Internacionales
OEA presenta plan de Centroamérica y República Dominicana contra el tráfico ilegal de armas
Siete países de Centroamérica y República Dominicana firmaron en Washington la «Hoja de ruta» para combatir el tráfico de armas, municiones y explosivos, en aras a reducir los altos índices de violencia en la región.
El documento, rubricado en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) reúne el esfuerzo de 12 años de trabajo para unificar criterios de cómo estandarizar herramientas de control de armas y sobre todo hacer frente al mercado ilegal que abastece gran parte de redes de criminalidad común y hasta del crimen organizado.
Funcionarios de seguridad de los países con historiales distantes en la violencia armada como Costa Rica y Honduras, por ejemplo, expusieron la importancia de esta iniciativa para aunar esfuerzos conjuntos para combatir las armas.
La directora general de Armamento del Ministerio de Seguridad de Costa Rica, María Eugenia Mata Cavaría, dijo que su país se ve ante la emergencia por la violencia armada asociada al narcotráfico, el sicariato «que pone en riesgo la seguridad ciudadana», de un país históricamente pacífico.
Por su parte, el subsecretario de Seguridad de Honduras, Hugo Suazo, dijo que en su país los decomisos constantes de armas de fuego indican que hay un floreciente tráfico de armas, incluso armamento pesado, además de «pistolas y hasta armas hechizas», que se ha comprobado que son utilizadas en un 85 % de los homicidios.
La iniciativa cuenta con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA, la Secretaría de Integración Centroamericana (SICA) y el aporte económico para su implementación por parte de la Unión Europea, para una vigencia de 10 años.
El secretario de Seguridad Multidimencional de la OEA, Iván Marques, dijo que esta iniciativa es un paso clave para disminuir la violencia en la región. «Centroamérica sigue representando la región con las cifras más alta de violencia en el mundo», la que está influida por la posición geográfica y al estar en una ruta donde confluyen el narcotráfico y la movilización de otros ilícitos que llevan tras de sí armas de fuego.
Un informe global de los homicidios de 2023 (en inglés) a cargo de la Oficina de la ONU para para el estudio del crimen y las drogas estima que en la zona «se registraron las mayores tasas de homicidios con armas de fuego en el mundo. En 2021, la subregión registró una tasa de 16,9 homicidios por cada 100.000 habitantes», y agrega que «en 2022 cuatro de cada cinco homicidios habrían sido con el uso de armas de fuego».
En este mecanismo tuvieron especial protagonismo Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.
La hoja de ruta para hacer frente al despliegue de armas ilegales persigue también extender la prevención de otras formas de violencia relacionadas con abusos psicológicos, sexuales, domésticos, sociales y la violencia autoinfligida. Además busca hacer frente a la delincuencia organizada, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes, la minería ilegal, el contrabando y el lavado de activos.
La OEA aspira a hacer encuentros periódicos y establecer mecanismos de contacto, como un foro subregional, a fin verificar el estado de funcionamiento de su plan contra las armas ilegales.
El número de muertos por el paso de dos poderosos tifones que azotaron recientemente Filipinas aumentó a 259, mientras millones de personas han sido desplazadas, informaron hoy miércoles las autoridades.
El Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (Ndrrmc, por sus siglas en inglés) señaló que el tifón Fung-wong, que tocó tierra el domingo como supertifón antes de debilitarse al cruzar el norte-centro de Luzón, dejó al menos 27 muertos y dos desaparecidos.
En un informe separado, el organismo indicó que el tifón Kalmaegi, que impactó el 4 de noviembre, provocó graves inundaciones y deslizamientos de tierra en el centro del país, causando 232 muertes, 112 desaparecidos y más de 500 heridos.
La mayoría de las víctimas se registraron en la provincia de Cebú, que aún se recupera del terremoto de magnitud 6,9 ocurrido el 30 de septiembre, agregó el Ndrrmc.
Ambos fenómenos desplazaron a millones de residentes y provocaron una destrucción generalizada de viviendas, cultivos e infraestructura clave, incluidas carreteras y puentes, según el organismo.
Fung-wong fue el ciclón tropical número 21 que golpea Filipinas este año, superando el promedio anual de 20 tormentas del país.
Al menos 37 personas murieron y otras 24 resultaron heridas este miércoles cuando un autobús cayó a un abismo tras chocar con una camioneta en Arequipa, en el sur de Perú, según autoridades.
El autobús de dos pisos con más de 60 pasajeros, de la empresa Llamosas, chocó de frente con una camioneta pick up en una curva, en la vía Panamericana Sur que conecta con Chile.
«Tenemos una cifra de 37 fallecidos (…) además de 24 heridos», dijo a la AFP Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa.
Sin embargo, la cifra de muertos puede aumentar porque hay heridos graves, añadió por vía telefónica.
La gran cantidad de siniestros en Perú se asocia principalmente al exceso de velocidad, la embriaguez, entre otras imprudencias, además de la exigente topografía del país.
El autobús accidentado el miércoles había partido la noche del martes de la localidad de Chala, en provincia de Caravelí, con destino a Arequipa, la segunda ciudad de Perú.
Tras chocar en el km 780 de la carretera, rodó por un abismo de 200 metros y fue a parar a la orilla de un río, según reportes de prensa que citan a los bomberos.
El portavoz de bomberos Jack Páez indicó que el rescate de los heridos fue muy difícil debido al terreno rocoso.
«Es muy lamentable este accidente que enluta a muchas familias. Hay personas mayores y niños» entre los heridos, declaró al canal de televisión TV Perú.
La empresa de transporte Llamosas informó que «el conductor del bus falleció».
Un sacerdote llegó al lugar y oró junto a los cuerpos, puestos en fila a la orilla del río, según imágenes enviadas por la fiscalía.
Internacionales
Pandillero interpone recurso ante Corte Constitucional de Guatemala para anular Ley Antipandillas
Un miembro de grupos de pandillas que enfrenta un proceso de condena por el delito de extorsión interpuso ante la Corte Constitucional de Guatemala un recurso de amparo contra la Ley Antipandillas, aprobada y entrada en vigencia recientemente en el país centroamericano.
El recurso presentado por el pandillero, identificado como Dylan Smaily Archila García, asegura que la nueva ley viola sus derechos humanos fundamentales y, además, señala que hubo ciertas irregularidades en su aprobación, según medios locales en Guatemala.
El amparo fue presentado pocas horas después que entrara en vigencia la nueva ley, con la cual el Congreso de Guatemala aumentó las penas por delitos vinculados al accionar de los grupos terroristas, además de facilitar la construcción de una megacárcel similar a lo implementado con el Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot) en El Salvador.
Medios guatemaltecos aseguran que, en el recurso, Archila García señala que la aprobación de ley no cumplió con todo lo establecido en la constitución, por lo que pide que se establezca una medida alternativa para su anulación, frenando así su entrada en vigencia.
De igual forma, rotativos locales citan el documento señalando que Archila García asegura que la Ley Antipandillas vulnera sus derechos humanos al no garantizar un proceso de juicio penal en el que pueda comprobar su inocencia, fallando en la garantía de certeza jurídica y seguridad en el debido proceso.
El amparo pretende que la ley sea congelada por medio de un recurso de la Corte Constitucional para, posteriormente, ser dejada sin efecto y que no pueda volver a discutirse al interior del congreso.
La Ley Antipandillas fue una iniciativa promovida por el presidente Bernardo Arévalo ante el incremento de la violencia y el accionar de las pandillas en el territorio de Guatemala. El cuerpo de ley busca establecer mecanismos que permitan un ataque frontal contra las estructuras terroristas que siguen operando en el país.
