción del Juez Tenorio Rivera en su recién nombrado interinato a cargo del Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador, nos referimos al Abogado: Carlos Arturo Muyshondt Parker.
Precisamente, a fecha 14 de marzo de 2013, el entonces Ministro de Medio Ambiente, remitía comunicación al abogado Muyshondt Parker, en su calidad de Apoderado de Baterías de El Salvador, S.A. de C.V., le hacía ver que: “el documento recibido(…) para la realización (…)de tratamiento de cenizas y escorias por parte de SOMABIO, S.A. DE C.V., no reúne los requerimientos técnicos indicados en la Nota MARN-AD-68-2012 del 28 de septiembre de 2012; y el desarrollo de ese ensayo en las condiciones previstas representaría riesgos a la salud de los trabajadores y el medio ambiente.”
Sin embargo, estos hechos parecerían no tener conexión, sino fuera por un expediente judicial en la Cámara 1º de lo Civil de la Primera Sección del Centro, con referencia 10-RH-2008, donde consta una resolución de fecha 10 de marzo de 2008, denegando un recurso de hecho, sobre un intento de desvanecer una deuda de diez mil colones por vía de prescripción de obligación a favor del FOSSAFI, la cual debía el Juez Jorge Eduardo Tenorio Rivera, siendo su apoderado judicial: Carlos Arturo Muyshondt Parker. Tío del actual Alcalde de San Salvador: Ernesto Muyshondt.
Es acá donde diversos caminos se cruzan y conectan entre el Juez Tenorio y el abogado Arturo Muyshondt, especialmente porque el primero como Juez interino del Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador, está conociendo de la causa penal sobre el financiamiento de pandillas, en el que tiene la calidad de imputado el alcalde de San Salvador, quien tiene entre sus abogados precisamente a Arturo Muyshondt. A pesar de tan grave conflicto de intereses el Juez Tenorio no se excusó de conocer el proceso; pues según la fuente judicial inicialmente relacionada, es por este caso que fue concretamente asignado, a fin que nada se salga de control y por eso se removió a la Jueza Flores Orellana, que no les servía en su interés de llevar el caso sin contratiempos. Por tal motivo, supone la fuente que se le ofreció a la Jueza Violeta Edelmira Flores Orellana, por parte de personeros que hablaron a nombre del partido ARENA, un trueque, para que dejara el juzgado en manos de Tenorio y en su lugar a ella la nombrarán Magistrada de Corte de Cuentas. La cercanía y simpatía del Juez Jorge Eduardo Tenorio Rivera con el partido ARENA, no es ningún secreto, pues una de las personas que se encuentran como contactos del citado Juez en la Red Social de FACEBOOK, nos comprobó que entre los amigos y relacionados con Tenorio se encuentra el perfil de la Juventud Arenera y el Diputado Mauricio “Chato” Vargas.
Si esto no fuera suficiente, que el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador, a cargo de Tenorio, también acaba de recibir una demanda interpuesta por la Fiscalía General de la República, sobre la cual dio a conocer el Fiscal General que va dirigida contra el Ex Presidente de la República: Toni Saca, Gerardo Balzaretti Kriete y el papá del fundador del Partido Nuestro Tiempo: Juan Tennant Wright, con el interés de recuperar la suma de 10 millones de Dólares donados por Taiwán y que fueron a parar a cuentas del partido ARENA para el financiamiento de campañas políticas. En este caso, resulta que el abogado que ejerció la Defensa de Gerardo Balzaretti, quien fue sobreseido por ya haber prescrito la acción penal, fue Arturo Muyshondt.
Recién el pasado 4 de agosto de 2020, el abogado Arturo Muyshondt, como apoderado de Baterías de El Salvador, S.A. de C.V., según publicó “El Diario de Hoy” bajo el titular de “Policía incumplió orden judicial de vigilar fábrica que se incendió” pretendió direccionar las miradas al Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a quien afirmó haberle remitido una carta sobre la situación de la fábrica, sin haber obtenido respuesta. Cuando en realidad lo que ha ocurrido es todo lo contrario, pues el propio abogado Arturo Muyshondt ha estado en primera línea de una serie de actos que presuntamente habrían desembocado en la impunidad de los responsables directos de la contaminación ambiental ocurrida en el lugar, situación en la que siempre ha aparecido quien confió tanto en él, como para nombrarlo su apoderado: el Juez Jorge Eduardo Tenorio Rivera, quien hoy tiene a cargo la decisión sobre dos casos que vinculan al mencionado abogado y que podrían también quedar en la total impunidad…


Judicial
100 años de prisión para pandilleros de Chalchuapa
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
Judicial
Fiscal general afirma que la cadena perpetua es una medida adecuada
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Judicial
314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.






