Internacionales
Alaridos de locura, suicidios y celdas herméticas, es lo que se vive en la cárcel más hermética de los EE.UU.
Timothy Gumm, condenado por violación en una prisión de Jackson, Georgia, fue acusado de intentar escapar en 2010. Cinco años más tarde escribió, a mano y sin asesoramiento legal, una carta cal juez Charles H. Weigle en la que se quejó de que desde ese momento había estado en una celda sin ventanas casi las 24 horas de cada día, incluso después de que se expurgara ese cargo de su registro de conducta.
Su situación se repitió durante 2017 en 61.000 casos en 38 estados de los EE.UU. y las cárceles del Servicio Federal de Prisiones que utilizan el aislamiento. Entre los castigados con este método hubo menores de edad, mujeres embarazadas y personas con trastornos mentales, según una investigación del Centro Arthur Liman sobre Leyes de Interés Público de la Universidad de Yale.
Durante los cinco años que pasó encerrado en celdas de aislamiento de 2 por 4 metros, Gumm —quien creía que iba a seguir allí indefinidamente, y por eso recurrió al juez— perdió toda relación con su familia, bajó casi 25 kilos y estuvo «privado de casi cualquier estímulo ambiental y sensorial, y de casi todo contacto humano». Su manuscrito de once páginas convenció al juez, quien abrió un caso.
El Centro Sureño de Derechos Humanos (SCHR) aceptó la representación ad honorem de Gumm y solicitó al psicólogo social Craig Haney, profesor de la Universidad de California en Santa Cruz y uno de los máximos expertos en confinamiento solitario de los Estados Unidos, que investigara la Unidad de Control Especial de Georgia (SMU).
«Allí vi cosas que nunca antes había visto», dijo el especialista con 40 años de experiencia en el tema.
En superficies del tamaño del estacionamiento de un automóvil, con puertas de metal y ventanas tapadas, los detenidos quedaban «herméticamente sellados». Entre ellos, observó una cantidad llamativamente alta de personas con enfermedades mentales (casi un 40%), además de muchos más sin tal diagnóstico pero en estado de demolición psicológica: se herían a sí mismos, manchaban sus celdas de sangre, comían sus heces o tragaban baterías o elementos cortantes para suicidarse.
Haney describió un pabellón de la unidad como «parecido a un manicomio», en el que resonaba «la cacofonía de los alaridos de los presos y los pedidos de socorro». En una ocasión vio un cartel toscamente escrito que decía «Ayuda», informó la cadena.
Su informe, publicado en 2017, cuando Gumm ya llevaba otros dos años y medio de aislamiento, dio lugar a una demanda d colectiva. El escrito se presentó «para impedir que los funcionarios de las prisiones mantengan a la gente en una forma extrema de confinamiento solitario por muchos años sin supervisión significativa y sin perspectiva de salir».
La SMU de Georgia, un edificio para 192 detenidos, «es la cárcel más restrictiva y la única de su tipo» en el estado, según el texto de la demanda. «También es el lugar donde se realiza un régimen de modificación de conducta basado en el aislamiento, conocido como el Programa Nivel III».
Ese régimen es, en teoría, un «programa de incentivo» que se emplea para alentar «los ajustes adecuados», de modo tal que los reclusos «puedan ser devueltos a una adscripción habitacional común». Pero, según la demanda, «en la práctica las personas son enviadas al programa de aislamiento indefinidamente durante años, más allá de su conducta y a pesar de las graves consecuencias para la salud del confinamiento solitario en el largo plazo».
El texto señaló que el aislamiento se ha empleado históricamente como «técnica de tortura».
Haney concluyó que la unidad penal de Jackson era «una de las instalaciones más duras y más draconianas» que ha visto en actividad en cualquier lugar del país, en la que habitaban algunas de las personas más psicológicamente traumatizadas que ha evaluado en este tipo de contexto. En su opinión, la institución funcionaba «en abierta violación de un consenso generalizado y creciente, a nivel nacional e internacional, en lo profesional, legal y correccional».
En enero de 2019, el estado de Georgia aceptó un acuerdo para terminar con el litigio, por el cual a cada detenido de la SMU se le debían permitir al menos cuatro horas al día fuera de las celdas (excepto en fines de semana y feriados), tiempo que no se le podía quitar como forma de castigo por mala conducta común. Excepto en un puñado de circunstancias, no se podía recluir a una persona en aislamiento por más de 24 meses.
«El confinamiento solitario ha crecido en las cárceles estadounidenses desde las décadas de 1980 y 1990 como una forma de controlar a los reclusos peligrosos, castigar un delito o proteger a los detenidos vulnerables de la población común», explicó NBC News. En numerosas cárceles hay zonas supermax (de seguridad súper máxima) donde el confinamiento solitario es común.
En la SMU de Georgia, Haney entrevistó a reclusos que no tenían idea de cuándo o si saldrían del aislamiento para convivir con los demás detenidos. Muchos directamente cumplían la totalidad de sus condenas en un espacio mínimo y sin contacto humano.
«Algunos investigadores dicen que la práctica causa daño psicológico permanente, mientras que otros sostienen que hace más probable que un detenido vuelva a meterse en problemas al quedar libre», explicó NBC. La automutilación y el suicidio son las manifestaciones más evidentes de ese daño.
Quizá el caso más conocido sea el de Kalief Browder, un adolescente del Bronx, Nueva York, que en 2010 fue acusado del robo de una mochila. Pasó tres años procesado sin condena en la cárcel de Rikers, dos de ellos en aislamiento. La fiscalía no encontró evidencia suficiente y su caso fue desestimado. Dos años después de su salida en libertad, a los 22 años, Browder se ahorcó.
El ex presidente Barack Obama limitó el confinamiento solitario en prisiones federales, y la Asociación Nacional Correccional de los Estados Unidos llamó a restringirlo, en particular para quienes sufren padecimientos mentales. En 2018 el presidente Donald Trump promulgó una reforma de la Justicia penal que prohibió esa forma de encierro para los menores de edad detenidos en centros federales.
Varias causas judiciales en distintos estados condujeron a acuerdos como el que benefició a Gumm (quien hoy continúa su prisión perpetua en una celda común), y actualmente hay otras en trámite para limitar o prohibir el uso del aislamiento.
Las beneficiarias son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell.
«Todas las transacciones» de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas, así como los contratos para «nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas» para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano.
Estas dos nuevas licencias suponen un importante paso adelante en la total apertura del sector petrolero venezolano, sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019.
Con el derrocamiento el 3 de enero del presidente Nicolás Maduro, que fue sacado del país por fuerzas especiales estadounidenses, Washington anunció inmediatamente que solo iba a permitir las exportaciones de crudo del país sudamericano bajo su control directo.
Estados Unidos aplicaba ya desde diciembre un bloqueo a las exportaciones que Venezuela llevaba a cabo mediante «buques fantasma», sometidos a sanciones.
El nuevo gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez se avino rápidamente a negociar con el presidente Donald Trump, y en especial con el secretario de Estado, Marco Rubio, que supervisa directamente la situación.
Caracas aprobó una nueva ley de hidrocarburos que reforma sustancialmente las limitaciones a la inversión exterior, tras años de polémicas por contratos incumplidos, demandas ante instancias internacionales y restricciones a las multinacionales.
Chevron era la única compañía estadounidense que explotaba, aunque con dificultades, el crudo venezolano mediante una licencia de Estados Unidos para contratos muy específicos con la empresa nacional venezolana, PDVSA.
Estas dos nuevas licencias se unen a otras nuevas autorizaciones para comprar equipamiento e instalarlo en Venezuela, negociar contratos con puertos y aeropuertos, y otras medidas que facilitan la inversión en el sector, muy decaído.
Internacionales
La policía dispara a un hombre que empuñaba un cuchillo en el Arco del Triunfo en París
La policía francesa disparó este viernes a un hombre que empuñaba un cuchillo bajo el Arco del Triunfo después de que amenazara a gendarmes en el famoso monumento parisino, informó una fuente policial a AFP.
El sospechoso, que amenazó a los gendarmes presentes en el lugar para la ceremonia de reencendido de la llama en la tumba del soldado desconocido, fue hospitalizado tras recibir varios disparos, añadió la fuente.
La fiscalía nacional antiterrorista anunció que se hizo cargo del caso y abrió una investigación.
El hombre, residente en un suburbio al norte de París, estaba en el radar de las autoridades, afirmó una fuente cercana al caso que pidió mantener el anonimato.
Según la gendarmería, el agresor hirió levemente con el cuchillo a uno de los oficiales que formaban parte de la guardia de honor antes de que otro gendarme abriera fuego contra él.
La fiscalía de Perú inició el viernes una investigación preliminar por el presunto «delito de tráfico de influencias agravado» al presidente interino José Jerí por su supuesta intervención en la contratación irregular de nueve mujeres en su gobierno, informó a la AFP el Ministerio Público.
La indagación es la segunda que le abre la fiscalía al gobernante y se produce cuando el Congreso recolecta firmas para debatir una moción de destitución por «inconducta funcional y falta de idoneidad» para ejercer el cargo.
«La Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar al presidente José Jerí por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado peruano», indicaron a la AFP fuentes del Ministerio Público.
El presidente peruano, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre esta investigación, será interrogado por el fiscal general Tomás Gálvez «el 2 de marzo a las 14H30», según el documento del caso difundido por la prensa limeña y al cual accedió la AFP
La indagatoria tiene como objetivo determinar «si el mandatario ejerció influencias indebidas en estas designaciones».
Las contrataciones se realizaron entre octubre y enero, según el Ministerio Público
El caso se conoció luego de que el programa periodístico de televisión Cuarto Poder informara que cinco jóvenes fueron contratadas en el despacho presidencial y en el ministerio del Ambiente tras visitar a Jerí entre octubre y noviembre.
La presidencia peruana calificó hace una semana como un «uso malintencionado y tendencioso» la información divulgada. Denunció además que las investigaciones periodísticas atentan contra «la dignidad y el buen nombre» de las trabajadoras involucradas.
Esta nueva investigación es la segunda de la fiscalía contra Jerí luego que en enero se abrió una por el presunto delito de «patrocinio ilegal de intereses» tras una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.
Perú celebrará elecciones generales en abril. El país sudamericano vive una prolongada crisis política en la que ha tenido siete mandatarios desde 2016.
