Nacionales
Bessy Rios: Fiscales refieren que algunos colegas los obligaron a criteriarse en caso Corruptela con esposas en mano
La abogada e influencer en redes sociales, Bessy Rios, conoció de primera mano la forma en que varios fiscales de la gestión del ex fiscal general de la República, Douglas Meléndez, presuntamente fueron obligados a criteriarse y rendir testimonios falsos en el caso Corruptela.
El caso Corruptela es el caso que el ex fiscal Meléndez abrió tras el hallazgo de una supuesta red de corrupción que se habría enquistado en el Ministerio Público, bajo el liderazgo del su antecesor ex fiscal Luis Martínez, quien actualmente está en prisión por ese y otros casos.
Rios se convirtió en la abogada de tres fiscales (cuyos nombres son omitidos por protección) que refieren haber sido sometidos a diferentes presiones que finalmente los obligó a entrometerse en el caso Corruptela sin que pudieran resistirse.
“No estoy autorizada para dar toda la información que ellos me dieron, pero palabras más, palabras menos me dijeron que a sus oficinas llegaban ciertos fiscales y les decían <<bueno nosotros queremos que vos firmés estas actas, en las que vos digás que colaboraste en esto, esto, y esto y nosotros te vamos a dar criterio de oportunidad>>”, detalló la abogada.
Sorprendidos los fiscales intentaban rehusarse a la petición de sus colegas, pero eran amenazados de ser procesados por otros casos al tiempo en que entraban otros fiscales con esposas en mano para intimidarlos.
Los fiscales relataron que sus colegas les decían <<si no lo hacés pues aquí te tenemos otro caso -de otra cosa- y te vamos a procesar por eso>>, entonces lo que hacían era firmar a la fuerza.
Ríos fue contactada por tres trabajadores de la Fiscalía General de la República (FGR) que desesperados por la situación en que estaban le pidieron ayuda.
La profesional recuerda que los hombres preocupados por que el caso “sigue avanzando” le comentaron que el día 3 de enero que tomó posesión el actual fiscal “presentamos una solicitud de audiencia con él”, sin que en los últimos días del mes fueran escuchados.
Con el fin de ayudar en el caso la abogada decide escribir un artículo que se publicó en un diario digital el cual estaba dirigido al actual Fiscal General Raúl Melara en el que le solicita de manera urgente que atienda a los trabajadores de la FGR.
“Yo hago un artículo que fue publicado en La Noticia SV en donde le digo al fiscal (Raúl Melara) independientemente de lo que sea cierto o no (porque cabe la oportunidad de decir que un caso no sea cierto) a mi me interesa que usted reciba a esta gente. Básicamente por justicia había que recibirlos”, detalló Ríos.
Según la mujer dos o tres horas más tarde le habló uno de los ofendidos y le dijo que en ese momento se estaban retractando -de sus testimonios-. “Me dijo <<gracias, ojalá que investiguen acá internamente>>. Hasta allí cerró para mi, porque en ese momento ellos pensaban que les iban a ayudar (eso fue en enero)”, detalló Rios.
Sin embargo no fue hasta tres meses después que Melara inició a investigar las circunstancias en que se dieron estas situaciones.
Para la abogada es imperativo que Melara investigue este hecho. “Si es o no cierto que esta gente firmó documentos para armar casos que no tenían el sustento debido, eso significa que Douglas no investigó como se debía y no sustentó como se debía sus casos lo cual es un incumplimiento grave de sus deberes”.
La influencer es del pensar que este tipo de señalamientos demandan a su vez la investigación de la gestión del ex fiscal Meléndez. “Me parece que se le debe al pueblo salvadoreño una investigación de la gestión de Douglas Meléndez por una cuestión de integridad, ética y por transparencia”, detalló.
La gestión de Meléndez recibió fuertes críticas por un supuesto uso excesivo de criteriados para resolver casos, como lo dijo el Ministerio de la defensa, David Munguía Payés, y otros actores de la izquierda en su momento.
Sobre ese asunto Ríos comentó que “con esto de los criteriados cualquiera puede venir y decir yo estuve y aquel dijo esto y lo otro y no hay más pruebas que su palabra”.
Ríos reconoce que la Fiscalía no cuenta con la tecnología necesaria para optimizar las investigaciones como un error que se arrastra desde la Asamblea Legislativa que no dota a la institución de los recursos necesarios. “Eso es una realidad, pero no puede ser que esa sea esa la única herramienta que tenga la FGR”.
Ocho años de prisión fueron impuestos a Manuel de Jesús Vásquez Huezo, luego de comprobarse su culpa por el delito de corrupción de niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de tecnologías de la información y comunicación.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República, este hombre contactó a un menor a través de las redes sociales «para enviarle material explícito e invitarlo a reunirse».
Al enterarse de lo sucedido, los familiares de la víctima alertaron a las autoridades quienes realizaron su captura en un parque del distrito de Apopa, al norte de San Salvador.
La condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador.
El Tribunal Tercero de Sentencia condenó ayer a Kevin Monterrosa y Brayan Rivas a tres años de cárcel con medidas sustitutivas y a pagar $7 mil a una víctima a quien dieron una golpiza y ésta perdió su ojo izquierdo.
Según el relato de los hechos, el 22 de agosto de 2025, en el distrito de Mejicanos, Monterrosa y Rivas consumían bebidas alcohólicas. En ese momento llegó Jorge Regalado, quien iba a parquear su vehículo en la cochera de su casa.
Según el expediente judicial, Rivas se abalanzó sobre Regalado y le propinó un puñetazo, que rompió el vidrio de los lentes de la víctima y algunos fragmentos se le incrustaron en el ojo izquierdo. En ese momento, intervino Monterrosa, quien también intentó agredir a la víctima.
De acuerdo al relato de los hechos, Regalado tomó un machete que andaba en su vehículo y logró alejar a los agresores y luego pidió auxilio médico.
Mediante un juicio abreviado -los agresores aceptaron los cargos-, el Tribunal resolvió que se consumó el delito de lesiones graves y aplicó una pena de tres años de prisión que serán sustituidos por medidas como abstenerse de consumir drogas y bebidas embriagantes y no acercarse a la víctima.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 45 años de prisión a Jonathan Steven Flores González, alias Slaper, quien ostentaba el rango de palabrero en la pandilla 18 y quien fue acusado por la Fiscalía General de la República por el delito de agrupaciones ilícitas.
En la misma audiencia única abierta, fueron condenados a 30 años de prisión, 54 pandilleros de los cuales 22 tenían el rango de homeboy y 32 en calidad de civiles activos.
El Tribunal también condenó a 25 años de cárcel a 20 personas que fungían como colaboradores de la misma pandilla 18 Revolucionarios de la estructura Isletas Locos, que tenían como centro de operaciones el distrito de Zacatecoluca, municipio de La Paz Centro.
Con la reforma al artículo 18 de la Ley contra Actos de Terrorismo, la Fiscalía está habilitada para promover audiencias únicas abiertas en las que se procesan masivamente a integrantes de estructuras criminales.
Bajo esta misma modalidad en el Tribunal Sexto contra el Crimen Otrganizado están siendo procesados 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha, a quienes se les atribuyen más de 47,000 delitos cometidos entre los años 2012 y 2022. Entre los sujetos a procesar hay 22 cabecillas de la ranfla históricos, 212 ranfleros, 152 corredor de programa, entre otros.
Todos ellos están siendo procesados de manera sumaria, por delitos como, homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión, agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de armas de fuego, feminicidio, homicidio tentado y privación de libertad. Con el régimen de excepción han sido capturados más de 91 mil pandilleros.
