Nacionales
Denuncian a alcaldesa de Apopa, Jennifer Esmeralda Juárez, por delitos de malversación de fondos municipales y actos arbitrarios
Durante los últimos meses se han reportado una serie de cuestionamientos provenientes de las propias comunidades del municipio de Apopa que reclamaban a la Alcadesa Jennifer Esmeralda Juárez García y a su Concejo Municipal, la falta de gestión para mantener limpia la ciudad y garantizar a los barrios, colonias y calles principales de la ciudad el regular y adecuado servicio de recolección de la basura generada, que al no cumplirse traía como consecuencia el aumento de promontorios de basura que afectan la salud y el medio ambiente de los habitantes de Apopa.
Ahora el asunto de las deficiencias municipales en la recolección y disposición final de la basura ha trascendido al grado que este medio recibió comunicación por parte del departamento legal de la empresa MIDES, propietaria del Relleno Sanitario de Nejapa, informando que el lunes 17 de abril del presente año se interpuso por parte de la compañía una denuncia penal en contra de la Alcaldesa Municipal de Apopa, Sra. Jennifer Esmeralda Juárez, así como en contra del Tesorero Municipal de esa misma ciudad, Sr. Bryan Daniel Cabrera Aguilar por la comisión de los delitos de Malversación de fondos municipales, Incumplimientos de Deberes y Actos Arbitrarios.
De acuerdo al Lic. Carlos Miranda, apoderado legal de MIDES, la municipalidad de Apopa recibe de forma mensual recursos suficientes para pagar por los servicios de transporte y disposición final de la basura a través de los fondos recibidos de los contribuyentes en concepto de tasas municipales que están reguladas en la ordenanza municipal para el fin exclusivo de pagar los mencionados servicios; sin embargo la Alcaldesa y el Tesorero utilizaron los ingresos de las tasas municipales para otros fines distintos y no cumplieron con el pago de servicios de disposición final de la basura, elevando la deuda con MIDES hasta una suma superior a $1 millón de Dolares, lo que claramente constituye el delito de Malversación de fondos.
El citado abogado continúa además señalando que el objetivo de MIDES al denunciar, no se limita a exigir lo que legalmente ha devengado prestando el servicio para el cual fue contratado; sino que además espera que estas acciones sirvan para transparentar las finanzas municipales y evitar cualquier acto de corrupción en que hayan incurrido los funcionarios denunciados.
“La Alcaldía de Apopa ha recaudado más de $ 1 millón de dólares en concepto de tasa municipal para pagar los servicios de transporte y disposición final de la basura, pero ni la Alcaldesa ni el Tesorero Municipal cumplieron su deber de garantizar que los fondos fueran utilizados para los fines legalmente previstos, sino que además de darle un destino distinto al que les correspondía ahora adicionalmente han sido condenados en Arbitraje al pago de la suma de $1 millón de dólares que son la deuda original y a más de $300 mil dólares en concepto de intereses moratorios, esta condena pudo ser evitada si se hubieran usado los recursos municipales adecuadamente.”
Además, Carlos Miranda, también manifestó que la denuncia por Actos Arbitrarios surge porque al quedar firme el Laudo Arbitral, se inició por parte de MIDES un proceso judicial de Ejecución Forzosa, en el cual el juzgado de lo civil de Apopa le impuso a la Alcaldesa Jennifer Esmeralda Juárez y al Tesorero Municipal Bryan Cabrera el deber de hacer las reservas correspondientes en los presupuestos 2021, 2022 y 2023 sin que en ninguno de estos se dejaran previstos y se pagaran amortizaciones a la deuda que para entonces alcanzaba $1 millón 300 mil dólares aproximadamente. En su lugar, las autoridades denunciadas han estado haciendo evasivas a los requerimientos judiciales e informando falsamente al juez que están cumpliendo con el pago de la deuda a que fueron condenados, lo que no es cierto y MIDES se lo ha comprobado a Fiscalía.
Por último dijo que el delito de Incumplimiento de Deberes surge, porque con las acciones ilegales cometidas por los denunciados no solamente perjudican a la empresa, que se ve limitada en su funcionamiento por lo elevado de la deuda que la Alcaldía de Apopa no le paga; sino que ademá esas mismas conductas atenta principalmente con el derecho a la salud y al medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible que se merecen los ciudadanos de la ciudad de Apopa.
Este sábado, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de El Salvador brindó una conferencia de prensa para alertar sobre una nueva modalidad de estafa que ha sido denunciada por la población y compartir los resultados que han sido obtenidos mediante una investigación.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, declaró que mediante la investigación se ha logrado identificar y frenar a una estructura criminal transnacional dedicada a estafas telefónicas con amenazas falsas.
«Ayer se exponía en redes sociales una nueva modalidad de estafa telefónica, llaman a una persona que brinde servicios varios, los citan en algún lugar despoblado y cuando llegan, le hacen creer a otros familiares que los están secuestrando y piden cierta cantidad de dinero. Hemos detectado que esto proviene de una cárcel colombiana», explicó el ministro Villatoro.
El funcionario advirtió que se debe evitar solicitudes de servicios si el número telefónico cuenta con los códigos +57, que es código país de Colombia; código +52, que es de México; y código +502, de Guatemala.
Por su parte, el fiscal general, Rodolfo Delgado, reiteró a la población salvadoreña que «denunciar sí funciona», y que la «Fiscalía General de la República está trabajando en colaboración con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, con inteligencia tecnológica y también hemos activado todos los canales de cooperación internacional».
Las autoridades han identificado más de 375 números telefónicos que pertenecen a la organización criminal que opera desde una cárcel colombiana.
«La última información que nos han dado los hermanos estadounidenses nos confirma que en esta cárcel colombiana hay más de 101 teléfonos encendidos de donde están haciendo este tipo de llamadas, como hermandad policial nos hemos comunicado con policías de República Dominicana, Honduras, Guatemala, Argentina y Perú, donde está ocurriendo este mismo fenómeno», declaró Villatoro.
El titular de Seguridad aclaró que en El Salvador no existen cárteles de droga, ni secuestros, ni secuestradores, por lo tanto, no existe riesgo de daño físico, y por ende, se debe evitar pagar ante la amenaza de este tipo de llamadas.
Un joven resultó con múltiples lesiones luego de lanzarse contra un microbús de la ruta 100-A durante las primeras horas de este sábado, en el sector de La Cuchilla, sobre la carretera antigua que de Santa Ana conduce a San Salvador.
Según testigos, el hecho ocurrió tras una discusión con su pareja, y el joven manifestó que no deseaba continuar viviendo antes de arrojarse contra la unidad de transporte en movimiento.
Socorristas llegaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria, encontrándolo desorientado y con diversos traumas, por lo que fue atendido en la escena.
Un motociclista resultó lesionado luego de ser impactado por un automóvil particular en el bulevar Sur, en el distrito de Santa Tecla.
El accidente fue captado por las cámaras del sistema de videovigilancia de la alcaldía de La Libertad Sur, en el sector del exrastro.
En las imágenes se observa a la motocicleta circulando de suroriente a poniente sobre el bulevar, cuando un automóvil color rojo se incorpora de forma imprudente al retorno de la zona, provocando el choque.
La imprudencia de un conductor provocó un choque sobre la bulevar Sur, a la altura del retorno Exrastro.
Recuerda que debes de conducir con precaución en todo momento. pic.twitter.com/nj4et7DjgL
— Alcaldía La Libertad Sur (@SantaTeclaSV) January 24, 2026
