Internacionales
Ecuador declara restricciones de movilidad ante aumento de casos por COVID-19
El ascenso continuo de contagios y muertes por covid-19 en Ecuador y la cercanía del feriado de Semana Santa han obligado a las autoridades del gobierno central y de los municipios a tomar nuevas medidas y restricciones para contener la situación en los hospitales, que trabajan más allá del límite de su capacidad desde hace varios días, según reportes de autoridades y directores hospitalarios.
El presidente Lenín Moreno indicó la noche de este martes que se dio un “retroceso” en la lucha contra el covid-19 debido al relajamiento social y consideró que, si no se toman las medidas de precaución, la posibilidad de un confinamiento total sería “letal para la economía del país.”
En una rueda de prensa este martes, el Colegio de Médicos de Pichincha, uno de los más grandes del país, expresó su preocupación por la situación en los hospitales de la provincia y del país.
Su presidente, el doctor Víctor Álvarez, advirtió que, si la proyección de contagios y muertes continúa igual, la provincia de Pichincha podría entrar a la fase 4, el nivel más grave al que se podría llegar en la pandemia porque no habría capacidad de respuesta, los contagios se volverían incontrolables y los médicos tendrían que decidir «a quién salvar la vida».
«Se viviría un estado de guerra donde se selecciona la viabilidad de un paciente para entrar a cuidados críticos y eso va a ser muy triste», dijo Álvarez.
El Comité de Operaciones de Emergencia, que reportó un aumento de fallecidos en el país del 25% en relación a marzo de 2020, pidió a los municipios ecuatorianos que dispongan el cierre de playas para los días 2, 3 y 4 de abril, y la prohibición de venta de bebidas alcohólicas para ciertos días en determinados horarios. Además, solicitó establecer restricciones a la movilidad de vehículos particulares para el 1, 2, 3 y 4 abril de acuerdo a números de placa pares e impares.
El Municipio de Quito informó a través de un comunicado este martes, que el alcalde Jorge Yunda adoptó medidas adicionales para la capital ecuatoriana debido al «incremento de casos en los últimos días», y porque el sistema de salud «está por colapsar». Según la Secretaría de Salud de Quito, la ocupación de camas de unidades de cuidados críticos se ubica en 97%, sin embargo, algunos hospitales públicos reportan que superaron el 100% de su capacidad.
Las medidas tienen que ver con la suspensión de actividades económicas para bares, discotecas y centros de diversión nocturna, prohibición de venta y consumo de licor en espacios públicos, suspensión de peregrinaciones por Semana Santa, y hasta el 31 de mayo regirá la restricción vehicular desde las 06:00 hasta las 22:00 de acuerdo al número de placa.
En el Hospital del Seguro Social del sur de Quito, Marco Bonifaz, subdirector de auditoría médica, dijo a los medios que la capacidad está desbordada en este centro hospitalario. «Estamos funcionado al 150%, hemos rebasado la cantidad de pacientes en hospitalización emergencia y cuidados intensivos. Ahora la permanencia del paciente se está alargando entre 15 y 20 días en el hospital», informó.
Mientras, en la ciudad de Guayaquil también se están registrando más muertes y contagios, según reportes de directores de hospitales.
El Grupo de Cementerios Parques de La Paz de la ciudad informó a CNN que de 8 entierros diarios registrados hace semanas atrás, en la última semana se están inhumando hasta 14 personas diarias en sus camposantos.
La alcaldía de Guayaquil anunció varias resoluciones que entrarán en vigor desde este miércoles 31 de marzo: el cambio en el cierre de la jornada laboral en instituciones públicas y privadas, que será hasta las 4 de la tarde y ya no hasta las 5; la limitación de eventos sociales y corporativos en hoteles y salones de eventos con máximo 25 personas; la suspensión de desfiles, concursos y espectáculos; la restricción vehicular desde las 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada; y los cines y teatros podrán atender hasta con el 30% del aforo.
El saliente mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, formará parte del gabinete de su sucesora Laura Fernández en un puesto con amplios poderes que además le garantizará inmunidad frente a eventuales procesos legales.
Chaves, quien entregará el mando a Fernández el próximo viernes, fue designado este martes ministro de la presidencia, encargado de las relaciones con los demás poderes del Estado, con los cuales el actual gobernante mantiene un duro enfrentamiento.
También tendrá a su cargo la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), señalada en el pasado por opositores de supuesto espionaje político, lo que ha sido rechazado por el gobierno.
Fernández ya había adelantado que le ofrecería el puesto a su mentor, de quien también fue ministra, lo que críticos del gobierno ven como una maniobra del presidente para mantener su influencia.
Estados Unidos y la república islámica mantienen un pulso por el control de este paso estratégico, por donde solía transitar una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.
«Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía», advirtió Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní en un mensaje en X.
«La seguridad del transporte marítimo y del tránsito energético se ha visto amenazada por Estados Unidos», cuya «presencia maligna disminuirá», agregó Qalibaf, que también es presidente del Parlamento iraní.
Desde el inicio de la guerra emprendida el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, Teherán controla esta vía estratégica.
La situación ha disparado el precio del petróleo a niveles inéditos desde 2022.
Washington intenta por todos los medios presionar a Teherán y le reclama que abandone su programa nuclear.
El 8 de abril, coincidiendo con el inicio de la tregua con Irán, impuso un bloqueo a los puertos iraníes.
Y el lunes lanzó la llamada operación «Proyecto Libertad» para permitir que los barcos bloqueados desde hace semanas puedan cruzar el estrecho.
Según varias empresas especializadas, más de 900 buques estaban en el Golfo a finales de abril, con cerca de 20,000 marinos.
En las últimas horas Irán replicó a la operación de Washington con lanzamientos de misiles y drones contra barcos militares estadounidenses en la zona, que fueron interceptados, según el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom).
Corea del Sur informó de una «explosión» seguida de un incendio en un buque surcoreano en el estrecho.
Pese a los desmentidos iraníes, el Centcom asegura que dos buques mercantes con pabellón estadounidense, escoltados por el ejército, cruzaron «con éxito» el estrecho de Ormuz el lunes. «Marcha muy bien», se felicitó el presidente Donald Trump.
El gigante danés del transporte Maersk anunció que uno de sus barcos, que transportaba vehículos y estaba bloqueado en la zona desde febrero, pudo atravesar el estrecho el lunes «acompañado de medios militares estadounidenses».
Las fuerzas estadounidenses también afirmaron haber destruido seis embarcaciones iraníes «que amenazaban la navegación comercial».
Irán negó cualquier daño en sus buques y acusó a Estados Unidos de haber matado a cinco civiles al atacar dos barcos que partieron de Omán rumbo a la costa iraní.
Internacionales
Ex niños soldado aprenden oficios para rehacer sus vidas en República Centroafricana
En un aula en Bria, en la República Centroafricana, ex niños soldado aprenden a coser. Una forma de ayudar a adolescentes de entre 14 y 17 años a superar la violencia que sufrieron a manos de los numerosos grupos armados del país.
«No es fácil enseñarles. Algunos todavía llevan esa violencia dentro. Otros siguen muy estresados», relata Christophe Yonaba, profesor de la organización benéfica Esperance en esta zona del este de la República Centroafricana.
«A veces se quedan sentados en silencio», cuenta sobre sus aprendices de sastre.
«De repente se inquietan, como si se bloquearan por dentro», añade.
El este de la República Centroafricana, cuyo subsuelo es rico en diamantes, se ha visto desgarrado por años de conflicto armado.
«Todos estos adolescentes fueron, en algún momento, capturados por grupos armados», afirma Yonaba, de 53 años.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), alrededor de 2,000 jóvenes centroafricanos siguen en manos de estas fuerzas combatientes.
En el punto álgido de la guerra civil que se prolongó de 2013 a 2018, unos 20 grupos operaban en el este. La cifra descendió ahora a 14 gracias a los acuerdos de paz y los programas de desarme.
Pero los grupos armados continúan controlando ciertas zonas del este, especialmente en la frontera con Sudán y Sudán del Sur.
Desde finales del año pasado los combates entre el ejército y los rebeldes se intensificaron en la región.
El conflicto desplazó a decenas de miles de civiles, en su mayoría mujeres y niños, dentro del país y hacia la vecina República Democrática del Congo.
Trauma del pasado
Awa —la AFP cambió los nombres de todos los menores en esta historia— tenía 14 años cuando fue secuestrada por la Unidad por la Paz en la República Centroafricana (UPC), uno de los mayores grupos rebeldes.
Estuvo retenida durante unos tres meses.
Sentada en la parte delantera de la clase de Yonaba, donde las máquinas de coser sustituyen a los pupitres tradicionales, evita hablar del pasado y prefiere centrarse en el presente.
«Hoy me siento bien. Me gusta lo que hago aquí. Hay otros niños que tuvieron experiencias similares a la mía. Nos ayudamos mutuamente con el trabajo», describe la joven.
También afirma estar contenta de vivir ahora «una especie de vida normal».
Amadou, de 16 años fue formado como panadero por la ONG y ahora hace pan y rosquillas cada mañana en un horno tradicional en su aldea. Pasó un año y medio en las filas de la UPC.
«No nos pedían que usáramos armas, pero estábamos allí, como sirvientes. Hacíamos todas las tareas ingratas y no descansábamos. Nos hablaban de manera grosera y dura», comenta, luchando con los dolorosos recuerdos que reaparecen.
Rachelle, que está aprendiendo sobre ganadería con Esperance, cuenta que fue utilizada como esclava sexual cuando tenía 14 años. La experiencia duró un año.
«Me obligaron a hacer cosas y tuve que hacerlo, de lo contrario habría habido consecuencias», confiesa con valentía pero negándose a decir más.
Pero los recuerdos la atormentan. Se pregunta por su madre, secuestrada al mismo tiempo que ella y de la que no volvió a saber nada desde entonces.
Esperance, financiada en parte por UNICEF, ayudó a 52 jóvenes a encontrar una vocación y un empleo el año pasado. Ofrece apoyo psicológico además de formación.
Los recientes programas de desarme contribuyen a un aumento de la demanda de sus servicios.
«Antes recibíamos una llamada al mes. Ahora es cada semana», relata Karl Malone, encargado de identificar nuevos casos de niños soldados en la región de Bria.
«Este año recibimos financiación suficiente para ayudar a 100 niños. Pero hay al menos 117 que necesitan ayuda. Y no podemos atenderlos», lamenta.
Como otras organizaciones de ayuda, Esperance se ve afectada por la disminución de la financiación internacional, especialmente de USAID, la agencia estadounidense de desarrollo, desmantelada por el presidente Donald Trump poco después de regresar al poder.
