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El Salvador es admitido por el GAFILAT por su lucha contra el lavado
El Salvador ha sido admitido como miembro pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) como premio al arduo trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el crimen organizado y el lavado de dinero en la región.
«Le cumplimos al país. Gracias al trabajo que estamos realizando en el combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo, El Salvador ha sido admitido al Grupo de Acción Financiera de Latinoamericana», mencionó el fiscal general, Rodolfo Delgado en su cuenta de Twitter.
Añadió que el ingreso del equipo de trabajo salvadoreño se aprobó «luego de escuchar las exposiciones de apoyo de parte de los jefes de las delegaciones de los países de Latinoamérica».
El GAFILAT es una organización intergubernamental que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El GAFILAT «fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva».
Hasta la fecha, los países que lo conformaban eran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
La referida organización analiza los sistemas y mecanismos de cada país miembro para la prevención y el combate de activos y financiamiento del terrorismo. En El Salvador, en los últimos dos años, autoridades le han apostado a frenar el actuar de grupos delincuenciales.
Luego de la inherencia de El Salvador al GAFILAT, la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) de Costa Rica expresó su reconocimiento hacia El Salvador, por haber sido admitido como miembro pleno.
«Su adherencia al grupo será muy provechosa cerrando una brecha geográfica y de coordinación con ello, el grupo alcanza los 18 países miembros», detalló.
Además de El Salvador, a la organización se incorporó la «República Italiana, el Reino Unido de Gran Bretaña y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)».
«Las delegaciones estuvieron muy complacidas con la incorporación, lo que representa un crecimiento significativo para el GAFILAT. Estos nuevos observadores contribuirán con los esfuerzos regionales y fortalecimiento del GAFILAT», explicó dicha organización.
Delgado asistió el 2 de diciembre pasado a reuniones de dicha organización en las que aprovechó a destacar el compromiso que tiene El Salvador para combatir el crimen organizado y sus derivaciones. El actual Gobierno actua bajo el Plan Control Territorial.
El Salvador fue eliminado por grupo internacional en 2018
Durante el gobierno del FMLN, El Salvador, además de ser conocido por altos niveles de violencia también fue señalado por la falta de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
En 2018, el país fue suspendido del grupo internacional Egmont que aglutina las Unidades de Inteligencia Financiera del Mundo (de unos 160 países) que facilita el intercambio de información para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La suspensión se debió al veto del expresidente Salvador Sánchez Cerén, quien está huyendo de la justicia, a una reforma que daba autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General para recibir, procesar, analizar y diseminar la información para prevenir o detectar el lavado de dinero.
La organización dijo que la medida era por el continuo incumplimiento a los principios de independencia operativa y carente autonomía.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.
«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.
De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.
«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.
Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.
«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.
Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.
Dos centros educativos del distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste, serán renovados con una inversión conjunta que supera los $1.3 millones, como parte del programa nacional de modernización de infraestructura escolar. Las obras corresponden a la Escuela #571, Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, y a la Escuela #572, Centro Escolar Caserío El Mogote.
La primera intervención corresponde al Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, que atiende a 63 estudiantes desde parvularia hasta básica. El proyecto contempla una inversión de $806,000 para renovar 620 metros cuadrados de infraestructura educativa, bajo la ejecución de la Dirección General de Centros Penales.
Además, se desarrolla la renovación del Centro Escolar Caserío El Mogote, que beneficia a 65 estudiantes y abarca un área de construcción de 412 metros cuadrados. En este caso, la inversión asciende a $535,000.
Las obras en ambos centros incluyen escarificación de paredes para retirar pintura deteriorada, repello y nuevos acabados; nivelación de pisos e instalación de porcelanato de alto tráfico; colocación de ventanas corredizas tipo francesa y sustitución de puertas por modelos metálicos. Asimismo, se renovará la red eléctrica con iluminación LED y ventiladores en cada aula, además de mejoras en los sistemas hidrosanitarios.
El proyecto también contempla obras exteriores como andenes, canchas deportivas, espacios lúdicos y jardines, además de la dotación de mobiliario para estudiantes y docentes, juegos didácticos y áreas de cocina, con el objetivo de garantizar instalaciones modernas, seguras y funcionales para la comunidad educativa.
El uso correcto del sistema de retención infantil (SRI) reduce el riesgo de muerte y de lesiones graves en niños, ya que en el caso de un accidente protege zonas vulnerables, especialmente la cabeza, el cuello y la columna. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los traumatismos por accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes a escala mundial.
En ese sentido, la directora del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), Bessy Guzmán, destacó que los SRI reducen hasta un 71 % el riesgo de muerte. Asimismo, el Gobierno salvadoreño ha sumado esfuerzos para impulsar una estrategia nacional de seguridad vial infantil para reducir los índices de siniestralidad.
«Actualmente nos encontramos en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial [2021–2030], el cual busca reducir la siniestralidad vial y la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito a la mitad. Medidas como usar el cinturón de seguridad, la utilización de cascos certificados y de los sistemas de retención infantil están encaminadas a ayudarnos a llegar a esa reducción», dijo Guzmán.
Desde el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Fonat se ejecutan medidas preventivas para garantizar la seguridad vial de los niños. Entre estas destacan capacitaciones sobre el uso de las SRI, la conformación de comités de seguridad vial en centros escolares y la intervención de conductores y peatones sobre la movilidad segura en las calles y carreteras. Asimismo, trabajan en la toma de conciencia sobre la importancia de usar correctamente estos sistemas en el vehículo.
A partir de diciembre de 2025, en El Salvador usar el SRI es obligatorio. Como pasajeros de vehículos, los menores de 12 años no podrán viajar en el asiento delantero, mientras que los niños menores de cinco años deben ser trasladados en un SRI de acuerdo con su peso y estatura.
El incumplimiento de esta normativa se considera una falta muy grave y se sancionará con una multa de $150. Para garantizar la seguridad de los menores de edad, el Fonat recomienda no poner en marcha el vehículo antes de que todos los ocupantes tengan puesto el cinturón de seguridad y los niños estén colocados en el SRI.
De igual manera, ningún ocupante puede tomar bebidas calientes en el carro, ya que podría lesionar a los niños en un choque o un frenado brusco.
«Los sistemas de retención infantil no deben utilizarse si ya han sido parte de un siniestro vial o si alguna de sus piezas ha caducado; vea la fecha de vencimiento en la parte de atrás», indicó el Fonat
