Internacionales
Descubren campo de exterminio criminal en México
El drama de los desaparecidos en México, que se acrecienta entre víctimas impotentes e investigaciones sin resultados, resurge con fuerza tras el hallazgo de huesos calcinados en un lugar donde narcotraficantes adiestraban a personas reclutadas presuntamente por la fuerza.
Los restos fueron encontrados el 5 de marzo por familiares de desaparecidos agrupados en el colectivo Guerreros Buscadores, que asegura que este sitio, una finca de Teuchitlán (Jalisco, oeste), era, además, «centro de exterminio» con «crematorios clandestinos».
El predio ya había sido cateado en septiembre tras combates entre militares y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con fuerte presencia en este municipio a 60 km de Guadalajara, capital estatal. La fiscalía de Jalisco asegura que entonces encontró restos óseos con «exposición térmica», pero el colectivo descubrió la semana pasada más huesos enterrados, cientos de zapatos y otros objetos que pasaron desapercibidos durante el primer allanamiento.
Jalisco es el estado mexicano con más desaparecidos: casi 15,000 de 124,059 registrados oficialmente, la mayoría desde 2006, cuando se declaró la guerra al narco. Esto es lo que se sabe del caso de Teuchitlán, que se suma al recuento de escabrosos hallazgos en medio de la escalada que triplicó la tasa de homicidios hasta 24 por 100,000 habitantes en dos décadas.
Tras llamadas anónimas, los buscadores iniciaron en el rancho Izaguirre sus acostumbradas excavaciones en busca de restos, cuenta Ulises Ruiz, fotógrafo de AFP que acompañó esas labores. Abrieron tres hoyos donde descubrieron trozos de huesos incinerados. Para el grupo, esas fosas eran «crematorios».
En una construcción hallaron varios cuartos con unos «200 pares de zapatos», ropa amontonada, maletas, productos de higiene y libretas con anotaciones sobre armas, apodos, compras y una carta.
«Mi amor, si algún día ya no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo», escribió un joven que habría sido secuestrado en febrero de 2024, pero que, según Guerreros Buscadores, volvió con su familia en octubre. También descubrieron cartuchos de armas largas percutidos, láminas para practicar tiro y un altar de la santa muerte, culto arraigado entre delincuentes. Desde octubre de 2023, colectivos reportaron el hallazgo de otros seis presuntos «crematorios clandestinos» en Jalisco.
¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES?
La fiscalía de Jalisco admite que sus primeras pesquisas en Teuchitlán fueron «insuficientes».
«No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales», dijo esta semana el fiscal general, Alejandro Gertz, quien asumió el caso tras una solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum.
«Tenemos que […] ver si realmente eso funcionaba como un crematorio», añadió Gertz. Pero tras nuevas inspecciones, la fiscalía de Jalisco aseguró el jueves que «no existen estructuras que fungieran como hornos», aunque sigue buscando posibles restos. La violencia desborda a las instituciones de seguridad y justicia mexicanas, lastradas, además, por vínculos con criminales.
En 2023, Jalisco tenía 798 fiscales para investigar 137,100 delitos cometidos ese año, una media de 172 casos por agente, según el instituto de estadística Inegi.
¿QUÉ REFLEJA EL HALLAZGO?
«Estamos hablando de un centro de reclutamiento de nuestros jóvenes», asegura Índira Navarro, líder de Guerreros Buscadores. Alude a una denuncia de que el CJNG, considerado terrorista por Estados Unidos, enrola a jóvenes en Jalisco y otras regiones mediante secuestros o falsas ofertas de empleo. En 2024, medios y colectivos documentaron unos 30 casos de jóvenes que desaparecieron cerca de la central de buses de Tlaquepaque (Jalisco) tras acudir a supuestas entrevistas de trabajo.
Un 40.6 % de los desaparecidos en México son hombres de 20 a 39 años. A mediados de 2023 fueron asesinados ocho jóvenes en Zapopan, cerca de Guadalajara, que presuntamente eran obligados a extorsionar desde un «call center».
El de Teuchitlán «era un campo de adiestramiento […] destinado a la preparación de presuntos sicarios», opina Jorge Ramírez Plascencia, que investiga la crisis de desaparecidos en la Universidad de Guadalajara.
Sostiene que el calzado y la ropa abandonados pertenecerían a pistoleros que suelen recibir prendas militares tras el entrenamiento. En su opinión, los restos serían de «reclutas asesinados».
Prácticas como la incineración de cuerpos «sirven para formarlos en tortura, desmembramientos, tolerancia a la muerte, tienen que comer cadáveres» o convivir con estos varios días, asegura.
Sin embargo, «no vería este lugar como un sitio de exterminio. Me parece demasiado lejos para llevar a 10, 20 personas para asesinarlas ahí», señala Ramírez.
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
«Al conmemorar siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y (de la copresidenta Rosario) Murillo contra los manifestantes, reflexionamos sobre el coraje y el deseo de los manifestantes de vivir en una Nicaragua libre de tiranía», afirma el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en un comunicado.
«Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua», añade.
El secretario de Estado anuncia «restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen de la dictadura nicaragüense», con lo que ya son más de 2.000 los sancionados durante los últimos años por Washington.
A inicios de abril, expertos de la ONU identificaron por primera vez a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua como responsables de graves «crímenes» de derechos humanos y «represión sistemática».
Esa lista la encabezan Ortega, Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla).
Además el gobierno del presidente republicano Donald Trump acusa a Managua de hacer negocio con la migración.
«La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma y posiciona a Nicaragua como un centro para los inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera», advierte Rubio en la red social X.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
En 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
Dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno nicaragüense, COMINTSA y Capital Mining, se hallan asimismo bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Washington anunció este jueves nuevas tarifas portuarias sobre buques construidos y operados por China que atraquen en puertos estadounidenses, en una apuesta por impulsar la industria naval nacional y frenar el dominio del gigante asiático en el sector.
La medida, que se deriva de una investigación iniciada bajo el gobierno anterior de Joe Biden, se conoce cuando Estados Unidos y China están enzarzados en plena guerra comercial por los aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones.
«Los buques y el transporte marítimo son vitales para la seguridad económica estadounidense y la libre circulación del comercio», declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.
Según el funcionario, la mayoría de las tasas entrarán en vigor a mediados de octubre.
Bajo las nuevas reglas, se aplicarán tarifas por tonelada o por contenedor, y se cobrarán por cada visita a Estados Unidos, no por cada puerto en el que los buques atraquen.
Se impondrán hasta un máximo de cinco veces al año y los propietarios podrán verse eximidos si hacen un pedido de un buque construido en Estados Unidos.
La industria naviera estadounidense, dominante después de la Segunda Guerra Mundial, ha decaído gradualmente y ahora representa solo el 0,1% de la producción mundial.
Asia domina el sector en la actualidad, con China responsable por la construcción de casi la mitad de los barcos que son lanzados, por delante de Corea del Sur y Japón.
Los tres países asiáticos representan más del 95% de la construcción naval civil, según cifras de la ONU.
Las nuevas tarifas estadounidenses serán «perjudiciales para todos», reaccionó este viernes Lin Jian, un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.
Según el vocero, las tasas «hacen que suban los costes del transporte marítimo a escala mundial» y «acentúan la presión inflacionista en Estados Unidos», pero «no permitirán reimpulsar la industria naval estadounidense».
«Revertir el dominio chino»
Según la decisión estadounidense, habrá tarifas distintas para los buques operados por chinos y para aquellos construidos en China, y ambas aumentarán gradualmente en los años siguientes.
Para los barcos ensamblados en China, la tarifa empieza en 18 dólares por tonelada neta o 120 dólares por contenedor. Esto significa que un buque con 15.000 contenedores podría tener que pagar una tarifa de hasta 1,8 millones de dólares.
Además, todos los buques de transporte de automóviles que no hayan sido fabricados en Estados Unidos también tendrán que pagar una tasa que comenzará a aplicarse dentro de 180 días.
El anuncio introduce también nuevos recargos para los barcos de transporte de gas natural licuado, aunque no entrarán en vigor hasta dentro de tres años.
Una hoja informativa que acompaña al anuncio dice que las tasas no cubrirán «el transporte marítimo en los Grandes Lagos o el Caribe, el transporte marítimo hacia y desde los territorios de Estados Unidos, o las exportaciones de productos básicos en buques que llegan vacíos a Estados Unidos».
«Las acciones de la administración Trump comenzarán a revertir el dominio chino, abordarán las amenazas a la cadena de suministro de Estados Unidos y enviarán una señal de demanda para los buques construidos» en el país, aseguró Greer.
Internacionales
Dos muertos y 24 heridos deja un atentado con bomba en la localidad colombiana de La Plata
Al menos dos personas muertas y 24 heridas dejó la explosión de una bomba frente al puesto de Policía de La Plata, en el sureño departamento colombiano del Huila, en momentos en que los habitantes de ese municipio participaban en las celebraciones del Jueves Santo.
La bomba estaba en una motocicleta, manifestó el comandante encargado de la Policía del Huila, coronel Carlos Sierra, quien confirmó así las versiones de testigos.
«En la noche de hoy, 17 de abril, se registró la activación de un artefacto explosivo acondicionado en una motocicleta frente a un hotel en inmediaciones de la estación de Policía del municipio de La Plata», declaró el oficial.
Según el coronel Sierra, «en este hecho resultaron asesinadas dos personas y de manera preliminar, 24 lesionadas que fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica».
La explosión provocó un incendio y una columna de humo, lo que aumentó el pánico de la población que a esa hora salía de la iglesia por los oficios religiosos del Jueves Santo, como se puede ver en vídeos subidos a redes sociales.
«Condeno el cobarde atentado terrorista en La Plata. Mi solidaridad con las familias afectadas, con los plateños, gente buena y trabajadora, y con nuestra Policía», manifestó en su cuenta de X el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera.
La Policía no dio información sobre las víctimas mortales, pero algunos medios han señalado que se trata de dos hermanos, hombre y mujer, de 17 y 19 años de edad.
Segundo atentado y de la misma forma en un día
Ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la autoría de este ataque en el Huila, departamento donde operan principalmente disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, a quienes el Gobierno atribuyó otro atentado similar que esta mañana dejó una mujer muerta y varios heridos en la localidad de Mondomo (Cauca).
Varios miembros del Congreso condenaron el ataque terrorista en La Plata, entre ellos la representante a la Cámara Luz Pastrana, oriunda del Huila y miembro del partido Cambio Radical, quien dijo en su cuenta de X que «este atentado cobra la vida de al menos dos personas y deja heridos a más de 20 personas entre ellos varios niños».
«Lo sucedido en La Plata, Huila, es un nuevo acto de barbarie que refleja el fracaso absoluto del Gobierno en su política de seguridad», manifestó por su parte la senadora María Fernanda Cabal, del partido opositor Centro Democrático, quien añadió que lo sucedido «demuestra que los criminales se sienten con total impunidad».
El otro atentado de terrorista de este jueves en el Cauca (suroeste), también contra un puesto policial de la localidad de Mondomo, fue atribuido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, a las disidencias de las FARC.
«Los hechos de las disidencias de las FARC denotan que su esencia es el narcotráfico y el terrorismo. Estas disidencias le dijeron NO a la paz en el 2016 y ratificaron su negativa en el marco de la Paz Total. Peor aún, lo siguen confirmando cuando asesinan a mujeres, reclutan a menores y aterrorizan a la población sin discriminación alguna», señaló el ministro en su cuenta de X.
Las dos acciones terroristas en el Huila y el Cauca se producen el mismo día en que el Gobierno colombiano decidió no prorrogar el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor de los Bloques (EMB), una de las principales disidencias de las FARC, que concluyó este martes tras 18 meses y que se esperaba que fuese aprobado por otros seis.
La prórroga debía ser decretada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, pero el Gobierno envió una carta a las delegaciones de paz en la que comunica la decisión de «no prorrogar el cese al fuego bilateral y temporal con respecto a la población civil».
