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Denuncian a alcaldesa de Apopa, Jennifer Esmeralda Juárez, por delitos de malversación de fondos municipales y actos arbitrarios
Durante los últimos meses se han reportado una serie de cuestionamientos provenientes de las propias comunidades del municipio de Apopa que reclamaban a la Alcadesa Jennifer Esmeralda Juárez García y a su Concejo Municipal, la falta de gestión para mantener limpia la ciudad y garantizar a los barrios, colonias y calles principales de la ciudad el regular y adecuado servicio de recolección de la basura generada, que al no cumplirse traía como consecuencia el aumento de promontorios de basura que afectan la salud y el medio ambiente de los habitantes de Apopa.
Ahora el asunto de las deficiencias municipales en la recolección y disposición final de la basura ha trascendido al grado que este medio recibió comunicación por parte del departamento legal de la empresa MIDES, propietaria del Relleno Sanitario de Nejapa, informando que el lunes 17 de abril del presente año se interpuso por parte de la compañía una denuncia penal en contra de la Alcaldesa Municipal de Apopa, Sra. Jennifer Esmeralda Juárez, así como en contra del Tesorero Municipal de esa misma ciudad, Sr. Bryan Daniel Cabrera Aguilar por la comisión de los delitos de Malversación de fondos municipales, Incumplimientos de Deberes y Actos Arbitrarios.
De acuerdo al Lic. Carlos Miranda, apoderado legal de MIDES, la municipalidad de Apopa recibe de forma mensual recursos suficientes para pagar por los servicios de transporte y disposición final de la basura a través de los fondos recibidos de los contribuyentes en concepto de tasas municipales que están reguladas en la ordenanza municipal para el fin exclusivo de pagar los mencionados servicios; sin embargo la Alcaldesa y el Tesorero utilizaron los ingresos de las tasas municipales para otros fines distintos y no cumplieron con el pago de servicios de disposición final de la basura, elevando la deuda con MIDES hasta una suma superior a $1 millón de Dolares, lo que claramente constituye el delito de Malversación de fondos.
El citado abogado continúa además señalando que el objetivo de MIDES al denunciar, no se limita a exigir lo que legalmente ha devengado prestando el servicio para el cual fue contratado; sino que además espera que estas acciones sirvan para transparentar las finanzas municipales y evitar cualquier acto de corrupción en que hayan incurrido los funcionarios denunciados.
“La Alcaldía de Apopa ha recaudado más de $ 1 millón de dólares en concepto de tasa municipal para pagar los servicios de transporte y disposición final de la basura, pero ni la Alcaldesa ni el Tesorero Municipal cumplieron su deber de garantizar que los fondos fueran utilizados para los fines legalmente previstos, sino que además de darle un destino distinto al que les correspondía ahora adicionalmente han sido condenados en Arbitraje al pago de la suma de $1 millón de dólares que son la deuda original y a más de $300 mil dólares en concepto de intereses moratorios, esta condena pudo ser evitada si se hubieran usado los recursos municipales adecuadamente.”
Además, Carlos Miranda, también manifestó que la denuncia por Actos Arbitrarios surge porque al quedar firme el Laudo Arbitral, se inició por parte de MIDES un proceso judicial de Ejecución Forzosa, en el cual el juzgado de lo civil de Apopa le impuso a la Alcaldesa Jennifer Esmeralda Juárez y al Tesorero Municipal Bryan Cabrera el deber de hacer las reservas correspondientes en los presupuestos 2021, 2022 y 2023 sin que en ninguno de estos se dejaran previstos y se pagaran amortizaciones a la deuda que para entonces alcanzaba $1 millón 300 mil dólares aproximadamente. En su lugar, las autoridades denunciadas han estado haciendo evasivas a los requerimientos judiciales e informando falsamente al juez que están cumpliendo con el pago de la deuda a que fueron condenados, lo que no es cierto y MIDES se lo ha comprobado a Fiscalía.
Por último dijo que el delito de Incumplimiento de Deberes surge, porque con las acciones ilegales cometidas por los denunciados no solamente perjudican a la empresa, que se ve limitada en su funcionamiento por lo elevado de la deuda que la Alcaldía de Apopa no le paga; sino que ademá esas mismas conductas atenta principalmente con el derecho a la salud y al medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible que se merecen los ciudadanos de la ciudad de Apopa.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.
«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.
De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.
«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.
Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.
«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.
Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.
Dos centros educativos del distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste, serán renovados con una inversión conjunta que supera los $1.3 millones, como parte del programa nacional de modernización de infraestructura escolar. Las obras corresponden a la Escuela #571, Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, y a la Escuela #572, Centro Escolar Caserío El Mogote.
La primera intervención corresponde al Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, que atiende a 63 estudiantes desde parvularia hasta básica. El proyecto contempla una inversión de $806,000 para renovar 620 metros cuadrados de infraestructura educativa, bajo la ejecución de la Dirección General de Centros Penales.
Además, se desarrolla la renovación del Centro Escolar Caserío El Mogote, que beneficia a 65 estudiantes y abarca un área de construcción de 412 metros cuadrados. En este caso, la inversión asciende a $535,000.
Las obras en ambos centros incluyen escarificación de paredes para retirar pintura deteriorada, repello y nuevos acabados; nivelación de pisos e instalación de porcelanato de alto tráfico; colocación de ventanas corredizas tipo francesa y sustitución de puertas por modelos metálicos. Asimismo, se renovará la red eléctrica con iluminación LED y ventiladores en cada aula, además de mejoras en los sistemas hidrosanitarios.
El proyecto también contempla obras exteriores como andenes, canchas deportivas, espacios lúdicos y jardines, además de la dotación de mobiliario para estudiantes y docentes, juegos didácticos y áreas de cocina, con el objetivo de garantizar instalaciones modernas, seguras y funcionales para la comunidad educativa.
El uso correcto del sistema de retención infantil (SRI) reduce el riesgo de muerte y de lesiones graves en niños, ya que en el caso de un accidente protege zonas vulnerables, especialmente la cabeza, el cuello y la columna. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los traumatismos por accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes a escala mundial.
En ese sentido, la directora del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), Bessy Guzmán, destacó que los SRI reducen hasta un 71 % el riesgo de muerte. Asimismo, el Gobierno salvadoreño ha sumado esfuerzos para impulsar una estrategia nacional de seguridad vial infantil para reducir los índices de siniestralidad.
«Actualmente nos encontramos en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial [2021–2030], el cual busca reducir la siniestralidad vial y la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito a la mitad. Medidas como usar el cinturón de seguridad, la utilización de cascos certificados y de los sistemas de retención infantil están encaminadas a ayudarnos a llegar a esa reducción», dijo Guzmán.
Desde el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Fonat se ejecutan medidas preventivas para garantizar la seguridad vial de los niños. Entre estas destacan capacitaciones sobre el uso de las SRI, la conformación de comités de seguridad vial en centros escolares y la intervención de conductores y peatones sobre la movilidad segura en las calles y carreteras. Asimismo, trabajan en la toma de conciencia sobre la importancia de usar correctamente estos sistemas en el vehículo.
A partir de diciembre de 2025, en El Salvador usar el SRI es obligatorio. Como pasajeros de vehículos, los menores de 12 años no podrán viajar en el asiento delantero, mientras que los niños menores de cinco años deben ser trasladados en un SRI de acuerdo con su peso y estatura.
El incumplimiento de esta normativa se considera una falta muy grave y se sancionará con una multa de $150. Para garantizar la seguridad de los menores de edad, el Fonat recomienda no poner en marcha el vehículo antes de que todos los ocupantes tengan puesto el cinturón de seguridad y los niños estén colocados en el SRI.
De igual manera, ningún ocupante puede tomar bebidas calientes en el carro, ya que podría lesionar a los niños en un choque o un frenado brusco.
«Los sistemas de retención infantil no deben utilizarse si ya han sido parte de un siniestro vial o si alguna de sus piezas ha caducado; vea la fecha de vencimiento en la parte de atrás», indicó el Fonat
