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Bessy Rios: Fiscales refieren que algunos colegas los obligaron a criteriarse en caso Corruptela con esposas en mano
La abogada e influencer en redes sociales, Bessy Rios, conoció de primera mano la forma en que varios fiscales de la gestión del ex fiscal general de la República, Douglas Meléndez, presuntamente fueron obligados a criteriarse y rendir testimonios falsos en el caso Corruptela.
El caso Corruptela es el caso que el ex fiscal Meléndez abrió tras el hallazgo de una supuesta red de corrupción que se habría enquistado en el Ministerio Público, bajo el liderazgo del su antecesor ex fiscal Luis Martínez, quien actualmente está en prisión por ese y otros casos.
Rios se convirtió en la abogada de tres fiscales (cuyos nombres son omitidos por protección) que refieren haber sido sometidos a diferentes presiones que finalmente los obligó a entrometerse en el caso Corruptela sin que pudieran resistirse.
“No estoy autorizada para dar toda la información que ellos me dieron, pero palabras más, palabras menos me dijeron que a sus oficinas llegaban ciertos fiscales y les decían <<bueno nosotros queremos que vos firmés estas actas, en las que vos digás que colaboraste en esto, esto, y esto y nosotros te vamos a dar criterio de oportunidad>>”, detalló la abogada.
Sorprendidos los fiscales intentaban rehusarse a la petición de sus colegas, pero eran amenazados de ser procesados por otros casos al tiempo en que entraban otros fiscales con esposas en mano para intimidarlos.
Los fiscales relataron que sus colegas les decían <<si no lo hacés pues aquí te tenemos otro caso -de otra cosa- y te vamos a procesar por eso>>, entonces lo que hacían era firmar a la fuerza.
Ríos fue contactada por tres trabajadores de la Fiscalía General de la República (FGR) que desesperados por la situación en que estaban le pidieron ayuda.
La profesional recuerda que los hombres preocupados por que el caso “sigue avanzando” le comentaron que el día 3 de enero que tomó posesión el actual fiscal “presentamos una solicitud de audiencia con él”, sin que en los últimos días del mes fueran escuchados.
Con el fin de ayudar en el caso la abogada decide escribir un artículo que se publicó en un diario digital el cual estaba dirigido al actual Fiscal General Raúl Melara en el que le solicita de manera urgente que atienda a los trabajadores de la FGR.
“Yo hago un artículo que fue publicado en La Noticia SV en donde le digo al fiscal (Raúl Melara) independientemente de lo que sea cierto o no (porque cabe la oportunidad de decir que un caso no sea cierto) a mi me interesa que usted reciba a esta gente. Básicamente por justicia había que recibirlos”, detalló Ríos.
Según la mujer dos o tres horas más tarde le habló uno de los ofendidos y le dijo que en ese momento se estaban retractando -de sus testimonios-. “Me dijo <<gracias, ojalá que investiguen acá internamente>>. Hasta allí cerró para mi, porque en ese momento ellos pensaban que les iban a ayudar (eso fue en enero)”, detalló Rios.
Sin embargo no fue hasta tres meses después que Melara inició a investigar las circunstancias en que se dieron estas situaciones.
Para la abogada es imperativo que Melara investigue este hecho. “Si es o no cierto que esta gente firmó documentos para armar casos que no tenían el sustento debido, eso significa que Douglas no investigó como se debía y no sustentó como se debía sus casos lo cual es un incumplimiento grave de sus deberes”.
La influencer es del pensar que este tipo de señalamientos demandan a su vez la investigación de la gestión del ex fiscal Meléndez. “Me parece que se le debe al pueblo salvadoreño una investigación de la gestión de Douglas Meléndez por una cuestión de integridad, ética y por transparencia”, detalló.
La gestión de Meléndez recibió fuertes críticas por un supuesto uso excesivo de criteriados para resolver casos, como lo dijo el Ministerio de la defensa, David Munguía Payés, y otros actores de la izquierda en su momento.
Sobre ese asunto Ríos comentó que “con esto de los criteriados cualquiera puede venir y decir yo estuve y aquel dijo esto y lo otro y no hay más pruebas que su palabra”.
Ríos reconoce que la Fiscalía no cuenta con la tecnología necesaria para optimizar las investigaciones como un error que se arrastra desde la Asamblea Legislativa que no dota a la institución de los recursos necesarios. “Eso es una realidad, pero no puede ser que esa sea esa la única herramienta que tenga la FGR”.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
