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Una de cada tres personas que supera el covid-19 desarrolla problemas neurológicos o psiquiátricos seis meses después de dar positivo
Un amplio estudio sobre las secuelas cerebrales en personas que tuvieron covid-19 demostró que uno de cada tres pacientes es propenso a desarrollar problemas neurológicos o psiquiátricos seis meses después de que le diagnostiquen esa enfermedad.
Сientíficos de la Universidad de Oxford (Inglaterra, Reino Unido) analizaron 236.379 registros de individuos diagnosticados con coronavirus, sobre todo en EE.UU., y los compararon con los de un grupo de pacientes con influenza y otro de personas con «cualquier infección del tracto respiratorio», publica la revista The Lancet.
Esos expertos demostraron que el riesgo de desarrollar afecciones neurológicas y de salud mental después de padecer covid-19 es un 44 % superior que tras superar una gripe y un 16 % mayor en comparación con otras infecciones del tracto respiratorio.
Por otro lado, al 34 % de esas personas contagiadas con el coronavirus se les diagnosticó una afección neurológica o psiquiátrica en los 180 días posteriores a dar positivo y al 13 % les sucedió por primera vez. Las más comunes fueron ansiedad (17 %) y trastornos del estado de ánimo, un 14 %.
En cuanto a problemas neurológicos, la incidencia de hemorragia cerebral, accidente cerebrovascular y demencia fue del 0,6 %, 2,1 % y 0,7 %, respectivamente, pero el riesgo de aparición de cualquiera de ellas a largo plazo fue mayor en casos de covid-19 grave: cuando requerían hospitalización o ingresos en una unidad de cuidado intensivo o padecían encefalopatías.
«Tasas significativas»
«Los datos actuales muestran que al [padecimiento de] covid-19 le siguen tasas significativas de diagnósticos neurológicos y psiquiátricos durante los siguientes seis meses», así que los responsables de este estudio concluyen que «los servicios deben configurarse y dotarse de recursos para hacer frente a esta necesidad anticipada».
Paul Harrison, autor principal de la investigación, destaca que el riesgo es pequeño, ya que la mayoría de casos fueron manifestaciones de «condiciones crónicas», pero como el efecto general en la población mundial podría resultar «sustancial» aboga por realizar «estudios a más largo plazo para determinar la duración del riesgo y la trayectoria de los diagnósticos individuales».
En una investigación similar que se dio a conocer el pasado noviembre, otros científicos señalaron que se diagnosticó un trastorno mental en los tres meses posteriores al contagio a casi una de cada cinco personas que sobrevivieron al covid-19 y que tener un trastorno mental determinado en el año previo a la pandemia aumentaba en un 65% el riesgo de contagiarse con el coronavirus.
Cuatro personas con «experiencia operativa» están involucradas en el doble asesinato de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, confirmaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El ataque fue planificado, aseguraron las autoridades.
La investigación apunta a que el tirador, captado en las cámaras de videovigilancia, esperó a que los servidores públicos Ximena Guzmán y José Muñoz estuvieran juntos para cometer el delito el 20 de mayo sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.
Una vez que las víctimas abordaron el vehículo con el que se disponían a realizar su jornada laboral, el agresor se colocó de frente y disparó con un arma de fuego contra ellas. Las heridas de bala en sus cráneos y tórax les causaron la muerte de inmediato.
Ocho casquillos calibre 9 mm fueron encontrados en la zona del ataque, y de acuerdo con la Fiscalía, el arma no está vinculada a otros delitos. Con apoyo de otras tres personas, el pistolero logró darse a la fuga en una motocicleta.
Además, los involucrados cambiaron de vehículo en dos ocasiones para abandonar el perímetro de la ciudad. Los números de serie fueron alterados y tienen reporte de robo, detalló la Fiscalía. «Los indicios confirman que el ataque fue directo, ejecutado con un alto grado de planeación y experiencia operativa», destacaron.
Sin embargo, las autoridades todavía no tienen una «hipótesis concluyente sobre el móvil del crimen ni sobre posibles autores intelectuales». Por ello, se mantienen abiertas «todas las líneas de investigación», explicaron.
«Puedo asegurarles que estamos agotando todos los recursos y las líneas de investigación para que estos hechos […] no queden impunes», detalló la fiscal general, Bertha Alcalde Luján. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada si incrementará sus medidas de seguridad en actos públicos ante estos crímenes.
«No, no tenemos pensado», respondió en su conferencia matutina de ayer. La mandataria también negó que haya recibido denuncias de amenazas de algún funcionario.
De enero a abril, en la Ciudad de México hubo 316 víctimas de homicidio doloso, detalla el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Rusia anunció el viernes que canjeó 270 militares y 120 civiles capturados con Ucrania, en un intercambio acordado con Kiev en las conversaciones de Estambul la semana pasada.
«270 militares rusos y 120 civiles (…) fueron devueltos. A cambio, fueron entregados 270 prisioneros de guerra del ejército ucraniano y 120 civiles», informó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.
Por otra parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó el viernes que su país repatrió a 390 personas en la primera fase de un intercambio de prisioneros a gran escala con Rusia, que durará varios días.
«La primera fase del acuerdo de intercambio ‘1.000 por 1.000’ concluyó» con la repatriación de «390 personas», declaró en X. «Esperamos que el intercambio continúe el sábado y el domingo», añadió Zelenski.
Se trata de la segunda condena contra el exfuncionario en ese país, luego de que en octubre pasado fuera sentenciado a 39 años de cárcel por proteger al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos, tras un juicio en el que testificaron antiguos miembros del grupo criminal.
El nuevo fallo corresponde a una demanda civil que presentó México en septiembre de 2021 contra García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, a quienes acusa de conformar una «red de corrupción y lavado de dinero» que abarcó decenas de contratos públicos. Las operaciones de blanqueo se ejecutaron en Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), brazo antilavado del gobierno, dijo en un comunicado que «la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente», conforme a la ley de Florida, donde se llevó el caso.
García Luna, de 56 años, fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012).
El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Vivía desde 2012 en Estados Unidos.
El gobierno mexicano ha dicho que un conglomerado empresarial familiar de García Luna obtuvo 30 contratos con varios organismos de seguridad pública, a partir de los cuales se extrajeron recursos por un monto de 745,9 millones de dólares.
En marzo de 2023, la UIF señaló que los fondos «fueron transferidos al extranjer» mediante la utilización de paraísos fiscales y la adquisición de bienes y otros activos en el estado de Florida.
