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Bessy Rios: Fiscales refieren que algunos colegas los obligaron a criteriarse en caso Corruptela con esposas en mano
La abogada e influencer en redes sociales, Bessy Rios, conoció de primera mano la forma en que varios fiscales de la gestión del ex fiscal general de la República, Douglas Meléndez, presuntamente fueron obligados a criteriarse y rendir testimonios falsos en el caso Corruptela.
El caso Corruptela es el caso que el ex fiscal Meléndez abrió tras el hallazgo de una supuesta red de corrupción que se habría enquistado en el Ministerio Público, bajo el liderazgo del su antecesor ex fiscal Luis Martínez, quien actualmente está en prisión por ese y otros casos.
Rios se convirtió en la abogada de tres fiscales (cuyos nombres son omitidos por protección) que refieren haber sido sometidos a diferentes presiones que finalmente los obligó a entrometerse en el caso Corruptela sin que pudieran resistirse.
“No estoy autorizada para dar toda la información que ellos me dieron, pero palabras más, palabras menos me dijeron que a sus oficinas llegaban ciertos fiscales y les decían <<bueno nosotros queremos que vos firmés estas actas, en las que vos digás que colaboraste en esto, esto, y esto y nosotros te vamos a dar criterio de oportunidad>>”, detalló la abogada.
Sorprendidos los fiscales intentaban rehusarse a la petición de sus colegas, pero eran amenazados de ser procesados por otros casos al tiempo en que entraban otros fiscales con esposas en mano para intimidarlos.
Los fiscales relataron que sus colegas les decían <<si no lo hacés pues aquí te tenemos otro caso -de otra cosa- y te vamos a procesar por eso>>, entonces lo que hacían era firmar a la fuerza.
Ríos fue contactada por tres trabajadores de la Fiscalía General de la República (FGR) que desesperados por la situación en que estaban le pidieron ayuda.
La profesional recuerda que los hombres preocupados por que el caso “sigue avanzando” le comentaron que el día 3 de enero que tomó posesión el actual fiscal “presentamos una solicitud de audiencia con él”, sin que en los últimos días del mes fueran escuchados.
Con el fin de ayudar en el caso la abogada decide escribir un artículo que se publicó en un diario digital el cual estaba dirigido al actual Fiscal General Raúl Melara en el que le solicita de manera urgente que atienda a los trabajadores de la FGR.
“Yo hago un artículo que fue publicado en La Noticia SV en donde le digo al fiscal (Raúl Melara) independientemente de lo que sea cierto o no (porque cabe la oportunidad de decir que un caso no sea cierto) a mi me interesa que usted reciba a esta gente. Básicamente por justicia había que recibirlos”, detalló Ríos.
Según la mujer dos o tres horas más tarde le habló uno de los ofendidos y le dijo que en ese momento se estaban retractando -de sus testimonios-. “Me dijo <<gracias, ojalá que investiguen acá internamente>>. Hasta allí cerró para mi, porque en ese momento ellos pensaban que les iban a ayudar (eso fue en enero)”, detalló Rios.
Sin embargo no fue hasta tres meses después que Melara inició a investigar las circunstancias en que se dieron estas situaciones.
Para la abogada es imperativo que Melara investigue este hecho. “Si es o no cierto que esta gente firmó documentos para armar casos que no tenían el sustento debido, eso significa que Douglas no investigó como se debía y no sustentó como se debía sus casos lo cual es un incumplimiento grave de sus deberes”.
La influencer es del pensar que este tipo de señalamientos demandan a su vez la investigación de la gestión del ex fiscal Meléndez. “Me parece que se le debe al pueblo salvadoreño una investigación de la gestión de Douglas Meléndez por una cuestión de integridad, ética y por transparencia”, detalló.
La gestión de Meléndez recibió fuertes críticas por un supuesto uso excesivo de criteriados para resolver casos, como lo dijo el Ministerio de la defensa, David Munguía Payés, y otros actores de la izquierda en su momento.
Sobre ese asunto Ríos comentó que “con esto de los criteriados cualquiera puede venir y decir yo estuve y aquel dijo esto y lo otro y no hay más pruebas que su palabra”.
Ríos reconoce que la Fiscalía no cuenta con la tecnología necesaria para optimizar las investigaciones como un error que se arrastra desde la Asamblea Legislativa que no dota a la institución de los recursos necesarios. “Eso es una realidad, pero no puede ser que esa sea esa la única herramienta que tenga la FGR”.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
