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Denuncian a alcaldesa de Apopa, Jennifer Esmeralda Juárez, por delitos de malversación de fondos municipales y actos arbitrarios
Durante los últimos meses se han reportado una serie de cuestionamientos provenientes de las propias comunidades del municipio de Apopa que reclamaban a la Alcadesa Jennifer Esmeralda Juárez García y a su Concejo Municipal, la falta de gestión para mantener limpia la ciudad y garantizar a los barrios, colonias y calles principales de la ciudad el regular y adecuado servicio de recolección de la basura generada, que al no cumplirse traía como consecuencia el aumento de promontorios de basura que afectan la salud y el medio ambiente de los habitantes de Apopa.
Ahora el asunto de las deficiencias municipales en la recolección y disposición final de la basura ha trascendido al grado que este medio recibió comunicación por parte del departamento legal de la empresa MIDES, propietaria del Relleno Sanitario de Nejapa, informando que el lunes 17 de abril del presente año se interpuso por parte de la compañía una denuncia penal en contra de la Alcaldesa Municipal de Apopa, Sra. Jennifer Esmeralda Juárez, así como en contra del Tesorero Municipal de esa misma ciudad, Sr. Bryan Daniel Cabrera Aguilar por la comisión de los delitos de Malversación de fondos municipales, Incumplimientos de Deberes y Actos Arbitrarios.
De acuerdo al Lic. Carlos Miranda, apoderado legal de MIDES, la municipalidad de Apopa recibe de forma mensual recursos suficientes para pagar por los servicios de transporte y disposición final de la basura a través de los fondos recibidos de los contribuyentes en concepto de tasas municipales que están reguladas en la ordenanza municipal para el fin exclusivo de pagar los mencionados servicios; sin embargo la Alcaldesa y el Tesorero utilizaron los ingresos de las tasas municipales para otros fines distintos y no cumplieron con el pago de servicios de disposición final de la basura, elevando la deuda con MIDES hasta una suma superior a $1 millón de Dolares, lo que claramente constituye el delito de Malversación de fondos.
El citado abogado continúa además señalando que el objetivo de MIDES al denunciar, no se limita a exigir lo que legalmente ha devengado prestando el servicio para el cual fue contratado; sino que además espera que estas acciones sirvan para transparentar las finanzas municipales y evitar cualquier acto de corrupción en que hayan incurrido los funcionarios denunciados.
“La Alcaldía de Apopa ha recaudado más de $ 1 millón de dólares en concepto de tasa municipal para pagar los servicios de transporte y disposición final de la basura, pero ni la Alcaldesa ni el Tesorero Municipal cumplieron su deber de garantizar que los fondos fueran utilizados para los fines legalmente previstos, sino que además de darle un destino distinto al que les correspondía ahora adicionalmente han sido condenados en Arbitraje al pago de la suma de $1 millón de dólares que son la deuda original y a más de $300 mil dólares en concepto de intereses moratorios, esta condena pudo ser evitada si se hubieran usado los recursos municipales adecuadamente.”
Además, Carlos Miranda, también manifestó que la denuncia por Actos Arbitrarios surge porque al quedar firme el Laudo Arbitral, se inició por parte de MIDES un proceso judicial de Ejecución Forzosa, en el cual el juzgado de lo civil de Apopa le impuso a la Alcaldesa Jennifer Esmeralda Juárez y al Tesorero Municipal Bryan Cabrera el deber de hacer las reservas correspondientes en los presupuestos 2021, 2022 y 2023 sin que en ninguno de estos se dejaran previstos y se pagaran amortizaciones a la deuda que para entonces alcanzaba $1 millón 300 mil dólares aproximadamente. En su lugar, las autoridades denunciadas han estado haciendo evasivas a los requerimientos judiciales e informando falsamente al juez que están cumpliendo con el pago de la deuda a que fueron condenados, lo que no es cierto y MIDES se lo ha comprobado a Fiscalía.
Por último dijo que el delito de Incumplimiento de Deberes surge, porque con las acciones ilegales cometidas por los denunciados no solamente perjudican a la empresa, que se ve limitada en su funcionamiento por lo elevado de la deuda que la Alcaldía de Apopa no le paga; sino que ademá esas mismas conductas atenta principalmente con el derecho a la salud y al medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible que se merecen los ciudadanos de la ciudad de Apopa.
El puerto de La Unión continúa impulsando el movimiento de carga marítima en el país. En ese sentido, recientemente, recibió el primer buque del año, proveniente de la República Popular China.
El buque Prosperity 105 atracó el viernes pasado y transportaba 21,000 toneladas de cemento. El desembarque se realizó el mismo día por la noche.
«El buque Prosperity 105 evidencia el crecimiento sostenido de la actividad portuaria en esa región», afirmó el Gobierno.
Además, destacó que la reactivación del puerto de La Unión no solo impulsa el comercio exterior, también genera empleo y oportunidades para las familias de la zona oriental.
Cada operación portuaria representa un paso más hacia la modernización logística nacional, fortaleciendo la competitividad de El Salvador en la región.
Recientemente, el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, aseguró que este es el primer buque de carga suelta que llega a dicha terminal marítima.
«Este día será histórico porque llega un buque de carga suelta, por primera vez. La Unión se volvió un hub de autos nuevos, pero también estamos manejando carga suelta», dijo Anliker.
Además, informó que en 2025 atendieron más de 75 buques en el puerto de La Unión, como parte del trabajo de la Unión Portuaria del Pacífico.
«Esta es una sociedad de economía mixta, entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y Yilport, la Unión Portuaria del Pacífico se encarga del manejo de los puertos marítimos de El Salvador. En 2025 atendimos más de 75 buques en el puerto de La Unión», remarcó.
Este lunes, la Defensoría del Consumidor inició con las inspecciones que forman parte de la Defensoría Escolar «Back to School», que consiste en inspecciones que buscan defender el derecho de los consumidores y evitar que sea vulnerada la economía de los salvadoreños
Las inspecciones en establecimientos de comercialización de útiles escolares y productos relacionados al uso de actividades educativas por parte de los estudiantes, fueron lideradas por el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.
«Además, nuestra institución realiza una serie de verificaciones en diferentes puntos comerciales, vinculados a la venta de útiles escolares, también otro tipo de equipos como computadoras, tablets, muebles de escritorio», explicó Salazar.
«Como Gobierno del presidente Nayib Bukele estamos comprometidos en proteger la economía familiar en este retorno a clases tanto para el sector público como el privado», declaró Salazar durante las verificaciones, además, el funcionario explicó que se han instalado puntos de atención para brindar apoyo jurídico a los consumidores ante posibles abusos o vulneraciones de derechos.
En el parque Daniel Hernández, en Santa Tecla, se dispone de un centro de recepción de denuncias, según informó el titular de la Defensoría del Consumidor.
Salazar explicó que en el observatorio de útiles escolares la población puede encontrar información de precios de más de 6,500 productos.
La Defensoría del Consumidor realizará monitoreos semanales para permitir que la población identifique aquellos puntos donde se comercializan los productos escolares a un costo más bajo que pueden representar importantes ahorros para su economía.
La Dirección General de Aduanas (DGA) acreditó recientemente a cuatro nuevas empresas con el Programa de Operador Confiable, una iniciativa de cumplimiento aduanero que facilita las operaciones de comercio exterior y que ofrece a las empresas un despacho más rápido, eficiente y especializado.
Con dicha incorporación, la DGA registra 28 empresas certificadas con lo que fortalece la seguridad, la eficiencia y la confianza en el comercio internacional, y consolida a El Salvador como un destino atractivo para la inversión.
«Desde Aduanas acreditamos a un nuevo grupo de empresas que han cumplido con altos estándares de seguridad y control en sus procesos de producción, almacenamiento, transporte y distribución de mercancías», afirmó el titular de Aduanas, Benjamín Mayorga.
Las empresas certificadas son: Melher, S.A. DE C.V; Crio Inversiones, S.A. DE C.V.; DHL Global Forwarding (El Salvador) y Trans-Auto, S.A. DE C.V.
«Agradecemos y felicitamos a Cifacil [Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio en El Salvador] por su valioso apoyo al Programa de Operador Confiable y a este proceso de acreditación», añadió Mayorga.
Cifacil reafirmó su compromiso de seguir apoyando iniciativas que «fortalezcan la facilitación del comercio, la confianza y seguridad en el comercio exterior de El Salvador».
Por su parte, la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) afirmó que contribuye con la certificación mediante su programa de Asistencia Técnica para la Certificación mediante el cual buscará llegar a 100 operadores confiables este 2026.
«Muy felices por el avance de nuestras empresas socias apoyadas a través del Programa de Asistencia Técnica para la Certificación de Operador Confiable. Seguimos impulsando capacidades que fortalecen la competitividad del país», publicó la gremial.
