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El Salvador es admitido por el GAFILAT por su lucha contra el lavado
El Salvador ha sido admitido como miembro pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) como premio al arduo trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el crimen organizado y el lavado de dinero en la región.
«Le cumplimos al país. Gracias al trabajo que estamos realizando en el combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo, El Salvador ha sido admitido al Grupo de Acción Financiera de Latinoamericana», mencionó el fiscal general, Rodolfo Delgado en su cuenta de Twitter.
Añadió que el ingreso del equipo de trabajo salvadoreño se aprobó «luego de escuchar las exposiciones de apoyo de parte de los jefes de las delegaciones de los países de Latinoamérica».
El GAFILAT es una organización intergubernamental que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El GAFILAT «fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva».
Hasta la fecha, los países que lo conformaban eran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
La referida organización analiza los sistemas y mecanismos de cada país miembro para la prevención y el combate de activos y financiamiento del terrorismo. En El Salvador, en los últimos dos años, autoridades le han apostado a frenar el actuar de grupos delincuenciales.
Luego de la inherencia de El Salvador al GAFILAT, la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) de Costa Rica expresó su reconocimiento hacia El Salvador, por haber sido admitido como miembro pleno.
«Su adherencia al grupo será muy provechosa cerrando una brecha geográfica y de coordinación con ello, el grupo alcanza los 18 países miembros», detalló.
Además de El Salvador, a la organización se incorporó la «República Italiana, el Reino Unido de Gran Bretaña y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)».
«Las delegaciones estuvieron muy complacidas con la incorporación, lo que representa un crecimiento significativo para el GAFILAT. Estos nuevos observadores contribuirán con los esfuerzos regionales y fortalecimiento del GAFILAT», explicó dicha organización.
Delgado asistió el 2 de diciembre pasado a reuniones de dicha organización en las que aprovechó a destacar el compromiso que tiene El Salvador para combatir el crimen organizado y sus derivaciones. El actual Gobierno actua bajo el Plan Control Territorial.
El Salvador fue eliminado por grupo internacional en 2018
Durante el gobierno del FMLN, El Salvador, además de ser conocido por altos niveles de violencia también fue señalado por la falta de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
En 2018, el país fue suspendido del grupo internacional Egmont que aglutina las Unidades de Inteligencia Financiera del Mundo (de unos 160 países) que facilita el intercambio de información para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La suspensión se debió al veto del expresidente Salvador Sánchez Cerén, quien está huyendo de la justicia, a una reforma que daba autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General para recibir, procesar, analizar y diseminar la información para prevenir o detectar el lavado de dinero.
La organización dijo que la medida era por el continuo incumplimiento a los principios de independencia operativa y carente autonomía.
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Corte de Cuentas y la SRS apuestan por la excelencia en la formación de servidores públicos
La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) firmaron una Carta de Entendimiento para establecer un marco de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del personal de ambas instituciones, en especial de los auditores y profesionales jurídicos de la Entidad Fiscalizadora Superior.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el superintendente de Regulación Sanitaria, Noe Geovanni García Iraheta, en un acto que contó con la presencia de los magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores.
Como parte de este entendimiento, la SRS brindará capacitación al personal de la CCR en materia de Derecho Sanitario, así como en la aplicación de la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y su normativa relacionada. Estas acciones buscan fortalecer el conocimiento técnico especializado en el ámbito de la salud.
Por su parte, la CCR, a través de su Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP), incorporará en su oferta formativa contenidos orientados a la función fiscalizadora, los cuales serán impartidos por un banco de formadores con experiencia en diversas especialidades, con el objetivo de capacitar al talento humano de la SRS.
Durante el acto de firma, el presidente de la CCR destacó que este acuerdo “fortalece el ecosistema de gobernanza democrática y reafirma nuestra determinación de impulsar una gestión pública moderna, íntegra y orientada a resultados”.
Con esta Carta de Entendimiento, la CCR y la SRS reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento del talento humano del sector público, contribuyendo a una administración pública más profesional, transparente y eficiente.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
