Para muchas personas lo dicho por el juez el día de su boda, “hasta que la muerte los separe” es un compromiso que tratan de cumplir, pero algunas llegan a los extremos al intentar salvar sus matrimonios, cayendo en delitos, como ocurrió en Arizona, cuando una mujer le disparó a su esposo que le solicitó el divorcio.

Christina Pasqualetto, de 62 años, llevaba varios meses separada de su esposo Jon Pasqualetto, de 80 años, ella estaba en Gilbert y él en Prescott, pero una noche la mujer hizo un viaje de dos horas y entró al hogar de su cónyuge, quien le había solicitado el divorcio, para pedirle que reconsiderara la decisión.

De acuerdo con True Crime Daily, el hombre había cambiado las cerraduras de su casa, pero sospechaba que su aún esposa había robado las llaves, algo que comprobó el día del ataque cuando ella irrumpió en su hogar, mientras él estaba acostado en su cama.

Charlaron por un momento, pero él dijo que no reconsideraría su decisión y que quería divorciarse, momento en que, según la Policía de Prescott, la mujer sacó una pistola y disparó en contra de su esposo, quien recibió un balazo en la muñeca, pese a estar herido pudo derribar y golpear a la mujer para después escapar y llegar a casa de un vecino desde donde llamó al 911.

Según indica People, cuando la policía llegó al lugar determinó que Jon había sufrido una herida de bala en la muñeca, por lo que le brindaron atención en el sitio para luego trasladarlo a un hospital local y después, en avión, a un hospital en el área de Phoenix con “heridas que no ponen en peligro su vida”.

Cabe señalar que Jon Pasqualetto también acusó a su esposa Christina de robarle sus cheques y falsificar uno por valor de 10,000 dólares. Según los informes, la policía encontró un comprobante de depósito en su bolso por la misma cantidad.

Lanzacohetes, granadas y municiones de alto calibre, máquinas para minar criptomonedas, drogas y motos de lujo fueron exhibidas como parte de lo incautado en el centro penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, que funcionaba como centro de operaciones de la banda criminal Tren de Aragua.

Es un reflejo del nivel de control que tenía en la cárcel esta temida agrupación criminal nacida en Venezuela y que actúa en varios países de América Latina.

«Ha sido una operación exitosa, impecable, que nos ha permitido dar un duro golpe contra grupos criminales», se felicitó en rueda de prensa el ministro del Interior, Remigio Ceballos, al ofrecer balance de la intervención de ese centro penitenciario, el miércoles, con un enorme despliegue de 11,000 militares y policías, apoyados por tanquetas y vehículos blindados.

A un costado de Ceballos en la entrada del penal eran expuestas a manera de «botín de guerra» montañas de municiones de alto calibre y armamento de guerra: fusiles de francotiradores y granadas de mano estaban sobre una mesa y en el suelo se exhibían dos lanzacohetes antitanques y explosivos y detonantes.

El ministro no precisó cantidades, tampoco alguna teoría de cómo entró ese armamento a Tocorón o del control del Tren de Aragua en ese penal. Adelantó que cuatro funcionarios fueron arrestados durante la toma y acusados de complicidad con los criminales que dominaban la cárcel y que hay varias investigaciones en curso para «establecer responsabilidades».

«No habrá impunidad. Vamos contra todos los criminales y cómplices», prometió Ceballos.

Máquinas para minado de bitcoin fueron exhibidas en medio del arsenal, custodiado por miembros de la brigada de acciones especiales de la Policía Nacional.

Los «pranes», como llaman en Venezuela a los líderes de los reclusos en las atestadas cárceles del país, tenían tal control del lugar que habían construido una especie de ciudadela en la que tenían una piscina, un campo de béisbol, un zoológico, una discoteca e incluso una agencia bancaria.

Tocorón tenía unos 1,600 privados de libertad que están siendo trasladados a otros penales, pues el Gobierno de Nicolás Maduro anunció que el penal entrará en un «proceso de reestructuración» tras su desalojo.

Ceballos lamentó la muerte de un militar durante la operación, preparada por las fuerzas de seguridad durante un año.

Señaló que «más de 60 individuos pertenecientes a una gran banda criminal» fueron identificados sin mencionar expresamente al Tren de Aragua o a su líder Héctor Guerrero Flores, condenado a 17 años de prisión por múltiples homicidios y tráfico de drogas.

La fiscalía federal de Estados Unidos imputó el viernes al poderoso senador demócrata Robert Menéndez de soborno y extorsión, y declaró que se habían encontrado lingotes de oro y cientos de miles de dólares en efectivo en su domicilio.

En una de las acusaciones, el departamento de Justicia afirmó que Menéndez facilitó información sensible a Egipto para ayudar a un empresario egipcio-estadounidense a proteger su monopolio.

Se trata de la segunda acusación de corrupción en ocho años contra el veterano político de Nueva Jersey, de 69 años, y puede hacer peligrar su posición, y con ella la escasa mayoría del Partido Demócrata en el Senado.

Conocida de la acusación, Menéndez dimitió «temporalmente» como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, cargo desde cual se tornó muy influyente en la diplomacia estadounidense.

En un comunicado, Menéndez, de origen cubano, tildó las acusaciones de «infundadas» y de ataque personal contra él y su esposa Nadine Menéndez, que también fue acusada en la misma causa.

«Han tergiversado el trabajo normal de una oficina del Congreso», dijo Menéndez.

Los fiscales dijeron que se encontraron más de medio millón de dólares en efectivo en la casa de Menéndez en Nueva Jersey y en la caja de seguridad de su esposa Nadine Menéndez, supuestamente recibidos de tres empresarios que buscaban su ayuda.

Gran parte del dinero estaba metido en sobres y cajas y escondido por toda la casa, así como en chaquetas con el nombre del veterano senador. También se encontraron lingotes de oro por valor de unos 150.000 dólares y un lujoso Mercedes Benz descapotable regalado por uno de los empresarios.

Menéndez aceptó el dinero para ayudar a proteger a dos de los empresarios de las investigaciones del departamento de Justicia y para ayudar al tercero, un egipcio-estadounidense, con un monopolio empresarial que le había concedido el gobierno egipcio, según la acusación.

Asimismo, «Menéndez proporcionó información sensible del gobierno de Estados Unidos y adoptó otras medidas que ayudaron secretamente al gobierno de Egipto», afirma la acusación.

El senador, su esposa y los tres empresarios, Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes, fueron acusados de dos cargos de soborno y fraude. Menéndez y su esposa también fueron acusados de extorsión. De ser declarados culpables, los cargos más graves pueden acarrear hasta 20 años de prisión.

Menendez, de origen cubano, ha sido un crítico del presidente salvadoreño Nayib Bukele e incluso pidió que el FBI investigara al país por la ley que estableció el bitcoin como moneda de curso legal, debido a sospechas que pudiera usarse por delincuentes para lavado de dinero.

Bukele reaccionó en sus redes sociales publicando notas del allanamiento y comentando en inglés: «Este tipo pidió una investigación contra nosotros. Él terminó siendo acusado».

Senador desde 2006 y antes miembro de la Cámara de Representantes durante 14 años, Menéndez ha sido un incondicional demócrata en el Congreso durante tres décadas.

Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado ha sido un feroz opositor a la normalización de las relaciones con Cuba. También ha sido un enemigo acérrimo de Venezuela y China, y un defensor de Israel.

En 2015, fue acusado de aceptar sobornos de vuelos en jets privados, vacaciones de lujo y más de 750.000 dólares en donaciones ilegales de campaña.

Pero los cargos fueron desestimados tres años más tarde debido a que el jurado no logró llegar a un veredicto unánime.

Menéndez se presenta a la reelección al Senado el próximo año, pero no está claro de qué manera puede influir su situación en los votantes de Nueva Jersey.

«A mis partidarios, amigos y a la comunidad en general, les pido que recuerden las otras veces que los fiscales se equivocaron y que se reserven su juicio», dijo Menéndez en un comunicado el viernes.

Los demócratas se dirigen a las elecciones de 2024 con una estrecha mayoría de 51-49 en el Senado.