Internacionales
OEA presenta plan de Centroamérica y República Dominicana contra el tráfico ilegal de armas
Siete países de Centroamérica y República Dominicana firmaron en Washington la «Hoja de ruta» para combatir el tráfico de armas, municiones y explosivos, en aras a reducir los altos índices de violencia en la región.
El documento, rubricado en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) reúne el esfuerzo de 12 años de trabajo para unificar criterios de cómo estandarizar herramientas de control de armas y sobre todo hacer frente al mercado ilegal que abastece gran parte de redes de criminalidad común y hasta del crimen organizado.
Funcionarios de seguridad de los países con historiales distantes en la violencia armada como Costa Rica y Honduras, por ejemplo, expusieron la importancia de esta iniciativa para aunar esfuerzos conjuntos para combatir las armas.
La directora general de Armamento del Ministerio de Seguridad de Costa Rica, María Eugenia Mata Cavaría, dijo que su país se ve ante la emergencia por la violencia armada asociada al narcotráfico, el sicariato «que pone en riesgo la seguridad ciudadana», de un país históricamente pacífico.
Por su parte, el subsecretario de Seguridad de Honduras, Hugo Suazo, dijo que en su país los decomisos constantes de armas de fuego indican que hay un floreciente tráfico de armas, incluso armamento pesado, además de «pistolas y hasta armas hechizas», que se ha comprobado que son utilizadas en un 85 % de los homicidios.
La iniciativa cuenta con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA, la Secretaría de Integración Centroamericana (SICA) y el aporte económico para su implementación por parte de la Unión Europea, para una vigencia de 10 años.
El secretario de Seguridad Multidimencional de la OEA, Iván Marques, dijo que esta iniciativa es un paso clave para disminuir la violencia en la región. «Centroamérica sigue representando la región con las cifras más alta de violencia en el mundo», la que está influida por la posición geográfica y al estar en una ruta donde confluyen el narcotráfico y la movilización de otros ilícitos que llevan tras de sí armas de fuego.
Un informe global de los homicidios de 2023 (en inglés) a cargo de la Oficina de la ONU para para el estudio del crimen y las drogas estima que en la zona «se registraron las mayores tasas de homicidios con armas de fuego en el mundo. En 2021, la subregión registró una tasa de 16,9 homicidios por cada 100.000 habitantes», y agrega que «en 2022 cuatro de cada cinco homicidios habrían sido con el uso de armas de fuego».
En este mecanismo tuvieron especial protagonismo Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.
La hoja de ruta para hacer frente al despliegue de armas ilegales persigue también extender la prevención de otras formas de violencia relacionadas con abusos psicológicos, sexuales, domésticos, sociales y la violencia autoinfligida. Además busca hacer frente a la delincuencia organizada, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes, la minería ilegal, el contrabando y el lavado de activos.
La OEA aspira a hacer encuentros periódicos y establecer mecanismos de contacto, como un foro subregional, a fin verificar el estado de funcionamiento de su plan contra las armas ilegales.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
