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El Salvador destaca como la quinta nación de América Latina menos afectada por la inflación
Una reciente publicación del medio informativo británico BCC destacó a los países que lograron transitar el 2022 con menor afectación inflacionaria en América Latina, a partir de la explosión del conflicto entre Rusia y Ucrania en marzo pasado que impactó los precios de los productos, especialmente de los alimentos y la energía.
En la nota «Los países con la inflación más baja y más alta de América Latina en 2022 (y qué se espera para 2023)», la cadena informativa asegura -con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) hasta octubre- que El Salvador se encuentra en el quinto puesto entre los menos afectados con un 7.5 %.
El país solo es superado por Brasil que presentó una tasa inflacionaria del 6.5 %, Ecuador con un 4 %, Bolivia con un 2.9 %, y Panamá que presentó el porcentaje más bajo con un 1.7 %, siempre con datos a octubre de este año.
La cadena BBC afirma que el repunte de la escalada de precios que marcó al 2022, se sumó a un escenario que aún resentía las implicaciones de la pandemia COVID – 19, la impresión de más papel moneda, y una tendencia de los principales bancos centrales del mundo por incrementar las tasas de interés como medida paliativa hacia el cierre del año.
«No solo el aumento en el precio de los combustibles jugó un papel clave en la escalada repentina del costo de la vida. También influyó una mayor volatilidad cambiaria, además de las huellas que dejó la pandemia de COVID-19, que interrumpió las cadenas de suministro globales e hizo que, en muchos casos, las autoridades pusieran en circulación más dinero del que estaba disponible antes de la crisis de salud», menciona el medio.
En este sentido, destaca casos como el de Panamá, que, pese a mantener históricamente porcentajes inflacionarios por debajo del 2 %, llegó a reportar un 5 % en junio, una cifra inusitada para la población canalera.
También en junio, El Salvador rozó su tasa inflacionaria más alta con un 7.7 %, según datos del Banco Central de Reserva (BCR), pero aún durante este pico, el país se mantuvo como la segunda menos afectada de Centroamérica, sin llegar al 8 % en ningún mes, y distanciándose de la situación que atravesaron Honduras, Costa Rica y Nicaragua, los cuales trascendieron los dos dígitos durante varios meses.
Para el presidente del BCR, Douglas Rodríguez, este desempeño favorable de la economía salvadoreña se debe a las medidas implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele desde marzo de este año, las cuales comprendieron fijación de los precios de los combustibles, el gas propano y la energía eléctrica.
Además de impulsar estrategias para favorecer la producción agrícola y la importación de alimentos. Todas estas medidas garantizadas a través de inspecciones lideradas por la Defensoría del Consumidor y demás instituciones de Gobierno en todos los agentes de la cadena de comercialización del país.
LOS MÁS AFECTADOS
En la publicación, el medio británico diferencia entre los más afectados, a las naciones que presentaron tasas inflacionarias excepcionales en 2022, de aquellos que durante años se han caracterizado por una crisis de precios, a lo que denominan «inflación crónica» padecida por Venezuela con 146 %, Argentina con 87.7 % y Cuba con 34.2 %.
En el listado de los afectados este año, aparecen economías potentes como Chile que reportó en octubre una tasa del 12.8 % y Colombia con un 12.2 %.
En este contexto, la Cepal, citada por BBC, prevé una reducción del fenómeno para 2023, aunque afirma que la reducción será menor a la esperada.
«La inflación en 2023 será menor que en 2022, pero no tan baja como antes de la pandemia», señaló el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.
Ese diagnóstico es compartido por otros organismos internacionales que están proyectando no sólo una disminución en el costo de la vida en Latinoamérica, sino también a nivel global.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
