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Destacan combate contra las pandillas en El Salvador
El presidente de la república, Nayib Bukele, ha enfocado su gestión gubernamental en la lucha contra las pandillas, que son las organizaciones criminales que provocaron los altos índices de violencia e inseguridad pública, señala el más reciente informe preelectoral de la organización internacional no partidaria Directorio Legislativo.
Una de las acciones que tomó el gobernante salvadoreño al inicio de su gestión fue implementar el Plan Control Territorial (PCT), al que la organización definió como «un ambicioso plan de seguridad», sumando el estado de excepción, medida constitucional que fue aprobada con los votos del grupo legislativo de Nuevas Ideas.
«Vigente desde marzo de ese año [2022] ante un incremento de los asesinatos, el régimen de excepción ha llevado a la detención de más de 75,000 personas y se ha convertido en una de las medidas más populares del Gobierno de [Nayib]Bukele», se lee en el informe preelectoral de la organización.
Los partidos políticos de la oposición (ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo), sus medios de comunicación afines y organizaciones no gubernamentales internacionales han cuestionado la implementación del régimen especial que sirve para combatir a las pandillas.
«Si bien hay un consenso entre las fuerzas políticas de las mejoras en la situación de seguridad del país, los opositores a [Nayib] Bukele cuestionan la extensión en el uso de esta herramienta. Además, han denunciado abusos de los derechos humanos con este instrumento», se agrega en el documento.
Incluso, las fórmulas presidenciales de ARENA (Joel Sánchez e Hilcia Bonilla), FMLN (Manuel Flores y Wérner Marroquín) y Nuestro Tiempo (Luis Parada y Celia Medrano) se han mostrado en contra de la continuidad de la medida constitucional.
No obstante, según las encuestas, al menos nueve de cada 10 ciudadanos sí están a favor de la permanencia del régimen de excepción para continuar el combate contra las pandillas, fenómeno que durante los gobiernos de ARENA y el FMLN fue considerado por la población salvadoreña como el principal problema social del país.
Durante toda la campaña presidencial los candidatos de la oposición política han sostenido que de ganar las elecciones -que serán celebradas mañana- y de tomar posesión de la presidencia, ya no continuarán con la vigencia del estado de excepción.
«El foco de la elección estará en la candidatura a la reelección del presidente Nayib Bukele (candidato de Nuevas Ideas) que […] fue habilitada por la Justicia. Se enfrentará a cinco fórmulas opositoras, incluyendo a ARENA y FMLN, aunque las encuestas prevén que el presidente gane holgadamente en primera vuelta», puntualizó el informe.
El 3 de septiembre de 2021 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habilitó la reelección presidencial inmediata.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
