Nacionales
El Salvador destaca como la quinta nación de América Latina menos afectada por la inflación
Una reciente publicación del medio informativo británico BCC destacó a los países que lograron transitar el 2022 con menor afectación inflacionaria en América Latina, a partir de la explosión del conflicto entre Rusia y Ucrania en marzo pasado que impactó los precios de los productos, especialmente de los alimentos y la energía.
En la nota «Los países con la inflación más baja y más alta de América Latina en 2022 (y qué se espera para 2023)», la cadena informativa asegura -con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) hasta octubre- que El Salvador se encuentra en el quinto puesto entre los menos afectados con un 7.5 %.
El país solo es superado por Brasil que presentó una tasa inflacionaria del 6.5 %, Ecuador con un 4 %, Bolivia con un 2.9 %, y Panamá que presentó el porcentaje más bajo con un 1.7 %, siempre con datos a octubre de este año.
La cadena BBC afirma que el repunte de la escalada de precios que marcó al 2022, se sumó a un escenario que aún resentía las implicaciones de la pandemia COVID – 19, la impresión de más papel moneda, y una tendencia de los principales bancos centrales del mundo por incrementar las tasas de interés como medida paliativa hacia el cierre del año.
«No solo el aumento en el precio de los combustibles jugó un papel clave en la escalada repentina del costo de la vida. También influyó una mayor volatilidad cambiaria, además de las huellas que dejó la pandemia de COVID-19, que interrumpió las cadenas de suministro globales e hizo que, en muchos casos, las autoridades pusieran en circulación más dinero del que estaba disponible antes de la crisis de salud», menciona el medio.
En este sentido, destaca casos como el de Panamá, que, pese a mantener históricamente porcentajes inflacionarios por debajo del 2 %, llegó a reportar un 5 % en junio, una cifra inusitada para la población canalera.
También en junio, El Salvador rozó su tasa inflacionaria más alta con un 7.7 %, según datos del Banco Central de Reserva (BCR), pero aún durante este pico, el país se mantuvo como la segunda menos afectada de Centroamérica, sin llegar al 8 % en ningún mes, y distanciándose de la situación que atravesaron Honduras, Costa Rica y Nicaragua, los cuales trascendieron los dos dígitos durante varios meses.
Para el presidente del BCR, Douglas Rodríguez, este desempeño favorable de la economía salvadoreña se debe a las medidas implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele desde marzo de este año, las cuales comprendieron fijación de los precios de los combustibles, el gas propano y la energía eléctrica.
Además de impulsar estrategias para favorecer la producción agrícola y la importación de alimentos. Todas estas medidas garantizadas a través de inspecciones lideradas por la Defensoría del Consumidor y demás instituciones de Gobierno en todos los agentes de la cadena de comercialización del país.
LOS MÁS AFECTADOS
En la publicación, el medio británico diferencia entre los más afectados, a las naciones que presentaron tasas inflacionarias excepcionales en 2022, de aquellos que durante años se han caracterizado por una crisis de precios, a lo que denominan «inflación crónica» padecida por Venezuela con 146 %, Argentina con 87.7 % y Cuba con 34.2 %.
En el listado de los afectados este año, aparecen economías potentes como Chile que reportó en octubre una tasa del 12.8 % y Colombia con un 12.2 %.
En este contexto, la Cepal, citada por BBC, prevé una reducción del fenómeno para 2023, aunque afirma que la reducción será menor a la esperada.
«La inflación en 2023 será menor que en 2022, pero no tan baja como antes de la pandemia», señaló el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.
Ese diagnóstico es compartido por otros organismos internacionales que están proyectando no sólo una disminución en el costo de la vida en Latinoamérica, sino también a nivel global.
Principal
Corte de Cuentas y la SRS apuestan por la excelencia en la formación de servidores públicos
La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) firmaron una Carta de Entendimiento para establecer un marco de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del personal de ambas instituciones, en especial de los auditores y profesionales jurídicos de la Entidad Fiscalizadora Superior.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el superintendente de Regulación Sanitaria, Noe Geovanni García Iraheta, en un acto que contó con la presencia de los magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores.
Como parte de este entendimiento, la SRS brindará capacitación al personal de la CCR en materia de Derecho Sanitario, así como en la aplicación de la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y su normativa relacionada. Estas acciones buscan fortalecer el conocimiento técnico especializado en el ámbito de la salud.
Por su parte, la CCR, a través de su Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP), incorporará en su oferta formativa contenidos orientados a la función fiscalizadora, los cuales serán impartidos por un banco de formadores con experiencia en diversas especialidades, con el objetivo de capacitar al talento humano de la SRS.
Durante el acto de firma, el presidente de la CCR destacó que este acuerdo “fortalece el ecosistema de gobernanza democrática y reafirma nuestra determinación de impulsar una gestión pública moderna, íntegra y orientada a resultados”.
Con esta Carta de Entendimiento, la CCR y la SRS reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento del talento humano del sector público, contribuyendo a una administración pública más profesional, transparente y eficiente.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
