Nacionales
Gobierno registra los semestres más seguros de la última década en El Salvador
Los primeros semestres del Gobierno del presidente Nayib Bukele (de años 2020, 2021 y 2022) se convirtieron en los períodos más seguros de la historia reciente de El Salvador al sumar 1,682 homicidios y compararse con un período similar de la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén en el que hubo 7,710 muertes violentas a escala nacional, de acuerdo con las estadísticas de la Mesa Técnica Interinstitucional para la Conciliación de Cifras de Víctimas de Homicidios y Feminicidios.
Y al compararlo con el Gobierno de Mauricio Funes, los datos dan cuenta de que en el primer semestre de 2013 hubo 1,057 homicidios y 1,849 en 2014; ambos períodos corresponden al Gobierno del FMLN. A la luz de las estadísticas, la administración de Sánchez Cerén fue la más violenta, pues en los primeros seis meses de 2015 ocurrieron 2,865 homicidios, el pico más alto se dio en 2016, con 3,060 asesinatos, en 2017 (1,785), 2018 (1,810), 2019 (1,575).
Con la llegada del presidente Bukele y la puesta en marcha del Plan Control Territorial (PCT) en junio de 2019, los salvadoreños comenzaron a percibir una reducción histórica de la violencia homicida desde el segundo semestre de 2019. Entre el 1.º de enero y el 30 de junio de 2020 reportaron 596 muertes violentas, en 2021 hubo 637, y 449 en 2022.
La violencia homicida se disminuyó aún más desde finales de marzo de este año, cuando los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el régimen de excepción, una medida que dio herramientas legales al Gobierno para que combatiera frontalmente a las pandillas y que a la fecha reporta más de 46,000 mareros detenidos, la incautación de 1,235 vehículos y más de $1.5 millones que provenían principalmente del cobro de la extorsión y la venta de drogas.
El diputado Caleb Navarro destaca que la administración actual ha demostrado que el tema de la seguridad pública es prioridad y que ahora la población honrada goza una realidad muy distinta a la que se vivía 30 años atrás.
El parlamentario añade que periódicamente el Gabinete de Seguridad Pública da informes sobre el despliegue de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada a escala nacional llegando a desarticular a todos estos grupos criminales.
«Como diputados de la nueva Asamblea Legislativa acompañamos y aprobamos cada petición e iniciativa de nuestro presidente, porque vemos una proyección futurista que promete un mejor país con oportunidades para todos», indica el legislador.
Por su parte, el experto en criminología, Ricardo Sosa, refiere que la apuesta en seguridad permitió que el país no esté en la lista de los más violentos del mundo; por lo tanto, es uno de los grandes logros del PCT.
«Durante la administración del presidente Bukele, la estrategia impulsada por el Gabinete de Seguridad ha mostrado una clara tendencia a la baja en los indicadores criminológicos, desde los primeros meses de su administración en 2019, para que los años 2020, 2021 y los primeros seis meses de este año dicha reducción se consolide. Los datos y la evidencia es lo que me indican», dice el experto.
El parlamentario afirma que la oposición ARENA-FMLN, a pesar de ver los resultados, se niega a dar sus votos; además, lamenta los comentarios «absurdos» que vierten al Gobierno Central.
«Ellos están llenos de envidia porque este Gobierno ha demostrado que en solo tres años la realidad del país se ha logrado cambiar sustancialmente, y ellos en más de 30 años no pudieron hacer nada; bueno, lo único que hacían era llenar sus bolsillos con el dinero del pueblo salvadoreño», recuerda Navarro.
El diputado citó como ejemplo a la legisladora del FMLN Anabel Belloso, quien días atrás dijo a través de su red social que el régimen de excepción solo servía para levantar una campaña publicitaria y que por ese motivo no brindó su voto para prorrogar la estrategia antipandillas.
«La oposición, por más que quiera inculcar dudas o entorpecer el progreso de El Salvador, jamás lo van a lograr; la ciudadanía avala al 100 % las acciones que ha tomado este Gobierno y son ellos mismos quienes pidieron una extensión más del régimen de excepción. ¿Y por qué será?
Pues ellos han visto los resultados notables, las encuestas no mienten, la realidad ha cambiado y seguirá a pasos agigantados», enfatiza el parlamentario.
El pasado 6 de julio, el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, informó que un nuevo contingente de 1,400 efectivos militares será incorporado a tareas de apoyo al PCT para reforzar el combate a los grupos terroristas.
«Hicimos hace dos semanas la juramentación de 1,400 efectivos; ya a finales de este mes se estarán incorporando al Plan Control Territorial, y ya iniciamos el proceso de nuevo ingreso. Ahora van a ingresar más de 2,000», afirmó el funcionario.
El ministro añadió que con los nuevos ingresos se reforzarán los buenos resultados tanto en seguridad como en respuesta ante cualquier desastre natural, «porque tenemos más efectivos con los cuales dar esas respuestas a la población».
El jefe de la institución castrense destacó que el refuerzo de los nuevos 1,400 soldados es necesario porque los pandilleros tienen cierta capacidad de enfrentarse a las autoridades, como quedó demostrado con el asesinato de los tres efectivos de la PNC.
«Ante esa situación, nosotros seguimos cumpliendo con todos los protocolos de actuación, siempre respetuosos de nuestra doctrina en derechos humanos, pero por sobre todo están los derechos de la población, que es víctima de estos delincuentes», reiteró Merino Monroy.
Con el fin de dinamizar la economía, respaldar el bolsillo de los salvadoreños e impulsar los negocios, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la creación e implementación de la Ley Quincena 25.
Dicha normativa, que consta de nueve artículos, fue propuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, y consiste en entregar un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual. Este beneficio se pagará entre el 15 y el 25 de enero de cada año a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500.
De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria 93, dicho monto no sustituirá el salario y no tendrá descuentos de Impuesto sobre la Renta, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni AFP, tampoco podrá ser embargado.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, esta medida beneficiará al 94 % de los asalariados, a las familias, a los grandes y pequeños negocios.
“El mes de enero aprieta más duro y esto es porque en diciembre se aumentan los gastos, por lo que esta medida es para arreglar un problema estructural”, aseguró el también presidente de la Comisión de Hacienda. “Con este dinero se dinamizará la economía a toda escala y de manera local”, agregó.
El Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos, a partir de este mes.
Mientras tanto, en el sector privado, la implementación de la medida será de forma gradual. Este año, el pago será voluntario, las empresas que lo entreguen tendrán un incentivo fiscal, que consistirá en deducir el 100 % del impuesto de la renta del monto brindado.
Por otro lado, de acuerdo al artículo 3, habrá una condición especial cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono o empleador o cuando la persona beneficiada sea despedida sin causa legal, antes del 25 de enero, tendrá derecho a que se le pague la compensación económica adicional.
Esta no es la primera vez que los parlamentarios le brindan gobernabilidad al presidente Bukele, pues ha habido otras medidas que han ayudado a palear dificultades económicas. Entre ellas, la aprobación de la entrega anticipada del aguinaldo para los empleados (tanto del sector público como privado) y el pago de la pensión de Navidad y aguinaldo a las personas retiradas, así como el pago de cuotas alimenticias.
Los presidentes Rodrigo Chaves Robles de Costa Rica y Nayib Bukele de El Salvador encabezaron este miércoles la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un megaproyecto penitenciario ubicado en San Rafael de Alajuela, dentro del complejo La Reforma.
El acto oficializa el inicio de las obras de una infraestructura de alta seguridad con capacidad para 5.100 reclusos, enmarcada en la alianza bilateral “Escudo de las Américas” para combatir el crimen organizado transnacional.
El CACCO, que demandará una inversión aproximada de ₡21.000 millones (alrededor de 35-40 millones de dólares), consta de cinco módulos con estrictos protocolos de contención y busca aislar a líderes de bandas criminales, sicarios, extraditables y reos de alta peligrosidad, al tiempo que alivia el hacinamiento en el sistema penitenciario costarricense. Las autoridades estiman que la construcción tomará unos 200 días, con finalización prevista para finales de 2026.
Durante la conferencia de prensa conjunta y el acto simbólico, ambos mandatarios enfatizaron que esta no es solo una ampliación de infraestructura, sino un cambio de paradigma en la lucha contra estructuras criminales que operan en la región. Bukele, en su intervención, reiteró los riesgos de dejar crecer la inseguridad: “Cuando la inseguridad avanza, se cae el trabajo, se complica la educación y se frena la economía. La gente deja de salir, los negocios cierran temprano, la inversión se va y el turismo desaparece”.
El presidente salvadoreño recordó la experiencia de su país antes del control de las pandillas, donde estas ejercían un “gobierno paralelo” mediante extorsiones, asesinatos y violaciones sistemáticas.
“Cuando la delincuencia se toma el país —cosa que aún no pasa en Costa Rica—, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos: el oficial, elegido por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, de los criminales y de los narcos”, declaró.Bukele destacó el impacto del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde se eliminaron privilegios como el uso de celulares y computadoras para dirigir operaciones desde prisión: “Nuestras cárceles se habían convertido en universidades del crimen. Había criminales con privilegios, metían prostitutas y subían videos a YouTube de sus fiestas.
En 2014 y 2015, ellos grababan y subían sus videos a redes sociales”.Chaves, por su lado, agradeció la asesoría técnica de El Salvador, que incluyó diseños, estudios y protocolos de seguridad, permitiendo ahorros millonarios: “El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado la crónica de una dictadura del crimen organizado. Solo los tontos no aprenden de una mente ajena. Además, el presidente Bukele está aquí porque este proyecto se ha beneficiado con millones de colones que hubiéramos tenido que invertir en diseños y en estudios para su construcción; pero El Salvador, una vez más, colaboró con Costa Rica como lo ha hecho en otras ocasiones”.
El proyecto ganó impulso tras la visita de Bukele a La Reforma en noviembre de 2024 y la gira de Chaves al CECOT en diciembre de 2025. Esta es la cuarta reunión de alto nivel entre ambos líderes, consolidando una relación estrecha centrada en la cooperación regional. La alianza “Escudo de las Américas”, firmada en diciembre de 2025 en Coatepeque (El Salvador), impulsa el intercambio de información y experiencias para enfrentar narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, con invitación abierta a otros países.
El evento, que incluyó movimientos de tierra ya en marcha, se da en plena campaña electoral costarricense (a 15 días de las elecciones nacionales), lo que ha generado debate sobre el timing político. Sin embargo, ambos gobiernos lo presentan como un mensaje inequívoco de unidad y determinación: la seguridad ciudadana es el pilar para la prosperidad económica, social y turística de la región centroamericana.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de diez años de cárcel a Raúl de Jesús Guardado Ramos, tras encontrarlo culpable del delito de robo agravado. Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
Según la relación circunstanciada de los hechos, el incidente ocurrió el 19 de mayo de 2024, cuando la víctima esperaba transporte público.
En ese momento, fue interceptada por Guardado Ramos, quien la persuadió para que abordara su vehículo. Posteriormente, la condujo a un lugar aislado, donde cometió el robo. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que el condenado cancele $60 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
