Internacionales
Descubren campo de exterminio criminal en México
El drama de los desaparecidos en México, que se acrecienta entre víctimas impotentes e investigaciones sin resultados, resurge con fuerza tras el hallazgo de huesos calcinados en un lugar donde narcotraficantes adiestraban a personas reclutadas presuntamente por la fuerza.
Los restos fueron encontrados el 5 de marzo por familiares de desaparecidos agrupados en el colectivo Guerreros Buscadores, que asegura que este sitio, una finca de Teuchitlán (Jalisco, oeste), era, además, «centro de exterminio» con «crematorios clandestinos».
El predio ya había sido cateado en septiembre tras combates entre militares y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con fuerte presencia en este municipio a 60 km de Guadalajara, capital estatal. La fiscalía de Jalisco asegura que entonces encontró restos óseos con «exposición térmica», pero el colectivo descubrió la semana pasada más huesos enterrados, cientos de zapatos y otros objetos que pasaron desapercibidos durante el primer allanamiento.
Jalisco es el estado mexicano con más desaparecidos: casi 15,000 de 124,059 registrados oficialmente, la mayoría desde 2006, cuando se declaró la guerra al narco. Esto es lo que se sabe del caso de Teuchitlán, que se suma al recuento de escabrosos hallazgos en medio de la escalada que triplicó la tasa de homicidios hasta 24 por 100,000 habitantes en dos décadas.
Tras llamadas anónimas, los buscadores iniciaron en el rancho Izaguirre sus acostumbradas excavaciones en busca de restos, cuenta Ulises Ruiz, fotógrafo de AFP que acompañó esas labores. Abrieron tres hoyos donde descubrieron trozos de huesos incinerados. Para el grupo, esas fosas eran «crematorios».
En una construcción hallaron varios cuartos con unos «200 pares de zapatos», ropa amontonada, maletas, productos de higiene y libretas con anotaciones sobre armas, apodos, compras y una carta.
«Mi amor, si algún día ya no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo», escribió un joven que habría sido secuestrado en febrero de 2024, pero que, según Guerreros Buscadores, volvió con su familia en octubre. También descubrieron cartuchos de armas largas percutidos, láminas para practicar tiro y un altar de la santa muerte, culto arraigado entre delincuentes. Desde octubre de 2023, colectivos reportaron el hallazgo de otros seis presuntos «crematorios clandestinos» en Jalisco.
¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES?
La fiscalía de Jalisco admite que sus primeras pesquisas en Teuchitlán fueron «insuficientes».
«No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales», dijo esta semana el fiscal general, Alejandro Gertz, quien asumió el caso tras una solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum.
«Tenemos que […] ver si realmente eso funcionaba como un crematorio», añadió Gertz. Pero tras nuevas inspecciones, la fiscalía de Jalisco aseguró el jueves que «no existen estructuras que fungieran como hornos», aunque sigue buscando posibles restos. La violencia desborda a las instituciones de seguridad y justicia mexicanas, lastradas, además, por vínculos con criminales.
En 2023, Jalisco tenía 798 fiscales para investigar 137,100 delitos cometidos ese año, una media de 172 casos por agente, según el instituto de estadística Inegi.
¿QUÉ REFLEJA EL HALLAZGO?
«Estamos hablando de un centro de reclutamiento de nuestros jóvenes», asegura Índira Navarro, líder de Guerreros Buscadores. Alude a una denuncia de que el CJNG, considerado terrorista por Estados Unidos, enrola a jóvenes en Jalisco y otras regiones mediante secuestros o falsas ofertas de empleo. En 2024, medios y colectivos documentaron unos 30 casos de jóvenes que desaparecieron cerca de la central de buses de Tlaquepaque (Jalisco) tras acudir a supuestas entrevistas de trabajo.
Un 40.6 % de los desaparecidos en México son hombres de 20 a 39 años. A mediados de 2023 fueron asesinados ocho jóvenes en Zapopan, cerca de Guadalajara, que presuntamente eran obligados a extorsionar desde un «call center».
El de Teuchitlán «era un campo de adiestramiento […] destinado a la preparación de presuntos sicarios», opina Jorge Ramírez Plascencia, que investiga la crisis de desaparecidos en la Universidad de Guadalajara.
Sostiene que el calzado y la ropa abandonados pertenecerían a pistoleros que suelen recibir prendas militares tras el entrenamiento. En su opinión, los restos serían de «reclutas asesinados».
Prácticas como la incineración de cuerpos «sirven para formarlos en tortura, desmembramientos, tolerancia a la muerte, tienen que comer cadáveres» o convivir con estos varios días, asegura.
Sin embargo, «no vería este lugar como un sitio de exterminio. Me parece demasiado lejos para llevar a 10, 20 personas para asesinarlas ahí», señala Ramírez.
Estados Unidos y Venezuela anunciaron el 5 de marzo que iban a restablecer sus relaciones, pero hasta este lunes las operaciones diplomáticas se llevaban a cabo a distancia, desde la embajada en Bogotá.
«Reanudamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, marcando un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela», explicó un comunicado de prensa.
La representante diplomática estadounidense, Laura Dogu, llegó a Venezuela desde enero, y su equipo ha ido acondicionando la legación en Caracas.
Dogu posó ante la embajada en un mensaje en la red X, así como otros funcionarios.
«La reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del Presidente [Trump] para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de entablar un diálogo directo con el gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado», añadió el comunicado.
Tras la captura en una intervención militar del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el gobierno de Donald Trump anunció que quería promover primero la estabilización económica, con la recuperación del sector petrolero, para luego alentar la entrada de inversiones extranjeras y finalmente una transición política.
El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó ante el Congreso que esas etapas podían solaparse.
Foto: AFP
Esta nueva etapa diplomática aporta «el tipo de estabilidad que atrae los negocios de vuelta» a Venezuela, declaró este lunes Rubio a la cadena Al Jazeera.
«Queremos ver una transición completa porque, para que Venezuela pueda alcanzar su potencial económico, tiene que tener un gobierno estable y democrático», añadió.
Embajada venezolana en Washington
Al mismo tiempo, Venezuela también ha tomado posesión de nuevo de su embajada en Washington, según reportes en redes sociales.
El viceministro para América del Norte, Oliver Blanco, colgó un video en X la semana pasada en la sede de la legación, junto al encargado de negocios, en la que informaba de encuentros en el Departamento de Estado para «explorar oportunidades de fortalecimiento de la relación bilateral».
El Departamento del Tesoro estadounidense anunció la semana pasada que autorizaba las transacciones económicas para facilitar la reapertura de la legación venezolana.
Tras el derrocamiento de Maduro el 3 de enero y la toma de poder en Caracas de su sustituta, Delcy Rodríguez, Estados Unidos empezó rápidamente a levantar las sanciones para el sector petrolero venezolano.
Al mismo tiempo, Caracas promulgó una reforma legal del sector y empezó a liberar prisioneros políticos.
Delcy Rodríguez, muy elogiada en público por Trump, está remodelando el gobierno y el aparato de seguridad interno.
Washington mantiene los ingresos por la venta del crudo venezolano en una cuenta bancaria bajo su control.
Y en el Caribe mantiene también una flotilla encargada desde septiembre de destruir lo que califica de «narcolanchas», unas operaciones polémicas que han causado al menos 163 muertos.
Maduro y Flores comparecieron dos veces ante un juez en Nueva York, la última el pasado jueves.
Maduro está acusado de conspiración por «narcoterrorismo», conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.
Internacionales
La justicia española determina que un beso en la mano puede ser una agresión sexual si no hay consentimiento
El Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial en España, dictaminó que dar un beso en la mano puede ser considerado una agresión sexual si no hay consentimiento, según una decisión consultada el lunes por la AFP.
La resolución, dictada el 5 de marzo, confirmó la condena de un hombre por agresión sexual que realizó tocamientos no consentidos a una mujer en una parada de autobús.
La defensa del acusado pretendía recalificar los hechos como un simple «acoso callejero», pero los magistrados consideraron que cualquier contacto físico con connotación sexual sobrepasaba dicha categoría y que debía abonar la multa de 1,620 euros (1,850 dólares) prevista en su primera condena.
Pero según los magistrados «no se trató de un mero acto de cogerle de la mano» sino que el acusado «actuó con intención de atentar contra su integridad sexual, le cogió la mano besándosela al tiempo que le solicitaba mediante gestos que le acompañara, ofreciéndole dinero».
«Hubo, por ello, un acto de agresión sexual por cuanto la acción describe un tocamiento de índole y matiz sexual que la víctima no tenía obligación de soportar con claro contenido sexual y ataque a la víctima cosificándola», añade.
«Existe, por tanto, un acto de agresión sexual en la medida en que la acción describe un contacto de naturaleza y tono sexuales que la víctima no tenía ninguna obligación de soportar, con un contenido claramente sexual y un atentado a la víctima al reducirla a un objeto», prosigue la resolución.
España está a la vanguardia en la lucha contra la violencia de género y en 2004 aprobó una ley pionera en Europa contra la violencia contra las mujeres.
En 2025, el caso conocido como el del «beso forzado» vio cómo el que era entonces el hombre fuerte del fútbol español, el presidente de la federación española, Luis Rubiales, fue condenado por agresión sexual por un beso a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino en Sídney, en agosto de 2023.
Una investigación estadounidense lo vincula con una organización que traficaba fentanilo y cocaína, cuyo centro de operaciones estaba en Guatemala.
En San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo al salvadoreño Juan Carlos Escobar Rodríguez, alias Lucas o Pepe, reclamado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
La PNC del vecino país calificó la detención como «un nuevo golpe a estructuras vinculadas al narcotráfico». Al salvadoreño, quien también tiene nacionalidad guatemalteca, lo arrestaron agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y es la extradición número 21 que realizaran a Estados Unidos, según el informe publicado por el Ministerio de Gobernación.
La cartera de Estado guatemalteca detalló que, con la captura, se da cumplimiento a una orden emitida el 4 de marzo de 2026 por un juzgado que atendió la solicitud de Estados Unidos.
«Escobar Rodríguez es requerido por delitos relacionados con la conspiración y tentativa de distribución de cocaína y fentanilo. Además, está señalado de portar un arma de fuego en actividades vinculadas al narcotráfico. Durante su captura, se le incautó una pistola con 16 municiones, mientras se conducía a bordo de un pick-up», detalló el Ministerio de Gobernación guatemalteco.
En Estados Unidos, una investigación determinó que Escobar Rodríguez mantiene vínculos directos con el narcotráfico, al estar presuntamente involucrado en conspiración y tentativa de distribución de cocaína y fentanilo.
Según el informe, la conspiración tenía como objetivo fabricar y distribuir sustancias controladas, con la pretensión, conocimiento y claro conocimiento de que serían importadas ilegalmente a Estados Unidos.
La conspiración tiene que ver con la intención de enviar aproximadamente cinco kilogramos de cocaína y unos 400 gramos de fentanilo. Además de la tentativa de distribución de una sustancia controlada que sería importada a Estados Unidos, sumado a la portación de un arma de fuego en relación con un delito de tráfico de drogas.
La PNC de esa nación también aprehendió en Ayutla, San Marcos, a Jorge Edy Peláez Martínez, quien, junto a Escobar Rodríguez, supuestamente forman parte de la organización dedicada al tráfico de drogas, teniendo su centro de operaciones en Guatemala para distribuir cocaína y fentanilo hacía el distrito norte de Georgia y otros puntos de Estados Unidos.
