Internacionales
Al menos 61 pasajeros de vuelos de Sudáfrica al dan positivo a COVID-19 al aterrizar en Ámsterdam
Al menos 61 pasajeros de dos vuelos procedentes de Sudáfrica han dado positivo a coronavirus después de aterrizar en Ámsterdam, donde se les sometió a una PCR al llegar a Países Bajos cuando ya entró en vigor la prohibición de vuelos desde países del sur de África, aunque no está claro si portan la nueva variante omicrón.
Un equipo del servicio de salud municipal (GGD) acudió ayer por la tarde al aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, donde había aterrizado un vuelo procedente de Johannesburgo y otro de Ciudad del Cabo, para someter a sus 600 pasajeros a un test, en aplicación de una restricción neerlandesa del tráfico aéreo procedente del sur de África por temores a la nueva cepa.
Todos los pasajeros habían quedado retenidos en una zona de la terminal, separados del resto de personas que estaban en el aeropuerto, a la espera del resultado de la PCR, lo que se fue conociendo a lo largo de la tarde y noche.
El balance actual son 61 personas contagiadas, aunque todavía no se sabe si están infectadas con la variante omicrón, y se encuentran alojadas en un hotel en la zona de Schiphol bajo vigilancia de las autoridades locales, para cumplir una cuarentena de al menos siete días si presentan síntomas, y de cinco días si son asintomáticos.
El resto de los pasajeros que obtuvieron un resultado negativo en el test deberán someterse igualmente a una cuarentena domiciliaria de cinco días, hasta volver a hacerse una nueva PCR que, de ser negativa, les permite levantar la cuarentena.
El Gobierno neerlandés declaró este viernes al mediodía la suspensión total de todos los vuelos procedentes de los países del sur de África como una medida de prevención tras la detección de la nueva variante del coronavirus en la región.
Estos países pasaron a ser, además, «clasificados como áreas de muy alto riesgo» de coronavirus, lo que supone «una obligación de cuarentena» y el sometimiento a dos pruebas a los viajeros de estos países, una de ellas debía ser de menos de 24 horas.
El ministro de Sanidad, Hugo de Jonge, subrayó ayer que la nueva mutación todavía no había sido detectada oficialmente en Países Bajos, pero «al mismo tiempo, sabemos por otras variantes qué tan rápido puede ir algo como esto, por lo que tenemos que ralentizar la llegada de esta variante tanto como sea posible».
Aunque a lo largo del viernes varios países europeos fueron prohibiendo de forma individual el tráfico aéreo desde el sur de África, por la tarde, los veintisiete de la Unión Europea (UE) acordaron suspender los vuelos a siete países africanos debido a la nueva variante, informaron a EFE fuentes europeas.
Se trata de Sudáfrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia y Eswatini.
El Gobierno de Bélgica informó ayer de que el 22 de noviembre detectó en el país un caso de la nueva variante sudafricana en una mujer adulta joven no vacunada, que desarrolló síntomas once días después de viajar a Egipto a través de Turquía.
Sudáfrica confirmó el jueves la detección de esta nueva cepa, identificada como B.1.1.529, que posee múltiples mutaciones y que ha despertado «preocupación» entre los especialistas, aunque su impacto aún tiene que ser estudiado.
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece inminente, después de que un proyecto presupuestario fracasara en el Senado en medio de la indignación demócrata por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Donald Trump.
La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.
El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.
De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora.
Sería el segundo cierre o «shutdown» -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Falta de acuerdo
La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.
Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar», dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.
Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto. Los números no les alcanzan.
Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.
Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.
El «shutdown» podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.
Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves «moderación» a las autoridades hacia los manifestantes en Estados Unidos, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas en Mineápolis.
