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Gobierno registra los semestres más seguros de la última década en El Salvador
Los primeros semestres del Gobierno del presidente Nayib Bukele (de años 2020, 2021 y 2022) se convirtieron en los períodos más seguros de la historia reciente de El Salvador al sumar 1,682 homicidios y compararse con un período similar de la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén en el que hubo 7,710 muertes violentas a escala nacional, de acuerdo con las estadísticas de la Mesa Técnica Interinstitucional para la Conciliación de Cifras de Víctimas de Homicidios y Feminicidios.
Y al compararlo con el Gobierno de Mauricio Funes, los datos dan cuenta de que en el primer semestre de 2013 hubo 1,057 homicidios y 1,849 en 2014; ambos períodos corresponden al Gobierno del FMLN. A la luz de las estadísticas, la administración de Sánchez Cerén fue la más violenta, pues en los primeros seis meses de 2015 ocurrieron 2,865 homicidios, el pico más alto se dio en 2016, con 3,060 asesinatos, en 2017 (1,785), 2018 (1,810), 2019 (1,575).
Con la llegada del presidente Bukele y la puesta en marcha del Plan Control Territorial (PCT) en junio de 2019, los salvadoreños comenzaron a percibir una reducción histórica de la violencia homicida desde el segundo semestre de 2019. Entre el 1.º de enero y el 30 de junio de 2020 reportaron 596 muertes violentas, en 2021 hubo 637, y 449 en 2022.
La violencia homicida se disminuyó aún más desde finales de marzo de este año, cuando los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el régimen de excepción, una medida que dio herramientas legales al Gobierno para que combatiera frontalmente a las pandillas y que a la fecha reporta más de 46,000 mareros detenidos, la incautación de 1,235 vehículos y más de $1.5 millones que provenían principalmente del cobro de la extorsión y la venta de drogas.
El diputado Caleb Navarro destaca que la administración actual ha demostrado que el tema de la seguridad pública es prioridad y que ahora la población honrada goza una realidad muy distinta a la que se vivía 30 años atrás.
El parlamentario añade que periódicamente el Gabinete de Seguridad Pública da informes sobre el despliegue de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada a escala nacional llegando a desarticular a todos estos grupos criminales.
«Como diputados de la nueva Asamblea Legislativa acompañamos y aprobamos cada petición e iniciativa de nuestro presidente, porque vemos una proyección futurista que promete un mejor país con oportunidades para todos», indica el legislador.
Por su parte, el experto en criminología, Ricardo Sosa, refiere que la apuesta en seguridad permitió que el país no esté en la lista de los más violentos del mundo; por lo tanto, es uno de los grandes logros del PCT.
«Durante la administración del presidente Bukele, la estrategia impulsada por el Gabinete de Seguridad ha mostrado una clara tendencia a la baja en los indicadores criminológicos, desde los primeros meses de su administración en 2019, para que los años 2020, 2021 y los primeros seis meses de este año dicha reducción se consolide. Los datos y la evidencia es lo que me indican», dice el experto.
El parlamentario afirma que la oposición ARENA-FMLN, a pesar de ver los resultados, se niega a dar sus votos; además, lamenta los comentarios «absurdos» que vierten al Gobierno Central.
«Ellos están llenos de envidia porque este Gobierno ha demostrado que en solo tres años la realidad del país se ha logrado cambiar sustancialmente, y ellos en más de 30 años no pudieron hacer nada; bueno, lo único que hacían era llenar sus bolsillos con el dinero del pueblo salvadoreño», recuerda Navarro.
El diputado citó como ejemplo a la legisladora del FMLN Anabel Belloso, quien días atrás dijo a través de su red social que el régimen de excepción solo servía para levantar una campaña publicitaria y que por ese motivo no brindó su voto para prorrogar la estrategia antipandillas.
«La oposición, por más que quiera inculcar dudas o entorpecer el progreso de El Salvador, jamás lo van a lograr; la ciudadanía avala al 100 % las acciones que ha tomado este Gobierno y son ellos mismos quienes pidieron una extensión más del régimen de excepción. ¿Y por qué será?
Pues ellos han visto los resultados notables, las encuestas no mienten, la realidad ha cambiado y seguirá a pasos agigantados», enfatiza el parlamentario.
El pasado 6 de julio, el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, informó que un nuevo contingente de 1,400 efectivos militares será incorporado a tareas de apoyo al PCT para reforzar el combate a los grupos terroristas.
«Hicimos hace dos semanas la juramentación de 1,400 efectivos; ya a finales de este mes se estarán incorporando al Plan Control Territorial, y ya iniciamos el proceso de nuevo ingreso. Ahora van a ingresar más de 2,000», afirmó el funcionario.
El ministro añadió que con los nuevos ingresos se reforzarán los buenos resultados tanto en seguridad como en respuesta ante cualquier desastre natural, «porque tenemos más efectivos con los cuales dar esas respuestas a la población».
El jefe de la institución castrense destacó que el refuerzo de los nuevos 1,400 soldados es necesario porque los pandilleros tienen cierta capacidad de enfrentarse a las autoridades, como quedó demostrado con el asesinato de los tres efectivos de la PNC.
«Ante esa situación, nosotros seguimos cumpliendo con todos los protocolos de actuación, siempre respetuosos de nuestra doctrina en derechos humanos, pero por sobre todo están los derechos de la población, que es víctima de estos delincuentes», reiteró Merino Monroy.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
