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Judicial

José Antonio Salaverría advierte que banco Davivienda estaría adelantando criterio a fallo de Sala de lo Constitucional

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El empresario cafetalero José Antonio Salaverría quien actualmente sigue el proceso de ejecución forzosa de la sentencia que condena al Banco Davivienda Salvadoreño al pago de una importante suma de dinero, advirtió en el programa “La Tertulia Con Medardo Alfaro” sobre la delicada y atrevida publicación del banco en sus estados financieros auditados al 30 de junio de 2020 donde textualmente manifiestan:

“Por el momento, IJASAL ha iniciado el trámite normal de ejecución de la sentencia del 13 de junio de 2019 de la Sala de lo Civil, procediendo al diligenciamiento del embargo. Sin Embargo, una vez que se admita la demanda de amparo presentada por el Banco y suspendidos los efectos de la sentencia impugnada, el trámite de ejecución será detenido https://www.davivienda.com.sv/Api-portalDavivienda/media/EFCDj20.pdf”, según señala el demandante.

Para Salaverría dicha publicación, además de constituir un engaño por parte de la institución bancaria hacia sus usuarios, acreedores, deudores, reguladores, clasificadoras de riesgo e inversionistas puesto que sustenta su situación financiera frente a terceros en un hecho de  futuro incierto, atenta contra la institucionalidad del país, particularmente la credibilidad de la justicia, dado que, en forma atrevida e irresponsable, convierten un hecho incierto en la admisión de la demanda y la suspensión del acto reclamado, o se están adelantando a un hecho que pronto sucederá.

En pocas palabras, dijo, estarían adelantando criterio en el sentido de una futura resolución judicial.

Por su parte, el equipo jurídico de Salaverría le hizo un llamado al “Órgano Judicial no dejarse sorprender, ni amedrentar, ni presionar bajo ninguna circunstancia, por los poderes fácticos de este país”.

Al momento, el proceso de ejecución forzosa del banco embargado se encuentra en la Sala de lo Civil donde ésta debe pronunciarse sobre un recurso de revisión promovido por los apoderados de Davivienda.

Posteriormente, el expediente bajará al Juzgado Primero de lo Mercantil donde la jueza, deberá proceder a la liquidación y adjudicación de los bienes embargados. Esto sería la última etapa de un proceso que ha durado más de 12 años.

José Antonio Salaverría espera que se le haga efectivo el embargo por 49 millones 314 mil 303 dólares con 55 centavos del Banco Davivienda.

En su oportunidad, el empresario Salaverría explicó que el banco de forma arbitraria inició un proceso ejecutivo en contra de sus propiedades y que con el cese de los préstamos que tenía, inició con el embargo de propiedades, entre ellas beneficios de café.

“De manera ilegal el banco inició los embargos sin tener sustentos legales y sin tener mora. Ellos incumplieron todo lo que se ha venido ventilando en este proceso, como también, los convenios que se habían pactado con el banco en su debido momento, por ese motivo se presentaron tres demandas en el 2009 y que ahora llegan a su fin. El banco no ha tenido un sustento legal para decir que no puede pagar ese dinero y simplemente se han hecho los desentendidos para el no pago”, puntualizó Salaverría.

“Nos quebraron totalmente”

“Había suscrito un convenio con HSBC hoy DAVIVIENDA y luego me embargaron indebidamente. Ellos tenían un pagaré por 160 mil dólares y lo llenaron como quisieron a fin de provocar un incumplimiento. Nosotros tratamos de pagar al día siguiente todo el dinero que exigían, pero se opusieron a ello y nos quebraron totalmente”, afirmó Salaverría.

“Nosotros dábamos empleos a unas cinco mil familias y al menos teníamos 1,260 productores de café, entre ellos había tres presidentes de bancos y seis directores porque confiaban en nosotros”, indicó el cafetalero que ahora pide justicia.

Judicial

Sujeto recibe 12 años de prisión por despojar de sus pertenencias a una víctima

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A cumplir una condena de 12 años de cárcel ha sido sentenciado José Alfredo Gómez Ramírez, quien fue declarado culpable por el delito de robo en perjuicio de una víctima, a quien despojó de sus objetos de valor.

El hecho ocurrió la tarde del 18 de enero de este año. La víctima transitaba sobre 12ª. calle poniente, entre la 1ª. avenida sur y la avenida Isidro Ménendez, en el centro de esta capital, cuando fue interceptada por Gómez Ramírez, quien la amenazó de muerte y de forma rápida la despojó de sus prendas de valor.

La víctima luego de entregar sus pertenencias huyó de la zona y buscó apoyo policial.

El sujeto fue ubicado y detenido por agentes de autoridad a los pocos minutos de la acción delincuencial. La Fiscalía presentó toda la prueba ante el Juzgado Noveno de Paz y al finalizar de la denominada audiencia de vista pública sumaria fue encontrado responsable penalmente por el mencionado delito.

Gómez Ramírez ya cumplió dos condenas carcelarias por igual número de robos que cometió en 2015 y 2020, respectivamente.

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Judicial

Ordenan captura de hombre acusado de crear material de abuso infantil

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La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron un operativo para capturar a Miguel Ángel Renderos Teo, quien será procesado por generar material de abuso sexual infantil.

La investigación contra el sujeto inició luego que la Fiscalía recibió un aviso en el que se alertaba que el hombre creaba material de abuso sexual de dos menores.

El registro se realizó en Soyapango, San Salvador Este y durante el procedimiento se logró la incautación de tres dispositivos celulares que ayudarán a robustecer las investigaciones en su contra.

Además se logró identificar a las víctimas, quienes fueron asistidas por el equipo multidisciplinario de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia (UAEMNA).

La FGR presentará al imputado en los próximos días ante las autoridades competentes.

Al hombre se le atribuyen los delitos de utilización de niñas/os, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), violación en menor e incapaz agravada y continuada, y agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada.

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Cárcel para sujeto que violó a su pareja y la indujo al suicidio

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Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.

La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.

Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.

Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.

Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.

Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.

La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.

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