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El Salvador es admitido por el GAFILAT por su lucha contra el lavado
El Salvador ha sido admitido como miembro pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) como premio al arduo trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el crimen organizado y el lavado de dinero en la región.
«Le cumplimos al país. Gracias al trabajo que estamos realizando en el combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo, El Salvador ha sido admitido al Grupo de Acción Financiera de Latinoamericana», mencionó el fiscal general, Rodolfo Delgado en su cuenta de Twitter.
Añadió que el ingreso del equipo de trabajo salvadoreño se aprobó «luego de escuchar las exposiciones de apoyo de parte de los jefes de las delegaciones de los países de Latinoamérica».
El GAFILAT es una organización intergubernamental que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El GAFILAT «fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva».
Hasta la fecha, los países que lo conformaban eran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
La referida organización analiza los sistemas y mecanismos de cada país miembro para la prevención y el combate de activos y financiamiento del terrorismo. En El Salvador, en los últimos dos años, autoridades le han apostado a frenar el actuar de grupos delincuenciales.
Luego de la inherencia de El Salvador al GAFILAT, la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) de Costa Rica expresó su reconocimiento hacia El Salvador, por haber sido admitido como miembro pleno.
«Su adherencia al grupo será muy provechosa cerrando una brecha geográfica y de coordinación con ello, el grupo alcanza los 18 países miembros», detalló.
Además de El Salvador, a la organización se incorporó la «República Italiana, el Reino Unido de Gran Bretaña y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)».
«Las delegaciones estuvieron muy complacidas con la incorporación, lo que representa un crecimiento significativo para el GAFILAT. Estos nuevos observadores contribuirán con los esfuerzos regionales y fortalecimiento del GAFILAT», explicó dicha organización.
Delgado asistió el 2 de diciembre pasado a reuniones de dicha organización en las que aprovechó a destacar el compromiso que tiene El Salvador para combatir el crimen organizado y sus derivaciones. El actual Gobierno actua bajo el Plan Control Territorial.
El Salvador fue eliminado por grupo internacional en 2018
Durante el gobierno del FMLN, El Salvador, además de ser conocido por altos niveles de violencia también fue señalado por la falta de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
En 2018, el país fue suspendido del grupo internacional Egmont que aglutina las Unidades de Inteligencia Financiera del Mundo (de unos 160 países) que facilita el intercambio de información para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La suspensión se debió al veto del expresidente Salvador Sánchez Cerén, quien está huyendo de la justicia, a una reforma que daba autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General para recibir, procesar, analizar y diseminar la información para prevenir o detectar el lavado de dinero.
La organización dijo que la medida era por el continuo incumplimiento a los principios de independencia operativa y carente autonomía.
La recaudación de impuestos en El Salvador registró un crecimiento durante el primer mes de 2026, reflejando la continuidad en el fortalecimiento de las finanzas públicas. Según datos del Ministerio de Hacienda, los ingresos corrientes y contribuciones sumaron $767.5 millones en enero, lo que representa un incremento de $26.1 millones o un 3.5 % en comparación con el mismo mes de 2025.
Dentro de este resultado, los ingresos tributarios y contribuciones —que incluyen los principales impuestos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y elImpuesto sobre la Renta (ISR) — alcanzaron los $741.9 millones, con un aumento del 4.5 % interanual. Este desempeño evidencia una base fiscal sólida al inicio del año, en línea con las expectativas oficiales.
El IVA fue uno de los principales motores del crecimiento, con una recaudación de $376.3 millones en enero, lo que equivale a un incremento del 5.3 % respecto al mismo periodo del año anterior. De este monto, las declaraciones del impuesto aportaron $204.1 millones, mientras que el IVA por importaciones sumó $172.2 millones, reflejando un comportamiento dinámico tanto del consumo interno como del comercio exterior.
Por su parte, el ISR alcanzó los $290 millones, con un crecimiento del 2.2 %. Dentro de este rubro, las retenciones representaron $193.6 millones, mientras que el pago a cuenta sumó $90.2 millones y las declaraciones $6.2 millones, manteniendo su relevancia como uno de los pilares de la recaudación.
Otros ingresos tributarios también mostraron variaciones positivas. Los derechos arancelarios a la importación totalizaron $32.3 millones, con un aumento del 11 %, mientras que los impuestos selectivos al consumo alcanzaron $24.5 millones, con un crecimiento del 6.7 %. En este último caso, se observaron incrementos en categorías como cigarrillos y bebidas no carbonatadas.
Asimismo, los ingresos por otros impuestos y gravámenes diversos sumaron $11 millones, con un incremento del 14.6 %, destacando el aporte de la transferencia de bienes raíces y otros cargos asociados.
En el caso de las contribuciones especiales, estas alcanzaron $7.7 millones, con un crecimiento moderado del 12.8 %, impulsadas principalmente por los fondos destinados al transporte público.
Mientras que los ingresos no tributarios registraron una leve disminución, al ubicarse en $25.6 millones. No obstante, algunos componentes como las contribuciones al seguro social mostraron incrementos relevantes.
Este desempeño en la recaudación se enmarca en la estrategia fiscal del Gobierno, que ha apostado por la modernización de los procesos tributarios. Entre las principales medidas destacan la implementación de la facturación electrónica, el Plan Antievasión y Anticontrabando, y la ampliación de la base tributaria.
En este contexto, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, ha subrayado que los principales ingresos del Estado seguirán proviniendo del IVA y del impuesto sobre la renta. Para 2026, se estima recaudar $4,060.4 millones en concepto de IVA y $3,500 millones por ISR, sin necesidad de aumentar impuestos ni crear nuevas cargas tributarias.
«Estos dos grandes tributos son los que alimentan, en su mayor proporción, el presupuesto de ingreso de la Nación para el 2026», afirmó el funcionario, quien también destacó que el presupuesto no contempla nuevos impuestos ni gravámenes a las remesas.
El Gobierno también proyecta ingresos tributarios por $8,349 millones para este año, en el marco de un presupuesto sin brecha fiscal por segundo año consecutivo. Según Hacienda, el crecimiento en la recaudación responde a una mayor eficiencia administrativa y al dinamismo económico esperado.
Con este inicio de año, El Salvador consolida una tendencia positiva en sus ingresos fiscales, lo que fortalece su capacidad para financiar programas sociales, inversión pública y proyectos estratégicos orientados al desarrollo económico del país.
Ubicado en el distrito de Ilopango, en San Salvador Este, el Parque Recreativo Apulo se encuentra en un proceso de remodelación con el busca mejorar la experiencia de los visitantes a través de la oferta de una infraestructura de primer nivel.
Sin adelantar una fecha, la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, indicó que las puertas de este parque recreativo estarán listas para atender a todos los turistas que quieran visitarlo durante la Semana Santa 2026, prevista entre el 29 de marzo y 5 de abril.
«Vamos a estar listos en Semana Santa», indicó la funcionaria, al tiempo que aclaró que la inauguración prevista para este 2 de marzo se reprogramó para finalizar detalles necesarios para ofrecer un espacio de primer nivel.
Apuntó que entre las diferencias que ofrecerá el parque está la habilitación del área de restaurantes con espacios cómodos donde las arrendatarias históricas del lugar continuarán ofreciendo ricos platillos.
Además, con miras a obtener el sello de Family Friendly, el lugar contará con un espacio de lactancia, y enfermería.
«Nuestro compromiso es entregar un espacio en óptimas condiciones, seguro y listo para que todas las familias disfruten como se lo merecen», afirmó Aguiñada.
También anunció que con las nuevas condiciones de seguridad y mejoras en la iluminación se ampliará los horarios de atención, los cuales serán desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m.
«En esta ocasión, los equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) están trabajando en esta renovación total del Parque Recreativo Apulo, y sin duda será un espacio digno», añadió.
Subrayó que, además de las mejoras de la infraestructura, las condiciones de seguridad con las que cuenta El Salvador fortalecen el atractivo de Apulo, antes ensombrecido por la violencia circundante que no permitía que los visitantes disfrutaran de su belleza.
«Nuestro parque Apulo siempre se vio afectado por el tema de pandillas, no era un lugar seguro para tener una sana recreación para las familias salvadoreñas, pero está es una realidad ha cambiado», refirió.
La presidenta también hizo hincapié en que el Gobierno continúa con sus esfuerzos de reforzar la infraestructura turística de El Salvador.
«El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa con la renovación e inversión en todos los parques nacionales administrados por el ISTU», dijo.
Muestra de ello son las recientes mejoras y espacios recreativos como la Puerta del Diablo, la Costa del Sol, la Terminal Turística de San Sebastián, entre otras.
La comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió el lunes 2 de marzo un dictamen favorable al expediente 578-2-2026-1 que contiene la iniciativa del Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, para que se reforme la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas.
Dicha iniciativa plantea la necesidad de adoptar medidas encaminadas al fortalecimiento de un intercambio comercial basado en el respeto de los principios y derechos en el ámbito del mercado laboral internacional en materia de trabajo forzoso, obligatorio y trabajo infantil.
En ese sentido, la comisión acordó emitir el dictamen favorable 191, el cual indica que es «oportuno» efectuar los cambios solicitados, y que fueron justificados por personal del Ministerio de Hacienda.
«En atención a lo antes expuesto esta comisión, luego del análisis correspondiente, estima que la iniciativa es procedente para que puedan cumplirse los fines previstos, por lo que se emite dictamen favorable, para lo cual, se adjunta al correspondiente proyecto de decreto», establece el dictamen emitido ayer por la comisión.
Luis Manuel Córdova, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Aduanas, explicó que la modificación conlleva la incorporación a la normativa aduanera del artículo 27-A.
«La propuesta tiene por objeto establecer que para las importaciones de mercancías que se realizan en el país se va a requerir la presentación de una declaración jurada conforme al formato que establezca la Dirección de Aduanas en el que se consigne que los bienes que se están importando no han sido fabricados, total o parcialmente, bajo mecanismos de trabajo forzoso o que exijan trabajo infantil», dijo Córdova.
Agregó que la declaración será consignada en declaraciones de importación y que, en caso de duda de la información, el artículo faculta para exigir documentación adicional y verificar que las mercancías no hayan sido fabricadas o sometidas a cualquier tipo de operación que vulnere derechos o que no sea consecuente con la erradicación de trabajo forzoso e infantil.
