Internacionales
Nicolás Maduro exige respeto a los derechos humanos de miembros del Tren de Aragua en el CECOT
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que pedirá a Naciones Unidas mecanismos de protección a los venezolanos enviados por Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad de El Salvador, acusados por Washington de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.
Estados Unidos trasladó el domingo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) a 238 venezolanos, luego que el presidente Donald Trump invocara una ley de más de 200 años de antigüedad que permite expulsiones de «enemigos externos» sin juicio previo.
«Yo estoy firmando hoy una serie de comunicaciones para el Secretario General de Naciones Unidas (António Guterres), para el alto comisionado de derechos humanos, Volker Türk» y «distintos organismos» para que «los mecanismos de derechos humanos se activen en la protección de venezolanos y venezolanas», dijo Maduro en su programa en la televisión estatal.
Maduro, que tildó la decisión de la administración Trump de «anacrónica» e «ilegal», dijo que buscará la repatriación de estas personas.
«Estos migrantes venezolanos, que fueron secuestrados, que no se les dio derecho a la defensa, que son catalogados como asesinos, terroristas (…), que fueron metidos en un campo de concentración en El Salvador, tienen derecho a la defensa y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos», expresó el gobernante izquierdista.
«No son terroristas, no son delincuentes, no son asesinos, nuestros migrantes son gente de bien», manifestó.
#Migración #LoÚltimo | El presidente Nicolás Maduro acusa a Nayib Bukele de tener un campo de concentración para ciudadanos venezolanos. 101 de los venezolanos recluidos en el CECOT no son criminales. pic.twitter.com/uCvJjjSy1G
— Diario Co Latino (@DiarioCoLatino) March 18, 2025
Más temprano, el jefe negociador de Maduro en los contactos retomados entre Caracas y Washington pese a la ruptura de relaciones que se mantiene desde 2019, Jorge Rodríguez, consideró que el traslado de venezolanos a una prisión salvadoreña constituye «un crimen de lesa humanidad».
El chavismo ha llamado a manifestaciones para el martes y el miércoles contra la medida.
El gobierno de Maduro, investigado por la Corte Penal Internacional (CPI) por acusaciones de delitos de lesa humanidad en el control de protestas opositoras, emitió una recomendación para que los ciudadanos de Venezuela eviten viajar a Estados Unidos.
«Ya está en vigencia el llamado oficial de la Cancillería», subrayó el mandatario.
La líder opositora María Corina Machado, que denuncia como un fraude la reelección de Maduro, respaldó en un comunicado las medidas que Estados Unidos y otros países tomen para «penalizar» a integrantes del Tren de Aragua.
Pidió, sin embargo, «extremar las precauciones» para evitar una injusta criminalización de los migrantes venezolanos», así como «medidas de protección» para que estos puedan permanecer en sus naciones de acogida.
El gobierno de Honduras ordenó que los empleados públicos realicen teletrabajo por un brote de Covid-19 y otras enfermedades respiratorias que ya dejaron más de 200 muertos este año.
«Se ha dispuesto que todas las dependencias del gobierno central, [y] las instituciones descentralizadas (…) pasen a la modalidad de teletrabajo los días jueves y viernes», dijo el ministerio en un comunicado.
Argumentó que son «recomendaciones de la Secretaría de Salud», porque hay «un acelerado y sostenido incremento de enfermedades respiratorias altamente contagiosas» como «el Sar-Covid-19, el virus sincitial respiratorio, la influenza o el resfriado común».
El jefe de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, Lorenzo Pavón, aseguró a medios locales que 216 personas han fallecido en lo que va del año a causa de infecciones respiratorias, cinco por Covid-19, en «una letalidad realmente bien considerable».
El gobierno había recomendado a la población «retomar el uso de la mascarilla, lavado frecuente de manos o uso de desinfectantes», así como «evitar concentraciones masivas en espacios reducidos», igual que en 2020 y 2021 durante la pandemia de coronavirus.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
