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Salvadoreño acusado de robo, supuestamente escondió una escopeta en un árbol
Un ciudadano salvadoreño está acusado en el Tribunal del Quinto Distrito del Condado de Nobles de un delito grave de robo de una escopeta calibre 12, un delito menor grave de posesión ilegal de un arma de fuego y un delito menor de robo de vehículo luego de una serie de incidentes entre el 31 de julio y el 8 de agosto.
El 1 de agosto, los agentes de policía de Worthington fueron alertados sobre un robo reportado en el área. Al llegar y hablar con la víctima, se determinó que una escopeta calibre 12 fue robada de la camioneta de la víctima en algún momento entre la noche anterior y ese día.
La escopeta estaba dentro de un estuche de tapa dura de color negro. Además, también robaron del camión una bolsa de camuflaje violeta que contenía tapones para los oídos, casquillos de escopeta y varias carteras de cuero. La víctima valoró el arma robada en unos 2.000 dólares.
Al día siguiente, los detectives se reunieron nuevamente con la víctima, quien había descubierto un teléfono celular Motorola negro y un encendedor dentro del vehículo que no les pertenecía. Después de recuperar una orden de registro para el teléfono, los detectives determinaron que el dueño del teléfono era Jonathan Reyes-Jovel, de 26 años, quien fue reconocido por encuentros previos con la ley.
Aunque visitaron la última residencia conocida de Reyes-Jovel, los oficiales supuestamente no pudieron localizar al hombre y determinaron que aparentemente se había mudado hace más de un año. El WPD emitió una orden de búsqueda para localizar a Reyes-Jovel lo antes posible.
El 4 de agosto, se encontró una caja de armas de tapa dura vacía cerca de Sailboard Beach. No se recuperaron otros artículos.
El 6 de agosto, los agentes vieron a Reyes-Jovel caminando cerca de la intersección de Linda
Lane y First Avenue Southwest. Cuando se le preguntó sobre los bienes robados, Reyes-Jovel supuestamente admitió el crimen, explicando que había puesto el arma en un árbol cerca de la entrada de Lakeside Church, y que los otros artículos fueron puestos en un arbusto cerca del carril bici y Puppy Park.
Reyes-Jovel supuestamente declaró que estaba buscando dinero cuando encontró la escopeta, y decidió entonces que intentaría vender la escopeta por dinero. En el momento de este encuentro, los agentes no arrestaron a Reyes-Jovel y los artículos robados fueron recuperados en las áreas que supuestamente había descrito.
El 8 de agosto, Reyes-Jovel fue nuevamente localizado para una declaración formal. Después de recibir la declaración, los agentes arrestaron a Reyes-Jovel y lo ingresaron en la cárcel del condado de Nobles en espera de cargos penales. Los antecedentes penales muestran que Reyes-Jovel es ciudadano salvadoreño y anteriormente fue deportado en 2014. Su condición de extranjero ilegal le prohíbe poseer armas de fuego.
Si es declarado culpable, Reyes-Jovel enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión y/o una multa de $100,000 por cargos de delito grave de robo, un año de cárcel y/o una multa de $3,000 por posesión ilegal de un arma de fuego y 90 días de cárcel y/o una multa de $1,000 por ingresar o manipular un vehículo motorizado sin consentimiento previo.
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Mujer en Japón afirma haberse casado con un chatbot de inteligencia artificial
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Autoridades rescatan a bebé abandonado en un basurero
Un bebé fue encontrado abandonado en un basurero del sector de Rancho Guanacaste, en Costa Rica, según reportaron medios locales.
De acuerdo con la Policía, el menor habría permanecido dos días en el lugar, donde las condiciones eran insalubres. Tras ser rescatado, fue trasladado al Hospital Nacional de Niños, donde los médicos confirmaron que su estado de salud es estable.
“El niño se encuentra en el servicio de emergencias, viene en buena condición, venía un poco frío, ya se calentó, ya se alimentó y el examen físico inicial es totalmente normal”, declaró el director del hospital, Carlos Jiménez Herrera, citado por el medio CR Hoy.
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Perú refuerza medidas contra el crimen organizado en Lima y Callao
El Gobierno de Perú reforzó las medidas del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao para combatir la delincuencia y el crimen organizado. El Ejecutivo estableció más restricciones penales, prohibió la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta, creó equipos para coordinar operativos y patrullajes, y aumentó la presencia policial en las calles, según el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM.
La norma entró en vigencia el 22 de octubre por 30 días; sin embargo, el presidente interino José Jerí anunció, el 7 de noviembre, la ampliación de las restricciones para restaurar la seguridad en las ciudades más afectadas.
«Estamos actualizando el estado de emergencia con medidas complementarias, basadas en los resultados obtenidos y en la realidad de nuestro país. Estamos corrigiendo y mejorando lo necesario», afirmó el presidente.
Con el decreto se creó el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que es presidido por la Policía Nacional del Perú (PNP), para restablecer y mantener el orden interno con patrullajes y operativos en la vía pública. Este cuenta con el apoyo de cuatro comités y de las fuerzas de seguridad, que contribuyen con la tecnología en el monitoreo.
Su principal objetivo es reducir los índices de criminalidad y garantizar los derechos fundamentales de la población en Lima Metropolitana y Callao.
El presidente detalló que el puesto de control, con vigilancia las 24 horas los siete días de la semana, permitirá enfrentar a la delincuencia.
Fiscalía alerta sobre homicidios y extorsiones
Perú atraviesa una de sus peores crisis por el crimen organizado.
El lunes, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (Fiscalía) reportó que entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se registraron 56 homicidios de choferes y 30 mil extorsiones fueron denunciadas, en Lima Metropolitana y el Callao.
El estudio reveló que la mayoría de víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta, una manera cada vez más frecuente para cometer los crímenes contra los transportistas en las zonas urbanas. Al menos ocho de cada 10 ataques se producen bajo esta modalidad, compartió la fiscalía.
Ante este contexto, el Ejecutivo ya había prohibido desde el viernes el tránsito de dos personas en una motocicleta. «Se encuentra prohibido el uso de cualquier elemento o accesorio adicional al casco que impida o limite la identificación del conductor», aclara en el decreto.
El documento señala también que habrá «intervención e internamiento de vehículos en los depósitos autorizados si exhiben documentación adulterada y/o placas ilegibles, deterioradas, adulteradas, dañadas, laminadas o con objetos que no permitan la identificación correcta del vehículo».
Más control en las prisiones
En cuanto a las cárceles, habrá apagones eléctricos en las celdas, desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, y operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, armas blancas, y demás artículos prohibidos.
Las autoridades agregaron el monitoreo aéreo con drones donde están los establecimientos penitenciarios y zonas aledañas, y se permitió el traslado a otras cárceles a los reos que pongan en riesgo la seguridad de las prisiones o atenten contra la integridad de los guardias penitenciarios.
RECOMPENSAS
Intensificarán la difusión del sistema de recompensas para realizar capturas mediante la información que compartan los ciudadanos y que permita identificar y capturar personas
de la lista de los más buscados, integrantes de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios.







