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Aumenta la incautación de droga en lo que va de 2020 en comparación con el año pasado
El fortalecimiento de la investigación policial, como parte del Plan Control Territorial implementado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, ha generado un incremento en la cifra de incautación de droga en el país.
De acuerdo con las estadísticas de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC), entre enero y noviembre de 2020, en El Salvador se han decomisado 2,719.77 kg de droga valorados en $ 47,851,611, lo que significa un incremento en comparación al año pasado durante el mismo período cuando lo incautado fue de 1,350 kg con un valor económico de 4,174,445.
El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, dijo que en este año con el Plan Control Territorial se han implementado nuevas estrategias de combate al crimen organizado.
“Se ha trabajado el tema de incautación de drogas a estructuras bien organizadas de narcotráfico lo cual nos ha permitido dar tres golpes importantes en el año”, afirmó el funcionario.
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El decomiso más significativo ocurrió el 12 de octubre a través de un operativo montado por la DAN en el que interceptaron 1,500 kg de cocaína valorados en $38 millones que eran transportados en furgones procedentes de Nicaragua; uno fue localizado en la frontera El Amatillo, La Unión; y otro en la zona de El Pedregal, en La Paz.
“Ambas rastras traían más o menos 750 kg de cocaína que venían en el interior del tanque del combustible y en la cama de las rastras, las cuales también la Unidad Canina de la PNC, el entrenamiento de estos perros ayudó a detectar uno en la frontera y luego a través de la investigación se determinó que había una segunda rastra que traía cocaína”, detalló Rivas.
Otro de los golpes fue el decomiso de 219 kg de cocaína valorada en $5,474,000 el 12 de marzo a 292 millas náuticas, 540.7 kilómetros al sur de Punta Remedios, en Acajutla, Sonsonate.
Mientras que el tercer gran cargamento de coca se decomisó el pasado 13 de noviembre en El Embarcadero, en Conchagua, La Unión, cuando agentes antinarcóticos detuvieron a dos nicaragüenses y un salvadoreño con 100 kg valorados en $2.5 millones.
Con estos decomisos se evidencia el compromiso del Gobierno del Presidente Bukele de evitar que más dinero vaya a parar a manos del crimen organizado y proteger a la población salvadoreña.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
