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Aumenta la incautación de droga en lo que va de 2020 en comparación con el año pasado
El fortalecimiento de la investigación policial, como parte del Plan Control Territorial implementado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, ha generado un incremento en la cifra de incautación de droga en el país.
De acuerdo con las estadísticas de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC), entre enero y noviembre de 2020, en El Salvador se han decomisado 2,719.77 kg de droga valorados en $ 47,851,611, lo que significa un incremento en comparación al año pasado durante el mismo período cuando lo incautado fue de 1,350 kg con un valor económico de 4,174,445.
El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, dijo que en este año con el Plan Control Territorial se han implementado nuevas estrategias de combate al crimen organizado.
“Se ha trabajado el tema de incautación de drogas a estructuras bien organizadas de narcotráfico lo cual nos ha permitido dar tres golpes importantes en el año”, afirmó el funcionario.
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El decomiso más significativo ocurrió el 12 de octubre a través de un operativo montado por la DAN en el que interceptaron 1,500 kg de cocaína valorados en $38 millones que eran transportados en furgones procedentes de Nicaragua; uno fue localizado en la frontera El Amatillo, La Unión; y otro en la zona de El Pedregal, en La Paz.
“Ambas rastras traían más o menos 750 kg de cocaína que venían en el interior del tanque del combustible y en la cama de las rastras, las cuales también la Unidad Canina de la PNC, el entrenamiento de estos perros ayudó a detectar uno en la frontera y luego a través de la investigación se determinó que había una segunda rastra que traía cocaína”, detalló Rivas.
Otro de los golpes fue el decomiso de 219 kg de cocaína valorada en $5,474,000 el 12 de marzo a 292 millas náuticas, 540.7 kilómetros al sur de Punta Remedios, en Acajutla, Sonsonate.
Mientras que el tercer gran cargamento de coca se decomisó el pasado 13 de noviembre en El Embarcadero, en Conchagua, La Unión, cuando agentes antinarcóticos detuvieron a dos nicaragüenses y un salvadoreño con 100 kg valorados en $2.5 millones.
Con estos decomisos se evidencia el compromiso del Gobierno del Presidente Bukele de evitar que más dinero vaya a parar a manos del crimen organizado y proteger a la población salvadoreña.
El clima de negocios impulsado por las estrategias estatales se vio materializado en la constitución de 8,373 nuevas empresas en 2025, así lo informó el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros.
De esa cifra, 4,551 fueron Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), y 2,742 sociedades jurídicas, y 1,080 sociedades individuales.
El funcionario señaló que esta cantidad de nuevas unidades de negocios supera el récord alcanzado en 2024 cuando se tuvo 6,042; y que solo la sumatoria de esos dos años supera la cantidad de registros que tenía el país en los gobiernos del pasado.
«En dos años llevamos alrededor de 15,000 empresas creadas. En 2024 y 2025, del segundo mandato del presidente Nayib Bukele, se ha logrado más que en 10 años de gobierno del FMLN», dijo.
«Esto es importante enmarcarlo porque habla del compromiso del Gobierno de El Salvador, eso incluye a la Asamblea Legislativa que ha facilitado y ha permitido materializar cambios normativos que ahora se ven reflejados en el número de empresas», agregó.
Para Trigueros es importante analizar que estos no son números fríos, sino que son indicativos de creación de empleos, de inversión, y de consolidación de metas.
Por otro lado, mencionó que, en general 2025, fue un año destacable en cuanto a dinamización económica relacionada con los servicios que ofrece el CNR, lo que se refleja en el incremento del 11.1 % en la demanda de atenciones que la institución brinda.
Con datos hasta el 31 de enero de este año, El Salvador contabiliza 7,274 Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), detalló Trigueros. Este modelo se implementó en febrero de 2022.
Esta modalidad fue creada para incentivar la formalización empresarial, y consiste en un proceso simplificado que no requiere de servicios notariales, puede ser inscrita con un solo socio, y requiere de $1 para ser constituida.
Trigueros afirmó que este despliegue de formalización de negocios representa un capital social total de $18.4 millones, inversiones que materializan la visión del Gobierno del presidente Nayib Bukele de empujar el desarrollo económico de El Salvador.
«En el país está sucediendo un cambio de visión a partir de que el presidente Bukele nos dice ‘vamos a centrarnos en la reactivación económica’», comentó.
El funcionario ahondó que la implementación de las SAS brindó a la matriz económica salvadoreña una forma ágil y rápida de construir empresas formales, y que esta visión antiburocrática se ha convertido en un incentivo para la inversión.
«Cuando los trámites demoran demasiado, o son muy complejos desincentivan las iniciativas de crear empresas, por el contrario, períodos cortos de tiempo, siendo efectivos en el mismo, permiten como país atraer a inversionistas nacionales y extranjeros que quieren abrir su empresa», acotó.
Con 56 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul, con la que se establece una nueva institución responsable de planificar y ejecutar políticas públicas de pesca, acuicultura y actividades conexas, orientadas al aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y de agua dulce.
La normativa da paso a la creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), una institución autónoma, con patrimonio propio y adscrita al Ministerio de Economía, que ejercerá la rectoría del sector pesquero y acuícola del país.
El enfoque de economía azul se refiere a integrar la sostenibilidad y la gestión responsable de los océanos con el desarrollo económico, utilizando la tecnología y la innovación para maximizar los beneficios de los recursos marinos y costeros sin agotarlos.
El objetivo de la ley es diseñar e implementar políticas públicas de pesca, acuicultura y actividades conexas con enfoque de economía azul; garantizar la seguridad alimentaria y nutricional; fomentar el crecimiento del sector; asegurar el uso racional de los recursos hidrobiológicos y promover la sostenibilidad ambiental, la innovación y la cooperación entre los sectores público, privado y académico.
El diputado de Nuevas Ideas, Ricardo Rivas, expuso que con el marco legal se busca impulsar la inversión, proteger los recursos marinos y agrícolas, modernizar y hacer más sostenible la pesca, dinamizando la economía de quienes dependen de este rubro. “Hay más de 5,000 acuicultores en el país, además de 30,000 pescadores de mar abierto que serán beneficiados con la creación de esta Autoridad Salvadoreña de Economía Azul”, manifestó.
Añadió que dicha autoridad impulsará el desarrollo productivo del sector, a través del fortalecimiento de la cadena de valores, el acceso a los distintos mercados, la innovación y la transferencia de tecnología.
La ley establece la creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul como el ente rector de la política, planificación y regulación de la pesca, la acuicultura y las actividades conexas con enfoque de economía azul, responsable de aplicar la normativa nacional en la materia y de coordinar las relaciones del sector a nivel nacional e internacional.
La ASEA asumirá las funciones que, actualmente, desempeñan el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA). Además, ejercerá la rectoría y gobernanza del sector pesquero y acuícola, velando por el cumplimiento de la normativa vigente y de la Ley General de Ordenación y Promoción de la Pesca y Acuicultura.
Asimismo, regulará el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, promoviendo su uso sostenible y la conservación de los ecosistemas. Para ello, autorizará, supervisará e inspeccionará las actividades del sector, con el propósito de garantizar la trazabilidad, la calidad y la inocuidad de los productos pesqueros, impulsando prácticas responsables y sostenibles.
De igual manera, la ASEA fomentará la investigación científica, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de capacidades, mediante la coordinación con instituciones públicas, el sector privado y organismos internacionales. La entidad se financiará con fondos del Presupuesto General del Estado, ingresos por servicios, cooperación internacional, donaciones y otros recursos. Su gestión estará sujeta a la fiscalización de la Corte de Cuentas, además de auditorías externas cuando se considere necesario.
Gobierno nombra a Patty Godinez como Viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, cargo desde el cual impulsará acciones orientadas a fortalecer la relación con los salvadoreños en el exterior.
El enfoque del trabajo institucional estará dirigido a estrechar los lazos con la diáspora salvadoreña, reconociendo su aporte y promoviendo su participación activa en iniciativas de desarrollo económico, social y cultural del país.
Con este nombramiento, se busca que cada salvadoreño que reside fuera del territorio nacional sea un actor clave en el desarrollo de El Salvador, reforzando los mecanismos de vinculación, atención y acompañamiento a la comunidad migrante.
