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Denuncian a alcaldesa de Apopa, Jennifer Esmeralda Juárez, por delitos de malversación de fondos municipales y actos arbitrarios
Durante los últimos meses se han reportado una serie de cuestionamientos provenientes de las propias comunidades del municipio de Apopa que reclamaban a la Alcadesa Jennifer Esmeralda Juárez García y a su Concejo Municipal, la falta de gestión para mantener limpia la ciudad y garantizar a los barrios, colonias y calles principales de la ciudad el regular y adecuado servicio de recolección de la basura generada, que al no cumplirse traía como consecuencia el aumento de promontorios de basura que afectan la salud y el medio ambiente de los habitantes de Apopa.
Ahora el asunto de las deficiencias municipales en la recolección y disposición final de la basura ha trascendido al grado que este medio recibió comunicación por parte del departamento legal de la empresa MIDES, propietaria del Relleno Sanitario de Nejapa, informando que el lunes 17 de abril del presente año se interpuso por parte de la compañía una denuncia penal en contra de la Alcaldesa Municipal de Apopa, Sra. Jennifer Esmeralda Juárez, así como en contra del Tesorero Municipal de esa misma ciudad, Sr. Bryan Daniel Cabrera Aguilar por la comisión de los delitos de Malversación de fondos municipales, Incumplimientos de Deberes y Actos Arbitrarios.
De acuerdo al Lic. Carlos Miranda, apoderado legal de MIDES, la municipalidad de Apopa recibe de forma mensual recursos suficientes para pagar por los servicios de transporte y disposición final de la basura a través de los fondos recibidos de los contribuyentes en concepto de tasas municipales que están reguladas en la ordenanza municipal para el fin exclusivo de pagar los mencionados servicios; sin embargo la Alcaldesa y el Tesorero utilizaron los ingresos de las tasas municipales para otros fines distintos y no cumplieron con el pago de servicios de disposición final de la basura, elevando la deuda con MIDES hasta una suma superior a $1 millón de Dolares, lo que claramente constituye el delito de Malversación de fondos.
El citado abogado continúa además señalando que el objetivo de MIDES al denunciar, no se limita a exigir lo que legalmente ha devengado prestando el servicio para el cual fue contratado; sino que además espera que estas acciones sirvan para transparentar las finanzas municipales y evitar cualquier acto de corrupción en que hayan incurrido los funcionarios denunciados.
“La Alcaldía de Apopa ha recaudado más de $ 1 millón de dólares en concepto de tasa municipal para pagar los servicios de transporte y disposición final de la basura, pero ni la Alcaldesa ni el Tesorero Municipal cumplieron su deber de garantizar que los fondos fueran utilizados para los fines legalmente previstos, sino que además de darle un destino distinto al que les correspondía ahora adicionalmente han sido condenados en Arbitraje al pago de la suma de $1 millón de dólares que son la deuda original y a más de $300 mil dólares en concepto de intereses moratorios, esta condena pudo ser evitada si se hubieran usado los recursos municipales adecuadamente.”
Además, Carlos Miranda, también manifestó que la denuncia por Actos Arbitrarios surge porque al quedar firme el Laudo Arbitral, se inició por parte de MIDES un proceso judicial de Ejecución Forzosa, en el cual el juzgado de lo civil de Apopa le impuso a la Alcaldesa Jennifer Esmeralda Juárez y al Tesorero Municipal Bryan Cabrera el deber de hacer las reservas correspondientes en los presupuestos 2021, 2022 y 2023 sin que en ninguno de estos se dejaran previstos y se pagaran amortizaciones a la deuda que para entonces alcanzaba $1 millón 300 mil dólares aproximadamente. En su lugar, las autoridades denunciadas han estado haciendo evasivas a los requerimientos judiciales e informando falsamente al juez que están cumpliendo con el pago de la deuda a que fueron condenados, lo que no es cierto y MIDES se lo ha comprobado a Fiscalía.
Por último dijo que el delito de Incumplimiento de Deberes surge, porque con las acciones ilegales cometidas por los denunciados no solamente perjudican a la empresa, que se ve limitada en su funcionamiento por lo elevado de la deuda que la Alcaldía de Apopa no le paga; sino que ademá esas mismas conductas atenta principalmente con el derecho a la salud y al medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible que se merecen los ciudadanos de la ciudad de Apopa.
Como parte de las acciones de seguridad en el plan Control Territorial contemplado en la Guerra Contra Pandillas, este lunes fue capturado un peligroso terrorista que amedrentaba a los habitantes de Tonacatepeque.
Se trata de Ronald Adonay Monge Henríquez, alias el Diablo de Tonaca, un terrorista de la MS13 que se jactaba diciéndo que él llevaba el mando y amenazaba a las personas con quitarles la vida si no le obedecían.
Posterior a su captura se encontraron en su celular audios donde afirmaba que él llevaba “la palabra” en el sector, ya que el resto de terroristas ya fueron capturados.
Este terrorista es miembro de la clica Tonaca Little Criminal Salvatruchos, y cuenta con antecedentes por el delito de amenazas, además, será remitido por los delitos de agrupaciones ilícitas, amenazas con agravación especial, y limitación ilegal a la libre circulación.
El Diablo de Tonaca fue capturado en el barrio El Calvario, de Tonacatepeque, San Salvador Este, y ahora enfrentará una larga condena en el CECOT.
Gracias a las acciones ejecutadas por el gobierno de El Salvador mediante el programa Dos Escuelas por Día, suman ya 444 escuelas intervenidas a nivel nacional, beneficiando a los alumnos y personal docente y administrativo de las localidades.Historia
Actualmente, la intervención número 443 se desarrolla en el Centro Escolar Caserío San Cristóbal, ubicado en el cantón Lomas de Ramos, distrito de Guazapa, en San Salvador Norte, con acciones que promueven el desarrollo integral de los niños en espacios adecuados, limpios y modernos.
Por su parte, la intervención número 444 se ejecuta en estos momentos enel Centro Escolar Sector La Bomba, Cantón El Zacamil, ubicado en Guazapa, San Salvador Norte, dando honor al nombre del programa, y avanzando con paso firme hacia la transformación del sistema educativo.
Este programa pretende mejorar el 100% de las escuelas públicas a nivel nacional, comenzando con la oinfraestructura y continuando con la calidad académica, buscando así que los niños y adolescentes tengan mejores oportunidades reales al llegar a una edad adulta.
A partir de este 29 de diciembre de 2025 el uso de casco certificado será obligatorio para los motociclistas en todo El Salvador, según confirmó desde noviembre el Viceministerio de Transporte (VMT). La disposición deriva de reformas aprobadas en diciembre de 2024 a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las cuales incluyeron artículos transitorios que establecieron un plazo previo para su aplicación.
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, explicó que la normativa ya se encontraba vigente desde la aprobación de las reformas, pero que se concedió un período de transición para permitir a la población adquirir los implementos requeridos.
Estas reformas se hicieron en diciembre del año pasado pero hay unos artículos transitorios que se dejaron por ahí, que era respecto a la silla de retención infantil y al casco certificado”, señaló el funcionario.
De acuerdo con el VMT, la exigencia del casco certificado responde a criterios de seguridad vial, particularmente para motociclistas, identificados como uno de los grupos más vulnerables en caso de siniestros de tránsito.
“Un motociclista no tiene mayor elemento de protección más allá que el casco y eso puede generar la diferencia entre la vida y la muerte”, afirmó Reyes durante una entrevista televisiva el 6 de noviembre.
El funcionario detalló que los cascos certificados deben cumplir con normas técnicas reconocidas a nivel internacional y que estos dispositivos se identifican mediante etiquetas o distintivos visibles.
Hay alrededor de cinco certificaciones reconocidas en todo el mundo y el casco trae un sticker que certifica que viene avalado por alguna de estas normas internacionales”, explicó.
Asimismo, indicó que el Gobierno trabaja de manera coordinada con instancias técnicas y aduaneras para verificar que los cascos que ingresen al país cumplan con los requisitos establecidos. “Nos estamos asegurando que desde el origen los cascos que ingresen al país sean certificados”, sostuvo el viceministro.
La entrada en vigor de la normativa también coincide con la aplicación obligatoria del uso de sillas de retención infantil para menores, otra de las disposiciones contempladas en las reformas. Según el VMT, ambas medidas forman parte de una estrategia orientada a la prevención de lesiones y fallecimientos en hechos de tránsito.
“No se trata de quitarse una multa, se trata de proteger la vida”, reiteró Reyes al referirse tanto al casco certificado como a los sistemas de retención infantil, cuya exigencia comienza a aplicarse a partir de este lunes.
