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Nicolás Maduro exige respeto a los derechos humanos de miembros del Tren de Aragua en el CECOT
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que pedirá a Naciones Unidas mecanismos de protección a los venezolanos enviados por Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad de El Salvador, acusados por Washington de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.
Estados Unidos trasladó el domingo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) a 238 venezolanos, luego que el presidente Donald Trump invocara una ley de más de 200 años de antigüedad que permite expulsiones de «enemigos externos» sin juicio previo.
«Yo estoy firmando hoy una serie de comunicaciones para el Secretario General de Naciones Unidas (António Guterres), para el alto comisionado de derechos humanos, Volker Türk» y «distintos organismos» para que «los mecanismos de derechos humanos se activen en la protección de venezolanos y venezolanas», dijo Maduro en su programa en la televisión estatal.
Maduro, que tildó la decisión de la administración Trump de «anacrónica» e «ilegal», dijo que buscará la repatriación de estas personas.
«Estos migrantes venezolanos, que fueron secuestrados, que no se les dio derecho a la defensa, que son catalogados como asesinos, terroristas (…), que fueron metidos en un campo de concentración en El Salvador, tienen derecho a la defensa y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos», expresó el gobernante izquierdista.
«No son terroristas, no son delincuentes, no son asesinos, nuestros migrantes son gente de bien», manifestó.
#Migración #LoÚltimo | El presidente Nicolás Maduro acusa a Nayib Bukele de tener un campo de concentración para ciudadanos venezolanos. 101 de los venezolanos recluidos en el CECOT no son criminales. pic.twitter.com/uCvJjjSy1G
— Diario Co Latino (@DiarioCoLatino) March 18, 2025
Más temprano, el jefe negociador de Maduro en los contactos retomados entre Caracas y Washington pese a la ruptura de relaciones que se mantiene desde 2019, Jorge Rodríguez, consideró que el traslado de venezolanos a una prisión salvadoreña constituye «un crimen de lesa humanidad».
El chavismo ha llamado a manifestaciones para el martes y el miércoles contra la medida.
El gobierno de Maduro, investigado por la Corte Penal Internacional (CPI) por acusaciones de delitos de lesa humanidad en el control de protestas opositoras, emitió una recomendación para que los ciudadanos de Venezuela eviten viajar a Estados Unidos.
«Ya está en vigencia el llamado oficial de la Cancillería», subrayó el mandatario.
La líder opositora María Corina Machado, que denuncia como un fraude la reelección de Maduro, respaldó en un comunicado las medidas que Estados Unidos y otros países tomen para «penalizar» a integrantes del Tren de Aragua.
Pidió, sin embargo, «extremar las precauciones» para evitar una injusta criminalización de los migrantes venezolanos», así como «medidas de protección» para que estos puedan permanecer en sus naciones de acogida.
Cuatro personas con «experiencia operativa» están involucradas en el doble asesinato de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, confirmaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El ataque fue planificado, aseguraron las autoridades.
La investigación apunta a que el tirador, captado en las cámaras de videovigilancia, esperó a que los servidores públicos Ximena Guzmán y José Muñoz estuvieran juntos para cometer el delito el 20 de mayo sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.
Una vez que las víctimas abordaron el vehículo con el que se disponían a realizar su jornada laboral, el agresor se colocó de frente y disparó con un arma de fuego contra ellas. Las heridas de bala en sus cráneos y tórax les causaron la muerte de inmediato.
Ocho casquillos calibre 9 mm fueron encontrados en la zona del ataque, y de acuerdo con la Fiscalía, el arma no está vinculada a otros delitos. Con apoyo de otras tres personas, el pistolero logró darse a la fuga en una motocicleta.
Además, los involucrados cambiaron de vehículo en dos ocasiones para abandonar el perímetro de la ciudad. Los números de serie fueron alterados y tienen reporte de robo, detalló la Fiscalía. «Los indicios confirman que el ataque fue directo, ejecutado con un alto grado de planeación y experiencia operativa», destacaron.
Sin embargo, las autoridades todavía no tienen una «hipótesis concluyente sobre el móvil del crimen ni sobre posibles autores intelectuales». Por ello, se mantienen abiertas «todas las líneas de investigación», explicaron.
«Puedo asegurarles que estamos agotando todos los recursos y las líneas de investigación para que estos hechos […] no queden impunes», detalló la fiscal general, Bertha Alcalde Luján. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada si incrementará sus medidas de seguridad en actos públicos ante estos crímenes.
«No, no tenemos pensado», respondió en su conferencia matutina de ayer. La mandataria también negó que haya recibido denuncias de amenazas de algún funcionario.
De enero a abril, en la Ciudad de México hubo 316 víctimas de homicidio doloso, detalla el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Rusia anunció el viernes que canjeó 270 militares y 120 civiles capturados con Ucrania, en un intercambio acordado con Kiev en las conversaciones de Estambul la semana pasada.
«270 militares rusos y 120 civiles (…) fueron devueltos. A cambio, fueron entregados 270 prisioneros de guerra del ejército ucraniano y 120 civiles», informó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.
Por otra parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó el viernes que su país repatrió a 390 personas en la primera fase de un intercambio de prisioneros a gran escala con Rusia, que durará varios días.
«La primera fase del acuerdo de intercambio ‘1.000 por 1.000’ concluyó» con la repatriación de «390 personas», declaró en X. «Esperamos que el intercambio continúe el sábado y el domingo», añadió Zelenski.
Se trata de la segunda condena contra el exfuncionario en ese país, luego de que en octubre pasado fuera sentenciado a 39 años de cárcel por proteger al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos, tras un juicio en el que testificaron antiguos miembros del grupo criminal.
El nuevo fallo corresponde a una demanda civil que presentó México en septiembre de 2021 contra García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, a quienes acusa de conformar una «red de corrupción y lavado de dinero» que abarcó decenas de contratos públicos. Las operaciones de blanqueo se ejecutaron en Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), brazo antilavado del gobierno, dijo en un comunicado que «la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente», conforme a la ley de Florida, donde se llevó el caso.
García Luna, de 56 años, fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012).
El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Vivía desde 2012 en Estados Unidos.
El gobierno mexicano ha dicho que un conglomerado empresarial familiar de García Luna obtuvo 30 contratos con varios organismos de seguridad pública, a partir de los cuales se extrajeron recursos por un monto de 745,9 millones de dólares.
En marzo de 2023, la UIF señaló que los fondos «fueron transferidos al extranjer» mediante la utilización de paraísos fiscales y la adquisición de bienes y otros activos en el estado de Florida.
