Judicial
José Antonio Salaverría advierte que banco Davivienda estaría adelantando criterio a fallo de Sala de lo Constitucional

El empresario cafetalero José Antonio Salaverría quien actualmente sigue el proceso de ejecución forzosa de la sentencia que condena al Banco Davivienda Salvadoreño al pago de una importante suma de dinero, advirtió en el programa “La Tertulia Con Medardo Alfaro” sobre la delicada y atrevida publicación del banco en sus estados financieros auditados al 30 de junio de 2020 donde textualmente manifiestan:
“Por el momento, IJASAL ha iniciado el trámite normal de ejecución de la sentencia del 13 de junio de 2019 de la Sala de lo Civil, procediendo al diligenciamiento del embargo. Sin Embargo, una vez que se admita la demanda de amparo presentada por el Banco y suspendidos los efectos de la sentencia impugnada, el trámite de ejecución será detenido https://www.davivienda.com.sv/Api-portalDavivienda/media/EFCDj20.pdf”, según señala el demandante.
Para Salaverría dicha publicación, además de constituir un engaño por parte de la institución bancaria hacia sus usuarios, acreedores, deudores, reguladores, clasificadoras de riesgo e inversionistas puesto que sustenta su situación financiera frente a terceros en un hecho de futuro incierto, atenta contra la institucionalidad del país, particularmente la credibilidad de la justicia, dado que, en forma atrevida e irresponsable, convierten un hecho incierto en la admisión de la demanda y la suspensión del acto reclamado, o se están adelantando a un hecho que pronto sucederá.
En pocas palabras, dijo, estarían adelantando criterio en el sentido de una futura resolución judicial.
Por su parte, el equipo jurídico de Salaverría le hizo un llamado al “Órgano Judicial no dejarse sorprender, ni amedrentar, ni presionar bajo ninguna circunstancia, por los poderes fácticos de este país”.
Al momento, el proceso de ejecución forzosa del banco embargado se encuentra en la Sala de lo Civil donde ésta debe pronunciarse sobre un recurso de revisión promovido por los apoderados de Davivienda.
Posteriormente, el expediente bajará al Juzgado Primero de lo Mercantil donde la jueza, deberá proceder a la liquidación y adjudicación de los bienes embargados. Esto sería la última etapa de un proceso que ha durado más de 12 años.
José Antonio Salaverría espera que se le haga efectivo el embargo por 49 millones 314 mil 303 dólares con 55 centavos del Banco Davivienda.
En su oportunidad, el empresario Salaverría explicó que el banco de forma arbitraria inició un proceso ejecutivo en contra de sus propiedades y que con el cese de los préstamos que tenía, inició con el embargo de propiedades, entre ellas beneficios de café.
“De manera ilegal el banco inició los embargos sin tener sustentos legales y sin tener mora. Ellos incumplieron todo lo que se ha venido ventilando en este proceso, como también, los convenios que se habían pactado con el banco en su debido momento, por ese motivo se presentaron tres demandas en el 2009 y que ahora llegan a su fin. El banco no ha tenido un sustento legal para decir que no puede pagar ese dinero y simplemente se han hecho los desentendidos para el no pago”, puntualizó Salaverría.
“Nos quebraron totalmente”
“Había suscrito un convenio con HSBC hoy DAVIVIENDA y luego me embargaron indebidamente. Ellos tenían un pagaré por 160 mil dólares y lo llenaron como quisieron a fin de provocar un incumplimiento. Nosotros tratamos de pagar al día siguiente todo el dinero que exigían, pero se opusieron a ello y nos quebraron totalmente”, afirmó Salaverría.
“Nosotros dábamos empleos a unas cinco mil familias y al menos teníamos 1,260 productores de café, entre ellos había tres presidentes de bancos y seis directores porque confiaban en nosotros”, indicó el cafetalero que ahora pide justicia.
Judicial
Pandillera del Barrio 18 condenada a 20 años de prisión por extorsión

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán

El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Judicial
Pastor evangélico es condenado por agresión sexual a menor en La Libertad

Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.