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Denuncian a alcaldesa de Apopa, Jennifer Esmeralda Juárez, por delitos de malversación de fondos municipales y actos arbitrarios
Durante los últimos meses se han reportado una serie de cuestionamientos provenientes de las propias comunidades del municipio de Apopa que reclamaban a la Alcadesa Jennifer Esmeralda Juárez García y a su Concejo Municipal, la falta de gestión para mantener limpia la ciudad y garantizar a los barrios, colonias y calles principales de la ciudad el regular y adecuado servicio de recolección de la basura generada, que al no cumplirse traía como consecuencia el aumento de promontorios de basura que afectan la salud y el medio ambiente de los habitantes de Apopa.
Ahora el asunto de las deficiencias municipales en la recolección y disposición final de la basura ha trascendido al grado que este medio recibió comunicación por parte del departamento legal de la empresa MIDES, propietaria del Relleno Sanitario de Nejapa, informando que el lunes 17 de abril del presente año se interpuso por parte de la compañía una denuncia penal en contra de la Alcaldesa Municipal de Apopa, Sra. Jennifer Esmeralda Juárez, así como en contra del Tesorero Municipal de esa misma ciudad, Sr. Bryan Daniel Cabrera Aguilar por la comisión de los delitos de Malversación de fondos municipales, Incumplimientos de Deberes y Actos Arbitrarios.
De acuerdo al Lic. Carlos Miranda, apoderado legal de MIDES, la municipalidad de Apopa recibe de forma mensual recursos suficientes para pagar por los servicios de transporte y disposición final de la basura a través de los fondos recibidos de los contribuyentes en concepto de tasas municipales que están reguladas en la ordenanza municipal para el fin exclusivo de pagar los mencionados servicios; sin embargo la Alcaldesa y el Tesorero utilizaron los ingresos de las tasas municipales para otros fines distintos y no cumplieron con el pago de servicios de disposición final de la basura, elevando la deuda con MIDES hasta una suma superior a $1 millón de Dolares, lo que claramente constituye el delito de Malversación de fondos.
El citado abogado continúa además señalando que el objetivo de MIDES al denunciar, no se limita a exigir lo que legalmente ha devengado prestando el servicio para el cual fue contratado; sino que además espera que estas acciones sirvan para transparentar las finanzas municipales y evitar cualquier acto de corrupción en que hayan incurrido los funcionarios denunciados.
“La Alcaldía de Apopa ha recaudado más de $ 1 millón de dólares en concepto de tasa municipal para pagar los servicios de transporte y disposición final de la basura, pero ni la Alcaldesa ni el Tesorero Municipal cumplieron su deber de garantizar que los fondos fueran utilizados para los fines legalmente previstos, sino que además de darle un destino distinto al que les correspondía ahora adicionalmente han sido condenados en Arbitraje al pago de la suma de $1 millón de dólares que son la deuda original y a más de $300 mil dólares en concepto de intereses moratorios, esta condena pudo ser evitada si se hubieran usado los recursos municipales adecuadamente.”
Además, Carlos Miranda, también manifestó que la denuncia por Actos Arbitrarios surge porque al quedar firme el Laudo Arbitral, se inició por parte de MIDES un proceso judicial de Ejecución Forzosa, en el cual el juzgado de lo civil de Apopa le impuso a la Alcaldesa Jennifer Esmeralda Juárez y al Tesorero Municipal Bryan Cabrera el deber de hacer las reservas correspondientes en los presupuestos 2021, 2022 y 2023 sin que en ninguno de estos se dejaran previstos y se pagaran amortizaciones a la deuda que para entonces alcanzaba $1 millón 300 mil dólares aproximadamente. En su lugar, las autoridades denunciadas han estado haciendo evasivas a los requerimientos judiciales e informando falsamente al juez que están cumpliendo con el pago de la deuda a que fueron condenados, lo que no es cierto y MIDES se lo ha comprobado a Fiscalía.
Por último dijo que el delito de Incumplimiento de Deberes surge, porque con las acciones ilegales cometidas por los denunciados no solamente perjudican a la empresa, que se ve limitada en su funcionamiento por lo elevado de la deuda que la Alcaldía de Apopa no le paga; sino que ademá esas mismas conductas atenta principalmente con el derecho a la salud y al medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible que se merecen los ciudadanos de la ciudad de Apopa.
El esfuerzo constante, las largas jornadas de estudio y el acompañamiento de docentes y familias dieron fruto para tres estudiantes de Ahuachapán que obtuvieron las mejores calificaciones en la prueba AVANZO 2025 a escala departamental.
Un logro que hoy les abre oportunidades académicas, incluso la posibilidad de estudiar fuera del país. Se trata de Marlon Adilson Artero Ruiz, del Instituto Nacional Licenciado José Daniel Carías; Alfredo Eduardo Escalante Reyes, del Complejo Educativo Antonio J. Alfaro; y Stephany Alejandra Cabrera Umaña, del Instituto Nacional de El Refugio.
Los estudiantes coincidieron en que el resultado no fue casualidad, ya que desde el inicio del año lectivo se propusieron sobresalir, disciplinarse y alcanzar las mejores calificaciones, una meta que se refleja en sus resultados.
Como parte de este reconocimiento, los jóvenes podrán optar a programas de becas internacionales, entre estas oportunidades de formación académica en China, una posibilidad que los llena de entusiasmo y expectativa por el futuro. Para Stephany, originaria de El Refugio, este logro representa una oportunidad trascendente.
«Lo veo como una oportunidad no solo para mí, sino también para hacer sentir orgullosa a mi familia, para realizar mis estudios de una mejor manera y conocer otra cultura. Mi sueño es convertirme en arquitecta», expresó.
Por su parte, Marlon, originario de Apaneca, agradeció el camino recorrido y el acompañamiento recibido durante su formación.
«Agradecido con Dios, porque gracias a Él puedo avanzar en mis estudios y luego, con el esfuerzo personal, las oportunidades se abren. Siempre disfruté las experiencias vividas aprendiendo de mis docentes y compartiendo con mis compañeros», relató el joven, quien aseguró que, fuera del ámbito académico, es un apasionado del fútbol.
También Alfredo, originario de Concepción de Ataco, manifestó que uno de sus mayores anhelos es continuar su preparación fuera del país y regresar para servir a El Salvador.
«Me gustaría salir del país a estudiar, prepararme y regresar. Siempre me he propuesto metas como esta: destacar desde mis primeros años de estudio. En el futuro me veo como ingeniero civil, como servidor público y, si Dios lo permitiera, como ministro de Obras Públicas, porque me gustaría servir a mi país», afirmó durante una entrevista de «Diario El Salvador» en el parque La Concordia. El orgullo también se refleja en las familias de los estudiantes.
Francisco Cabrera, padre de Stephany, expresó su satisfacción por el logro alcanzado por su hija y el significado que tiene para su futuro.
«Me siento orgulloso de ella. Sería muy feliz si pudiera especializarse, para que el país también cuente con buenos profesionales. Si logra hacerlo a través de una beca en el extranjero, sería una bendición de Dios; es el sueño de cualquier padre», sostuvo. Los alumnos coincidieron en que 2025 fue un año exigente, pero decisivo, y que estos resultados son prueba de la constancia, la disciplina y el apoyo recibido desde sus hogares y centros educativos.
La supervisión de los trabajos que realiza la empresa Salazar Romero en el sistema de drenajes de la residencial Ciudad Marsella, ubicada en San Juan Opico, La Libertad Centro, continuó este lunes, luego de las inundaciones registradas durante la tormenta del sábado por la noche, según informó la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
A través de su cuenta oficial en X, la funcionaria detalló que desde tempranas horas se mantiene la supervisión de los trabajos ejecutados por la empresa Salazar Romero, enfocándose en la limpieza de drenajes, extracción de residuos y despeje de tuberías obstruidas.
«Esta mañana continuamos con la supervisión de los trabajos que realiza la empresa Salazar Romero en los drenajes, para sacar residuos y despejar las tuberías», escribió Sol.
La ministra subrayó que, aunque los equipos gubernamentales supervisan las labores, la ejecución y responsabilidad directa recaen en la empresa constructora.
«Estas acciones son supervisadas por nuestros equipos, pero es deber de la empresa la ejecución para responder a las familias que han comprado viviendas en ese proyecto», añadió.
La tormenta del sábado ocasionó inundaciones en varias viviendas de los polígonos 3 y 9 del Quartier 11 de la residencial, dejando pérdidas materiales que, según las autoridades, en algunos casos son totales. Ante esta situación, el Gobierno ha reiterado que la empresa constructora deberá asumir la responsabilidad por los daños.
«La empresa tendrá que asumir la responsabilidad al 100 % de cada uno de los daños materiales porque ha sido pérdida total la que han tenido en sus viviendas», aseguró Sol en declaraciones recientes.
La ministra señaló que los técnicos de la Unidad de Permisos de Construcción del Sistema de Vivienda llegaron a la oficina de OPVSA para solicitar el expediente completo de permisos del proyecto Ciudad Marsella, esto «con el fin de verificar que cada autorización cumpla con lo establecido en la ley».
Asimismo, personal de la Defensoría del Consumidor se trasladó a la zona para realizar un censo de las viviendas dañadas y documentar las pérdidas sufridas por las familias.
El presidente de la institución, Ricardo Salazar, explicó que se llevará a cabo una revisión integral, incluyendo el análisis de los contratos de compraventa.
«Desde nuestra institución veremos por los derechos de estas familias, que se restituyan las pérdidas. Haremos una revisión completa incluyendo aspectos contractuales», indicó Salazar en una entrevista concedida a Diálogo 21 este lunes.
Salazar agregó que han detectado posibles irregularidades en la forma en que algunas familias han estado pagando sus viviendas.
«Nos hemos dado cuenta que prácticamente están haciendo uso de las familias, no como propietarios sino con alquileres que son onerosos, y vamos a establecer un mecanismo para que haya una compensación para que ese dinero sea abonado al capital, del valor de la vivienda», concluyó.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el sábado 10 y el domingo 11 de enero cerró con cero homicidios en El Salvador, totalizando 9 jornadas sin muertes a causa de la violencia.
«Finalizamos el domingo 11 de enero, con 0 homicidios en el país», detalló la PNC en su cuenta oficial de X.
Las fechas en las que no se han reportado homicidios en enero de este 2026 son: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Los reportes señalan que entre el 1 de junio de 2019 y el 11 de enero de 2026 son 1,111 días con cero homicidios en el país.
Las autoridades señalan que la reducción de la violencia se debe a la implementación del Plan Control Territorial y al régimen de excepción.
