Internacionales
VIDEO: Pastor salvadoreño y su hijo de 18 años son condenados en EE.UU. tras ataque a policías
Las autoridades del condado de Gwinnett, Georgia, Estados Unidos, condenaron a un pastor salvadoreño y a su hijo por haber atacado a dos oficiales de policía.
El pastor salvadoreño Wilmer Cruz y su hijo de 18 años que lleva su mismo nombre se declararon culpables de los cargos graves que les imputaban, entre ellos agresión contra un agente de la ley y robo de su equipo.
Debido a que aceptaron su culpabilidad, el juez a cargo del caso fue considerado y decidió darles un castigo menos severo del que pedía la Fiscalía, que quería una condena de una década tras las rejas.
El magistrado condenó al pastor a 10 años de libertad condicional y determinó que deberá permanecer durante seis meses más en prisión.
Sin embargo, para mala suerte del líder religioso, debido a que no es ciudadano estadounidense y ni siquiera residente permanente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo puso en hold, por lo que cuando cumpla su tiempo en la cárcel planea deportarlo.
A su hijo le fue mucho mejor, pues recibió la mitad de la sentencia de su padre y, gracias a que su estatus migratorio está en regla, recuperará su libertad pronto.
El violento incidente se registró en marzo del año pasado cuando la pareja de uniformados llegó a Las Sendas Antiguas, una pequeña iglesia que pastoreaba Cruz en la ciudad de Lilburn (Georgia) para tratar de rescatar una chica de 16 años.
La madre de la menor había denunciado que en esa congregación tenían sin su consentimiento a su hija y que ahí le estaban “lavando el cerebro”. Por ser menor de edad todavía, las autoridades atendieron a su llamado.
Sin embargo, en lugar de entregarles a la adolescente, que era la novia del hijo mayor del pastor, los oficiales resultaron agredidos.
En el video que fue expuesto en exclusiva por el periódico Mundo Hispánico se aprecia claramente cómo el muchacho se le fue encima a uno de los uniformados que, al sacar su bastón para contenerlo, fue confrontado por Wilmer Cruz.
Al final, se produjo un violento forcejeo en el que los agentes fueron tomados por el cuello, empujados contra la pared y hasta agarrados con fuerza por la espalda.
Los oficiales tuvieron que hacer uso de sus pistolas eléctricas, bastones y gas pimienta para contener a la familia Cruz. (Mundo Hispánico)
El Ejército mexicano desplegó 2,500 efectivos en el oeste de México como medida disuasiva tras la muerte del capo narco Nemesio «El Mencho» Oseguera el domingo en un operativo militar, informó este lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.
«Se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar» la presencia militar en la zona de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Oseguera, dijo Trevilla en rueda de prensa.
«La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo», añadió el secretario de Defensa, tras cientos de bloqueos el domingo en 20 estados del país.
La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar.
La FAP precisó que el helicóptero realizaba labores rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa.
«El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (..), así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo», señaló la FAP.
«Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer», indicó la fuerza aérea en un comunicado.
El helicóptero siniestrado, un Mil Mi-17 de fabricación rusa, había despegado de la ciudad de Pisco, en la región de Ica. Los rescatistas localizaron la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa, a poco más de 300 kilómetros del lugar de partida.
Internacionales
Concluye proceso legal que anula la concesión de Hutchison en puertos del canal de Panamá
La justicia panameña dio por concluido el proceso legal que anuló la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings para operar dos puertos en el canal, al publicar este lunes el fallo.
La Corte Suprema panameña declaró en enero «inconstitucional» el contrato que ha permitido a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, administrar desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.
Sin embargo, para que la sentencia, que no admite apelación, quedara en firme aún faltaban unos trámites que han concluido este lunes con la publicación del fallo en la gaceta oficial.
El viernes, el vocero de PPC, Alejandro Kouruklis, reconoció que la publicación del fallo en la gaceta oficial supondría que «la concesión deja de existir», por lo que pidió al gobierno panameño «negociar» con la firma hongkonesa el futuro de los puertos para «evitar el caos».
Tras ese fallo judicial, que se produjo en medio de las presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que la danesa Maersk operaría temporalmente esas terminales.
La decisión ha traído incertidumbre en los puertos, ubicados en sendas entradas de la vía interoceánica, por los que en 2025 pasó el 38 % de los contenedores que transitaron por Panamá.
«El camino que se está siguiendo puede causar un caos» porque «no va a haber un orden ni marco legal» en que puedan confiar los proveedores, trabajadores y las líneas navieras, había declarado el viernes Kouruklis al canal panameño TVN-2.
«Nuestro plan no es salir, es conversar con el Estado a ver qué solución se le puede dar a esto» y «no tomar decisiones abruptas» para que un tercero entre en las instalaciones «a tomar bienes que no le pertenecen», añadió.
Hutchison amenazó hace días a Maersk con «acciones legales» si asume la administración de las terminales sin su consentimiento y anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle «graves daños».
Pero la Corte panameña asegura que la concesión, renovada por otros 25 años en 2021 es «inconstitucional» y tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» que perjudicaba al Estado.
El fallo también llegó en momentos donde Hutchison Holdings quiere ceder sus puertos, entre ellos los de Panamá, a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por 22,800 millones de dólares.
