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Destacan combate contra las pandillas en El Salvador
El presidente de la república, Nayib Bukele, ha enfocado su gestión gubernamental en la lucha contra las pandillas, que son las organizaciones criminales que provocaron los altos índices de violencia e inseguridad pública, señala el más reciente informe preelectoral de la organización internacional no partidaria Directorio Legislativo.
Una de las acciones que tomó el gobernante salvadoreño al inicio de su gestión fue implementar el Plan Control Territorial (PCT), al que la organización definió como «un ambicioso plan de seguridad», sumando el estado de excepción, medida constitucional que fue aprobada con los votos del grupo legislativo de Nuevas Ideas.
«Vigente desde marzo de ese año [2022] ante un incremento de los asesinatos, el régimen de excepción ha llevado a la detención de más de 75,000 personas y se ha convertido en una de las medidas más populares del Gobierno de [Nayib]Bukele», se lee en el informe preelectoral de la organización.
Los partidos políticos de la oposición (ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo), sus medios de comunicación afines y organizaciones no gubernamentales internacionales han cuestionado la implementación del régimen especial que sirve para combatir a las pandillas.
«Si bien hay un consenso entre las fuerzas políticas de las mejoras en la situación de seguridad del país, los opositores a [Nayib] Bukele cuestionan la extensión en el uso de esta herramienta. Además, han denunciado abusos de los derechos humanos con este instrumento», se agrega en el documento.
Incluso, las fórmulas presidenciales de ARENA (Joel Sánchez e Hilcia Bonilla), FMLN (Manuel Flores y Wérner Marroquín) y Nuestro Tiempo (Luis Parada y Celia Medrano) se han mostrado en contra de la continuidad de la medida constitucional.
No obstante, según las encuestas, al menos nueve de cada 10 ciudadanos sí están a favor de la permanencia del régimen de excepción para continuar el combate contra las pandillas, fenómeno que durante los gobiernos de ARENA y el FMLN fue considerado por la población salvadoreña como el principal problema social del país.
Durante toda la campaña presidencial los candidatos de la oposición política han sostenido que de ganar las elecciones -que serán celebradas mañana- y de tomar posesión de la presidencia, ya no continuarán con la vigencia del estado de excepción.
«El foco de la elección estará en la candidatura a la reelección del presidente Nayib Bukele (candidato de Nuevas Ideas) que […] fue habilitada por la Justicia. Se enfrentará a cinco fórmulas opositoras, incluyendo a ARENA y FMLN, aunque las encuestas prevén que el presidente gane holgadamente en primera vuelta», puntualizó el informe.
El 3 de septiembre de 2021 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habilitó la reelección presidencial inmediata.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
