Nacionales
Bessy Rios: Fiscales refieren que algunos colegas los obligaron a criteriarse en caso Corruptela con esposas en mano
La abogada e influencer en redes sociales, Bessy Rios, conoció de primera mano la forma en que varios fiscales de la gestión del ex fiscal general de la República, Douglas Meléndez, presuntamente fueron obligados a criteriarse y rendir testimonios falsos en el caso Corruptela.
El caso Corruptela es el caso que el ex fiscal Meléndez abrió tras el hallazgo de una supuesta red de corrupción que se habría enquistado en el Ministerio Público, bajo el liderazgo del su antecesor ex fiscal Luis Martínez, quien actualmente está en prisión por ese y otros casos.
Rios se convirtió en la abogada de tres fiscales (cuyos nombres son omitidos por protección) que refieren haber sido sometidos a diferentes presiones que finalmente los obligó a entrometerse en el caso Corruptela sin que pudieran resistirse.
“No estoy autorizada para dar toda la información que ellos me dieron, pero palabras más, palabras menos me dijeron que a sus oficinas llegaban ciertos fiscales y les decían <<bueno nosotros queremos que vos firmés estas actas, en las que vos digás que colaboraste en esto, esto, y esto y nosotros te vamos a dar criterio de oportunidad>>”, detalló la abogada.
Sorprendidos los fiscales intentaban rehusarse a la petición de sus colegas, pero eran amenazados de ser procesados por otros casos al tiempo en que entraban otros fiscales con esposas en mano para intimidarlos.
Los fiscales relataron que sus colegas les decían <<si no lo hacés pues aquí te tenemos otro caso -de otra cosa- y te vamos a procesar por eso>>, entonces lo que hacían era firmar a la fuerza.
Ríos fue contactada por tres trabajadores de la Fiscalía General de la República (FGR) que desesperados por la situación en que estaban le pidieron ayuda.
La profesional recuerda que los hombres preocupados por que el caso “sigue avanzando” le comentaron que el día 3 de enero que tomó posesión el actual fiscal “presentamos una solicitud de audiencia con él”, sin que en los últimos días del mes fueran escuchados.
Con el fin de ayudar en el caso la abogada decide escribir un artículo que se publicó en un diario digital el cual estaba dirigido al actual Fiscal General Raúl Melara en el que le solicita de manera urgente que atienda a los trabajadores de la FGR.
“Yo hago un artículo que fue publicado en La Noticia SV en donde le digo al fiscal (Raúl Melara) independientemente de lo que sea cierto o no (porque cabe la oportunidad de decir que un caso no sea cierto) a mi me interesa que usted reciba a esta gente. Básicamente por justicia había que recibirlos”, detalló Ríos.
Según la mujer dos o tres horas más tarde le habló uno de los ofendidos y le dijo que en ese momento se estaban retractando -de sus testimonios-. “Me dijo <<gracias, ojalá que investiguen acá internamente>>. Hasta allí cerró para mi, porque en ese momento ellos pensaban que les iban a ayudar (eso fue en enero)”, detalló Rios.
Sin embargo no fue hasta tres meses después que Melara inició a investigar las circunstancias en que se dieron estas situaciones.
Para la abogada es imperativo que Melara investigue este hecho. “Si es o no cierto que esta gente firmó documentos para armar casos que no tenían el sustento debido, eso significa que Douglas no investigó como se debía y no sustentó como se debía sus casos lo cual es un incumplimiento grave de sus deberes”.
La influencer es del pensar que este tipo de señalamientos demandan a su vez la investigación de la gestión del ex fiscal Meléndez. “Me parece que se le debe al pueblo salvadoreño una investigación de la gestión de Douglas Meléndez por una cuestión de integridad, ética y por transparencia”, detalló.
La gestión de Meléndez recibió fuertes críticas por un supuesto uso excesivo de criteriados para resolver casos, como lo dijo el Ministerio de la defensa, David Munguía Payés, y otros actores de la izquierda en su momento.
Sobre ese asunto Ríos comentó que “con esto de los criteriados cualquiera puede venir y decir yo estuve y aquel dijo esto y lo otro y no hay más pruebas que su palabra”.
Ríos reconoce que la Fiscalía no cuenta con la tecnología necesaria para optimizar las investigaciones como un error que se arrastra desde la Asamblea Legislativa que no dota a la institución de los recursos necesarios. “Eso es una realidad, pero no puede ser que esa sea esa la única herramienta que tenga la FGR”.
Economia
Comisión de Hacienda emite dictamen favorable a nueva amnistía fiscal vigente hasta el 11 de diciembre de 2026
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a la Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca facilitar a los contribuyentes el pago de impuestos y multas adeudadas, con vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026.
El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, explicó que la medida pretende dar oportunidades a quienes cumplen con sus pagos, pero que por alguna razón no han podido solventar sus compromisos con el fisco. “El Estado tiene claro que la economía no se incrementa por multas o intereses, sino que el impacto mayor corresponde a los impuestos propios”, afirmó. La amnistía permitirá regularizar deudas ante Impuestos Internos, Aduanas y el Tribunal de Apelaciones sin pagar intereses, recargos ni multas por mora, aunque los impuestos originales sí deberán cancelarse.
El beneficio también alcanzará a personas con procesos en la Fiscalía General de la República, cobros judiciales y recargos sobre multas de tránsito o de otras instituciones públicas (excepto municipalidades). Los contribuyentes podrán optar por un plan de pagos con una primera cuota del 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales sucesivas. En caso de incumplimiento, se perderán los beneficios y se reactivarán los recargos originales.
La última amnistía, aprobada el 15 de octubre de 2025, benefició a 56,195 contribuyentes. De la recaudación obtenida, el 71 % correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes. La iniciativa aún debe ser aprobada por el pleno legislativo para convertirse en ley.
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.
Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.
Judicial
Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.
Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.
Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.
