Internacionales
Primer ministro surcoreano “garantiza una gobernanza estable” tras la destitución de Yoon Suk Yeol
El primer ministro de Corea del Sur, Han Duck-soo, se comprometió este sábado a “garantizar una gobernanza estable” después de que el parlamento votara a favor de destituir al presidente Yoon Suk Yeol.
“Dedicaré todas mis fuerzas y esfuerzos para garantizar una gobernanza estable”, declaró Han, quien asumirá como líder interino del país tras la suspensión de Yoon, en declaraciones a la prensa.
La moción de juicio político fue aprobada por 204 votos a favor y 85 en contra en la Asamblea Nacional. A partir de la entrega oficial del documento de destitución al presidente y al Tribunal Constitucional, Yoon quedará suspendido de sus funciones.
El tribunal tendrá un plazo de hasta 180 días para decidir si ratifica su destitución o restaura sus poderes. En caso de que se confirme su remoción, deberá realizarse una elección nacional para elegir a su sucesor en un plazo de 60 días.
Este fue el segundo intento del Parlamento para destituir a Yoon. La primera moción, presentada la semana pasada, no prosperó debido a que la mayoría de los legisladores del gobernante Partido del Poder del Pueblo boicotearon la votación.
Sin embargo, en esta ocasión, varios legisladores oficialistas anunciaron que apoyarían la destitución ante el creciente descontento público, las protestas masivas y el desplome de la aprobación del presidente, que ha alcanzado niveles históricamente bajos.
En las últimas dos semanas, decenas de miles de ciudadanos salieron cada noche a las calles de Seúl, soportando temperaturas bajo cero para exigir la destitución y arresto de Yoon.
Yoon Suk Yeol, de fiscal estrella a presidente impopular
El surcoreano Yoon Suk Yeol entró en política después de una descollante carrera como fiscal, pero como presidente encadenó una crisis tras otra hasta su destitución este sábado después de declarar brevemente una ley marcial y enviar soldados y helicópteros al Parlamento.
La declaración de la ley marcial duró apenas unas horas la noche del 3 al 4 de diciembre y Yoon dio marcha atrás después de las multitudinarias protestas y forcejeos en el Parlamento.
La declaración de la ley marcial duró apenas unas horas la noche del 3 al 4 de diciembre y Yoon dio marcha atrás después de las multitudinarias protestas y forcejeos en el Parlamento.
Pero, revivió traumas en una democracia reciente con un traumático pasado de dictaduras.
“La destitución de hoy es una gran victoria del pueblo y la democracia”, celebró Park Chan-dae, jefe del Partido Demócrata, la principal fuerza opositora en el Parlamento.
Estrella de la fiscalía
Nacido en Seúl en 1960 meses antes de un golpe militar, Yoon estudió derecho y terminó convirtiéndose en un célebre fiscal con una cruzada contra la corrupción.
Desempeñó un papel providencial en la condena por abuso de poder de Park Geun-hye, la primera presidenta surcoreana, que fue encarcelada y destituida en 2016.
Como fiscal general en 2019 también procesó al principal asesor del sucesor de Park, Moon Jae-in, en un caso de fraude y sobornos.
Al conservador Partido del Poder Popular, en la oposición entonces, le gustó su perfil y lo convenció para que fuera su candidato presidencial.
Ganó las elecciones de marzo de 2022 frente a Lee Jae-myung del Partido Demócrata, pero por el margen más estrecho en la historia del país.
Tragedia de Halloween
Sin embargo, Yoon nunca ha gozado de mucho aprecio ciudadano, especialmente de las mujeres tras hacer campaña por eliminar el Ministerio de Igualdad de Género. Y los escándalos no tardaron en llegar.
Uno de los primeros fue la gestión de la catástrofe de las fiestas de Halloween de 2022 en un barrio de Seúl, en las que murieron aplastadas más de 150 personas.
Los votantes atribuyen a su gobierno la inflación en los alimentos, el letargo económico y las crecientes restricciones a la libertad de expresión.
Lo acusan también de abusar de los vetos presidenciales, como cuando paralizó una ley que allanaba el camino para una investigación especial contra su mujer, Kim Keon Hee, por manipulación del mercado bursátil.
La reputación se hundió todavía más el año pasado cuando su mujer fue filmada en secreto aceptando como regalo un bolso de un diseñador valorado en 2.000 dólares. Yoon argumentó que hubiera sido maleducado rechazarlo.
Además, su suegra, Choi Eun-soon, fue condenada a un año de cárcel por falsificar documentos financieros en una operación inmobiliaria. Quedó liberada en mayo de 2024.
El mismo presidente fue blanco de una petición que buscaba su destitución este año. La demanda fue tan popular que la web del Parlamento donde estaba publicada sufrió retrasos y caídas.
La región de Cachemira vuelve a ser escenario de un preocupante repunte de tensiones entre India y Pakistán, tras un atentado que dejó 26 muertos.
Desde que un ataque armado acabó con la vida de 26 hombres en la parte india de Cachemira, la comunidad internacional temía una nueva escalada entre las dos potencias nucleares. Esa preocupación se materializó este miércoles con bombardeos cruzados a lo largo de la Línea de Control, la frontera de facto que divide la región en disputa.
La India anunció haber lanzado la Operación Sindoor, una ofensiva dirigida contra lo que describió como «infraestructuras terroristas en Pakistán», desde donde —según Nueva Delhi— se planearon ataques contra su territorio. En respuesta, el ejército pakistaní denunció bombardeos en al menos tres zonas de su país, incluyendo la ciudad de Muzaffarabad, en la Cachemira administrada por Pakistán, y Bahawalpur, en la región fronteriza de Punyab.
De acuerdo con el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, los ataques causaron al menos tres muertes civiles, entre ellas la de un niño. Corresponsales de la AFP en Cachemira y Punyab reportaron fuertes explosiones en las áreas afectadas, mientras que periodistas del lado indio también escucharon múltiples detonaciones cada vez más cercanas.
El portavoz del ejército pakistaní, teniente general Ahmed Chaudhry, advirtió que su país “responderá en el momento que elija”, mientras que Nueva Delhi acusó a Islamabad de violar el alto al fuego con disparos de artillería en sectores como Bhimber Gali y Poonch-Rajauri.
En medio del incremento de tensiones, las fuerzas armadas indias aseguraron haber respondido de manera “apropiada y calibrada”, destacando que su ofensiva evitó objetivos militares paquistaníes y se centró en grupos vinculados a Lashkar-e-Taiba (LeT), una organización yihadista con base en Pakistán y relacionada con el atentado de Bombay de 2008.
Uno de los blancos del ataque indio fue la mezquita Subhan en Bahawalpur, señalada por inteligencia india como punto de actividad de LeT. “Nuestra acción es específica y busca evitar una escalada. Hemos ejercido considerable moderación”, declaró el gobierno indio, insistiendo en que su objetivo es hacer rendir cuentas a los responsables del atentado del pasado 22 de abril.
La escalada armada coincide con un nuevo frente de confrontación: el recurso hídrico. India amenazó con cortar el suministro de agua de varios ríos que nacen en su territorio y fluyen hacia Pakistán. Incluso anunció la suspensión de su participación en el tratado bilateral de 1960 que regula el uso del agua en la cuenca del río Indo. El primer ministro Narendra Modi afirmó que el flujo de agua “se detendrá” si beneficia a enemigos externos.
Pakistán, por su parte, ha detectado una disminución inusual en el caudal del río Chenab. “Estamos observando cambios que no son naturales”, dijo el ministro de Riego de Punyab, Kazim Pirzada.
La creciente tensión ha generado alarma entre analistas internacionales, que temen una confrontación abierta entre dos naciones con armamento nuclear. En los últimos días, se han registrado intercambios de fuego con armas ligeras entre soldados en la frontera, aunque sin víctimas confirmadas hasta el momento.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su esperanza de que las hostilidades “terminen muy pronto”, mientras Pakistán convocó a su Comité de Seguridad Nacional para analizar la situación.
Internacionales
Opositores venezolanos refugiados en embajada argentina llegan a EE. UU. tras operación de rescate
Caracas — Un grupo de activistas venezolanos, colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, fue evacuado a Estados Unidos desde la embajada argentina en Caracas, donde permanecían refugiados desde el 20 de marzo de 2024. Su entrada al recinto diplomático se produjo en medio de una ola de arrestos ocurrida antes de las elecciones del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador para un tercer mandato, entre denuncias de fraude electoral.
Inicialmente, seis personas se resguardaron en la sede diplomática. Sin embargo, en diciembre de 2024, uno de ellos, Fernando Martínez Mottola, se entregó a las autoridades y posteriormente recibió libertad condicional. Martínez Mottola falleció el 26 de febrero de 2025 debido a complicaciones de salud.
Los cinco activistas restantes aguardaban un salvoconducto para abandonar el país, medida que no fue otorgada por el régimen venezolano.
La evacuación fue confirmada por el senador estadounidense Marco Rubio a través de la red social X. “Estados Unidos saluda la exitosa operación de rescate de todos los rehenes del régimen de Maduro en la embajada argentina de Caracas”, expresó. Añadió que, tras una operación precisa, “todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense”, sin ofrecer mayores detalles.
El jefe de la diplomacia estadounidense calificó al gobierno de Maduro como un régimen ilegítimo, acusándolo de socavar las instituciones democráticas, violar los derechos humanos y poner en riesgo la seguridad regional. Rubio agradeció a los actores involucrados en la operación y a los socios internacionales que colaboraron en la liberación de los activistas.
Internacionales
Colombia captura a más de 200 miembros del Clan del Golfo tras intensos operativos de seguridad
El lunes, las autoridades colombianas informaron sobre la captura de más de 200 integrantes del Clan del Golfo, el cartel narcotraficante más grande del país, responsable de implementar un violento «plan pistola» que ha dejado al menos 20 miembros de la fuerza pública muertos.
Desde el 15 de abril, un total de 217 miembros de este grupo armado han sido detenidos en una serie de operativos coordinados, como parte de la respuesta del gobierno ante los ataques perpetrados por el Clan del Golfo, cuyo impacto ha desbordado la seguridad en varias regiones del país. Además, otros 15 narcotraficantes fueron abatidos, y se incautaron 6,8 toneladas de estupefacientes, 123 armas de fuego y más de 15,000 municiones, según el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.
La violencia del Clan del Golfo, un grupo paramilitar que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, ha escalado en los últimos meses. Desde finales de abril, el presidente Gustavo Petro denunció que el cartel implementó una estrategia de «asesinato sistemático» de miembros de la fuerza pública, una táctica que recuerda a las guerras del narcotraficante Pablo Escobar en los años noventa. En el marco de estos ataques, se ha establecido una recompensa de hasta $3,500 por cada policía muerto.
El Clan del Golfo, que tiene más de 7,500 miembros, se dedica principalmente al tráfico de cocaína y es considerado uno de los carteles más poderosos del país. En 2022, este grupo ya había recurrido a un «plan pistola» como respuesta a la extradición a Estados Unidos de su antiguo líder, alias Otoniel.
El Ministerio de Defensa también informó que, desde el 15 de abril, los ataques de grupos ilegales y rebeldes han cobrado la vida de al menos 18 policías y 17 militares, en lo que se considera el peor pico de violencia que ha vivido Colombia desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. A pesar de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y la disidencia de las FARC, las conversaciones no han avanzado, dejando al país en medio de una grave crisis de seguridad.
