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Bessy Rios: Fiscales refieren que algunos colegas los obligaron a criteriarse en caso Corruptela con esposas en mano
La abogada e influencer en redes sociales, Bessy Rios, conoció de primera mano la forma en que varios fiscales de la gestión del ex fiscal general de la República, Douglas Meléndez, presuntamente fueron obligados a criteriarse y rendir testimonios falsos en el caso Corruptela.
El caso Corruptela es el caso que el ex fiscal Meléndez abrió tras el hallazgo de una supuesta red de corrupción que se habría enquistado en el Ministerio Público, bajo el liderazgo del su antecesor ex fiscal Luis Martínez, quien actualmente está en prisión por ese y otros casos.
Rios se convirtió en la abogada de tres fiscales (cuyos nombres son omitidos por protección) que refieren haber sido sometidos a diferentes presiones que finalmente los obligó a entrometerse en el caso Corruptela sin que pudieran resistirse.
“No estoy autorizada para dar toda la información que ellos me dieron, pero palabras más, palabras menos me dijeron que a sus oficinas llegaban ciertos fiscales y les decían <<bueno nosotros queremos que vos firmés estas actas, en las que vos digás que colaboraste en esto, esto, y esto y nosotros te vamos a dar criterio de oportunidad>>”, detalló la abogada.
Sorprendidos los fiscales intentaban rehusarse a la petición de sus colegas, pero eran amenazados de ser procesados por otros casos al tiempo en que entraban otros fiscales con esposas en mano para intimidarlos.
Los fiscales relataron que sus colegas les decían <<si no lo hacés pues aquí te tenemos otro caso -de otra cosa- y te vamos a procesar por eso>>, entonces lo que hacían era firmar a la fuerza.
Ríos fue contactada por tres trabajadores de la Fiscalía General de la República (FGR) que desesperados por la situación en que estaban le pidieron ayuda.
La profesional recuerda que los hombres preocupados por que el caso “sigue avanzando” le comentaron que el día 3 de enero que tomó posesión el actual fiscal “presentamos una solicitud de audiencia con él”, sin que en los últimos días del mes fueran escuchados.
Con el fin de ayudar en el caso la abogada decide escribir un artículo que se publicó en un diario digital el cual estaba dirigido al actual Fiscal General Raúl Melara en el que le solicita de manera urgente que atienda a los trabajadores de la FGR.
“Yo hago un artículo que fue publicado en La Noticia SV en donde le digo al fiscal (Raúl Melara) independientemente de lo que sea cierto o no (porque cabe la oportunidad de decir que un caso no sea cierto) a mi me interesa que usted reciba a esta gente. Básicamente por justicia había que recibirlos”, detalló Ríos.
Según la mujer dos o tres horas más tarde le habló uno de los ofendidos y le dijo que en ese momento se estaban retractando -de sus testimonios-. “Me dijo <<gracias, ojalá que investiguen acá internamente>>. Hasta allí cerró para mi, porque en ese momento ellos pensaban que les iban a ayudar (eso fue en enero)”, detalló Rios.
Sin embargo no fue hasta tres meses después que Melara inició a investigar las circunstancias en que se dieron estas situaciones.
Para la abogada es imperativo que Melara investigue este hecho. “Si es o no cierto que esta gente firmó documentos para armar casos que no tenían el sustento debido, eso significa que Douglas no investigó como se debía y no sustentó como se debía sus casos lo cual es un incumplimiento grave de sus deberes”.
La influencer es del pensar que este tipo de señalamientos demandan a su vez la investigación de la gestión del ex fiscal Meléndez. “Me parece que se le debe al pueblo salvadoreño una investigación de la gestión de Douglas Meléndez por una cuestión de integridad, ética y por transparencia”, detalló.
La gestión de Meléndez recibió fuertes críticas por un supuesto uso excesivo de criteriados para resolver casos, como lo dijo el Ministerio de la defensa, David Munguía Payés, y otros actores de la izquierda en su momento.
Sobre ese asunto Ríos comentó que “con esto de los criteriados cualquiera puede venir y decir yo estuve y aquel dijo esto y lo otro y no hay más pruebas que su palabra”.
Ríos reconoce que la Fiscalía no cuenta con la tecnología necesaria para optimizar las investigaciones como un error que se arrastra desde la Asamblea Legislativa que no dota a la institución de los recursos necesarios. “Eso es una realidad, pero no puede ser que esa sea esa la única herramienta que tenga la FGR”.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
