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Denuncian a alcaldesa de Apopa, Jennifer Esmeralda Juárez, por delitos de malversación de fondos municipales y actos arbitrarios
Durante los últimos meses se han reportado una serie de cuestionamientos provenientes de las propias comunidades del municipio de Apopa que reclamaban a la Alcadesa Jennifer Esmeralda Juárez García y a su Concejo Municipal, la falta de gestión para mantener limpia la ciudad y garantizar a los barrios, colonias y calles principales de la ciudad el regular y adecuado servicio de recolección de la basura generada, que al no cumplirse traía como consecuencia el aumento de promontorios de basura que afectan la salud y el medio ambiente de los habitantes de Apopa.
Ahora el asunto de las deficiencias municipales en la recolección y disposición final de la basura ha trascendido al grado que este medio recibió comunicación por parte del departamento legal de la empresa MIDES, propietaria del Relleno Sanitario de Nejapa, informando que el lunes 17 de abril del presente año se interpuso por parte de la compañía una denuncia penal en contra de la Alcaldesa Municipal de Apopa, Sra. Jennifer Esmeralda Juárez, así como en contra del Tesorero Municipal de esa misma ciudad, Sr. Bryan Daniel Cabrera Aguilar por la comisión de los delitos de Malversación de fondos municipales, Incumplimientos de Deberes y Actos Arbitrarios.
De acuerdo al Lic. Carlos Miranda, apoderado legal de MIDES, la municipalidad de Apopa recibe de forma mensual recursos suficientes para pagar por los servicios de transporte y disposición final de la basura a través de los fondos recibidos de los contribuyentes en concepto de tasas municipales que están reguladas en la ordenanza municipal para el fin exclusivo de pagar los mencionados servicios; sin embargo la Alcaldesa y el Tesorero utilizaron los ingresos de las tasas municipales para otros fines distintos y no cumplieron con el pago de servicios de disposición final de la basura, elevando la deuda con MIDES hasta una suma superior a $1 millón de Dolares, lo que claramente constituye el delito de Malversación de fondos.
El citado abogado continúa además señalando que el objetivo de MIDES al denunciar, no se limita a exigir lo que legalmente ha devengado prestando el servicio para el cual fue contratado; sino que además espera que estas acciones sirvan para transparentar las finanzas municipales y evitar cualquier acto de corrupción en que hayan incurrido los funcionarios denunciados.
“La Alcaldía de Apopa ha recaudado más de $ 1 millón de dólares en concepto de tasa municipal para pagar los servicios de transporte y disposición final de la basura, pero ni la Alcaldesa ni el Tesorero Municipal cumplieron su deber de garantizar que los fondos fueran utilizados para los fines legalmente previstos, sino que además de darle un destino distinto al que les correspondía ahora adicionalmente han sido condenados en Arbitraje al pago de la suma de $1 millón de dólares que son la deuda original y a más de $300 mil dólares en concepto de intereses moratorios, esta condena pudo ser evitada si se hubieran usado los recursos municipales adecuadamente.”
Además, Carlos Miranda, también manifestó que la denuncia por Actos Arbitrarios surge porque al quedar firme el Laudo Arbitral, se inició por parte de MIDES un proceso judicial de Ejecución Forzosa, en el cual el juzgado de lo civil de Apopa le impuso a la Alcaldesa Jennifer Esmeralda Juárez y al Tesorero Municipal Bryan Cabrera el deber de hacer las reservas correspondientes en los presupuestos 2021, 2022 y 2023 sin que en ninguno de estos se dejaran previstos y se pagaran amortizaciones a la deuda que para entonces alcanzaba $1 millón 300 mil dólares aproximadamente. En su lugar, las autoridades denunciadas han estado haciendo evasivas a los requerimientos judiciales e informando falsamente al juez que están cumpliendo con el pago de la deuda a que fueron condenados, lo que no es cierto y MIDES se lo ha comprobado a Fiscalía.
Por último dijo que el delito de Incumplimiento de Deberes surge, porque con las acciones ilegales cometidas por los denunciados no solamente perjudican a la empresa, que se ve limitada en su funcionamiento por lo elevado de la deuda que la Alcaldía de Apopa no le paga; sino que ademá esas mismas conductas atenta principalmente con el derecho a la salud y al medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible que se merecen los ciudadanos de la ciudad de Apopa.
Con el fin de dinamizar la economía, respaldar el bolsillo de los salvadoreños e impulsar los negocios, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la creación e implementación de la Ley Quincena 25.
Dicha normativa, que consta de nueve artículos, fue propuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, y consiste en entregar un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual. Este beneficio se pagará entre el 15 y el 25 de enero de cada año a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500.
De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria 93, dicho monto no sustituirá el salario y no tendrá descuentos de Impuesto sobre la Renta, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni AFP, tampoco podrá ser embargado.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, esta medida beneficiará al 94 % de los asalariados, a las familias, a los grandes y pequeños negocios.
“El mes de enero aprieta más duro y esto es porque en diciembre se aumentan los gastos, por lo que esta medida es para arreglar un problema estructural”, aseguró el también presidente de la Comisión de Hacienda. “Con este dinero se dinamizará la economía a toda escala y de manera local”, agregó.
El Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos, a partir de este mes.
Mientras tanto, en el sector privado, la implementación de la medida será de forma gradual. Este año, el pago será voluntario, las empresas que lo entreguen tendrán un incentivo fiscal, que consistirá en deducir el 100 % del impuesto de la renta del monto brindado.
Por otro lado, de acuerdo al artículo 3, habrá una condición especial cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono o empleador o cuando la persona beneficiada sea despedida sin causa legal, antes del 25 de enero, tendrá derecho a que se le pague la compensación económica adicional.
Esta no es la primera vez que los parlamentarios le brindan gobernabilidad al presidente Bukele, pues ha habido otras medidas que han ayudado a palear dificultades económicas. Entre ellas, la aprobación de la entrega anticipada del aguinaldo para los empleados (tanto del sector público como privado) y el pago de la pensión de Navidad y aguinaldo a las personas retiradas, así como el pago de cuotas alimenticias.
Los presidentes Rodrigo Chaves Robles de Costa Rica y Nayib Bukele de El Salvador encabezaron este miércoles la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un megaproyecto penitenciario ubicado en San Rafael de Alajuela, dentro del complejo La Reforma.
El acto oficializa el inicio de las obras de una infraestructura de alta seguridad con capacidad para 5.100 reclusos, enmarcada en la alianza bilateral “Escudo de las Américas” para combatir el crimen organizado transnacional.
El CACCO, que demandará una inversión aproximada de ₡21.000 millones (alrededor de 35-40 millones de dólares), consta de cinco módulos con estrictos protocolos de contención y busca aislar a líderes de bandas criminales, sicarios, extraditables y reos de alta peligrosidad, al tiempo que alivia el hacinamiento en el sistema penitenciario costarricense. Las autoridades estiman que la construcción tomará unos 200 días, con finalización prevista para finales de 2026.
Durante la conferencia de prensa conjunta y el acto simbólico, ambos mandatarios enfatizaron que esta no es solo una ampliación de infraestructura, sino un cambio de paradigma en la lucha contra estructuras criminales que operan en la región. Bukele, en su intervención, reiteró los riesgos de dejar crecer la inseguridad: “Cuando la inseguridad avanza, se cae el trabajo, se complica la educación y se frena la economía. La gente deja de salir, los negocios cierran temprano, la inversión se va y el turismo desaparece”.
El presidente salvadoreño recordó la experiencia de su país antes del control de las pandillas, donde estas ejercían un “gobierno paralelo” mediante extorsiones, asesinatos y violaciones sistemáticas.
“Cuando la delincuencia se toma el país —cosa que aún no pasa en Costa Rica—, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos: el oficial, elegido por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, de los criminales y de los narcos”, declaró.Bukele destacó el impacto del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde se eliminaron privilegios como el uso de celulares y computadoras para dirigir operaciones desde prisión: “Nuestras cárceles se habían convertido en universidades del crimen. Había criminales con privilegios, metían prostitutas y subían videos a YouTube de sus fiestas.
En 2014 y 2015, ellos grababan y subían sus videos a redes sociales”.Chaves, por su lado, agradeció la asesoría técnica de El Salvador, que incluyó diseños, estudios y protocolos de seguridad, permitiendo ahorros millonarios: “El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado la crónica de una dictadura del crimen organizado. Solo los tontos no aprenden de una mente ajena. Además, el presidente Bukele está aquí porque este proyecto se ha beneficiado con millones de colones que hubiéramos tenido que invertir en diseños y en estudios para su construcción; pero El Salvador, una vez más, colaboró con Costa Rica como lo ha hecho en otras ocasiones”.
El proyecto ganó impulso tras la visita de Bukele a La Reforma en noviembre de 2024 y la gira de Chaves al CECOT en diciembre de 2025. Esta es la cuarta reunión de alto nivel entre ambos líderes, consolidando una relación estrecha centrada en la cooperación regional. La alianza “Escudo de las Américas”, firmada en diciembre de 2025 en Coatepeque (El Salvador), impulsa el intercambio de información y experiencias para enfrentar narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, con invitación abierta a otros países.
El evento, que incluyó movimientos de tierra ya en marcha, se da en plena campaña electoral costarricense (a 15 días de las elecciones nacionales), lo que ha generado debate sobre el timing político. Sin embargo, ambos gobiernos lo presentan como un mensaje inequívoco de unidad y determinación: la seguridad ciudadana es el pilar para la prosperidad económica, social y turística de la región centroamericana.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de diez años de cárcel a Raúl de Jesús Guardado Ramos, tras encontrarlo culpable del delito de robo agravado. Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
Según la relación circunstanciada de los hechos, el incidente ocurrió el 19 de mayo de 2024, cuando la víctima esperaba transporte público.
En ese momento, fue interceptada por Guardado Ramos, quien la persuadió para que abordara su vehículo. Posteriormente, la condujo a un lugar aislado, donde cometió el robo. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que el condenado cancele $60 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
