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Salvadoreño acusado de robo, supuestamente escondió una escopeta en un árbol
Un ciudadano salvadoreño está acusado en el Tribunal del Quinto Distrito del Condado de Nobles de un delito grave de robo de una escopeta calibre 12, un delito menor grave de posesión ilegal de un arma de fuego y un delito menor de robo de vehículo luego de una serie de incidentes entre el 31 de julio y el 8 de agosto.
El 1 de agosto, los agentes de policía de Worthington fueron alertados sobre un robo reportado en el área. Al llegar y hablar con la víctima, se determinó que una escopeta calibre 12 fue robada de la camioneta de la víctima en algún momento entre la noche anterior y ese día.
La escopeta estaba dentro de un estuche de tapa dura de color negro. Además, también robaron del camión una bolsa de camuflaje violeta que contenía tapones para los oídos, casquillos de escopeta y varias carteras de cuero. La víctima valoró el arma robada en unos 2.000 dólares.
Al día siguiente, los detectives se reunieron nuevamente con la víctima, quien había descubierto un teléfono celular Motorola negro y un encendedor dentro del vehículo que no les pertenecía. Después de recuperar una orden de registro para el teléfono, los detectives determinaron que el dueño del teléfono era Jonathan Reyes-Jovel, de 26 años, quien fue reconocido por encuentros previos con la ley.
Aunque visitaron la última residencia conocida de Reyes-Jovel, los oficiales supuestamente no pudieron localizar al hombre y determinaron que aparentemente se había mudado hace más de un año. El WPD emitió una orden de búsqueda para localizar a Reyes-Jovel lo antes posible.
El 4 de agosto, se encontró una caja de armas de tapa dura vacía cerca de Sailboard Beach. No se recuperaron otros artículos.
El 6 de agosto, los agentes vieron a Reyes-Jovel caminando cerca de la intersección de Linda
Lane y First Avenue Southwest. Cuando se le preguntó sobre los bienes robados, Reyes-Jovel supuestamente admitió el crimen, explicando que había puesto el arma en un árbol cerca de la entrada de Lakeside Church, y que los otros artículos fueron puestos en un arbusto cerca del carril bici y Puppy Park.
Reyes-Jovel supuestamente declaró que estaba buscando dinero cuando encontró la escopeta, y decidió entonces que intentaría vender la escopeta por dinero. En el momento de este encuentro, los agentes no arrestaron a Reyes-Jovel y los artículos robados fueron recuperados en las áreas que supuestamente había descrito.
El 8 de agosto, Reyes-Jovel fue nuevamente localizado para una declaración formal. Después de recibir la declaración, los agentes arrestaron a Reyes-Jovel y lo ingresaron en la cárcel del condado de Nobles en espera de cargos penales. Los antecedentes penales muestran que Reyes-Jovel es ciudadano salvadoreño y anteriormente fue deportado en 2014. Su condición de extranjero ilegal le prohíbe poseer armas de fuego.
Si es declarado culpable, Reyes-Jovel enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión y/o una multa de $100,000 por cargos de delito grave de robo, un año de cárcel y/o una multa de $3,000 por posesión ilegal de un arma de fuego y 90 días de cárcel y/o una multa de $1,000 por ingresar o manipular un vehículo motorizado sin consentimiento previo.
El impactante colapso de una carretera en el distrito indonesio de Bener Meriah quedó registrado en un video sembrando el pánico entre los residentes.
El derrumbe ocurrió cuando un socavón, formado por la intensa erosión del agua, cedió por completo bajo la fuerza del paso hidráulico.
En las imágenes se aprecia cómo el asfalto se quiebra y se desploma en cuestión de segundos, mientras los vecinos observan sin poder creer lo que estaba sucediendo.
El episodio tuvo lugar en un contexto de graves inundaciones que continúan devastando amplias zonas de la isla de Sumatra.
El balance oficial es estremecedor: al menos 770 personas fallecieron y hay centenares de desaparecidos.
Fuentes de inteligencia penitenciaria y un explosivo dossier internacional confirman que Jorge Alberto Gaitán Castro, el polémico empresario guatemalteco acusado de liderar una red transnacional de fraude millonario y blanqueo de capitales, estaría ejecutando un sofisticado plan de fuga desde el Preventivo de la Zona 18 (Mariscal Zavala), donde disfruta de privilegios que ningún reo común siquiera sueña.
Gaitán Castro, detenido desde marzo de 2025 y con orden de extradición activa a El Salvador además de alerta roja de Interpol por vínculos con fugitivos estadounidenses, lleva meses pagando 5.000 dólares mensuales a estructuras de la Mara Salvatrucha (MS-13), considerada organización terrorista.
Ese dinero, según documentos filtrados, garantiza “protección interna” y, lo más alarmante, la preparación de una evasión espectacular. Cualquier pago a pandillas terroristas es catalogado automáticamente como acto de terrorismo. Entonces, ¿Por qué este sujeto sigue en una celda VIP en lugar de pudrirse en el infierno de Pavoncito?Privilegios que gritan corrupción a los cuatro vientosEn mayo de 2025 una requisa encontró un celular de alta gama escondido en su celda.
En agosto y septiembre del mismo año tres órdenes judiciales de traslado a Pavoncito fueron ignoradas con el pretexto de “seguridad”. Mientras tanto, Gaitán recibe reuniones familiares dentro del penal, visitas de lujo y acceso irrestricto a abogados que arrastran escándalos por todo Centroamérica.
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El cerebro jurídico detrás de este blindaje incluye nombres que congelan la sangre: Julio Taracena, abogado de cabecera de la magistrada Elia Raquel Perdomo; Gustavo Juárez, histórico defensor de la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti, condenada por corrupción; y las hermanas Piedad Isabel Soberanis Alonzo y Marla Janet Ruiz Alonzo, señaladas en múltiples expedientes por representar estructuras terroristas y facilitar fugas de alto perfil.
Este empresario está acusado de pertenecer a un cartel financiero que, junto a socios de TPG Peppertree y otros fondos buitre, hundía empresas centroamericanas para saquear sus activos. El esquema dejó miles de desempleados en Guatemala y El Salvador, y hoy Gaitán es uno de los últimos eslabones visibles antes de que la extradición lo siente frente a jueces que no se venden tan fácil.
Autoridades consultadas en reserva advierten: “Si Gaitán logra fugarse, será el golpe más duro al sistema penitenciario desde la época de ‘El Rey del Pavón’”.
La extradición puede ejecutarse en cualquier momento y cada día que pasa con él en Mariscal Zavala es un día que le regalan a un hombre que ya demostró que puede comprar guardias, pandillas y hasta órdenes judiciales.La pregunta que retumba en todo Guatemala es una sola: ¿Quién responde si mañana amanecemos con la noticia de que Jorge Alberto Gaitán Castro voló de la cárcel como tantos otros antes que él?
La ciudadanía exige traslado INMEDIATO a Pavoncito, investigación exhaustiva a directivos penitenciarios y corte total de privilegios y comunicaciones.
Porque mientras un narcoempresario sigue manejando su escape desde una celda con WiFi, la justicia guatemalteca vuelve a sangrar por la herida que nunca cierra.
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Ronald José Salvador Montenegro, de 55 años, realizaba un ejercicio de ‘press’ de banca cuando la barra cayó sobre su pecho y le provocó la muerte.
El hecho ocurrió el pasado lunes y fue registrado por las cámaras de seguridad en un centro de entrenamiento en Olinda, Brasil.
El caso se está tratando como una muerte accidental y la policía está investigando el equipo y las circunstancias del entrenamiento.
Ronald era presidente del Centro Cultural Palacio de los Huesos Gigantes en Olinda y era reconocido por su labor con las tradiciones culturales de la ciudad.
